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POLITICA

Uno por uno: qué servicios de transporte paran por la huelga de la CGT

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Los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciaron este miércoles una huelga nacional de 24 horas para la jornada de debate del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. La cúpula sindical brindó una conferencia de prensa en la sede de la calle Azopardo para comunicar la medida de fuerza. El plan de lucha contempla la paralización total de actividades sin movilización. Los referentes Jorge Sola y Cristian Jerónimo ratificaron el cese de tareas ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a sus reclamos.

Uno por uno: qué servicios de transporte paran por la huelga de la CGT

  • La medida de fuerza afectará el traslado de pasajeros y mercaderías en todo el país a través de trenes, camiones y barcos. Las confederaciones del sector, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), ratificaron su adhesión al paro nacional para este jueves.
Jorge Sola ratificó un cese de actividades por 24 horas en la sede de la calle Azopardo
Facundo Di Genova
  • El servicio ferroviario quedará interrumpido por la participación de La Fraternidad.
  • El transporte de carga también sufrirá una parálisis total debido a la decisión del sindicato de Camioneros.
  • La mayor duda reside en el servicio de colectivos urbanos. Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), expresó su voluntad de sumar al gremio a la protesta. Los dirigentes de la central obrera mantienen la cautela sobre el alcance real de este anuncio en las calles.
  • Los puertos y las terminales fluviales también detendrán sus operaciones normales. Juan Carlos Schmid, desde la CATT, confirmó la voluntad de los gremios del sector de paralizar los nodos de transporte durante las 24 horas de la jornada legislativa.
PARO CGT
PARO CGT
  • El gremio de los choferes de camiones detendrá la distribución de insumos y mercaderías. Octavio Argüello ratificó el compromiso de su sector con la medida dispuesta por el consejo directivo. Los dirigentes buscan una demostración de fuerza en los centros productivos del país. Jorge Sola, secretario general del Seguro, señaló: “Va a ser contundente”. El dirigente remarcó que no existirá ninguna actividad que cumpla sus funciones habituales durante la protesta.
  • Metrodelegados: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro anunciaron anoche a través de un comunicado que, si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá “paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas”. “No podemos permitir el avance de la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”, concluye el documento.
  • APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas): informó a este medio que son “orgánicamente parte de la Confederación” y que seguramente participarán de la medida de fuerza. De todos modos, el gremio se reunirá hoy para ultimar detalles sobre cómo se llevará a cabo.
  • La Asociación Bancaria: no habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionará el servicio de home banking.
  • Sindicato de Empleados de Comercio: se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte.
  • Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos: el gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere al paro, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte.

La incertidumbre sobre el servicio de colectivos y el rol de la UTA

La prestación del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en las provincias presenta un escenario complejo. Roberto Fernández comunicó su intención de adherir al paro este jueves. Sin embargo, la conducción de la central obrera observa con desconfianza los movimientos del líder de la UTA. Existen antecedentes donde las unidades circularon con normalidad pese a los anuncios de huelga.

Roberto Fernández comunicó la presunta voluntad de la UTA de sumar a los colectiveros al reclamo
Roberto Fernández comunicó la presunta voluntad de la UTA de sumar a los colectiveros al reclamo

Un factor administrativo condiciona la participación de los choferes de colectivos. El Ministerio de Capital Humano dictó una conciliación obligatoria para el gremio en el interior del país el pasado 10 de febrero. Esta medida rige por un plazo de 15 días.

La normativa legal permite a las empresas exigir la prestación del servicio. En la sede de Azopardo recordaron que Fernández retiró a su sindicato de la conducción nacional tiempo atrás. El conflicto interno entre los sectores del transporte de pasajeros pone en duda la efectividad total de la huelga en las calles.

