POLITICA
Uno de los protagonistas del caso $LIBRA manejó cajas de seguridad en un banco en paralelo al lanzamiento de la criptomoneda
La Justicia estudia una serie de imágenes que exhibe a uno de los implicados en la causa por la moneda virtual $LIBRA manipulando distintas cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia, en Martínez, junto a dos miembros de su familia.
Se trata de Mauricio Novelli, una de las tres figuras locales asociadas al lanzamiento del activo digital, con visitas registradas tanto a la Casa Rosada como la quinta de Olivos, y socio en Tech Forum de Manuel Terrones Godoy, otro de los protagonistas del caso, que también involucra al presidente Javier Milei, investigado por presunta estafa.
La secuencia de imágenes, que lo muestran a Novelli, a su madre, María Alicia Rafaele, y a su hermana, María Pía Novelli, operando con al menos cuatro cajas de seguridad, se entrelaza temporalmente con el lanzamiento de $LIBRA: la visita al banco ocurrió el 4 de febrero, diez días antes de que Milei disparara la promoción de la criptomoneda por redes sociales.
Rafele y María Pía volverían a esa misma sucursal sin Novelli en la mañana del primer día hábil tras el tuit presidencial para realizar otra tanda de operaciones.
Las imágenes, reveladas el domingo pasado por Página 12, forman parte del expediente judicial que tramita en el juzgado federal de María Servini, cuya investigación está en manos del fiscal Eduardo Taiano.
La secuencia
De la primera visita sí participó Novelli. Al momento de bajar al subsuelo, donde están las cajas de seguridad, su madre y su hermana, llevaban consigo una mochila y un bolso de manos, según surge de un análisis que la División de Lavado de Activos de la Policía que consta en el expediente, al que tuvo acceso.
En las imágenes, correspondientes a la primera de sus visitas y extraídas de las cámaras de seguridad del banco, se ve cómo entre las 11:20 y las 11:48, los tres miembros de la familia manipulan distintas cajas de seguridad. Según el informe, serían al menos cuatro: tres fueron operadas por Novelli y una cuarta por su hermana María Pía.
“Primeramente, a las 11:23:12, María Pía abre, junto con una empleada del banco, una (01) caja de seguridad para posteriormente dirigirse con esta a la zona de los Box’s, lugar en el cual, por motivos de seguridad, no hay dispositivos que generen registros fílmicos”, señala el informe.
“Luego de permanecer ocho (08) minutos dentro del lugar mencionado, se dirige nuevamente a guardar la caja retirada. Acto seguido, a las 11:37:59 se retira junto a la Sra. RAFFAELE del subsuelo, llevando consigo una (01) mochila y un (01) bolso de mano, respectivamente”, se precisa.
En simultáneo, Novelli se encontraba en un pasillo paralelo del subsuelo operando otras tres cajas de seguridad. El trabajo de la Policía detalla que antes de retirarse con una de esas cápsulas a la zona privada de los Box -donde no hay cámaras- Novelli realiza una suerte de enroque entre las otras dos. “Ingresa la primera caja de seguridad en el espacio que se encontraba la segunda, la cierra se dispone a abrir una tercera caja”, detalla el escrito.
El contenido de los bolsos con los que llegaron Novelli y su familia al banco y los movimientos que realizaron allí dentro son una incógnita. No obstante, un detalle del informe sugiere que los Novelli habrían dejado dentro de las cajas lo que llevaban en las mochilas: cuando estaban pronto a retirarse de la sucursal, Mauricio Novelli vuelve sobre sus pasos y se dirige nuevamente al subsuelo para buscar la mochila que su madre o su hermana se habían olvidado en la zona privada, presumiblemente vacía.
“La empleada de la bóveda de seguridad le entrega UNA (01) mochila que había quedado dentro del Box y se retira del lugar”, describe el informe.
María Alicia Rafaele y María Pía Novelli volverían a esa misma sucursal en la mañana del lunes 17 de febrero, el primer día hábil tras el tuit presidencial que hizo explotar el caso, tal como contó a mediados de mayo la señal Bravo TV.
En esa oportunidad, Rafaele y María Pía también ingresaron con bolsos, manipularon las cajas y se retiraron. La Justicia registró luego esas cajas, pero estaba vacías.
