Ante un auditorio colmado de dirigentes y referentes empresariales, el ministro del Interior, Diego Santilli, cerró la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) con mensajes dirigidos a la dirigencia política y al entramado productivo del país.

“Nunca pensé que volvería acá con un triunfo electoral y como ministro del Interior”, se sinceró el funcionario en el inicio de un discurso en el que adelantó algunos lineamientos de las reformas laboral e impositiva que el Gobierno intentará que se aprueben en las sesiones extraordinarias del Congreso y que lo tendrán a él como articulador.

Santilli expresó su convicción de que el oficialismo cuenta con el respaldo necesario para impulsar y aprobar en las normas estructurales que considera indispensables, incluyendo la llamada modernización laboral y una reforma impositiva de alcance nacional.

En el encuentro, realizado en la sede de la UIA, Santilli coincidió en que la economía argentina ha transitado años sin lograr un crecimiento sostenido en el empleo formal, ni en la creación de pequeñas y medianas empresas. A pesar de los años de estabilización que atribuye a la asunción del presidente Javier Milei, el funcionario subrayó que persisten indicadores preocupantes, como la alta tasa de informalidad laboral, niveles de pobreza crecientes y múltiples tipos de cambio coexistiendo en el mercado.

“Argentina no generaba un puesto de trabajo neto en 15 años. El 52% de nuestra fuerza laboral es informal. Aquí nos tiene que doler a todos”, expresó frente a los industriales.

El funcionario puso especial énfasis en el cambio de rumbo implementado en los últimos meses. “Pasamos de una inflación del 211% a 30, del 54% al 30,7% de pobreza. Cero piquete, cero intermediación de planes”, enumeró Santilli, al repasar los resultados del programa económico del Ejecutivo. Atribuyó la posibilidad de avanzar con reformas de fondo a una nueva relación de fuerzas en el Congreso: “Hoy hay block power para lograr las reformas que hay que hacer”, aseguró.

La cuestión de las reformas pendientes ocupó un lugar central en el discurso. El ministro habló de la necesidad de un presupuesto estatal que marque un antes y un después en el manejo del gasto público, donde el 85% esté orientado a jubilaciones, educación y salud, y que prohíba el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Subrayó, además, que el presupuesto que se presentará será el de menor gasto en tres décadas.

Respecto a la modernización laboral, Santilli anticipó un proyecto de ley “claro y contundente” destinado a reducir la informalidad y generar nuevas condiciones de contratación para quienes invierten y desarrollan actividades productivas. Al referirse a la llamada industria del juicio, lamentó que los altos costos de litigios laborales desalienten la formalización y encarezcan la operación de las empresas. “No sé cómo lo que vale 10 pasa a ser 100, eso es algo que tenemos que erradicar porque destruye la industria y encarece todos los costos”, manifestó.

La reforma fiscal fue presentada por Diego Santilli como un aprendizaje de experiencias previas, subrayando la importancia de coordinar los cambios en los tres niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. Sostuvo que sin una armonización de políticas impositivas, el ajuste realizado a nivel nacional podría ser absorbido por “tasas incomprensibles” en jurisdicciones menores.

En materia de seguridad, el ministro destacó logros obtenidos durante su anterior gestión ejecutiva en la Ciudad de Buenos Aires, describiendo a esa capital como “la segunda ciudad del continente con menos homicidios” después de Ottawa, y atribuyó parte de ese éxito a acciones firmes en materia de lucha contra el narcotráfico.

La agenda extraordinaria del Congreso, según adelantó Santilli, incluirá además la modificación del Código Penal con acento en la lucha contra la corrupción y iniciativas sugeridas por los gobernadores, a quienes el ministro busca integrar activamente en el debate político.

Santilli cerró su intervención ante los industriales convocados por la UIA con un mensaje de optimismo enfocado en el crecimiento a largo plazo: “Cuenten con un ministro del Interior que va a intentar unir las partes para que la Argentina crezca 30 o 40 años. La etapa que viene es la del crecimiento”, concluyó.

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El Gobierno planea convocar a la nueva cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) para negociar antes de presentar la reforma laboral en el Congreso. El Ejecutivo busca acercar posiciones con la central sindical en la previa del tratamiento del proyecto, que el oficialismo quiere ingresar primero por el Senado.

Es por eso que la Casa Rosada tiene en la mira un encuentro con Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros) en el corto plazo. En Balcarce 50 reconocen que no buscarán centralizar las negociaciones en el Consejo de Mayo, que no volvió a reunirse tras la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete.

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En la mesa política de Nación aseguran que apuntarán a reunirse con cada sector por separado para avanzar con las reformas. Es por eso que el nuevo ministro coordinador, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, coordinan encuentros con los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo para sumar adhesiones en el Congreso. Lo mismo aplica para el sector empresarial.

Según pudo saber TN, el proyecto del oficialismo contiene cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir los costos de contratación, los impuestos laborales y la participación estatal en los acuerdos entre privados. Busca fomentar la mediación y el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto entre partes para evitar judicializaciones.

Lo mismo aplica para la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación-, la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos y la profundización de las limitaciones al derecho a huelga a través de la declaración del servicio esencial del 50% de áreas como la salud, transporte, telecomunicaciones y educación, entre otras.

Es una de las concesiones que realizó el Ejecutivo en septiembre de 2024 con la CGT: definió no reglamentar el artículo 94 de la Ley Bases, que modifica la Ley 20.744 y habilita despidos en casos de bloqueos a las empresas. Dispone que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”.

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La Casa Rosada ya impulsó el año pasado la eliminación de multas al trabajo mal registrado, la ampliación del período de prueba a ocho meses junto con la creación del fondo de cese laboral optativo. En Balcarce 50 mantienen la postura además de no homologar paritarias por arriba de la inflación más allá de las tensiones con los sindicatos.

Los encargados de llevar los cambios en el régimen del trabajo son los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Caputo (Economía) junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. En Nación aseguran que ya hubo contactos con la nueva cúpula de la CGT para negociar los puntos de la reforma laboral.

El Gobierno formalizará la primera convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. Nación apunta a que los cambios en el régimen laboral comiencen a debatirse en la Cámara Alta bajo la interlocución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y quiere ampliar las sesiones extraordinarias desde el 15 de enero hasta fines de febrero.

Las nuevas autoridades de la CGT anticiparon que buscarán abrir una mesa de diálogo con el Gobierno, pero remarcaron que rechazarán tres puntos que circularon sin confirmación oficial: el tope en las indemnizaciones, los bancos de horas y el salario por productividad. “No vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos”, expresó Jerónimo en declaraciones radiales.

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El dirigente del sindicato del Vidrio aseguró que la central obrera está dispuesta a discutir “sobre bases convencionales y con criterios razonables”. Recordó además que el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, integra el Consejo de Mayo, y planteó que “mientras sea un diálogo criterioso, estamos dispuestos a conversar”.

Sola afirmó que la CGT no acompañará “nada que replique el DNU 70/23” y sostuvo que la Justicia ya declaró inconstitucional ese decreto. “Hay un sector del Gobierno que busca atomizar el poder sindical, tratándonos como adversarios políticos”, manifestó el dirigente del sindicato del Seguro.

Gobierno, CGT, reforma laboral