POLITICA
UNLP: La designación de una exfuncionaria camporista detonó la facultad de Periodismo
Con la llegada de la entonces decana Florencia Saintout en el año 2010 y su alineamiento directo con la agrupación de Máximo Kirchner, se inicia en la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) un período oscuro y de persecución política y laboral. La casa de estudios se convierte en la base de operaciones de su carrera política.
Docentes con carrera académica y formación son reemplazados o degradados con su salario para sumar militantes y referentes de la agrupación La Cámpora o aliados que públicamente han militado y apoyado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: Cynthia García, Cynthia Ottaviano (funcionaria de Saintout en la provincia), Pablo Llonto, Daniel Rosso, Roberto Caballero, Edgardo Esteban y una larga lista de personas que no dan clases hace años y siguen cobrando un sueldo, a quienes se suma ahora a Laura Alonso exfuncionaria de Desarrollo Social y Educación.
La mayoría de ellos con mayores dedicaciones, para las cuales no cumplen con los requisitos que se les exige a todos los docentes que hacen su recorrido académico en la facultad. Y además con incompatibilidad de cargos. Pero a ellos nadie les revisa sus legajos ni se les reclama, como a quienes revistan como militantes orgánicos de la gestión. Para estas figuras las normas y reglamentaciones no cuentan. La dinámica es la de la contratación, donde el consejo académico hegemonizado por su fuerza política aprueba a expediente cerrado, luego llama a concurso docente de modo solapado, sin publicación como corresponde, donde casualmente estas personas amigas del poder termian ganando.
El caso más escandaloso quizás sea el de la hija de Saintout, Catalina Verano: sin ningún tipo de experiencia se armó un concurso no docente para secretaria de decanato y sospechosamente lo terminó ganando. Pero no es el único caso de corrupción domestica, ya que sobran los nombramiento de familiares directos de Saintout.
La autonomía universitaria responde a la necesidad de que los gobiernos de turno no interfieran en los procesos de construcción de conocimiento y se garantice la libertad de cátedra sin persecución política. Sin embargo, el autogobierno, dista de ser respetuoso de los procesos académicos, ya que los alineamientos políticos y alianzas terminan constituyendo herramientas de persecución política y laboral dentro de las casas académicas.
El castigo y difamación a la doctora Andrea Holgado
En octubre de 2024, en una reunión informal, la reciente designada directora de la carrera de Comunicación Pública y Política, Josefina Bolis (quien además es directora de Medios de la UNLP), le “informa” a la doctora Andrea Holgado, docente por más de veinticinco años de la facultad de Periodismo y Comunicación, que ya no sería titular interina de la materia que dictaba desde 2018, y que había diseñado a pedido del entonces director Marcelo Belinche. Se le comunica con total impunidad que la materia la estaba rediseñando Laura Alonso, trabajadora social de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y exfuncionaria nacional de La Cámpora. No se le da ninguna explicación ni comunicación formal. Cabe destacar que en ese momento Alonso ya había sido contratada, que ya se había llamado a concurso por la titularidad de la materia y la profesora Holgado nunca fue informada para que no tuviera posibilidad de inscribirse al concurso.
Ante la situación de violencia decidió pedir una reunión con la decana Ayelen Sidun. En la reunión con la máxima autoridad de la facultad, la decana se disculpó por el modo en que se manejó todo y agregó que ella no la puso a Bolis en ese cargo sino la vicepresidenta Institucional de la UNLP, Andrea Varela. Mostrando su descontento con el proceder de Bolis, le propone diseñar un seminario para todas las carreras de la facultad, ya que Holgado es titular concursada de un seminario interdisciplinario). La decana le afirma que no había incompatibilidad con su cargo concursado y se le iba a sostener la dedicación exclusiva que tenía desde hacía más de diez años. Como aclaración, hay que destacar que los concursos docentes siempre son por dedicación simple, pero eso no altera el derecho adquirido del docente de su dedicación previa. En esto se agrega que el concurso nunca se elevó a rectorado porque, en ese momento, Sidun, que era secretaria Académica, le informó que si lo elevaba le bajaban la dedicación. Ante esa amenaza optó por no reclamar el pase del concurso aceptando esa anomalía por temor a represalias, muy comunes en la facultad.