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Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Manuel Casado.

anunciaron este miércoles una huelga nacional de 24 horas,medida de fuerza,artículo firmado por Manuel Casado,Audiencia,Reforma laboral,Paro nacional,,La relación con la Iglesia. Una semana después de ver al Papa, el canciller Pablo Quirno recibió al presidente del Episcopado,,Máxima tensión. La Justicia ordenó desalojar el predio de FATE: los trabajadores dicen que solo se irán si la fábrica reabre,,Cierre de Fate. El antecedente de la visita de Villarruel: tensión con el líder de las protestas y defensa de la industria nacional,Audiencia,,Jugo de limón. Por qué hay que tomarlo en ayuno sí o sí,,No habrá colectivos ni vuelos. Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este miércoles 18,,Al rojo vivo. Reforma laboral en Diputados: negociaciones, dictamen y las últimas noticias, este miércoles 18

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“Montoneros, una historia visual”: el nuevo libro de María O’Donnell con claves para el debate sobre los setenta

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Montoneros, una historia visual es el cuarto libro de María O’Donnell sobre la guerrilla peronista y el más ambicioso: en lugar de centrarse en un episodio, abarca el ciclo completo. O’Donnell inició esta serie en 2015 con Born, el relato del secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, y la continuó con Aramburu (2020) y Born/Quieto (2023). Ahora narra desde el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970 hasta la derrota de la organización a comienzos de los ochenta: una década en la que Montoneros pasó de ser la guerrilla urbana más poderosa de América Latina a extinguirse.

Esta investigación rigurosa, en un contexto de renovado debate político sobre aquel período, sobresale también por su narración visual: el diseñador Fernando Rapa integró texto, fotografías, documentos de época, portadas de revistas, panfletos y fichas de inteligencia, muchos inéditos.

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A continuación, un fragmento del Capítulo 4 de Montoneros, una historia visual. Es 1975 y la organización alcanza su máxima capacidad militar a la vez que se distancia de la realidad nacional. El gobierno usa un fallido asalto del recién formado Ejército Montonero para escalar la represión mientras la conducción penaliza a los militantes que hablen bajo tortura.

De una guerrilla a un Ejército Montonero

Jorge Rafael Videla se estrenaba por esos días como jefe del Ejército y La Opinión anticipó: “Las Fuerzas Armadas participarán activamente en la represión del extremismo, sin que eso signifique un despliegue en todo el país como el de Tucumán desde febrero pasado”.

En simultáneo, el Ejército Montonero irrumpió en acción, con todo y uniforme —pantalón, chaqueta y gorra azules— el 5 de octubre. Una unidad de combate asaltó el Regimiento 29 de Infantería del Monte, en Formosa, cerca de la frontera con Paraguay.

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Habían secuestrado poco antes un avión de Aerolíneas Argentinas, que volaba desde Buenos Aires a Corrientes, y lo habían desviado al aeropuerto de Formosa, que también controlaban. Trece guerrilleros quedaron a cargo del Boeing 737 y otros veintiséis, en seis autos, se dirigieron al regimiento —donde contaron con la complicidad de un soldado que les abrió el portón— para “recuperar” armamento. Era domingo y los guardias, en su mayoría conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio, repelieron el ataque.

La escena, según el relato de Montoneros: “Nos tirotean. Este tiroteo comienza a los dos o tres minutos de haber iniciado el asalto. A partir de ese momento el fuego es impresionante […] Una verdadera batalla: los soldados —armados o desarmados en algunos casos— desobedecieron la orden de rendición, en todos lados presentaron una fuerte resistencia, y en algunos lugares esa resistencia fue suicida”.

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Mataron al oficial Ricardo Massaferro —hijo de un militar que se había alzado con Juan José Valle contra Aramburu—, al sargento Víctor Sanabria y a diez conscriptos de dieciocho y diecinueve años. Murieron doce montoneros; los demás escaparon en el avión a una pista ilegal en Rafaela, Santa Fe. En el cuartel quedaron veinticuatro muertos; en las horas siguientes, tres vecinos de la zona, sin conexión con el ataque, fueron asesinados por el Ejército.

