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Vialidad: la Corte anunciará la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en forma sorpresiva

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En fuentes de primer nivel y en antecedentes de la Corte no hay dudas de que se va a rechazar el recurso de queja de Cristina Kirchner sin abrirlo pero no se sabe cuándo porque será en forma sorpresiva. Si va a hacer en el corto plazo y cualquier día de la semana ya que desde el 2021 se implementó un sistema de acuerdos por Zoom y con firma digital. No se quiere poner fechas para evitar más presiones y se juramentaron entre ellos no difundir la fecha.

Mientras, en el palacio de Tribunales esperan que el kirchnerismo persista en su estrategia de espionaje ilegal, escraches y movilizaciones, una vez que salga la confirmación de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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Cristina Kirchner en C5N.

De improviso, el jueves Corte rechazó la recusación que la ex presidenta había formulado contra el juez Ricardo Lorenzetti, justo el día siguiente a que la ex presidenta anunciara que será candidata a diputada por la Tercera Sección Electoral de la provincia.

Con ese anuncio y no una candidatura nacional, Cristina ganó un mes de tiempo y parecería que la Corte le advirtió, con el rechazo a la recusación de Ricardo Lorenzetti al día siguiente, que su situación procesal aún está abierta y cada vez más compleja. Fue rechazada de plano por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el mismo Lorenzetti y así la Corte quedó en condiciones de votar.

En los últimos meses se conformó una mayoría entre Rosatti y Rosenkrantz, pero en casos de corrupción en general Lorenzetti votó en la misma sintonía.

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Rosatti firmó esta semana un acuerdo con el padre Pepe para ayudar a condenados con libertad condicional.Rosatti firmó esta semana un acuerdo con el padre Pepe para ayudar a condenados con libertad condicional.

Desde el punto de vista técnico “el expediente ya está en condiciones de resolverse”, contó otra fuente. El martes pasado, en su reunión de acuerdo, la Corte resolvió otras casi 400 causas.

Además de esta sentencia en Vialidad, el 6 de noviembre próximo la ex vicepresidenta deberá estar sentada en el banquillo de los acusados en el juicio oral de la causa de los Cuadernos de las Coimas. En este caso, procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudó millones de pesos en coimas entre contratistas de obra pública.

Hay más. En diciembre pasado, esta misma Corte –aun con Juan Carlos Maqueda que se jubiló días después- confirmó el archivo de la causa llamada Dólar Futuro y ordenó que se realice el juicio oral por el encubrimiento de cinco iraníes en la causa por el atentado a la AMIA que denunció el fiscal Alberto Nisman. Luego de varias recusaciones, el tribunal quedó conformado con los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Javier Ríos.

Los dos primeros integraron el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que condenó a la vicepresidenta en el caso Vialidad. En Comodoro Py ya se contrató personal extra que reclamaban los jueces y se está en condiciones de ponerle fecha de inicio. Será el que más repercusión internacional tendrá y en el cual Cristina aparece sentada junto al líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente piquetero, Luis D’Elía, entre otros acusados.

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Fuentes judiciales negaron a Clarín que el Gobierno de Javier Milei haya presionado a la Corte para que retrase su decisión y permita que Cristina pueda inscribirse como candidata antes del 19 de julio, tener derecho a ser elegida y fueros que le darán inmunidad de arresto. Javier Milei quiere a Cristina en la cancha electoral y por eso dos senadores aliados bloquearon la ley de Ficha Limpia.

El nexo con la Corte es el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, un ex secretario del máximo tribunal, que conoce los códigos de tribunales y «no hace pedidos por causas». En cambio, sí quejan por el retraso en la llegada de dinero para implementar el sistema de acusación en los tribunales de Comodoro Py a partir del 11 de agosto que prometió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En concreto, las fuentes si admiten que “en tiempos de la Justicia, 40 días hasta el 19 de julio son una eternidad”.

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El recurso de queja de Cristina, junto al de los otros ocho acusados y el del fiscal Mario Villar, “no es una causa política” como dice el kirchnerismo, explicó un conocedor de los pasillos del palacio de Tribunales. “Una causa política es por ejemplo el reclamo del gobierno porteño por la quita de fondos de la coparticipación federal. Se trata de una cuestión originaria de la Corte. En cambio, la causa Vialidad está en la secretaria penal de la Corte”, acotaron.