Vale destacar que Holgado, cada dos años, como todos los docentes de su categoría, presentó los informes bianuales que fueron aprobados sin ninguna observación al momento de destituirla de su cargo.
Pero volviendo al tema, sin más explicaciones, se le pidió que diseñe un seminario para todas las carreras de la facultad. El seminario fue presentado en tiempo y forma el 1 de febrero, pero a partir de esa fecha no hubo más respuestas a los pedidos de reunión en la facultad. Llegada la fecha de inscripción, no solo la materia no apareció en la oferta académica como todos los años, sino que tampoco el seminario solicitado a Holgado. Con un agravante: se ofertó un seminario con un docente externo a la facultad, con los contenidos diseñados por Holgado.
En el mes de marzo se completó la persecución política y laboral, quitándole la dedicación exclusiva, reduciéndole el salario a un cuarto de lo que percibía. Se le otorgó una dedicación simple, que es lo que percibe un docente cuando inicia su carrera docente. Esto se comunicó por mail sin documentación que explique los motivos y sin firma de quién había tomado la resolución.
Ante los reclamos formales, avalados por el rectorado solicitando que se debía seguir la normativa vigente, la facultad se limitó a publicar en la página oficial de la facultad un texto agraviante que manipula y distorsiona información, falseando datos, contra Holgado. Con un doble hecho grave. Primero, la utilización de una web oficial con fines políticos para agredir a una docente a la que no se le permite defenderse de los ataques. Segundo, que reconocen que ya habían contratado como titular a la trabajadora social Laura Alonso.
Luego de tres días de generar un daño en la imagen de la Holgado, dieron de baja a la publicación, aunque el registro quedó por varias personas que lo llegaron a descargar de la página institucional. Cabe destacar que en el texto hacen referencia a una “exposición pública” que nunca existió y solo toman el reclamo hecho por vía mail a las autoridades de la facultad. Entre otros aspectos, hacen referencia a la modalidad del dictado de la materia, cuando existe lo que se denomina libertad de cátedra, justamente para evitar la persecución política y que los docentes puedan desarrollar los contenidos curriculares sin presiones y condicionantes, incluidos los pedagógico didácticos.
Además, nunca hubo un reclamo ni pedido al respecto. Y en cada reunión se informaba de las prácticas didácticas y pedagógicas que incluso en su momento fueron destacadas por ser herramientas de retención de los alumnos en las cursadas. Sospechosamente, el texto es el mismo que la profesora Bolis envió en 2024 a un grupo de docentes, bloqueando a Holgado para que no pueda responder. Otro dato significativo es que en el texto se reconoce que se le quiso imponer como ayudante de cátedra, militante de la agrupación de la gestión, diciendo que era muy formada y había participado de las coordinaciones de los alumnos ingresantes.
Una carrera destacada
La profesora Holgado tiene una basta carrera académica de veinticinco años de trayectoria: licenciada en comunicación y periodismo, especialista en comunicación radiofónica y doctora en comunicación. Fue reconocida como doctora destacada de la Universidad Nacional de La Plata. Se encuentra cursando una maestría en vinculación política con China porque nunca dejó de formarse como corresponde a un docente universitario. Tiene premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Uno de sus proyectos de extensión forma parte de la base de datos de proyectos sociales «Un Habitat de la UNESCO».