El vínculo entre las visitas de Novelli y su familia al banco Galicia y el caso Libra son producto de “especulaciones mediáticas que carecen de fundamento”, dijo el abogado de Novelli en la causa, Daniel Rubinovich, al ser consultado por .
“El Sr. Novelli jamás gestionó ni tuvo acceso al dinero generado por le proyecto Libra”, afirmó. “Resulta físicamente imposible vincular dicha visita con el depósito o retiro de fondos relacionados con el proyecto”, sumó el letrado.
Tal como publicó , los socios de Tech Forum, Novelli y Terrones Godoy, han mantenido distintos encuentros con la cúpula del poder libertario. Novelli realizó la primera visita a la Casa Rosada el 8 de enero de 2024, cuando visitó a la hermana del Presidente, Karina Milei. Desde entonces entró al menos otras nueve veces a la Rosada y otras tres a la Quinta de Olivos, según documentos oficiales.
En julio del año pasado, Novelli, Terrones Godoy y el presunto empresario estadounidense que creó la moneda digital, Hayden Mark Davis, asistieron a la Casa Rosada.
Milei se despegó una vez más del caso. “La OA [la Oficina Anticorrupción, que depende del Ejecutivo] demostró que soy inocente. Estoy a disposición de la Justicia. Es obvio que no hay corrupción porque en el medio no hay fondos públicos”, explicó hoy en una conversación radial con El Observador.
Respecto al tuit con el que promocionó o difundió la moneda, sostuvo: “No hubo una recomendación de compra. Se comunicó. Lo que yo comuniqué era la parte para financiar proyectos de temas tecnológicos”.
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POLITICA
Gobernadores peronistas redefinen su participación en el Congreso y profundizan la crisis del PJ: el rol clave de Raúl Jalil
En los últimos días, el tablero político volvió a moverse con una velocidad inesperada. La Libertad Avanza quedó a cerca de transformarse en la primera minoría de Diputados, una meta que hasta hace semanas parecía distante y que ahora depende casi por completo de la decisión que tomen gobernadores peronistas alejados del kirchnerismo. La definición pesa fundamentalmente sobre el catamarqueño Raúl Jalil, cuya negociación con Javier Milei se convirtió en la llave de un reacomodamiento que desarma la arquitectura parlamentaria heredada de 2023.
El acuerdo entre Jalil, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua y Rolando Figueroa empujó la creación de un nuevo armado legislativo con terminales provinciales. La movida no solo rompe la hegemonía del bloque peronista, sino que cambia el mapa del Congreso: LLA quedó a cuatro diputados de ser la primera minoría, un salto que para el oficialismo consiste en un refuerzo decisivo de cara al tratamiento del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral y tributaria.
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El peronismo, en cambio, atraviesa otra fase de crisis. La estructura que había logrado mantener cierto volumen durante la primera mitad del mandato de Milei empezó a deshilacharse. Los gobernadores que no orbitan alrededor del kirchnerismo buscan un espacio propio, con reglas propias y sin condicionamientos de la conducción nacional del PJ. En el bloque que todavía conduce Germán Martínez ya asumieron que perderán volumen y que se abre una etapa más incierta, incluso que la que dejó la derrota electoral.
A la incertidumbre se suma la falta de surgimiento de nuevas figuras de peso y los reordenamientos que redujeron su capacidad de negociación. La referencia nacional, que había quedado concentrada en Cristina Kirchner, volvió a quedar bajo cuestionamientos internos. Gobernadores, intendentes y legisladores reconocen en privado que no aparece un liderazgo capaz de ordenar la estrategia, y que la expresidenta no logró recomponer autoridad después de las elecciones, al intento de reconfiguración que se ensayó la confirmación de su condena.
En la provincia de Buenos Aires resurgieron tensiones entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. El gobernador bonaerense se quedó sin Ley de Financiamiento, lo que limita su margen para tomar deuda. En el kicillofismo apuntan a la demora de La Cámpora en acompañar el proyecto en la Legislatura bonaerense y a las peleas internas. En su entorno creen que de no aprobarse la semana próxima, el gobernador quedará acotado y podría afectar su proyección nacional de cara a 2027.
