POLITICA
Uno de los jueces del caso de los Cuadernos pidió ser suplente en otro tribunal oral
Germán Castelli, uno de los jueces del tribunal oral federal que lleva adelante el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 imputados por la causa de los “cuadernos de las coimas”, pidió a sus superiores de la Cámara Federal de Casación que le den una suplencia en otro tribunal oral.
La medida contrasta con lo que dijeron Castelli y sus colegas Enrique Méndez Signori y Fernando Canero acerca de que no podían hacer más que dos audiencias semanales en el caso de los sobornos porque estaban tapados de trabajo con otros juicios.
El pedido de Castelli fue elevado al tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación, que resolvió ponerlo en el temario de su próxima reunión a realizarse el martes próximo.
El orden del día de esa reunión tiene como punto sexto tratar el oficio 1783/25 de Castelli, donde manifiesta “su postulación como juez subrogante del tribunal oral criminal federal N° 6 de esta ciudad». En ese tribunal hay una vacante.
Esa vacante está ocupada temporariamente por el juez Méndez Signori, por eso Castelli envió un oficio en el que señala que solo se postula para ocupar ese lugar, y no en otros tribunales orales, de modo de no alterar la agenda del juicio en marcha.
Escribió Castelli en su oficio a la Casación -al que accedió – que el 6 de diciembre vence su subrogancia en un tribunal oral federal de La Plata y que como Méndez Signori es subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, “es que el suscripto encuentra conveniente postularse como juez subrogante -sólo- respecto de ese Tribunal Oral Federal N°6 capitalino, debido a las vacantes existentes en aquella dependencia».
Se trata de una postulación, y no de una designación, ya que quien ocupe esa subrogancia se determinará luego de un sorteo. Las subrogancias, además de implicar más trabajo para los jueces, significan cobrar un 33 por ciento más de sueldo.
Todo hace pensar que el pedido será rechazado. El principio que rige en la Casación es que las subrogancias son posibles, siempre que no afecten el funcionamiento de las tareas del tribunal donde el juez es titular.
El juicio del caso de los cuadernos de las coimas comenzó el 6 de noviembre pasado, con una audiencia semanal por Zoom. Dado que son 87 imputados y más de 600 testigos, con ese ritmo el juicio oral iba a durar muchos años.
Hubo preocupación de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura por esta circunstancia y la propia Cámara Federal de Casación había sugerido a los jueces que impusieran otro ritmo.
Para ello, hace 15 días convocó a los jueces Castelli, Méndez Signori y Canero, pero sólo acudieron los dos últimos a ese encuentro. Castelli se excusó por cuestiones de trabajo.
Allí, los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky resolvieron darles facilidades a los magistrados para que aceleren el proceso.
Los jueces del tribunal oral, antes de esa reunión, le habían enviado una nota a los camaristas donde les decían que estaban “colapsados”.
De hecho, allí mencionaron que solamente en los últimos tres meses recibieron 29 nuevos expedientes, lo que contribuyó “al colapso que se generó” durante los últimos años.
Tras la reunión en Casación, los camaristas de Casación pusieron a disposición de los jueces del juicio una renovada sala de audiencias, la posibilidad de usarla tres veces por semana y si los jueces lo deciden, que puedan sesionar durante las vacaciones.
Además, los jueces de la Casación resolvieron eximir por seis meses del sorteo de nuevas causas al Tribunal Oral Federal N°7, y reenviar al resto de los tribunales orales las causas residuales que tenían los magistrados.
Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, ante el reclamo decidieron poner audiencias dos veces por semana (martes a la tarde y lunes a la mañana) y que las declaraciones indagatorias de los 87 acusados sean híbridas, es decir con los imputados en la sala de audiencias y los defensores en el Zoom.
Pidieron además a la Casación que les permitan contratar a más personal y habilitar un espacio físico, cuestiones que se derivaron a la Corte Suprema de Justicia.
El juicio por los Cuadernos de las Coimas contra Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y empresarios que admitieron haber pagado sobornos para mantener sus contratos de obra pública comenzó de manera virtual.
La fiscal de la causa, Fabiana León, también reclamó que el juicio se realice con mayor frecuencia, y lo propio hizo uno de los imputados.
