Cuando las curvas de popularidad de unos y otros se cruzan es el momento en que se produce el comienzo del cambio de ciclo político. A partir de ahí, la fuerza política ascendente está obligada a sostener el ritmo y la velocidad de subida, mientras que el espacio declinante tiene el imperativo vital de frenar su caía. Si el primero lo logra y el segundo no puede detener su descenso se termina por reconfigurar el mapa del poder y se abre el paso para la construcción.

En ese punto crucial se encuentran hoy el mileísmo y el perokirchnerismo. Por eso el oficialismo libertario está en plena aceleración, como un jet que acaba de despegar para alcanzar la altura crucero que lo lleve a consolidarse en la ruta y llegar a sus objetivos, estimulado ahora por la incapacidad de la principal fuerza opositora para oponerla alguna resistencia efectiva. Ese un momento crítico. La saben los pilotos.

En este escenario, Patricia Bullrich disfruta de su rol (tan esperado) de ser el Terminator parlamentario del peronismo y blande la espada de la reforma laboral para darle un golpe letal en el menor tiempo posible y mientras los seguidores de Juan Perón y Cristina Kirchner (que a veces coinciden) no lograr recuperarse de la derrota, la confusión, la fragmentación y los enfrentamientos internos.

Eso explica el objetivo de que el ambicioso proyecto se apruebe en Senado antes de fin de año. La exministra pretende dar en menos dos semanas ese paso que intentaron y no lograron superar los tres gobiernos no peronistas que precedieron al de Javier Milei, al cual ahora sirve. No es un hecho menor que a cargo de esta misión esté alguien que ya fue parte de dos de las frustradas tentativas anteriores y que en su trayectoria de más de medio siglo haya pasado de una punta a la otra del espectro político, sin contradecirse, aunque sus creencias, compañías, metodologías y objetivos mutaran radicalmente. Experiencia no le falta. Determinación, menos. Es la hora de los resultados.

En la profundidad y amplitud de la reforma que el Gobierno presentó esta semana se encierra el principal desafío que tiene Bullrich. Por eso, ella no repara demasiado en la capacidad de resistencia que pueda oponerle el peronismo en esta instancia. Eso ya lo tiene contabilizado. Conoce tanto el número de los que se no se moverán del rechazo como el de los que ya están o al final terminarán estando del lado de los que entregarán quizá el último cimiento del edificio del poder y la transformación socioeconómica de la Argentina que construyó hace 80 años Perón.

“Yo quiero y creo que puedo lograr que el Senado apruebe la ley antes de fin de año y para eso tengo algunas fichas para intercambiar y terminar de sumar los 37 senadores necesarios para dar quorum y para conseguir la media sanción. Pero hay que tener por los menos un par de votos más asegurados porque siempre se puede caer alguno, más durante el debate”, le dijo la exministra de Seguridad durante la semana pasada a varios interlocutores de las bancadas oficialista y aliados así como a algunos representantes del sector empresario que apoyan y esperan con ansiedad que concrete su meta.

En la mira de la preocupación de Bullrich el lugar más prominente lo ocupan los diez senadores del radicalismo. El hiperatomizado partido es tanto un campo fértil para las pretensiones del Gobierno como un incierto rompecabezas. El olfato político de la líder del oficialismo en el Senado parece funcionar afinadamente y contar con buena información.

Con diferencia de pocos minutos, las prevenciones expresadas por Bullrich sucedían a la advertencia hecha por uno de los más destacados miembros del bloque de senadores de la UCR.

“No creo que consigan el número antes de fin de año, es demasiado ambicioso y amplio el texto de la reforma. No solo termina con muchas normas del derecho que afectan demasiados intereses sino que también tiene un capítulo fiscal de muy amplio espectro y afectación. Eso puede acercar a actores que están y han estado históricamente en espacios divergentes”, advirtió el experimentado legislador, que suele cultivar el perfil bajo, tanto como evitar corsets partidarios, lo cual le permite interactuar con todos las tribus de su bloque.