La reconfiguración del Congreso
La dinámica en Diputados fue el epicentro del cambio. LLA avanzó sobre legisladores de fuerzas provinciales, sectores del PRO y una porción de los radicales, y encontró un interlocutor clave en los gobernadores peronistas no K. De ese intercambio surgió el impulso a un bloque que funcionará bajo lógica provincial y que, según anticipan sus impulsores, intentará tener peso propio.
La arquitectura del acuerdo comenzó a tomar forma cuando los mandatarios de Salta, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones mantuvieron una serie de encuentros para impulsar un espacio propio con representación directa en Diputados. La apuesta es construir un ámbito de poder estable que les permita intervenir con impulso propio en las discusiones que impactan de lleno en las finanzas provinciales, como obras públicas, financiamiento y recursos coparticipables.
La definición clave depende de Catamarca. La salida de los cuatro diputados que responden a Jalil alteraría de inmediato el equilibrio de fuerzas y dejaría a LLA con el número necesario para superar al peronismo. La presión se intensificó en los últimos días. Los gobernadores del espacio y el oficialismo empujan la ruptura; desde el peronismo intentan evitarla. En ambos frentes coinciden en que la decisión del catamarqueño reordenará el tablero.
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La consolidación del nuevo bloque también plantea un desafío para los espacios intermedios que habían intentado ocupar ese rol durante el último año parlamentario. Si el armado provincial alcanza entre 15 y 20 diputados, se posicionará como tercera fuerza y reclamará un lugar en la mesa de conducción de Diputados y en la distribución de comisiones.
En paralelo, el PRO y la UCR también atraviesan tensiones. El macrismo quedó debilitado por fugas hacia el oficialismo, mientras que el radicalismo discute no solo su representación parlamentaria sino la conducción del partido. La fragmentación facilita la estrategia de LLA, que interpreta cada quiebre opositor como una vía para robustecer su control del Congreso.
El Senado no quedó al margen
La reconfiguración no se limita a la Cámara Baja. En el Senado también se movieron las bancas. La jura de la nueva camada de senadores libertarios fortaleció la presencia del oficialismo en una cámara históricamente consolidada para el peronismo.
El experimento de rearmado provincial, que en Diputados avanza con celeridad, empezó a replicarse entre algunos senadores que responden a gobernadores con agenda propia. En el peronismo reconocen que la falta de una conducción con autoridad dificulta mantener cohesión en un escenario donde cada provincia negocia directamente con la Casa Rosada.
Pero también la UCR, aun con menor fragmentación que en Diputados, enfrenta tensión interna por la disputa del Comité Nacional y por el rol que tendrá el partido en el año parlamentario que se abre. Esa discusión influirá en la conformación de interbloques y en la relación con el oficialismo.
Una crisis más profunda que una disputa legislativa
La crisis del peronismo no se explica solo por la aritmética del Congreso. La pérdida de poder territorial, la ausencia de dirigentes de alto perfil capaces de representar un proyecto competitivo y las tensiones por la conducción del espacio ensanchan la fractura.
Pero la interna también vuelve a colocar el liderazgo de Cristina Kirchner en eje de la discusión. Dirigentes del peronismo admiten que ya no logra disciplinar a mandatarios que buscan un diálogo directo con Milei. La distancia entre las prioridades de las provincias y la agenda de los sectores K dejó al descubierto una fractura que se amplifica con cada negociación legislativa.
En paralelo, la figura de Kicillof aparece encapsulada. Su peso político, central en la campaña, resulta marginal en la discusión sobre el nuevo mapa de poder en la Cámara Baja.
En ese contexto, la decisión de los mandatarios no K de avanzar en un bloque propio consolidó la idea de que la bancada peronista ya no podrá sostenerse como un espacio homogéneo. La pregunta que empieza a ordenar la política interna no es si habrá rupturas, sino cuántas y de qué tamaño.
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Para Milei es un escenario favorable: la fragmentación opositora y la cooperación de gobernadores peronistas le permiten ampliar su poder legislativo sin ceder protagonismo ni negociar alianzas formales. La Casa Rosada ya trabaja con la hipótesis de que la primera minoría será una realidad en los próximos días, y que eso allanará el camino para las reformas estructurales que el Presidente quiere activar antes de fin de año.
