POLITICA
Unión por la Patria busca derogar los DNU de Milei sobre fuerzas de seguridad y llevar el debate al Congreso

Unión por la Patria anunció que derogará los DNU de Javier Milei que reestructuraron a las Fuerzas de Seguridad. Así se lo confirmó a TN el diputado José Glinski, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y actividades de Seguridad Interior.
Buscarán llevarlos al recinto de las cámaras legislativas en las próximas sesiones. En la embestida también se sumaron los diputados Leopoldo Moreau, Juan Marino, Carolina Gaillard, Germán Martínez y el senador Oscar Parrilli.
La Comisión analizó los DNU delegados, a los cuales hizo referencia UxP, los decretos 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025 emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional que refieren a los nuevos marcos legales para la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
“Tomamos una decisión que nadie se animó a tomar en 50 años: ordenar, definir y conducir con firmeza a nuestras fuerzas. La PSA cuida los aeropuertos. Gendarmería protege nuestras fronteras. Prefectura controla ríos y mares. El SPF, en las cárceles”, dijo entonces ante la firma de estos DNU la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Este martes, ante los legisladores, Diego Freitas Ortiz de Rosas, director nacional de transformación institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación y Federico Tassara, director de Ingreso y Carrera del mismo ministerio, defendieron la decisión de la norma que “fue implementada en el marco de la ley Bases y de las facultades delegadas”.
“Nos hubiese gustado trabajar estos temas en el Congreso, en las comisiones”, les respondió el diputado José Glinski. Recordó, además, que de la sancionada ley Bases, se quitó la declaración de Emergencia en Seguridad. “Estas reformas exceden lo expresado por los legisladores. Son reformas ilegales, hay una extralimitación del Poder Ejecutivo. No hay que tenerle miedo al debate democrático”, aseguró.
En otro orden de cosas, el jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, habló de las dificultades para sesionar por el cerrojo de seguridad que impide el normal acceso al Congreso. El edificio está vallado por las fuerzas de seguridad no solo alrededor de los edificios, sino también en lo que respecta a la representación popular y de las provincias que encarnan diputados y senadores.
Otro legislador consideró que el Congreso está “militarizado” en cada debate. Martínez advirtió que “están dejando a las Fuerzas de Seguridad en una debilidad jurídica constitucional, malinterpretando el artículo 3 de la Ley Bases”, referido a la delegación de facultades.
En tanto, el diputado oficialista de La Libertad Avanza, Santiago Pauli, dijo a TN: “Estos DNU que traen estas reformas seguirán su curso. Entendemos que la oposición no está de acuerdo; tienen los mecanismos para manifestarlo, como la otra Bicameral (la Comisión de Trámite Legislativo). Pero los avances en materia de seguridad del Gobierno nacional están en sintonía con lo que la sociedad quiere, que es bajar la inseguridad. El Congreso tiene opiniones diversas y existen los mecanismos para expresarlas”.
El presidente de la Comisión, el senador Martín Goerling Lara (PRO), consideró que se cumplieron los objetivos de la convocatoria: “Creo que era necesario este ida y vuelta para despejar dudas y conocer los puntos de vista de cada sector: el Gobierno, por un lado, y los diputados de la oposición, por otro. Es importante este debate porque fue muy sorpresivo. La decisión del Ejecutivo se tomó en el último momento, cuando vencían las facultades delegadas. Salieron los decretos y no hubo difusión. Para eso se convocó a la comisión: para discutir”.
Los decretos de reestructuración
El pasado 8 de julio, en el filo del vencimiento de las facultades delegadas que el Congreso le había otorgado al Poder Ejecutivo —sin incluir expresamente la materia de Seguridad, que fue excluida en el debate parlamentario de la Ley Bases—, el Gobierno aprobó mediante una serie de decretos nuevos marcos legales para cuatro fuerzas federales: la Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval Argentina.
El objetivo central de la reforma es modernizar sus estructuras, mejorar la eficiencia operativa y adaptarlas a los desafíos contemporáneos, como el crimen organizado, la seguridad fronteriza, la reinserción social y el control marítimo.