En la causa Vialidad “hay políticos y particulares acusados de crímenes comunes”, resaltaron en alusión a los 3.500 millones de dólares que en total los gobiernos de los Kirchner dieron a las empresas de Lázaro Báez en licitaciones direccionadas por obras que no terminaron y con sobreprecios.

La Corte usó el mismo criterio, que aplicará ahora, para confirmar condenas del ex ministro de Planificación Julio De Vido y toda la plana mayor de ese ministerio en diversos expedientes, del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone y de la dirigente social K Milagro Sala, entre otros, pese a las marchas contra la Corte.

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Con esos antecedentes es impensable que el máximo tribunal vaya a aceptar la queja de Cristina, a pedir el expediente y a ponerse a revistar hecho y prueba. La Corte es un tribunal constitucional y se trata de una causa en que Cristina fue procesada en instrucción y confirmada su situación por las Cámara Federal y de Casación, con derecho a múltiples apelaciones, recusaciones y que pasó por la firma de 11 jueces y fiscales desde el 2008 cuando Elisa Carrió hizo la denuncia original que luego fue ampliada en 2016 con nuevas pruebas clave presentadas por el entonces interventor de Vialidad, Javier Iguacel.

Juan Grabois explica una supuesta "conspiración" contra Cristina Kirchner y prepara movilizaciones.Juan Grabois explica una supuesta «conspiración» contra Cristina Kirchner y prepara movilizaciones.

En la Justicia ya prevén que Cristina sigue, tras el fallo, con la “misma estrategia política de siempre: marchas, denunciar Lawfare y ponerse en víctima”. Por lo pronto, Juan Grabois declaró en estado de alerta y movilización a su agrupación, al igual que otros sectores K.

Un viejo juez recordó que mientras el ex presidente Carlos Menem en las causas judiciales que enfrentó “tenía un equipo de abogados de primer nivel, mientras Cristina contrató a Carlos Beraldi y a otros que son impresentables” y sigue buscando una salida en la política y en las operaciones.

Vuelven los intentos de hackeo

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En ese sentido, llamó la atención que presos de Jujuy y Neuquén, dos localidades distantes, hayan intentado en mayo pasado hackear el celular de Rosatti a través de la maniobra de “SIM swapping» (o duplicación de tarjetas de celulares), la misma que se usó contra los teléfonos de jueces del tribunal que condenó a Cristina en diciembre de 2022 en la causa Vialidad.

El diputado K Rodolfo Tailhade y Ariel ZanchettaEl diputado K Rodolfo Tailhade y Ariel Zanchetta

Mientras, en silencio el juez federal Ariel Lijo decidió reactivar la investigación que tuvo como eje central al ex policía Ariel Zanchetta, acusado de ser un agente inorgánico de inteligencia y procesado por haber espiado a jueces y políticos, y por la que está imputado el ex funcionario de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez e investigado el ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado K Rodolfo Tailhade, entre otros.

Luego de casi un año que se esperaban respuestas de distintas dependencias oficiales que aún no llegaron, el juez Lijo –que subroga el juzgado y que fue candidato del Gobierno a la Corte- dispuso una serie de medidas de prueba. El juez original del caso Marcelo Martínez De Giorgi tiene licencia por enfermedad.

Así volvió a requerir informes y exigir prontas respuestas. Allí no solo se anotan oficios a la ANSES y a la AFIP sino también a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) que depende del gobernador Axel Kicillof.

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También se requirió que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que informe “con carácter de urgente” el estado de las diligencias que se habían ordenado sobre dispositivos digitales de Zanchetta vinculados a Tomás Patricio Hvalica, un joven que vive en Quilmes Oeste y que quedó involucrado en otra causa por hackeo conocida como “Dark PFA” desde donde salieron algunas de las operaciones.

Todo se enmarca en la megacausa que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py unos días antes de la condena en Vialidad y líneas “truchas” sacadas a nombre de ministros de la Corte Suprema.

Los hackeados fueron los jueces de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky; y Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que integraron el tribunal oral que en ese momento juzgaba a Cristina en esa causa. La creación de líneas telefónicas, con epicentro en Misiones, fue denunciada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti y permitió descubrir que otros miembros del máximo tribunal como Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían sido víctimas de la misma maniobra. Son dos causas por separado que, sin embargo, tienen muchos lazos en común.

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El misterio detrás de esa causa continúa. Los hackeos a los celulares tuvieron lugar en los últimos meses del 2022. Poco después se difundieron también los supuestos chats del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y jueces que habían viajado a Lago Escondido, lo que derivó después en pedidos de juicio político a la Corte Suprema de Justicia durante 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, impulsado por esta última.