También fueron premiados y reconocidos otros proyectos similares por fundaciones y por el Banco Mundial. El último reconocimiento es el del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), donde ganó un concurso con un proyecto de libro que ya está editado sobre fake news y democracia. Fue invitada a congresos internacionales. Ha sido jurado y directora de tesis de grado y posgrado, en distintas universidades nacionales. Directora de becarios y jurado de concursos docentes y proyectos de investigación. Participó en la producción de contenidos de las materias en la última reforma curricular, entre otras actividades. Tiene categoría II como investigadora y tres libros publicados con referato. Entre tantas otras cosas.
A la fecha, Holgado, con el acompañamiento del sindicato docente (ADULP), viene realizando gestiones en la universidad, que a tres meses no arrojaron ninguna respuesta. Todo se limita a expediente que no prosperan, que son cajoneados mientras la irregularidad se consolida (una vez más) en la facultad de Periodismo.
La doctora Holgado lleva más de dos meses enviando mails a mesa de entradas de distintas secretarías de la Universidad Nacional de La Plata, donde las autoridades parecerían desentenderse y limitarse a trámites administrativos cuando se vencen los plazos. En tanto la facultad de Periodismo no solo no responde los mail sino que tampoco avanzó en más de dos meses en trámites y pedidos de explicaciones desde el rectorado de la universidad
Un tema aparte es el llamado a concurso de la materia Comunicación, Territorio y Acción Colectiva, de la cual Holgado era titular interina desde 2018. Nunca se le notificó formalmente que ya no era titular interina. Tampoco se le informó del llamado a concurso ni se publicitó, como se debe hacer por normativa. Estos reclamos fueron hechos ante legales y transparencia de la universidad sin recibir respuestas., lo que constituye un grave hecho contra las normativas. El motivo: el concurso fue diseñado para que lo gane Laura Alonso, como ya se describió (quien ya desde octubre de 2024 fue designada titular).
En relación con el uso ilegal del portal institucional de la facultad de Periodismo, se presentó un reclamo en la universidad y no se ha dado ninguna respuesta.
Los expedientes iniciados en estos más de dos meses son:
– Reconocimiento de los años que trabajo ad honorem, necesarios para la jubilación.
– Pedido de respetar las normativas universitarias para los cambios de categoría
– Pedido de audiencia con el rector de la UNLP
– Pedido de revisión de llamado a concurso irregular
– Pedido de sanción a la Facultad por el uso ilegal del portal institucional para difamar a la dra. Holgado
– Expediente 2700-3550/2025
– Expediente 100-8120/2025
– Expediente 100-8365/2025.
– Expediente 100-8348/2025
– Expediente 100-8366/2025
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POLITICA
El Gobierno evalúa llevar a la Corte la pelea por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
Al Gobierno se le están acabando las opciones para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado por parte de la oposición. La Cámara Contencioso Administrativo Federal publicó este martes un fallo que ordena al Poder Ejecutivo Nacional a aplicar esa normativa de manera inmediata, remarcando que la medida no representaba un impacto fiscal sustancial y que el Estado debía priorizar el derecho constitucional a la educación pública universitaria.
Con la decisión judicial firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el Gobierno debe decidir cuál será el próximo paso: implementar las partidas presupuestarias y los desembolsos que prevé la Ley o apelar a la última instancia posible antes, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Dar marcha atrás no es una opción”, aseguró a Infobae una fuente gubernamental que tiene una incidencia total en la decisión final. La postura predominante en el Gobierno es, por estas horas, apelar a la última instancia posible, el máximo tribunal, para ganar tiempo mientras intentan avanzar en el Congreso con su proyecto de ley universitario, el cual implica menor inversión presupuestaria que el que rige actualmente.
Los equipos legales de la Presidencia de la Nación, la Procuración del Tesoro y, principalmente, el del Ministerio de Capital Humano, están evaluando la factibilidad de realizar este movimiento. El responsable de la interlocución con las universidades es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien responde a la ministra Sandra Pettovello. Este tema en particular es uno que tiene interrelación total con la política fiscal que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, recordó que “el PEN debe cumplir con la ley” y que la omisión podría constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”. Añadió que aunque el Estado recurra a la Corte Suprema, la propia jurisprudencia del alto tribunal sostiene que las medidas cautelares no son sentencias definitivas y, por lo tanto, escapan a su competencia.