“Victoria del Ejército Montonero”, tituló Evita Montonera con un triunfalismo divorciado de los hechos. A pesar de los muertos y de que sólo habían obtenido cincuenta de los doscientos fusiles que esperaban llevar, evaluaron que la incursión había sido “exitosa”. Sólo criticaron un aspecto de la planificación: no habían tenido en cuenta el “bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona”. Una señal de la disociación creciente entre sus acciones y la percepción de la opinión pública.

Código de disciplina montonero: “Se puede ganar” a la tortura

El ataque al cuartel de Formosa facilitó que los militares obtuvieran vía libre para escalar el experimento represivo en Tucumán, ya sin límite geográfico. Con Isabel Perón de licencia, el presidente interino Ítalo Luder promulgó un decreto para habilitar “las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

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Si antes el objetivo principal a “aniquilar” había sido el ERP, ahora los montoneros se sumaban a esa categoría.

Gran parte de los actores políticos aceptaron las nuevas medidas, de carácter cada vez más excepcional. “Los acontecimientos —evaluó [la historiadora Marina] Franco— son inseparables de la escalada represiva gubernamental de los años previos. Sólo el conjunto de esos procesos, sumado a los efectos de las acciones guerrilleras de carácter cada vez más terrorista, pudo permitir que en 1975 los sectores militares pusieran en marcha y de manera abierta sus prácticas clandestinas de represión con relativa libertad de acción”.

María O'Donnell incluyó en su nuevo libro sobre el ascenso y la caída de Montoneros diagramas técnicos sobre explosivos plásticos y espacios escondidos en maletines.

La voz del radical Hipólito Solari Yrigoyen se alzó sola para denunciar el uso sistemático de apremios ilegales —picana, simulacros de fusilamiento y otras prácticas ilegales— por parte de los organismos de seguridad. Con la extensión de esos recursos a las fuerzas armadas, Montoneros identificó a la tortura como la principal amenaza a su supervivencia. Al mismo tiempo, sin embargo, relativizó la magnitud del desafío: “Es un combate y se puede ganar”, sentenció.

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Un artículo en Evita Montonera argumentó, con una estadística casera, que los militantes podrían soportarla. Estimaron entre ochocientos y mil el número de “compañeros caídos en manos del enemigo”, el noventa y cinco por ciento de los cuales había atravesado “con éxito la tortura sin entregar ningún dato de importancia”. El silencio absoluto se impuso como un deber moral: “No hay salvación individual: el compañero que canta no alivia su situación y se destruye como persona, porque ha traicionado a los suyos”.

Textos, fotos, consignas y objetos narran la histórica ruptura entre Perón y Montoneros el 1 de mayo de 1974 en el libro de María O'Donnell.

El margen de tolerancia que contemplaba el primer código de disciplina interno —veinticuatro horas a partir de la detención se consideraba un tiempo razonable para que se pusieran a resguardo bienes y personas ligadas al militante— dejó de existir oficialmente con la imposición del Código de Justicia Penal Revolucionario, en octubre de 1975. Se propuso un modelo de héroe absoluto, ya que no se establecía un límite de horas de silencio. Durara lo que durara el interrogatorio, durara lo que durara el tormento, quien hablara incurriría en el delito de traición.

Magdalena Ruiz Guiñazú en un móvil el día que Montoneros mató al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci: otra imagen del libro de María O'Donnell.

A quienes pudieran encontrarse en esa situación, la publicación montonera aconsejó: no quedarse mudos, tener una historia plausible preparada y repetirla sin contradicciones; no creer nada de lo que dijera la policía, aunque sonara verosímil; no usar lenguaje militante; tener un domicilio “limpio” para entregar; “arbitrar los medios” para que los compañeros se enterasen en caso de caída; no llevar encima papeles “innecesarios”; recordar que “al que más sabe, más le dan” y “mostrarse como que ya se ha llegado al límite, exagerando siempre la manifestación de dolor, porque en general la tortura cesa cuando consideran que el detenido no da más”.