La causa sobre ese espionaje está en manos del juez Martínez De Giorgi y el fiscal Carlos Stornelli. Allí está procesado Ariel Zanchetta, un ex policía que decía ser periodista y se convirtió en una pieza clave de la causa. En sus dispositivos, se encontraron pruebas de seguimientos y datos sobre funcionarios judiciales, políticos y periodistas. También fue procesado el joven hacker misionero Ezequiel Nuñes Piñeyro, quien admitió que un misterio sujeto por Telegram llamado “Eljuanxd” le encargó cambiar las tarjetas SIM de un grupo de celulares: los de jueces y políticos en la mira.

Las investigaciones sobre Zanchetta (que estuvo 10 meses detenido) llegaron a Fabián “Conu” Rodríguez, integrante de La Cámpora y por entonces funcionario en la AFIP quien le hizo pagos en concepto de “publicidad”.

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Del análisis inicial de los dispositivos de Zanchetta, aparecía un diálogo con “Conu” Rodríguez, en el marco de una operación contra la entonces ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz en octubre del 2022. En ese diálogo, el espía le pregunta si seguía “reportando” a él tras su salida del gobierno de Axel Kicillof y su llegada a la AFIP. “Conu” le responde que sí. Zanchetta tenía además informes de inteligencia ilegal sobre el ex candidato a presidente Sergio Massa –cuando era rival de Cristina- y de otros.

El fiscal Gerardo Pollicita, que intervino inicialmente en el expediente, sostuvo que esas actividades fueron financiadas con pauta publicitaria. Un informe de la DAJUDECO ordenado por el juez también reflejaba un diálogo con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade en el que le pasaba los mensajes de Lago Escondido. La fiscalía acusó a “Conu” Rodríguez como partícipe de las maniobras. Cuando fueron a allanarlo a las oficinas de la AFIP para secuestrar su celular los investigadores no lo encontraron. Se detectó que estaba en la zona y se había escapado. Cuatro días después se presentó en tribunales con sus abogados para entregar sus dispositivos. Aún no fue llamado a indagatoria.

El expediente pareció entrar en un compás de espera aguardando los resultados de peritajes tecnológicos. Pero desde hace más de un año que no registra movimientos.

La Corte confimró la condena a 6 años de prisión del ex vicepresidente Amado Boudou.La Corte confimró la condena a 6 años de prisión del ex vicepresidente Amado Boudou.

Por eso llamó la atención que en las últimas horas el juzgado reactivara la investigación: le solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema (DAJUDECO) que confeccionara un segundo informe técnico que sistematizara la información de manera integral de los dispositivos secuestrados y soportes en los que se descargaron los se hubiera descargado correos y redes sociales. Quieren esquematizar cronológicamente toda información que pueda ser de interés para la causa.

Zanchetta contaba con “informantes” que le proporcionaban datos sobre los “objetivos”, reportaba parte de su actividad a terceros y realizaba algunas de estas conductas por “pedido”. La fiscalía le dio, por ejemplo, tres nombres al juez Marcelo Martínez De Giorgi, todos ellos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, hoy SIDE) de la época K.

Bajo la convicción de que Zanchetta no era un cuentapropista, sino que era un eslabón -entre otros- de una estructura de mayores dimensiones, el fiscal Pollicita, analizó una serie de elementos que le permitieron dar un paso más para lograr identificar otros posibles involucrados en las operaciones de espionaje ilegal. Ahora a la espera de nuevas pruebas.

Corte Suprema de Justicia,Cristina Kirchner,Dirección Nacional de Vialidad,Lázaro Báez,Javier Milei,Mariano Cúneo Libarona

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Reforma laboral: la CGT aplaza las definiciones y apuesta a su plan para promover el empleo joven

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A horas de que el Gobierno presente su proyecto de reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para convocar a su Consejo Directivo cuando tenga en sus manos la propuesta oficial. En paralelo, trabaja sobre un texto propio enfocado en el trabajo sub 30 y refuerza la idea de que no habrá posicionamientos cerrados hasta conocer la letra chica de la iniciativa que promueve Javier Milei.

El clima, sin embargo, no es neutro. La expectativa se mezcla con el malestar que creció en las últimas semanas por la falta de información concreta y los canales de diálogo informales con la Casa Rosada.