En la Casa Rosada cayó particularmente mal que tanto Fernández y Morán ponderaran el argumento que habían utilizado los jueces de primera instancia acerca de que un gasto de 0,23% del PBI no es un impacto significativo. “Ahora se ve que la Justicia se dedica a decir cuánto es mucho y cuánto es poco”, se quejaba esta mañana una fuente que participa de las reuniones de Gabinete.
Desde la transferencia de las competencias educativas a las provincias realizada décadas atrás, Nación solo tiene potestad en el financiamiento de la educación universitaria. En el marco de la política de recorte del gasto público encabezado por el presidente Javier Milei, los rectores de las Universidades Nacionales, asociaciones estudiantiles y los sindicatos docentes y no docentes han estado reclamando mayores partidas desde principios de 2024.
Un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicado el viernes pasado marca que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. La gran mayoría del presupuesto que se destina para las casas de estudio corresponde para el pago de personal.
Los salarios universitarios acumulan un incremento del 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. “Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023″, informan.
Por el otro lado, el Gobierno alega a que los fondos disponibles durante los últimos años eran suficientes y que eran las mismas casas de estudios las que debían optimizar sus gastos. En el oficialismo habían anunciado propuestas de auditorías sobre las Universidades Nacionales a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), pero hasta diciembre del año pasado, la cúpula del organismo permanecía prácticamente acéfala. Es que, de los siete auditores generales que deben conformar el cuerpo principal del organismo, solo hay uno con mandato vigente. Se trata de Juan Manuel Olmos, su presidente.
La decisión judicial ratificada por la Cámara impone la ejecución de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que estipulan la actualización salarial de docentes y no docentes entre el 1 de diciembre de 2023 y la fecha de sanción, en septiembre de 2025. También dispone que se repongan todos los programas de becas para estudiantes universitarios. El fallo descarta que la aplicación de la ley pueda afectar los fondos públicos de modo relevante. En palabras de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el impacto fiscal de la cautelar “es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público”, enfatizando que está en juego “un derecho central de la Constitución como la educación superior pública”.
La controversia judicial comenzó cuando el juez federal Enrique Cormick -a instancias de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y más de 40 universidades públicas- ordenó que se aplique la ley y calificó de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” al Decreto 759/2025. Este decreto, firmado por el Ejecutivo, había suspendido la ejecución de la norma argumentando que primero debían determinarse fuentes de financiamiento específicas, lo que según el Estado correspondía al ámbito exclusivo del Congreso.
El Poder Ejecutivo calificó en reiteradas ocasiones de “arbitraria” la decisión judicial y sostuvo que no podía aplicar la ley sin definir previamente las partidas presupuestarias y sus fuentes de financiamiento, advirtiendo supuestos riesgos sobre el equilibrio fiscal. Para la Cámara, estos planteos resultan “poco serios”. El tribunal enfatizó que la previsión legal ya era imperativa y que las cautelares ordenadas no pueden considerarse sentencias definitivas encubiertas.
POLITICA
$LIBRA: Novelli tuvo un ida y vuelta frenético con un banco de Miami el día que se reunió con Milei y Davis en la Rosada
Antes, durante y después de la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei y Hayden Mark Davis en la Casa Rosada, y mientras el estadounidense transfería millones de dólares a cuentas por determinar, el lobista Mauricio Novelli mantuvo un ida y vuelta permanente con un banco de Estados Unidos. Acumuló llamadas entrantes y salientes, ingresos al homebanking y revisión de los estados y balances de cuenta, según reconstruyó en base al material que expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) recuperaron del teléfono celular del lobista y “abrepuertas” del poder.