Esa posible convergencia de diferentes actores e intereses, que el politólogo Ernesto Laclau conceptualizó como “cadena de equivalencias”, es lo que, precisamente, intenta obturar el oficialismo con Bullrich como ejecutora. De allí el vértigo impreso a la medida. Prima la idea de que toda dilación juega en contra de la consecución, así como de la integridad, del objetivo. La foto de hoy no necesariamente puede ser la película de mañana, más cuando subsisten demasiadas fragilidades que pueden afectar el clima imperante. Aun cuando hasta en el kirchnerismo dan por hecho que una reforma terminará aprobándose. Pero los matices cuentan.

Los cuestionamientos más o menos férreos de sindicalistas, dirigentes peronistas y de izquierda, jueces del fuero laboral, abogados laboralistas hasta las observaciones de la pequeña y mediana empresa componen el variopinto colectivo que quiere discutir varias de las premisas y normativas que, en cambio, el Gobierno y los grandes grupos empresarios desean ver a aprobadas sin mayores discusiones, cambios ni demoras.

La duda que empieza a instalarse es si las fichas intercambiables que tiene en su poder Bullrich, otorgadas por el Presidente y hasta con la anuencia del maximalista ministro Federico Sturzenegger serán suficientes, sobre todo para sumar esos cuatro o cinco senadores que necesitan para llegar al quorum y la media sanción, y que todavía no están asegurados.

Los colaboradores de Bullrich afirman que solo le falta un par de legisladores para conseguir que la reforma se apruebe antes de fin de año. En principio, cuentan a los 21 senadores que integran el interbloque oficialista y los tres de Pro, a los que aspiran a sumar la mayoría de los diez radicales, la tucumana Beatriz Ávila, los dos que responden al gobernador catamarqueño Raúl Jalil, los dos tucumanos de Osvaldo Jaldo, y al correntino Carlos “Camau” Espínola, que navega la ola de presiones, como buen windsurfista, y dilata definiciones. Los nombres de quienes Bullrich considera tener asegurados de todos ellos se tratan de conservar a resguardo de infidentes y de tentaciones. Lo mismo que las “fichas de recambio” de las que habla la senadora.

En este escenario, los tiempos del mileísmo refulgente son muy distintos que los del peronismo decadente, aunque coinciden en sus urgencias. Uno por consolidarse y el otro por tratar de ponerle un freno al tobogán en el que se desliza que no sea el arenero. En uno y otro lado están de acuerdo sobre el momento crucial que atraviesan.

El peronismo, pero sobre todo el kirchnerismo, advierte y asume que si el proyecto oficialista se termina sancionando sin mayores cambios ni tropiezos el fin de la mayor fuerza política de los últimos 80 años y el espacio dominante de las primeras dos décadas del siglo XXI podría estar más cerca que nunca. “Si esto pasa, en el certificado de defunción del peronismo figurará entre varias causales del deceso la reforma laboral mileísta, aunque está claro que ya venía con demasiadas comorbilidades por daños autoinfligidos”, dice con ironía forense un ácido observador.

Por eso, de apuro, el kirchnerismo intenta elaborar un proyecto alternativo con más destino de estrategia de marketing político que capacidad y eficacia para ser objeto de debate parlamentario. Casi una iniciativa testimonial. A eso se reduce en este instante lo que fue la fuerza hegemónica del principio del siglo XXI.

Demasiado se demoró el peronismo en general y obturó el kirchnerismo en particular en ofrecer alguna renovación eficiente al corpus legal que regula las relaciones laborales nacionales, entre otras muchas distracciones respecto de una realidad que se negaba a ver. No escapa a nadie que la legislación del trabajo vigente tiene muchos aspectos extremadamente obsoletos y que ha sido incapaz de evitar los efectos nocivos que las crisis y transformaciones económicas, tecnológicas y sociales han tenido para los trabajadores. Y, en algunos casos, ha sido propiciador, por defecto y rigidez, de muchas de las inequidades que tiene hoy un sistema en el que la mitad de los trabajadores está en la informalidad y buena parte no consigue empleo.