Los jueces del tribunal oral vienen diciendo que están pidiendo ayuda desde 2019, pero que no los escucharon, y señalaron que necesitaban que los aliviaran del trabajo que tenían por delante.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno designó al administrador que seguirá la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y los policías
El Gobierno designó este jueves al administrador que se hará cargo de la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en medio de la crisis financiera que atraviesa producto de una deuda que ronda los 200 mil millones de pesos.
A través de una comunicación, el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, designó al Coronel Mayor Ariel Guzmán como interventor de la entidad. El objetivo es conducir el proceso de planificación y ejecución de la disolución del IOSFA y el traspaso de sus afiliados a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en un plazo máximo de doce meses.
El anuncio oficial buscó llevar tranquilidad a los más de 500 mil beneficiarios del sistema, al confirmar que, durante el período de transición, el IOSFA continuará brindando la totalidad de sus prestaciones. De acuerdo con lo informado, la cobertura de salud para el personal militar, de seguridad y sus familias se mantendrá sin interrupciones hasta que las nuevas obras sociales estén completamente operativas y en condiciones de asumir sus funciones.
La designación del Coronel Mayor Guzmán forma parte de una estrategia orientada a asegurar un traspaso ordenado, que incluye la adecuación de los sistemas de información y la consolidación de los datos sobre prestaciones, medicamentos y gastos. El Ministerio de Defensa remarcó que estas tareas se realizarán en coordinación con los organismos competentes de los ministerios de Defensa y de Seguridad, y con las autoridades que sean nombradas en OSFA y OSFFESEG. El proceso técnico-administrativo pretende preservar la continuidad de los servicios y proteger a los afiliados frente a la crisis.
Así, se constituye un paso formal dentro de la reorganización del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales, un objetivo que el Ejecutivo considera clave para garantizar la sustentabilidad y el funcionamiento adecuado de las prestaciones médicas y sociales. El diagnóstico oficial señala que la deuda acumulada por la entidad, que alcanza 200 mil millones de pesos, es el resultado de irregularidades detectadas en gestiones anteriores. Esta situación financiera crítica llevó al Gobierno a intervenir en busca de una solución estructural.
Una de las consecuencias más visibles del deterioro institucional se observa en localidades como Punta Alta, donde, según datos de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes, 42.000 dependen de IOSFA y llevan meses sin acceso pleno a servicios básicos de salud. La falta de insumos, demoras en la entrega de medicamentos y suspensión de prácticas médicas afectan de modo directo tanto a personal en actividad como a jubilados y familiares.
Ante este escenario, el ministro Presti mantuvo encuentros con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para definir alternativas que permitieran rescatar a IOSFA del colapso. La respuesta política fue la división del organismo y la creación de dos nuevas entidades con autonomía jurídica y financiera.
La flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con competencia en todo el territorio nacional. Su misión principal será proporcionar cobertura médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio directorio. El decreto de creación establece que las prestaciones de OSFA no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio vigente ni a sus futuras actualizaciones.
El directorio de la OSFA estará integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas, lo que, según el Ejecutivo, permitirá una gestión ajustada a las necesidades específicas de cada institución militar. El Ministerio de Defensa tendrá la responsabilidad de fiscalizar y controlar el funcionamiento de la nueva obra social, asumiendo el rol de autoridad de aplicación.
En paralelo, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) se crea como ente autárquico bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta nueva entidad tendrá como objetivo central la cobertura de salud y prestaciones sociales para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y, eventualmente, otras fuerzas federales que puedan incorporarse en el futuro.
La OSFFESEG contará con un directorio de cinco miembros titulares, todos designados por el Ministerio de Seguridad. La presidencia estará a cargo de una persona con antecedentes técnicos y experiencia en la gestión pública o privada, y el decreto exige que todos los integrantes demuestren competencia en administración y organismos complejos.
Ambas entidades tendrán una estructura financiera sustentada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas de adherentes, ingresos por ventas de activos, partidas del presupuesto nacional y donaciones. El porcentaje de aportes y contribuciones se calculará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos exceptuando asignaciones familiares, viáticos y gastos.
