De los múltiples efectos que se desprenden de la decisión de Donald Trump de atacar el territorio venezolano y capturar a Nicolás Maduro hay uno que afecta directamente a la Argentina de Javier Milei. A partir de ayer, el alineamiento con Estados Unidos deja de orbitar sólo en el plano de la sintonía retórica y empieza a tener consecuencias terrenales. Ya no se trata simplemente de una afinidad ideológica entre dos líderes excéntricos; ahora también surge un compromiso político con una acción militar.

El propio Milei lo refrendó hace pocos días en una entrevista con CNN, cuando señaló que el país apoyaría una intervención, incluso con tropas, si le fuera requerido, algo que evidentemente luce muy improbable. A instancias de Washington, el Gobierno empezó a jugar una partida de otra categoría.

Nadie podrá decir que se trató de un imprevisto. Trump escaló la presión consistentemente sobre el régimen chavista durante los últimos meses, desde los ataques a las “narcolanchas” hasta la movilización del portaaviones Gerald Ford. Además, difundió su nuevo documento de Seguridad Nacional en la que en forma explícita habló de un corolario Trump a la histórica doctrina Monroe, que argumentaba que América latina y el Caribe integran el área de influencia natural de Estados Unidos. De ese modo le dio fundamento conceptual a cualquier acción.

Después la dotó de argumentación jurídica, al apuntar contra la relación entre el régimen de Maduro y el narcotráfico, un delito gravemente condenado en su país. No pareció casual que ayer mismo la fiscal general Pamela Bondi se apuró en recordar que tanto el autócrata como su esposa, Cilia Flores, enfrentan en Nueva York acusaciones por conspiración vinculadas al negocio internacional de las drogas. Para algunos observadores memoriosos, todo tiene una remembranza de la intervención en Panamá de 1989, que terminó con el criminal Manuel Noriega detenido en Miami por los mismos cargos.

Difícilmente alcance para disipar las naturales críticas desde el derecho internacional por tratarse de una intervención extranjera en un país soberano. Si Trump destruyó las reglas de la OMC con las subas de aranceles, ¿por qué no enfrentaría cualquier cuestionamiento jurídico a la intervención desde su lógica de que el que tiene el poder impone las condiciones? El institucionalismo y el multilateralismo no son términos que se le den con fluidez.

Todavía hay muchos puntos oscuros en la operación de ayer. La más importante, es que no queda claro aún cuál es el próximo paso de Trump y quién gobernará ahora Venezuela. En la conferencia de prensa de ayer se le preguntó insistentemente sobre el tema y nunca fue claro, más allá de señalar que EE.UU. va a “dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”. Nunca dijo ni cómo ni con quién.

Si bien desechó la posibilidad de que la transición pueda estar en manos de figuras del régimen, admitió un diálogo con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. También descartó un liderazgo en manos de María Corina Machado, a la que fulminó al decir que «le sería muy difícil estar al frente. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país». Quizás algún celo residual por el Nobel perdido. ¿O acaso está pensando en un delegado de la Casa Blanca?

La duda que persiste es si la captura de Maduro estuvo acordada con algún referente del régimen, que comande la transición. A algunos les sorprendió la escasa resistencia que hubo para defender al líder revolucionario. De fondo subyace el interrogante crucial: ¿EE.UU. buscó sacarse de encima a Maduro o apunta a una resolución integral para Venezuela, que incluya un proceso de democratización? Ayer en todo momento Trump encuadró el tema como un problema de seguridad para su país, y como una represalia por expropiaciones petroleras a empresas norteamericanas. Pero jamás mencionó la palabra democracia.

La acción sobre Caracas demuestra que Trump está dispuesto a reformatear a fondo el tablero latinoamericano. Milei lo intuyó desde el principio y por eso se ofreció como su aliado más fiel. La relación entre ambos ahora también escala a otro nivel. Trump aspira a dejar de ser sólo la tabla de salvación económica de la Argentina para demostrar que su ayuda tiene como objetivo de fondo exhibir ante el continente cuan dispuesto está a involucrarse para ganar adhesiones. De hecho en los últimos meses sumó tres nuevos jugadores con el triunfo de José Antonio Kast en Chile, de Rodrigo Paz en Bolivia y de Nasry Asfura en Honduras. Busca así torcer el continente hacia la derecha y alejarlo cada vez más de China.

Milei le correspondió con su propuesta de armar un bloque de líderes de derecha, al estilo Grupo de Lima, con Kast, Paz, Asfura, Santiago Peña (Paraguay), José Muliño (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador), José Jeri (Perú), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Chávez (Costa Rica) y Luis Abinader (República Dominicana). En el Gobierno ya preparan en Buenos Aires una cumbre con estos mandatarios para el primer semestre del año. Será una ofrenda de Milei a Trump, para demostrarle que puede ser su representante en la región y que él también tiene algo para aportar en el altar de Washington.