“Cristina [Kirchner] hace rato que viene hablando de la necesidad de una reforma laboral, que, obviamente, no es esta, y en eso estamos trabajando”, dice uno de sus principales voceros. Para avalar su afirmación recuerda que en la primera carta pública, emitida en febrero de 2024, ya hacía mención a eso, así como a impulsar una reforma educativa y a ocuparse de la inseguridad. Es tan cierto eso como que nunca propició un abordaje diferente y renovador durante los años de hegemonía kirchnerista.

Al mismo tiempo, el sindicalismo peronista se divide en dos. Por un lado, los que integran el grupo de los dialoguistas, dispuestos a negociar y aceptar algunas de las propuestas del oficialismo, a cambio de algunas concesiones (probablemente las “fichas” de Bullrich). En ese espacio está la cúpula cegetista, que responde a los (¿ex?) poderosos “Gordos”.

En la vereda de enfrente se enrolan lo que son parte del kirchnerismo, o afines a ellos, como los de la CTA. En este espacio enarbolan un aparente espíritu reformista, que les evite el mote de dinosaurios, aunque las reformas que proponen y que dicen estar dispuestos a avalar se ubican tan en las antípodas de lo que impulsa el Gobierno, que parecen una declaración de guerra.

Por ejemplo, el Gobierno procura recortar beneficios y derechos que considera trabas o abusivos para las contrataciones y las inversiones, como la flexibilidad horaria y vacacional. En tanto, la CTA impulsa ampliaciones de derechos, del tipo de reducción de la cantidad de horas semanales de trabajo, ampliación de licencias o la inclusión de los trabajadores de aplicaciones en el régimen vigente. Los polos no pueden estar más distantes.

“Es lógico que las diferencias sean tan marcadas: hay demasiada desconfianza y el proyecto presentado es demasiado regresivo, tanto que no solo no reconoce sino que potencia la asimetría existente en la relación entre trabajador y empleador en favor de este”, justifica el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados laboralistas y asesor de gremios como la combativa Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Matías Cremonte.

La posibilidad de que haya un punto de convergencia entre esas posiciones no solo asoma utópica, sino que la oposición radicalizada es celebrada por el oficialismo, aunque la polarización pueda parecer funcional para ambos contrincantes.

El Gobierno goza en este tema así como en otros que enarbola de un apoyo (o tolerancia) social como no tuvo ninguno de los gobiernos anteriores que intentó una reforma laboral desde 1983. Por el contrario, sus oponentes lucen más desacreditados que nunca. Eso explica que la CGT haya anunciado como plan de resistencia un trío de medidas que solo en un incierto futuro contempla la acción directa, es decir, la movilización y el paro general. Los tiempos del cegetismo que desestabilizó a Raúl Alfonsín son una imagen prehistórica.

Sin embargo, aunque el Gobierno prefiere no asumirlo sabe que hay demasiadas fragilidades y problemas en la economía real que están impactando en la vida cotidiana de muchos argentinos. Aún si saliera bien, el empalme que propone entre el viejo y el nuevo país dejará demasiados afectados en su tránsito y eso podría modificar el clima de tolerancia y aceptación social que ahora tiene. Por eso apura los tiempos.

Mientras tanto, hay otra mesa donde en simultáneo se juega parte del destino o los tiempos de la reforma laboral y del resto de las transformaciones estructurales que pretende y necesita hacer. La discusión por el presupuesto 2026, en Diputados, es mirada con mucha atención por los gobernadores y los senadores que deben terminar de asegurar el número para que se apruebe la “modernización laboral”, como le gusta llamarla el Gobierno. Ahí también deberá haber “fichas” para intercambiar, como las que dice tener Bullrich.

El reloj corre y marca el tiempo del refulgente oficialismo, tanto como el del peronismo declinante. En medio, transcurre gran parte de la suerte del país.