El marco normativo fija que al menos el 80 % de los recursos de OSFA y OSFFESEG deberá destinarse a prestaciones de salud, en tanto que el gasto administrativo y de funcionamiento no podrá superar el 8 %. Si existieran excedentes luego de cubrir las obligaciones de salud y administrativas, hasta un 12 % podría dirigirse a otras prestaciones sociales.
Los directorios tendrán la facultad de aprobar normativas internas, definir estructuras orgánicas, presupuestos anuales, balances, programas médicos y políticas de inversión, así como contratar personal y servicios. Además, ambas obras sociales estarán sometidas a auditorías internas bajo la supervisión de la Sindicatura General de la Nación y deberán cumplir estrictas normas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés. Los mandatos de los miembros serán de cuatro años, con posibilidad de reelección, y todos deberán acreditar experiencia y formación en administración y gestión de salud pública o privada.
POLITICA
Reforma laboral: los gremios toman distancia de la izquierda y le exigen a la CGT otro paro general con movilización
“Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro de 36 horas con movilización”, dijo Abel Furlán, titular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en representación del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) en su acto sobre la Avenida de Mayo.
Aunque la CGT resolvió para este jueves un paro general sin movilización, varios de los gremios que la integran y otros que no pertenecen a la central obrera coparon la avenida hasta la esquina con la calle Luis Sáenz Peña. Además de la UOM, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros espacios.
“Vinimos a manifestarnos, no a hacer quilombo al frente con las organizaciones de izquierda”, dijo un manifestante de la UOM a . Es que se ubicó un camión que sirvió como escenario justo antes de la Plaza Mariano Moreno, donde se dio un discurso. “Los que quieran ir hasta el Congreso, pueden hacerlo”, agregó la fuente sindical.
Durante la tarde, luego que la columna de la izquierda abandonara la cabecera de la marcha en la Plaza del Congreso, un pequeño grupo de manifestantes intentó derrumbar el vallado policial y arrojaron botellas y plásticos contra las fuerzas de seguridad. La respuesta fue con gases lacrimógenos, carros hidrantes, policías motorizados y balas de goma. De esta manera, la jornada terminó entre corridas, heridos y detenidos.
Preventivamente, los sindicatos se desmarcaron de la actividad de otras organizaciones presentes frente al Congreso Nacional, y de una posible represalia de las fuerzas de seguridad. “El tema es que si reprimen, se van a venir todos para acá”, comentó el hijo de un histórico referente de la guerrilla izquierdista a este medio entre tambores y canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Mientras el oficialismo conseguía el quorum para debatir la reforma laboral, desde el improvisado palco y hacia una Avenida de Mayo repleta sonaba la Marcha de la Bronca en los altoparlantes. “Hay unidad de este frente de trabajadores y trabajadoras. Estamos movilizados en las calles para decirle no a la reforma”, anunció un locutor.
“Esto lo organizó la UOM junto a otros sindicatos”, afirmó otra fuente de los metalúrgicos al pie del escenario y agregó: “Son dos actos. El nuestro acá y otro de la izquierda frente a las vallas del Congreso”. A las dos y media, una fila india de dirigentes sindicales atravesó custodiada la multitud que cortaba la avenida y subió al palco. “Aumento de salarios ya, no a la reforma laboral”, decía una pancarta del FreSU que desplegaron para el acto.
Único orador, Furlán apuntó al Gobierno: “El problema es el modelo económico y político que quieren instalar en la Argentina. Lo de FATE es solo una muestra de lo que va a pasar en los próximos meses. Esto nos atraviesa a todos, no se va a salvar nadie”. En diálogo con en su salida, Furlán adelantó: “El paro general se lo vamos a proponer a la CGT la semana próxima”.
El acto terminó a las 15 con la desconcentración del frente sindical. “El FreSU se ha venido construyendo en el marco de la lucha contra el Gobierno de Javier Milei. Se unificaron las dos CTA y un conjunto de gremios que integran la CGT. Es una experiencia nueva que quiebra el inmovilismo cegetista”, explicó a este medio el exdirector del Banco Nación Claudio Lozano.