La nueva crisis del peronismo, la debilidad en Diputados y el desarme progresivo en el Senado configuran un mapa político más incierto, pero más funcional al oficialismo. El PJ, a un paso de rearmarse o de una ruptura que marque el inicio de una etapa más larga de dispersión.
Congreso de la Nación, Congreso Nacional, Peronismo, PJ, La Libertad Avanza
POLITICA
Congreso: los proyectos para declarar imprescriptible la corrupción no avanzaron desde que llegó Milei al poder
Durante los primeros dos años de la administración de Javier Milei llegaron al Congreso varios proyectos para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Uno fue impulsado por diputados de la Coalición Cívica, otro por la mayoría del bloque radical y un tercero por el misionero Emmanuel Bianchetti (Pro). El resultado fue el mismo para todos: no tuvieron movimiento alguno. Ni fueron tratados en comisión ni integraron los temarios de las sesiones.
La parálisis contrasta con el impulso que muestra ahora el Gobierno para enviar su propia reforma del Código Penal, que incluiría entre sus ejes justamente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Según reveló , ese texto fue elaborado por un equipo mixto de juristas, magistrados y funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Presentados en 2024, los tres proyectos que pretendían avanzar en la línea que ahora explora el Gobierno perdieron estado parlamentario el 30 de noviembre, tras dos años sin tratamiento. Habían sido girados a Asuntos Constitucionales −presidida por el libertario Nicolás Mayoraz− y a Legislación Penal, a cargo de la bullrichista Laura Rodríguez Machado, hoy dentro del bloque oficialista.
Pese al reciente interés del Gobierno, bajo su conducción ninguna de estas comisiones sometieron a debate las iniciativas sobre el tema.
Actualmente, los delitos de corrupción sí prescriben en la Argentina, y los plazos −ligados a la pena prevista para cada figura penal− oscilan entre dos y veinte años. La prescripción responde al principio de juzgamiento dentro de un “plazo razonable”.
Las iniciativas frenadas coincidían en un objetivo: que las conductas más graves vinculadas a corrupción estatal puedan perseguirse y sancionarse sin límite temporal. Todas proponían sumar un nuevo artículo −en general, el 62 bis− para declarar imprescriptibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública.
En sus fundamentos, los proyectos coincidían en el argumento de fondo: planteaban que la corrupción no es un mero delito patrimonial sino un “flagelo” que erosiona la legitimidad del Estado. Tanto la CC, como la UCR y Pro equiparaban su impacto al de graves violaciones a los derechos humanos, en tanto desvían recursos públicos esenciales y afectan el desarrollo social.
En particular, la UCR y Bianchetti apelaban a la interpretación del artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara el enriquecimiento doloso en el ejercicio de la función pública con un atentado contra el sistema democrático.
Además de la imprescriptibilidad, hubo iniciativas que apuntaron a impedir que, aun con sentencia firme, los delitos de corrupción puedan ser alcanzados por amnistías, indultos o conmutaciones. Un proyecto de Silvana Giudici −entonces aún dentro de Pro− propone declarar la nulidad absoluta e insanable de cualquier acto que otorgue estos beneficios a condenados por corrupción. La Coalición Cívica presentó una propuesta muy similar.
Ambos textos se apoyan también en el artículo 36 de la Constitución, que establece el máximo reproche penal para los delitos dolosos contra el Estado que impliquen enriquecimiento y, según esa lectura, cercenan la posibilidad de indulto o conmutación, del mismo modo que sucede con los actos de fuerza contra el orden institucional.
Ninguna de estas iniciativas avanzó. La de la CC, presentada en 2024, ya perdió estado parlamentario. La de Giudici y otros diputados de Pro −la mayoría ya parte de la tropa de Milei en Diputados− aún conserva un año de vida legislativa, pero tampoco fue tratada. Todas fueron giradas a Asuntos Constitucionales, bajo control del oficialismo.
Pese a que la corrupción ocupó un lugar central en la agenda pública durante los primeros dos años del gobierno de Milei −con la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y denuncias graves contra funcionarios actuales−, todos estos proyectos quedaron fuera de la discusión parlamentaria. Paradójicamente, prescribieron.