El ida y vuelta con el International Finance Bank (IFB), con sede en Miami, ocurrió el jueves 30 de enero de 2025, al mismo tiempo que billeteras virtuales vinculadas a Davis transfirieron millones de dólares, y Novelli consultó precios para comprar autos de alta gama y relojes de lujo, lotes en countries y departamentos en Olivos, y a la noche le anunció a un contacto que había cerrado un “deal tremendo”.
El puntapié inicial se registró a las 9:39, cuando su hermana, María Pía Novelli, le envió un formulario por WhatsApp para ordenarle al IFB que le girara US$26.000 a la Argentina, según consta en el documento fechado el día previo, en el que se consignó que los fondos serían destinados a fondear una cuenta bancaria propia (“Funding Account”).
Para Novelli no era un jueves cualquiera. A las 11.47, Davis cruzó Migraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y Novelli pidió turno al “Luigi Barber Shop” para acicalarse, a la que llegó demorado. Entre otros motivos, porque tuvo que interactuar con alguien o un website ubicado en las islas Caimán. Pero sí llegó a tiempo para la cita más importante del día. A las 13.51, las antenas lo ubicaron en la zona de la Casa Rosada. Y a las 13.56 ingresó a la Casa Rosada con el estadounidense y con su socio Manuel Terrones Godoy, autorizados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según surge de los registros de ingresos y salidas del palacio presidencial que obtuvo .
Cuatro minutos después, a las 14, desde una billetera vinculada a Davis se transfirieron US$499.999 a una cuenta de la plataforma Kraken, un exchange de criptomonedas que permite convertir activos digitales en dinero fiduciario. Y dos minutos después, a las 14.02, comenzó la reunión con el Presidente.
Mientras conversaban con Milei y Davis en el despacho presidencial, sin embargo, Novelli recibió una llamada del número +1-305-648-8800. Pertenece al International Finance Bank, pero no atendió. Se concentró en la reunión, en la que el jefe de Estado se sacó una “selfie” con el CEO de Kelsier Ventures.
No está claro, por el contrario, si Novelli todavía estaba reunido con el Presidente cuando, minutos después, sí respondió por WhatsApp una consulta de un agente inmobiliario. Le comunicó que sí, que estaba interesado en visitar un departamento de 140 metros cuadrados que estaba a la venta en el Puerto de Olivos. “Veámoslo”, le respondió. Cinco minutos después, a las 14.31, salió de la Casa Rosada con Davis y Terrones Godoy.
Del material analizado por no surge qué ocurrió con Davis tras salir del palacio presidencial. Pero sí consta que María Pía Novelli le preguntó a su hermano, a las 15.11, “cómo viene eso”, pero el “trader” no le respondió. Recién a las 16:39, Novelli le contestó a una agente inmobiliaria que le interesaba ver una propiedad. Y ocho minutos después le devolvió la llamada al International Finance Bank. Mantuvo una conversación que se extendió durante 4 minutos y 37 segundos. Al colgar, entró al homebanking para clientes minoristas del IFB. Y en los minutos siguientes también consultó la sección de banca personal del sitio oficial y revisó sus resúmenes electrónicos de cuenta.
Según surge de la documentación que los expertos informáticos de la Datip recuperaron de su teléfono móvil, Novelli era cliente del International Finance Bank desde al menos 2022. Operaba una cuenta corriente (checking) bajo el segmento de “Preferred Banking”, con códigos SWIFT IFBKUS3M y ABA 067011692, y tenía a la señorita Mariana Camacho como oficial de cuenta. El banco además le emitió cartas de referencia en las que certificaba que el “trader” había manejado sus asuntos con la entidad de manera “muy satisfactoria”.
Para Novelli, el International Finance Bank le daba prestaciones beneficiosas en tiempos del “cepo” cambiario que rigió en la Argentina durante años. Según consta en mensajes con su hermana, el banco le daba la opción de retirar dinero de la plataforma Earn2Trade y usar una tarjeta internacional para retirar efectivo.