Mientras tanto, cerca de las vallas de otra punta de la plaza se agrupaba el Frente de Izquierda, (FIT), el Movimiento Teresa Vive y el Polo Obrero, entre otras organizaciones. Entre sus filas, se cantaba “¿a dónde está que no se ve esa famosa CGT?” cuando bajó Myriam Bregman del recinto.
La diputada nacional del FIT habló en ese acto regado de organizaciones sociales: “A los sindicalistas no los vimos acá, en las marchas o en los piquetes”, apuntó. “Haber estado desde temprano en la calle es lo más importante que podemos hacer. Pero esta es la primera etapa para ganarle a Milei. Hay que militar, no queda otra, no se puede seguir mirando la tele”.
intentó derrumbar el vallado policial,el oficialismo conseguía el quorum,Lo de FATE,Paro nacional,Reforma laboral,CGT,Conforme a,,»¿Estás loca?». El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión,,Desafío de la CGT. El paro tuvo un fuerte impacto por la adhesión del transporte y hubo cruces con el Gobierno,,Encuesta. Crece el rechazo a Milei entre los trabajadores sindicalizados,Paro nacional,,Gran adhesión. Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este jueves 19 de febrero,,Todos los detalles. Paro general de la CGT contra la reforma laboral: mapa de cortes, horario de la marcha y calles afectadas,,Balance y advertencia. La CGT calificó de “contundente” al paro y marcó la adhesión en “un 90%”
POLITICA
Reforma laboral: los gobernadores que le ayudaron al Gobierno a habilitar el debate en Diputados
El Gobierno logró abrir el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados con una mayoría ajustada y apoyos provinciales determinantes. La sesión comenzó con número justo y dejó expuesto que la suerte del proyecto no depende solo de los bloques aliados, sino del rol que juegan los gobernadores en la construcción de mayorías.
Seis mandatarios, en su mayoría peronistas o con origen en ese espacio, aportaron diputados clave para habilitar el recinto. Sin esos respaldos, el oficialismo no habría alcanzado el piso necesario para iniciar el tratamiento de una iniciativa que se convirtió en una de las principales apuestas políticas del Ejecutivo.
Leé también: Reforma laboral: ¿qué pasará si la oposición logra voltear el capítulo del fondo de asistencia laboral?
El respaldo, sin embargo, no implica un cheque en blanco, advierten desde las provincias. En el propio oficialismo reconocieron que “los números están justos” y admitieron que algunos puntos del texto todavía generan dudas entre los aliados provinciales.
El mapa provincial que inclinó la balanza
El quórum de este jueves se construyó con el aporte de legisladores que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).
En total, esos espacios provinciales sumaron 16 diputados que resultaron determinantes para inclinar la balanza. El aporte fue especialmente sensible en un contexto de paridad, donde cada ausencia o llegada tardía podía alterar el resultado.
El caso de Santa Cruz se destacó por el peso simbólico del último respaldo que permitió completar el número. En paralelo, los bloques habituales que acompañan al oficialismo, como el PRO y la UCR, también garantizaron presencia plena, mientras que otros interbloques optaron por no colaborar en la apertura del debate.
La ausencia de legisladores alineados con el kirchnerismo y la izquierda consolidó un escenario polarizado desde el inicio de la sesión.
Incentivos, recursos y agenda productiva
Detrás del respaldo provincial operan intereses concretos. Varios de los gobernadores que facilitaron el quórum administran distritos con fuerte impronta minera y siguen de cerca los cambios normativos que pueden impactar en inversiones y recursos.
En el caso de Catamarca, el traspaso de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a la órbita provincial significó una señal política relevante. La empresa retiene el 60% de las utilidades netas de explotaciones de oro, plata y litio, lo que la convierte en una caja estratégica para la provincia.
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También aparece en el horizonte la discusión sobre la Ley de Glaciares, cuya eventual modificación podría ampliar zonas disponibles para la actividad minera. Ese debate impacta de manera directa en provincias como San Juan, donde el cobre y otros minerales forman parte central de la agenda económica.
Pero, aunque los gobernadores facilitaron el inicio de la sesión, no todos los puntos del proyecto tienen asegurado el mismo nivel de respaldo. Entre los aspectos que generan más resistencia figura el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy se destinan a la Anses.
reforma laboral, Gobernadores
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