El Poder Ejecutivo avanza sobre el Poder Judicial en Estados Unidos y en Europa, y la pelea que vienen dando los jueces latinoamericanos en defensa de su independencia es un ejemplo para el resto del mundo.

Así reflexiona el juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que advirtió sobre un fenómeno creciente en la región y el mundo: el intento del poder político de “domesticar” a la justicia para eliminar los controles institucionales.

Según el juez argentino, que estará en la presidencia de la FLAM hasta mayo de 2026, cuando los gobiernos de turno buscan el poder absoluto y se encuentran con fallos de inconstitucionalidad que frenan sus reformas, pasan a ver al Poder Judicial como un obstáculo que debe ser removido o neutralizado.

Gallo Tagle destacó que, si bien en Argentina se logró frenar el avance de la “democratización de la justicia” en 2013, por el proyecto que impulsó Cristina Kirchner, ese modelo de cooptación política se concretó en México, donde se generó un precedente peligroso que otros mandatarios de la región observan con anhelo. En México, dijo, el narcotráfico cooptó la elección popular de los jueces.

Desde su rol regional, el juez señala con preocupación que incluso países con tradiciones democráticas sólidas, como Costa Rica o Estados Unidos, están experimentando ataques inéditos a la independencia judicial.

En este contexto, Gallo Tagle defendió la resistencia de la Asociación de Magistrados argentina como un modelo exitoso observado por sus pares internacionales, aunque admitió la necesidad de autocrítica frente a las deudas de la justicia con la sociedad, como la lentitud en los procesos.

Además, rechazó la elección popular de jueces −como se implementó en Bolivia y México−, argumentando que este sistema politiza la función judicial y favorece la llegada de magistrados alineados con el poder político o, peor aún, con el crimen organizado.

−¿Por qué es importante que un juez argentino presida la FLAM?

−Es un reconocimiento a la actividad que han desarrollado los jueces argentinos a través de la Asociación de Magistrados en la defensa de la independencia del Poder Judicial. Es una labor que hemos llevado a cabo con mucho esfuerzo y contratiempos, pero con resultados exitosos en general. Eso es muy mirado desde la región por otros países que integran la Federación, los cuales están sufriendo avasallamientos que nosotros logramos superar, mientras que ellos, en algunos casos, no han podido o se encuentran en situaciones de debilidad para enfrentarlos.

−¿Se refiere a la democratización de la justicia de 2013 o estás hablando de hechos más recientes?

−Hablo de todas esas situaciones. Logramos frenar en aquel momento un avance, que era la “domesticación” de la justicia. Sin embargo, eso es lo que logró el presidente de México el año pasado al reformar su Constitución con la elección popular de los jueces.

−¿O sea que lo que se intentó acá, allá se concretó?

−Sí. Cuando visité México, quince días antes de que se concretara la reforma, Cristina Kirchner había estado allí. Se reunió con Manuel López Obrador y lo felicitó porque él estaba logrando lo que ella no pudo en Argentina. Quince días después, yo desembarqué para intentar explicar el alcance negativo de esa reforma, pero mi discurso resultó insuficiente porque los votos ya existían y se aprobó.

−¿Hay riesgo de que ocurra lo mismo en otros países de América Latina?

−No de forma tan contundente como en México, pero más de un país ya mostró su beneplácito con el sistema aprobado allí. El presidente Gustavo Petro en Colombia hizo comentarios favorables a la reforma mexicana. Cuando la Justicia declara la inconstitucionalidad de esas reformas, el poder político ve al Poder Judicial como un obstáculo. Como no logran domesticarlo ni politizarlo, buscan sacarlo del medio porque es el “poder incómodo”.

−¿Cómo ve hoy la situación en la Argentina?

−Hoy en la Argentina no hemos tenido ningún tipo de presión externa por parte del Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento de la Justicia. En el tiempo que lleva la actual presidencia no hubo ataques a la independencia judicial.

−¿Tienen temor de que si avanza una reforma previsional se intente cambiar el régimen jubilatorio de los jueces?

−Se habla mucho de eso, pero entendemos que, si se analiza racionalmente, no debería ocurrir. Hoy el sistema previsional de los jueces no solo se autosatisface, sino que aporta al sistema general de la Anses. Nuestro aporte es del 18% y sin tope, mucho más grande que el de cualquier ciudadano. Es un sistema especial, no de privilegio.

−¿En qué otros países de Latinoamérica hay riesgo o se está violando la independencia judicial?