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En ese contexto, la mesa chica resolvió mantener la cautela y activar una pausa deliberada para ordenar la estrategia y activar el Consejo Directivo recién cuando haya texto para analizar.

A la espera del texto final

En la sede de Azopardo, aseguran que los últimos movimientos apuntaron a tantear el clima legislativo. La central obrera buscó reconstruir canales políticos, calibrar apoyos potenciales y abrir una negociación que todavía no existe en los términos formales. La apuesta es doble: contener la presión interna por una respuesta más dura y, a la vez, evitar quedar descolocada cuando el Ejecutivo active el tratamiento parlamentario.

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El foco inmediato está puesto en el martes. Ese día, según anunció la Casa Rosada, ingresará al Congreso el paquete de reformas que incluye la modernización laboral. En la CGT transmitieron a TN que esperan esa instancia para tomar definiciones.

Estamos esperando que el martes, como anunció el Gobierno, haga la presentación de todas las reformas. Pero nosotros estamos trabajando en un proyecto propio para una mesa de negociación. Una vez que esté la presentación, tenemos pendiente un Consejo Directivo, que si no es esta semana será la próxima, para cuando tengamos estudiado lo que presenta el Gobierno en la reforma y terminada la propuesta nuestra. Así que a partir de ahí habrá reunión del Consejo y se analizarán las políticas a seguir”, explicaron desde la CGT.

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Mientras tanto, avanza en paralelo con su propia iniciativa: un proyecto alternativo enfocado en nuevas reglas de empleo para menores de 30 años. La propuesta, que ya fue compartida informalmente con sectores del Gobierno, apunta a un régimen específico para los nuevos ingresantes, con un nivel de flexibilidad mayor que el de la Ley de Contrato de Trabajo.

Las discusiones políticas que prepararon el terreno

En la CGT admiten que el oficialismo retiene la iniciativa, pero también que necesita acuerdos para sostener cambios de fondo. Por eso, fortaleció las conversaciones políticas y reconstruyó canales con actores que serán determinantes cuando comience el debate formal. El objetivo es llegar al Congreso con un panorama claro de apoyos, resistencias y margen de negociación.

La mesa chica de la CGT se reunió con los gobernadores Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, de Provincias Unidas (Foto: Captura de video de IG/upcnfederal).

En los últimos días, organizó una cena con Sergio Massa y parte de su equipo, en la que el exministro pidió habilitar el debate de “una reforma laboral moderna”, alertó sobre el nivel de informalidad y advirtió sobre los cambios acelerados que traerán la inteligencia artificial y la automatización. También remarcó que una parte de los trabajadores “no se siente representada” por la política ni por el sindicalismo, un diagnóstico que la conducción cegetista compartió.

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En paralelo, la central obrera abrió una ronda con los gobernadores de Provincias Unidas. El encuentro reunió a Ignacio Torres, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y a varios referentes gremiales. No hubo definiciones públicas, pero sí un intercambio sobre el escenario económico y sobre cómo podría impactar cualquier reforma estructural. Para la CGT, ese mapa es clave ante un Congreso fragmentado, donde los espacios federales pueden inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

En la CGT reconocen que la presión creció en las últimas semanas, alimentada por áreas técnicas que analizaron borradores informales y los consideraron regresivos. Por eso, intenta equilibrar posiciones entre el ala dura que quiere rechazar abrir el debate y el sector dialoguista que está dispuesto a sentarse a negociar, mientras refuerza la musculatura política.

En los últimos días, hubo reuniones también con diputados sindicales, gobernadores peronistas y sectores empresarios pymes. El objetivo es llegar al Congreso con una estrategia definida.

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La propuesta para menores de 30 y la reacción del Gobierno

La iniciativa cegetista para un régimen laboral especial de primer empleo se convirtió en uno de los ejes más sensibles del intercambio con el Ejecutivo. El esquema permitiría mayor flexibilidad en salario, vacaciones, jornada laboral e indemnizaciones para jóvenes de hasta 30 años, que, según la visión sindical, permitirían promover la contratación sin afectar las protecciones de quienes ya están registrados. Los nuevos trabajadores accederían al paquete completo de protecciones recién al cumplir esa edad.

Se trata de un modelo que preserva los derechos de los trabajadores con antigüedad y crea un escalón intermedio para los nuevos ingresos. Ese tramo, todavía en una versión preliminar, será el núcleo de la oferta que la CGT buscará introducir en una eventual mesa de negociación.