Recién a las 17.28 de ese jueves, en tanto, es posible encontrar nuevos rastros de Davis en Buenos Aires. Él o alguno de sus colaboradores transfirió más dinero. Giró US$3,4 millones a distintas billeteras virtuales. Es decir, 23 minutos antes de que Milei posteara a las 17:51 en su cuenta oficial de X la “selfie” que se había sacado con el estadounidense en el despacho presidencial y afirmara que lo estaba “asesorando” en temas de blockchain.
El ida y vuelta de Novelli con el banco registró entonces otro episodio. Diez minutos después del posteo presidencial, a las 18:01, desde el IFB volvieron a llamar a Novelli. Esta vez la comunicación duró 12 minutos y 17 segundos y fue Novelli quien dio por terminada la llamada, según los metadatos del teléfono, para luego abocarse a cerrar la visita a un inmueble que quería comprar y a conseguir un Rolex Daytona. Pero se topó con dos obstáculos: los dueños de la propiedad se iban de vacaciones y recién podría ver el inmueble el 17 de febrero y en la joyería le informaron que ese modelo solo se vendía con factura. “Los otros dos los compré con factura. Pasa que ahora estoy complicado con el blanco”, argumentó el lobista en un audio.
A las 18.48, en tanto, Davis le escribió por WhatsApp a un amigo disculpándose por la demora en responder. “Estuve ocupado”, le explicó en inglés, de acuerdo a mensajes obrantes en la demanda colectiva -“class action”- que tramita en Nueva York. Y a las 19.19, ante una consulta de su interlocutor, Davis replicó con una ironía: “Las cosas malas suenan bien cuando las dice Manu”, en aparente alusión a Terrones Godoy.
Novelli también se mostró exultante en sus mensajes, tanto con su hermana como con terceros. Y a las 23:12, tras revisar sus estados de cuenta en el IFB, Novelli le escribió a un contacto que había cerrado un “deal tremendo” y que quería celebrarlo. Intentó reservar en el boliche Afrika del barrio de Recoleta, pero estaba cerrado. Terminó reservando mesa para cuatro personas en el restaurante Roldán, en los bosques de Palermo.
Al día siguiente, la Justicia verificó que Novelli recibió al menos dos transferencias en criptomonedas —una por USDT 657.500 y otra por USDT 37.500—. Y el “abrepuertas” del poder ya pensaba en su seguridad personal. Le consultó a un contacto de nombre Ezequiel cuánto costaba blindar una camioneta Toyota SW4 o un Peugeot. “Yo quiero blindarlo completo”, le dijo. “Que no me pase nada”.
teléfono celular,Hugo Alconada Mon,Escándalo cripto,Javier Milei,Conforme a,Escándalo cripto,,»Me voy a ocupar yo». Los audios que revelan cómo Novelli se encargó en persona de los pagos en efectivo a Javier Milei,,$LIBRA. Mauricio Novelli pide “la nulidad absoluta” del peritaje que involucró a Milei,,Caso $LIBRA. Mauricio Novelli vendía exclusividad para acceder a Javier Milei
La diputada libertaria Lilia Lemoine quedó al frente de la Comisión de Juicio Político en Diputados. La acompañarán el peronista de Unión por la Patria (UxP) Guillermo Snopek en la vicepresidencia y los oficialistas Sebastián Pareja y Nicolás Emma como secretarios. El resto de los cargos en la mesa de conducción quedó en manos de UxP y otras fuerzas políticas.
“Asumo sin ninguna expectativa la presidencia de esta comisión”, le dijo Lemoine a TN. Y apuntó contra la oposición: “Del otro lado hay gente con fuertes deseos destituyentes que usa elementos del Estado de forma incorrecta desde 2024. Vienen amenazando con sacar al presidente Javier Milei del poder. Es agraviante escucharlos en connivencia con medios que reciben pauta. Es obvio que van a intentar cualquier cosa para que el Presidente no pueda trabajar normalmente”.