−Costa Rica, un país que siempre fue muy respetuoso de la independencia judicial. El presidente Rodrigo Chaves Robles, está mutando esa costumbre y nos obligó como FLAM a pronunciarnos ante ataques personalizados contra magistrados que dictan fallos incómodos para el Poder Ejecutivo. Algo parecido ocurre en Perú, donde hay una persecución desde el Congreso a los magistrados que cuestionan ataques a la independencia. Lo que tienen en común, y que también tuvo la Argentina, es que el avasallamiento busca correr del medio al poder que pone límites.

−¿Sus colegas de otros países cómo valoran la situación argentina?

−Observan esa situación cambiante según el Poder Ejecutivo de turno. Ven que algunos gobiernos son reacios a tolerar la independencia y atacan a los jueces, mientras que en otros períodos hay respeto. Lo que ven con buenos ojos es el desempeño y la eficacia de nuestra Asociación de Magistrados para llevar adelante esa defensa.

−¿Y la sociedad? ¿Sale en defensa del Poder Judicial o es una defensa gremial?

−Generalmente, la sociedad no sale en defensa del Poder Judicial, salvo en casos excepcionales como fue el intento de juicio político a la Corte. Lo más frecuente es que compren la imagen negativa que se instala. El poder político, para limar la división de poderes, trata de desprestigiar nuestra imagen.

−Pero seguro tiene una autocrítica, no va a decir que todo es perfecto…

−Jamás. Hay deudas muy graves: causas que tardan 20 años, problemas en el fuero laboral y civil… Estoy absolutamente de acuerdo. Que yo defienda la independencia no significa que hagamos todo bien. De hecho, cuando un juez no se desempeña correctamente, somos los primeros interesados en que sea expulsado, porque es una mancha para todos.

−Usted que recorre Latinoamérica, ¿qué tenemos que importar y qué tenemos para exportar?

−Exportamos la fortaleza y el éxito en la defensa de la independencia judicial. ¿Qué importar? La convicción en la defensa de la independencia, compartimos los mismos principios. Incluso Estados Unidos, que siempre fue nuestro modelo doctrinal, hoy muestra defectos similares en su cúpula judicial, con alineamientos ideológicos y ataques del poder político. Europa también vive situaciones terribles en España, Francia e Italia. Es como si Latinoamérica hubiera tenido los problemas primero y ahora ellos nos miran para ver cómo respondimos.

−¿Cuál es el riesgo de la elección popular de los jueces?

−La elección popular, como se implementó en Bolivia y México, politiza la carrera judicial. Obliga al juez a buscar patrocinadores y hacer campaña, lo que elimina su independencia. ¿Cómo le explicás a un ciudadano que el juez será imparcial si la otra parte financió su campaña? Además, la participación en esas votaciones suele ser bajísima. En Bolivia, con menos del 10% de participación, terminaron designados jueces alineados con el poder de turno. En México, con un porcentaje similar, ganan jueces alineados con el narcotráfico. Solo en Suiza (para jueces vecinales) y en algunos estados de EE.UU. (que están retirando el sistema) tienen voto popular; no es un modelo comparable al que se intenta imponer en nuestra región.

−Mencionaba que incluso en Estados Unidos y Europa están apareciendo problemas que parecían exclusivos de nuestra región. ¿Sienten que ellos ahora nos miran para buscar soluciones?

−Sí, nos miran porque tuvimos los problemas primero y quieren ver qué respuestas planteamos para enfrentarlos. Integramos la Unión Internacional de Magistrados, que engloba a 93 países, y en las últimas asambleas hemos escuchado informes preocupantes sobre avasallamientos que antes no se conocían, como recortes salariales y ataques políticos. Es curioso, pero ocurre algo inverso a lo que pasaba antes con la moda, que salía allá y llegaba acá tiempo después. Ahora es al revés: estas circunstancias ocurrieron primero en Latinoamérica y están empezando a ocurrir allá. La causa es la misma: al ser un “poder incómodo” que pone límites, buscan domesticarlo.

LA PLATA.- “Tuvimos una crisis. No es una ruptura”. El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, ratificó la alianza electoral avalada por el presidente Javier Milei, tras la escandalosa sesión en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tuvo como blancos de críticas a los socios de Pro.

−¿Usted se reunió con Santilli antes de la votación de la Legislatura?

−Sí. Dos días antes, en la Casa Rosada. El motivo principal fue para hablar sobre el Ministerio del Interior. Habían quedado cargos residuales tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y el motivo principal del encuentro fue abordar si se iban a desplazar o no. Yo toqué allí el tema de la Legislatura: quería saber cuál iba a ser su posición. Santilli me anticipó que iban a apoyar el rollover de la deuda. No acordamos una estrategia conjunta. La estrategia de Pro fue de Pro. No fue armada por Santilli y Pareja.