En despachos oficiales la idea no cayó mal. Sectores del Gobierno que mantienen diálogo con dirigentes sindicales interpretaron que la propuesta podría facilitar la promoción del empleo joven sin alterar de manera inmediata el núcleo del régimen vigente.

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Mientras tanto, la Casa Rosada insiste en que la reforma está cerrada y lista para su presentación. La expectativa es que el Senado abra el debate la semana próxima y mantenga un calendario acelerado durante el verano. Ese escenario vuelve más urgente para la CGT llegar con una estrategia unificada y con el análisis completo de su contrapropuesta. El margen entre acuerdo y conflicto sigue abierto.

Mantendrá la prudencia pública hasta conocer el proyecto oficial, pero el endurecimiento interno avanza más rápido que las señales de negociación que emite el Gobierno. El martes será el punto de partida para definir cómo y con qué volumen se librará la próxima batalla legislativa.

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reforma laboral, CGT, Congreso de la Nación

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Milei modera las formas para acelerar a fondo

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Es otro tiempo. Lo que hasta hace nada era motivo de reconocimiento y parte esencial del protocolo de acción de los dirigentes, funcionarios y legisladores libertarios ahora es objeto de revisión y hasta de reproche.

El fondo es el mismo, pero las formas no. Al menos, por ahora, en esta etapa en la que el Gobierno quiere y está obligado a lograr objetivos fundamentales. En la Casa Rosada saben que tienen para eso un ventanal de oportunidad de no más de cuatro meses y que no pueden desaprovecharla con daños autoinfligidos, como los que se propinó en el primer semestre del año pasado y lo llevaron al borde del colapso hasta poco antes de las elecciones. El susto enseña.

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La administración de los hermanos Milei está advertida de que no puede dilapidar chances ni esperar a cada rato un salvataje de Donald Trump y Scott Bessent, como el que lo salvó de una catástrofe cambiaria y financiera, primero, y de un serio tropiezo electoral, luego. Mucho menos cuando empieza el crucial año de elecciones de medio término en los Estados Unidos, y el apoyo al “amigo americano” está cayendo entre sus propios electores, cuya mayor demanda es por el funcionamiento de la economía. Y la intervención en la Argentina tiene en ese universo muchos detractores.

Por eso, el show pendenciero de la histriónica amiga presidencial y diputada Lilia Lemoine, el miércoles pasado, durante la jura de los nuevos diputados fue considerado un exceso extemporáneo e innecesario. También entraron en esa categoría algunos gestos y entreveros protagonizados por el saliente ministro de Defensa y flamante diputado, Luis Petri. Lo mismo ocurrió con las provocaciones que sumó la siempre voluptuosa Juliana Santillán, a la par de Petri. Ni hablar de las apariciones y de “la renuncia a la renuncia” a su banca de diputada de la senadora electa y objetada Lorena Villaverde. No ha lugar.

Martín Menem, el brazo de Karina Milei en la Cámara baja (y algo más) desde la presidencia de la Cámara baja amagó con sacar algunas tarjetas amarillas y terminó enviando advertencias a esos legisladores, aunque durante la sesión los provocadores hayan visto los eufóricos pulgares para arriba del propio Javier Milei, dirigidos hacia ellos. No todo lo que en el fragor de la batalla se festeja es considerado un éxito cuando llega la hora del balance.

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“Fue una sesión menos escandalosa que muchas otras y el Presidente adoptó una postura muy contenida ante el clima de euforia que había, pero es cierto que lo de Lilia, Petri y Santillán no ayudó en nada y por eso se les hizo saber que no cayó bien y que no se debe repetir. Fue innecesario”, dijeron al día siguiente cerca de Menem. La vara con la que se mide el umbral del escándalo y el grotesco está baja en el mundo libertario, pero dicen que ha empezado a elevarse.

Eso es parte relevante del cambio que trae el comienzo de la segunda y última etapa del mandato de Milei, cuyos principales articuladores políticos, que hoy son su hermana y los primos Menem, ya han anunciado que empezaron a trabajar por su reelección en 2027.

Es ese un objetivo, pero también una herramienta. El propósito no es solo una construcción de sentido para ser instalada en la opinión pública, como estrategia de marketing electoral, y evitar que empiece a vislumbrarse la foto del pato rengo a merced de los predadores, con la que se identifica a los presidentes que entran en la etapa final de su mandato.