Desde UxP, Guillermo Snopek sostuvo que el espacio buscará “hacer cumplir la Constitución Nacional”. En tanto, Néstor Pitrola y Romina del Pla, del Frente de Izquierda, pidieron que se habilite de forma inmediata el tratamiento de un nuevo pedido de juicio político contra Milei, presentado este martes en la Cámara baja.
En su presentación, los diputados del Partido Obrero hablaron de “hechos gravísimos”. Entre los argumentos, mencionaron el caso de la criptomoneda LIBRA, el incumplimiento de leyes como la de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, denuncias vinculadas a la ANDIS y distintas medidas institucionales adoptadas por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2023.
Cómo funciona la Comisión de Juicio Político
La Comisión de Juicio Político es el ámbito del Congreso donde se analizan los pedidos de enjuiciamiento contra el Presidente, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los jueces de la Corte Suprema.
Según el sitio oficial de Diputados, su función es “investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad” contra funcionarios alcanzados por la Constitución y la ley 24.946, así como también en las denuncias presentadas ante la Cámara.
Leé también. El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
Actualmente ya existen varios pedidos de juicio político contra Milei. Uno de ellos fue impulsado por el diputado de UxP Juan Marino, quien cuestionó el alineamiento internacional del Gobierno. En su presentación, advirtió que las acciones del Presidente “colocan a la Argentina fuera de su histórica postura de defensa de la región como zona de paz” y la subordinan a la estrategia de seguridad de Donald Trump.
También hay iniciativas de Agustina Propato, Aldo Leiva y Pablo Todero, todos de UxP. A esto se suman pedidos de enjuiciamiento contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y uno anterior contra el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En el oficialismo no descartan que el caso de la criptomoneda $LIBRA derive en nuevas presentaciones, tanto contra Milei como contra otros integrantes del gabinete, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Hasta ahora, ninguno de los expedientes avanzó por la falta de definición en la conducción de la comisión. Con la llegada de Lemoine, el oficialismo pasa a controlar la agenda y, junto a sus aliados, reúne mayoría entre los 31 integrantes.
La comisión tiene la tarea de analizar las pruebas y, eventualmente, emitir un dictamen de acusación. Para que avance, ese dictamen debe ser aprobado luego por dos tercios de los presentes en el recinto de Diputados. Si eso ocurre, el proceso pasa al Senado, que con la misma mayoría decide la destitución o absolución del acusado.
En este esquema, el oficialismo cuenta con un respaldo clave: los 95 diputados de La Libertad Avanza y aliados, lo que le garantiza un tercio del cuerpo y le permite bloquear cualquier intento de llevar un juicio político al recinto.
La polémica con Marcela Pagano
La conformación de la comisión arrastra un antecedente conflictivo. El 10 de abril de 2024, minutos antes de una reunión convocada para designar autoridades, el presidente de la Cámara, Martín Menem, envió una nota interna para suspenderla.
Sin embargo, los diputados desconocieron la decisión y avanzaron igual. En ese contexto, eligieron a Marcela Pagano —también de La Libertad Avanza en ese momento— como presidenta.
“Esto es un papelón”, cuestionó entonces el titular del bloque oficialista, Oscar Zago.
También hubo críticas de referentes con experiencia parlamentaria como Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó, quienes calificaron la situación como “una anomalía” y advirtieron que “no se puede suspender una comisión”.
Por su parte, Pagano intentó despegarse del conflicto: “Quiero apartarme de esta desprolijidad. No por ser nueva y oficialista me voy a creer más que el resto de los diputados. Me enteré de la convocatoria como todos”.
Ese mismo día, Zago aseguró que había hablado con Milei por WhatsApp para informarle la decisión del bloque de postular a Pagano y que el Presidente le había dado el visto bueno.
juicio político, Lilia Lemoine, Diputados
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