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El nuevo código —que rigió a todos los integrantes de la organización sin distinción de rango— agregó entre las faltas la “conspiración”, la “deslealtad” y la “insubordinación”: figuras útiles contra críticas y desobediencias. Entre las sanciones enumeraba: pérdida del rango, detención en las cárceles del pueblo, quita de recursos en la clandestinidad, destierro, trabajos forzados, traslados dentro del país, expulsión y el fusilamiento —la pena de muerte a disposición de la cúpula— en casos de delación, mientras la represión recrudecía.

Roberto Quieto, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en tiempo de la fusión de FAR con Montoneros, en el libro de María O'Donnell.

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Javier Milei y sus medidas, en vivo: el precio de la nafta y las reacciones por el 44° aniversario de Malvinas

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Es miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Hace calor de verano, con 77% de humedad. El sol da en el balcón del primer piso de la Casa Rosada. Antes llovió. Por los pasillos pasa el jefe de la bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni; también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; viene con carpetas y portafolios una delegación de la cartera de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger; entran y salen funcionarios de las oficinas de Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem, y de la zona reservada para la plana mayor presidencial.

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Hace pocas horas, en un encuentro con otros funcionarios del Gobierno, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, formuló el siguiente diagnóstico: “Hice todo lo que se podía hacer. Acordé con el Fondo. Arreglé con los bancos multilaterales. Conseguí el cheque de Trump. Sin embargo, el índice de riesgo sigue sin bajar. Ya no depende de la gestión económica. Depende de la situación política. Si se altera la gobernabilidad es imposible que se recupere la confianza”.

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El Gobierno adelantará fondos a 12 provincias y fija un tope de $400.000 millones

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El gobierno de Javier Milei avanzará con un esquema de adelanto de coparticipación para 12 provincias, con un límite total de $400.000 millones. La medida será oficializada por decreto y apunta a aliviar las necesidades financieras de los distritos sin que deban recurrir al endeudamiento en el mercado.

La decisión se tomó en medio de la baja de la recaudación que afecta a la Nación y a las provincias. Se trata también de un guiño a los gobernadores, que necesitan fondos frescos para pagar salarios. Todo en la antesala de nuevos debates en el Congreso de la Nación, donde el Gobierno necesitará el respaldo de los mandatarios para avanzar con las reformas.

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Por ello, Javier Milei tiene listo un decreto para habilitar adelantos de coparticipación a doce provincias. Se trata de partidas que, a diferencia de los más discrecionales Aportes del Tesoro Nacional (ATN), les corresponde a los distritos por ley, pero que el Gobierno otorgará antes de tiempo.

Según fuentes oficiales, el monto máximo se definió en base a un análisis de la situación fiscal de cada provincia. Los fondos que se otorguen deberán ser devueltos antes de fin de año.

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Uno de los puntos centrales del esquema es la tasa de interés: el Gobierno fijó un 15% para estos adelantos. (Foto: AP/Matilde Campodónico)

Uno de los puntos centrales del esquema es la tasa de interés: el Gobierno fijó un 15% para estos adelantos, un nivel considerablemente menor al que enfrentan las provincias si buscan financiamiento en el mercado, donde las tasas pueden ubicarse entre el 30% y el 45%.

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El objetivo, explican en la Casa Rosada, es ofrecer una alternativa más accesible que permita cubrir necesidades de liquidez sin agravar el costo de la deuda provincial.

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El beneficio alcanzará a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Este mecanismo ya había sido aplicado en enero de 2026, cuando el Gobierno autorizó un adelanto similar para la provincia de Entre Ríos.

Según se indicó, es “una política habitual”. Entonces, en vez de que todos los meses pidan, en este caso las provincias le indicarían al Gobierno qué es lo que necesitan.

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