Esta posición, sin duda, lo aleja cada vez más de Lula da Silva, quien ayer fue muy crítico con la intervención norteamericana, en línea con el colombiano Gustavo Petro y el cubano Miguel Díaz Canel. Venezuela fue en la última década y media el tema más divisivo para la región, y en particular para el Mercosur. En la época de esplendor del progresismo Caracas hasta llegó a integrar el bloque.

En la última cumbre de Foz de Iguazú de diciembre, generó los entredichos más ríspidos entre Milei y Lula. Venezuela marcó el cruce entre el reclamo por la falta de democracia y la represión, versus el riesgo de intervencionismo externo. Lula fue siempre quien más intentó ocupar el rol de mediador, a partir de percibirse como un padrino político tras la muerte de Hugo Chávez. Pero en los últimos tiempos había quedado muchas veces desairado por el propio Maduro.

Los diplomáticos argentinos todavía recuerdan la desazón de los funcionarios brasileños cuando tuvieron que maniobrar para preservar la vida de los seguidores de María Corina Machado que estaban asilados en la embajada argentina en Caracas. Brasil intentó ayudar, pero Maduro dejó de responder.

Más allá de lo regional, habrá que ver qué impacto global tiene el accionar de Estados Unidos. ¿No podrá Vladimir Putin decir que Ucrania también es su zona de influencia? ¿Y China, que tiene el derecho a intervenir en Taiwán, a la que considera una provincia rebelde? Estados Unidos acaba de romper un muro de cristal, el que establecía que no podía intervenir en otro país soberano. La Argentina quedó de su lado. Puede haber empezado otra etapa histórica.

El gobierno de Milei activó en el ingreso del nuevo año una fase de sinceramiento en aspectos clave de su programa, especialmente en la faz económica. Son ajustes que quedaron postergados durante 2025 por la necesidad de acomodar variables al desafío electoral, y después para evitar un exceso de tensión en los meses finales, históricamente levantiscos y agitados. Una demostración de tacticismo y timing del que había carecido en otras circunstancias. También una admisión implícita de que había ciertos procesos que habían llegado a un límite insostenible.

El cambio más estructural fue el inicio de un nuevo esquema cambiario, con una actualización del techo de la banda de flotación ajustada por inflación y no por un índice fijo de 1% mensual. Buena parte del debate económico de 2025 fue protagonizada por economistas y organismos que hablaban de atraso cambiario, frente a la postura enérgica de Milei y de Luis Caputo, que tildaban esas demandas como presiones devaluatorias. Finalmente el Gobierno accedió a una flexibilización del esquema, frente a una realidad evidente: le está costando más de lo previsto perforar el 2% de inflación mensual. Al ritmo de los últimos meses del año, el desacople con el dólar se iba a transformar en insostenible.

No fue un cambio brusco, más bien una corrección que el mercado consideraba inevitable. Quizás lo más relevante sea el mensaje que entraña en forma implícita: que todavía no ha conseguido arribar a un esquema cambiario estable. Se trata de la tercera modificación en un año, después del pase del crawling peg del 2% al 1%, y de la adopción de las bandas tras el acuerdo con el FMI. El primer test del viernes dio un resultado previsible, con una suba de $20 en el precio mayorista. Será un tema a monitorear, porque el objetivo del Gobierno es cumplir su promesa de acumular reservas, y si tiene que salir a defender el techo de la banda, no podrá hacerlo.

La segunda medida de sinceramiento fue el anuncio de la quita de subsidios a los servicios públicos y el aumento de las tarifas de luz, gas y agua, tras meses de congelamiento para no recargar las cuentas familiares. Las subas oscilarán en promedio entre el 2,5 y el 4%, aunque podrían ser superiores con el nuevo esquema de segmentación que se aplicó. En definitiva, el objetivo es recuperar parte del margen perdido y exceder los indicadores inflacionarios, lo cual es paradójico porque al mismo tiempo al subir las tarifas también influirá en mayor inflación futura.

Justamente la discusión por la inflación llevó a otra decisión importante de reacomodamiento que empezó a regir esta semana, que fue la del cambio en la metodología de cálculo del índice de precios que elabora el Indec. Entre las diferentes modificaciones se destaca la ampliación de la canasta de bienes y servicios a medir y su ponderación, una ecuación en la que los alimentos y bebidas perderán participación relativa, y aumentará la de servicios como transporte y comunicación, un intento por reflejar hábitos de consumo más actuales.