Los pasos en el Congreso
Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), al igual que los decretos dictados en el marco de facultades delegadas, tienen plazos para su tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por Oscar Zago (MID). La comisión debe emitir un dictamen de aprobación o rechazo para que el tema llegue al recinto. Tiene diez días hábiles desde el ingreso del decreto al Parlamento para someterlo a debate.
“Vencido el plazo anterior sin que la Comisión Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”, señala la ley 26.122, que regula el uso de los DNU y que varios bloques buscan reformar.
Eso es lo que impulsa UxP: llevar directamente uno de los DNU al recinto, el que modificó la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina, ya que cumplió con los plazos para su debate en la comisión y está en condiciones de ser tratado.
Las novedades se conocerán tras el receso legislativo, previsto para agosto.
fuerzas de seguridad, Senado, Bicameral
POLITICA
Tras ser designada como ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva le agradeció a Bullrich: “Tu forma marcó un rumbo”

A minutos de haber sido designada como ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva —actual secretaria de Seguridad— le dedicó un extenso posteo de agradecimiento a Patricia Bullrich.
“Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden”, escribió.
“Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la ‘doctrina Bullrich’”, continuó.
Y completó: “Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país”.
Noticia que está siendo actualizada.-
Patricia Bullrich, Luis Petri, Alejandra Monteoliva
POLITICA
Javier Milei analiza reunirse con líderes europeos por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente Javier Milei evalúa viajar a Europa tras su nuevo paso por Estados Unidos, pautado para el 5 de diciembre para asistir al sorteo de los grupos del Mundial 2026.
El motivo de este eventual viaje al continente europeo es avanzar con el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
Javier Milei volverá a viajar a Washington para participar del sorteo del Mundial 2026
Si bien todavía no hay una decisión firme al respecto del viaje, desde Balcarce 50 remarcan la posibilidad de que el mandatario visite Francia para destrabar el acuerdo entre ambos bloques económicos, pues la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, fijó como fecha límite el 20 de diciembre para que los países del bloque den el visto bueno al acuerdo.
En la Casa Rosada tienen en la mira el rol de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, la principal aliada de Milei en Europa, en torno a la negociación por el acuerdo comercial.
Entre los viajes ya confirmados, Milei asistirá de nuevo al Foro Económico de Davos, Suiza, que se celebra anualmente en enero. En esta ocasión, el evento tendrá lugar entre el 19 y el 23 de ese mes de 2026.
A su vez, el mandatario confirmó un nuevo traslado a Estados Unidos para encabezar el “Argentina Week 2026” que se hará en Nueva York entre el 9 y el 11 de marzo.
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POLITICA
La Causa Kueider llega a la Corte Suprema para dirimir un conflicto entre dos juzgados sobre quién lo investiga

La jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió al máximo tribunal que resuelva la puja que tiene con la Justicia de Entre Ríos. En ambos se investiga a Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito. La defensa del ex legislador dice no tener preferencia.
La magistrada elevó a la Corte la contienda positiva de competencia que mantiene con el juez de Garantías N° 2 de Concordia, Ives Bastián. Ahora, el máximo tribunal deberá darle entrada. Luego, pedirá opinión al Procurador General Eduardo Casal. Y recién entonces fallará.
Fuentes tribunalicias indicaron a Infobae que es imposible que el trámite concluya antes de la feria judicial de verano. Lo más probable, arriesgaron, es que pase para el 2026.
La disputa comenzó tras el incidente de Kueider en Paraguay, a pesar de que las causas ya estaban abiertas en San Isidro y en Concordia. El 17 de diciembre del año pasado, Arroyo Salgado pidió a Bastián que se inhiba y le remita las actuaciones. Habían transcurrido dos semanas desde la detención del ex senador por tener USD 200 mil sin declarar.
Tres meses después, el 10 de marzo, el magistrado entrerriano le respondió que no. Se declaró competente e invitó a su colega federal a llevar la cuestión ante la Corte. Sin embargo, la defensa de Kueider recurrió el fallo. Dos meses más tarde, la Cámara de Apelaciones ratificó la decisión de Bastián.