−En la votación se notó una diferencia. El bloque de LLA no aprobó el endeudamiento. Y Pro acompañó parcialmente algunos puntos.

−Porque para nosotros el artículo dos de la ley de financiamiento no es claro. La redacción es confusa, discrecional y habilita fondos, que se suponían para el rollover, para uso del gobernador. Le termina dando vía libre a Kicillof [Axel, gobernador de la provincia de Buenos Aires] para que haga lo que quiere con ese dinero.

−Al menos un diputado y una senadora denunciaron en público que el voto de Pro correspondió a que el gobernador “pagó” con cargos del Estado.

−No tengo toda la información porque la votación no fue a mano alzada, fue por una máquina, no tengo el detalle nominal. Algo hubo y es condenable. No puedo precisar quién y cuánto “pagaron” ni a quién con certeza, porque nosotros no fuimos parte de la negociación. Primero, porque el endeudamiento no lo íbamos a votar. Y, luego, porque desde esa lógica no nos convocaron a negociar. Entonces, si “pagaron” con cargos para mí es radio pasillo. No obstante, la votación fue un desastre. Es tirar un bidón de nafta a una casa ya incendiada que es la provincia de Buenos Aires, con complicidades que no puedo precisar.

−Un diputado y una senadora hablaron en concreto de reparto de cargos por parte del Poder Ejecutivo en el directorio del Banco Provincia.

−En esa votación la rosca le ganó a la política. Pero hay algunas cuestiones personales que influyeron en quienes denunciaron que “le pagaron”. Guillermo Castello está dejando la Cámara de Diputados. Y Florencia Arietto viene de una disputa con algunos de Pro. Pero es un error atacar a un cómplice y no dar directo al culpable. Pese que sí, hubo varios que estuvieron flojos moralmente.

−¿Quiénes?

−Los que votaron a favor de este endeudamiento [los diputados del Pro Agustín Forchieri, Matías Ranzini, María Fernanda Antonijevic, Gustavo Coria, María Paula Bustos, Martín Endere, Julieta Quintero Chasman, María Laura Richini, Fernando Rovello, María Rita Sallaverry y Adrián Ulerri. De entre estos Ranzini y Urelli fueron nombrados en el directorio del Banco Provincia como parte del acuerdo para votar el endeudamiento. En el Senado acompañaron Alejandro Rabinovich, Christian Gribaudo, Alex Campbell, Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Marcelo Leguizamón, Juan Manuel Rico Zini y Jorge Schiavone]. Es alarmante .

−¿Estas diferencias a la hora de votar ponen en crisis la alianza electoral con Pro?

−La alianza electoral cumplió su propósito en septiembre. Y en octubre. Ahora hay un entendimiento, que tiene como fin principal el trabajo articulado en el Congreso de la Nación. Luego en provincia. Entiendo que no se desnaturaliza. Pese a que sí, tuvimos diferencias, es una crisis. No es una ruptura.

−¿Aleja la posibilidad de un interbloque en la Legislatura?

−Nunca hablé con Alejandro Rabinovich, Diego Santilli ni Cristian Ritondo en ese sentido. Tampoco podríamos haberlo hecho ahora con legisladores que estaban desde 2021. Recién la semana que viene se va a conformar de una manera distinta. Pero es cierto que no funcionó en la práctica el objetivo de ponerle un freno a Kicillof.

−¿Por qué no pudieron articular?

−Nosotros tenemos dos intendentes: el de Capitán Sarmiento y el de Tres de Febrero. Pro tiene trece o catorce. La ley de financiamiento incluyó un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal [$350.000 millones a repartir en 135 municipios], ellos tenían que ver eso.

−¿Cómo sigue el acuerdo entre LLA y Pro luego de este fallido?

−Somos dos partidos distintos. Pero en 2027 vamos a ganar la provincia de Buenos Aires.

−¿Con qué candidatos?

−Lo va a decidir el Presidente de la Nación Yo tengo el mandato de armar y agrandar el espacio para luego trabajar con el candidato que fuese.

−¿Aún pueden trabajar juntos para ganar la Provincia?

−Por ahora, la prioridad es el Congreso de la Nación. Nuestros socios tendrán que dar sus explicaciones sobre la votación a favor del endeudamiento de Kicillof. El gobernador puso toda la carne en el asador para tener una provincia endeudada dos años y tener así su carrera presidencial. Ellos deberán dar explicaciones sobre por qué lo votaron.