@GabrielaBrouwer,pic.twitter.com/jnHvL2vcIJ,March 15, 2024,pic.twitter.com/pDDtGxS9GH,September 1, 2025,June 19, 2025,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Dos provincias no firmaron. El comunicado de los ministerios de Salud del país tras el acto antivacunas en el Congreso,,El efecto Lospennato. La Libertad Avanza suma a dos ex Pro en Diputados y se entusiasma con disputarle al PJ la primera minoría,,Polémica en el Congreso. El comunicado de Pro tras el acto antivacunas organizado por una diputada del espacio
POLITICA
Sueldos en la Casa Rosada: crece la rebelión interna entre los funcionarios y Javier Milei resiste a autorizar los aumentos
En la Casa Rosada ya casi nadie disimula el enojo. El congelamiento salarial al que están sometidos los funcionarios nacionales desde el inicio del gobierno de Javier Milei dejó de ser una anécdota de pasillo y se convirtió en un foco de tensión interna que amenaza con escalar. Aunque el Presidente mantiene el ajuste como emblema de gestión, puertas adentro crece la presión para destrabar una recomposición que, por ahora, sigue en suspenso.
Ministros, secretarios y directores admiten que los salarios quedaron severamente atrasados frente a la inflación de los últimos dos años y que la situación comenzó a impactar en el funcionamiento cotidiano del Estado. “Se están yendo los mejores y se están quedando los que pueden aguantar”, describió ante este medio un funcionario de alto rango que respalda al Gobierno, pero reconoce que el malestar “ya es generalizado”.
El ajuste también gobierna puertas adentro
Desde diciembre de 2023, el Gobierno exhibe el congelamiento de los sueldos políticos como una demostración simbólica de que “la casta también paga el ajuste”. Sin embargo, esa narrativa empieza a mostrar fisuras internas: funcionarios que cuentan dificultades para sostener sus gastos, directores que buscan trabajo en el sector privado y equipos técnicos que se desarman lentamente.
En ese contexto, uno de los reclamos más explícitos dentro del gabinete provino del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien le advirtió al Presidente que los salarios actuales hacen imposible atraer profesionales calificados. La respuesta fue tajante: no hay margen político para habilitar aumentos.
Según fuentes oficiales, cualquier decisión quedará en manos del propio Milei, su hermana y secretaria general Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A ese núcleo se suma inevitablemente el ministro de Economía, Luis Caputo, que deberá destrabar las partidas necesarias en caso de avanzar con una revisión salarial.
Sueldos que quedaron desfasados
La comparación con el Congreso y el Poder Judicial es una de las principales fuentes de desgaste interno. Mientras un diputado nacional ronda los $7 millones y un senador supera los $9 millones brutos, los salarios del Ejecutivo quedaron muy por debajo de esos números.
Hoy, el Presidente cobra alrededor de $4 millones; un ministro, poco más de $3,5 millones; un secretario, cerca de $3,2 millones; y un subsecretario no llega a $3 millones. Para muchos, la brecha resulta difícil de justificar, sobre todo cuando los propios dirigentes libertarios cuestionan duramente los ingresos de legisladores y jueces.
Ni siquiera la vicepresidenta Victoria Villarruel evitó referirse al tema. Meses atrás, cuestionó públicamente su salario y expuso el contraste con otros cargos del Estado. Aquellas declaraciones incomodaron al oficialismo, pero reflejaron un malestar que hoy atraviesa todos los niveles de la administración.
El dilema político
En la mesa chica del Gobierno saben que autorizar una recomposición salarial implicaría pagar un costo político. La decisión chocaría de frente con el relato del ajuste permanente y la idea de que “los políticos no se suben el sueldo”. En un contexto donde las paritarias siguen controladas y el empleo público continúa en proceso de achique, la medida podría desatar una tormenta mediática.
Sin embargo, algunos sectores del oficialismo creen que la postergación indefinida es aún más riesgosa. “Cuanto más lo estires, peor. No queda mucho margen”, sostienen en un despacho clave.
En los pasillos se especula con que el verano podría ser la ventana elegida para resolver el tema. Con la atención pública más dispersa y el Gobierno envalentonado tras la elección legislativa, enero aparece como una fecha posible para blanquear la decisión.
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Casa Rosada,Javier Milei,sueldos funcionarios,SUELDOS PÚBLICOS
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