14 mil fojas de investigación
En el resolutorio de Arroyo Salgado, firmado el pasado lunes 3 de noviembre, hay cuatro argumentos principales para sostener la causa en San Isidro. Dos son materiales y los restantes más formales.
En el primer conjunto, planteó la conexidad del enriquecimiento ilícito con el lavado (un delito federal), y la vinculación con el caso Securitas, ya que el accionar de Kueider se relaciona con un entramado delictivo mayor. Esta otra causa indaga el pago de coimas a entes y empresas públicas nacionales y provinciales. La meta era quedarse con contratos de seguridad privada. Una de ellas es la distribuidora eléctrica entrerriana Enersa.
Arroyo Salgado le puso números a la maniobra de “Securitas”. Entre 2013 y 2018, los pagos indebidos habrían sumado USD 7.600.000. A esto se sumaría la evasión de una cifra entre los 12 y los 36 millones de dólares. El mecanismo utilizado sería el de proveedores fraudulentos.
En el segundo, puso sobre el tapete que la causa por enriquecimiento ilícito que se lleva adelante en su Juzgado tiene un grado de desarrollo mayor. En Securitas ya se acumulan más de 50 cuerpos (cada uno con 200 fojas) y 118 incidentes. Por otro lado, en la investigación sobre Kueider se han reunido 20 cuerpos, 80 incidentes y ya hay 15 imputados.
A esto, sumó la existencia de jurisprudencia de la Corte. Los antecedentes marcan que cuando hay sospechas de lavado de activos vinculado al ejercicio de cargos públicos, la competencia corresponde a la justicia federal. El principio rige incluso si parte de los hechos ocurrieron en el ámbito provincial.

Dos fiscales, un camino
“No nos interesa quién resuelva ni quién lleve adelante la investigación”, dijo a este medio el abogado Juan Martín Cerolini, defensor de Kueider, ante la consulta acerca de la intervención de la Corte.
Sin embargo, en el entorno personal del ex político sí existen preferencias sobre el destino de las investigaciones. Los procesos se parecen, pero no son iguales. En San Isidro la lupa está puesta en el período 2015/2019, cuando fue secretario General de la Gobernación y luego senador nacional electo. En Concordia, la ventana de tiempo es más amplia: comienza en 1999, cuando fue edil de la ciudad.
Con recaudos, evalúan que es conveniente que se centre en manos de Arroyo Salgado. Las salvedades que hacen apuntan al fiscal federal que interviene. Se trata de Fernando Domínguez.
Kueider se considera un víctima del kirchnerismo que no le perdona su voto favorable a la Ley Bases, lo que habría arruinado, según dijo el ex legislador, la caída del Gobierno de Javier Milei que buscaban los K. En ese relato, Domínguez entra como ex integrante de Justicia Legítima. El colectivo de magistrados y funcionarios judiciales se forjó hace una década. Desde siempre se le endosó simpatías con el poder político de aquel entonces.
La percepción que tienen de Domínguez muchos de sus colegas es distinta. Lo consideran un funcionario íntegro, honesto y muy serio. “Es una máquina de laburar”, lo catalogó otro fiscal federal que compartió tareas con él.
Si la causa no va a San Isidro, se concentrará en Concordia. Ahí el círculo del ex senador abandona las dudas y esgrime certezas particulares. El foco está en el fiscal José Arias, responsable de la investigación dado que en Entre Ríos rige el sistema acusatorio. Argumentan que tiene, sin tapujos, animadversión hacia todo lo que huela a peronismo. “Es gorila”, simplificaron.
Como respaldo, citaron que la Cámara de Casación apartó a Arias de tres causas por pérdida de la imparcialidad. En todas investigaba al ex intendente justicialista de Concordia, Enrique Cresto, un ex aliado político de Kueider.
El fiscal pertenece a una familia ligada al integrismo religioso católico. Su padre, Alberto Arias, tuvo sus 15 minutos de fama en 2010. Como titular del Registro Civil de Concordia se negó a celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Alegó razones de conciencia y ser abogado canónico.
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