Mucho menor en su alcance, pero no menos simbólico, fue la actualización de los salarios que perciben los funcionarios del Gobierno, que estaban congelados desde hace dos años y que ya había generado un malestar indisimulable, incluso entre los alfiles más leales. Cuando inició su mandato Milei quiso dar una señal de austeridad en medio del ajuste fiscal, pero con el correr del tiempo se convirtió en una trampa porque el desacople de los salarios frente a la inflación ya era demasiado amplia. Ahora decidió actualizar los haberes, sin dar mucha precisión, pero se estima que será una suba de 90%, con excepción del propio Presidente y de su vice, Victoria Villarruel.

Si tras la elección de 2023 la misión principal de Milei fue la de sincerar el desorden de la macroeconomía heredada de la gestión de Alberto Fernández, ahora, tras su triunfo en las legislativas, el reto es reacomodar variables que se habían descalibrado durante sus dos primeros años, y cuya resolución había sido postergada detrás del objetivo de ganar en las urnas.

Pero el desafío mayor es lograrlo sin desacomodar otras metas, como por ejemplo la baja de la inflación y la recuperación de la actividad. ¿Es posible retomar la senda a la baja de los precios, que se extravió en los últimos dos meses, con un dólar que presione hacia arriba y tarifas más caras? Por primera vez desde que iniciaron la gestión, Milei y Caputo parecen dispuestos a resignar algo del ritmo desinflacionario para responder a otras demandas, como la acumulación de reservas, evitar el atraso cambiario y evitar la desactualización de los servicios públicos.

La baja de los precios fue durante los dos primeros años un contrato social implícito entre Milei y su electorado; fue la promesa cumplida, el sostén de las expectativas positivas. Ahora el Presidente cuenta con una validación electoral mucho más sólida, que le permite descomprimir temporalmente ese frente para estabilizar nuevamente su programa. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a sacrificar el indicador inflacionario, aunque no haya elecciones en 2026.

Pero el operativo reacomodamiento no sólo tuvo expresiones económicas en los primeros días del año. También Milei aprovechó para reordenar las dos agencias más problemáticas de su gestión. Por un lado disolvió la Andis, que quedó para siempre asociada a los audios de Diego Spagnuolo y a las denuncias de sobornos.

Pareció un arreglo más administrativo que un intento por mejorar las prestaciones. Lo ubicaron debajo del Ministerio de Salud, lo que en los hechos implica el ingreso a la órbita de Santiago Caputo. De todos modos, el tema de la discapacidad sigue siendo una obsesión incomprensible para el Presidente, al punto de que hay quienes sostienen que en la intimidad sigue pensando alternativas para eludir el mandato de la ley sobre el tema que aprobó el Congreso.

Mucho más radical, en cambio, fue la reorganización dispuesta en la SIDE, no sólo por la reestructuración organizativa, sino porque representa una acumulación de poder notable. El decreto que se firmó el último día del 2025 fue inspirado y elaborado por Santiago Caputo, quien siente una atracción muy particular por todos los temas relacionados con el espionaje y la inteligencia.

El asesor presidencial logró mantener el control sobre el organismo después de la desprolija salida de Sergio Neiffert, y ahora contará con una organización empoderada, porque la SIDE queda como el eje principal de todo el Sistema de Inteligencia Nacional, que incluye a las agencias de las distintas fuerzas de seguridad. Tuvo que hacer una concesión al permitir que el flamante Centro Nacional de Ciberseguridad quede bajo la órbita de Manuel Adorni, es decir de Karina Milei, a pesar de que el funcionario a cargo será de su entorno: Darío Genua.

Quienes conocen los corredores oscuros del espionaje aseguran que hay un dato oculto en la reforma: no fue consultada con Antonio “Jaime” Stiuso, a pesar de que hasta ahora ejercía un suerte de consultoría informal sobre la SIDE. Para algunos, es una demostración de su pérdida de influencia y de la vocación de Caputo por generar una estructura con sus propios leales. Difícil que el duro Jaime se avenga tan fácilmente sin reaccionar.

En el Gobierno asumen que la controvertida reforma va a ser judicializada y esperan que se presente un amparo o un habeas corpus en torno del segmento más controvertido: la facultad de aprehensión que se les otorga a los agentes en contextos muy poco claros. A partir de febrero, además, el tema será reclamado por el Congreso, por donde deberá pasar el DNU.

Si enero es el mes del sinceramiento, febrero será el de las reformas. Milei asume que debe aprovechar la ventana de oportunidad que se le abrió tras la elección.