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Lo que se busca, principalmente, con esos anuncios es crear una imagen de solidez y continuidad en el futuro, más allá del 10 de diciembre de 2027, como le exigen los inversores a los que el Gobierno todavía debe terminar de convencer de la sustentabilidad de su proyecto para que concreten sus demoradas promesas.

Eso importa más en el mileísmo que la sensación de hartazgo que provoca en la ciudadanía volver a tiempos proselitistas, generados por el propio Gobierno, cuando todavía los ecos y el desgaste de un extenuante año electoral siguen sintiéndose en el cuerpo social.

El oficialismo también busca aprovechar la ventana de oportunidad que le otorga el desconcierto y el caos reinantes entre los opositores, incapacitados para capitalizar que los beneficios prometidos del triunfo oficialista están lejos de percibirse masivamente. Por el contrario, lo que padecen vastos sectores sociales son varios efectos nocivos de la política económica del Gobierno. A excepción de la baja de la inflación (aunque estancada por encima del dos por ciento), la caída de la pobreza, con todos sus bemoles, el superávit fiscal y la calma cambiaria. Todo lo cual es mucho, pero ya no suficiente.

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Esta es la razón, también, por la cual Milei y su equipo económico quieren avanzar a fondo en este cuatrimestre con la menor cantidad de concesiones posibles. Primero, con la sanción de presupuesto, sobre el que ya se adelantó que hay disposición a negociar, pero poco y siempre que no altere los equilibrios establecidos, un corsé con el cual se pretende, además de que no se toque casi nada de la iniciativa oficial, dividir a los delegados parlamentarios de los gobernadores. Lo que uno quiera ganar se lo tendrá que rebanar a otro, sin afectar los ingresos de la Nación. Eso es lo que se propone el Gobierno.

También en la primera etapa se procura que se apruebe la demorada “ley de inocencia fiscal” para que los argentinos saquen sus dólares del colchón. El objetivo primordial y urgente es que vuelquen los billetes verdes guardados al mercado, lo que ayudaría para mantener contenido el tipo de cambio, y, especialmente, empezaría a calentar un consumo que está congelado. Por ahora solo hay algunas recuperaciones tan heterogéneas como concentradas en los sectores de mayor poder adquisitivo, lo que empieza a darle más firmeza a los rasgos de una sociedad más desigual. Motivo, como se sabe, de malestares complejos de controlar cuando se cristalizan aún en países donde la macroeconomía da signos de robustez.

Al mismo tiempo, se aceleró la discusión del proyecto de reforma laboral, que también el Gobierno considera crucial y, contra la opinión de interesados y expertos, utiliza como argumento en su favor la destrucción de puestos de trabajo formal del sector, que se ha sumado a las suspensiones, registrada durante la primera mitad de su administración y con una leve aceleración en el último mes.

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“El 98% del proyecto está y lo tiene Patricia [Bullrich], que ya empezó a moverlo en el Senado”, dice uno de los altos funcionarios que participó de su elaboración desde el origen y que tiene un estrecho vínculo con el Presidente.

En ese terreno, desde las oficinas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores y gestores de la reforma, dan casi por hecho que pasará los filtros, aunque admiten que habrá algunos cosas que se negociarán. ¿Lo que está abierto a discusión será solo ese 2 por ciento que falta para llegar a tener el total de la iniciativa que se terminará tratando en el Congreso?

Probablemente pueda ser algo más, ya que quienes conocen a Sturzenegger dice que su máxima es: “Yo les corro el arco lo más lejos posible para que al final sientan que estoy dispuesto a acercárselos un poco y cerrar la negociación lo más cerca posible del punto deseado”. Tácticas trumpistas, que en medio de la crisis de representatividad del sindicalismo y las escenas de canibalismo dentro del perokirchnerismo en declive parecen destinadas a tener éxito.

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En defensa del maximalismo de Sturzenegger, sobre el que algunos de colegas del Gabinete y allegados al Presidente esgrimen dudas o cuestionamientos, sus colaboradores elaboraron una lista de 14 de desregulaciones de muy diversa índole e impacto llevadas a cabo, con los respectivos efectos positivos que tuvieron. Obviamente, algunos sectores afectados tienen otra mirada y el resultado en ciertos casos es más matizado o muy incipiente.

De cualquier manera, le sirven para empujar la nueva etapa de reformas y desregulaciones, para la cual se resolvió no ir con una nueva “Ley Bases II”, sino con proyectos desagregados. Entre ellos se vienen reformas educativas y digestos ultrasimplificadores de regulaciones en diversas materias, como salud, medicamentos, cuestiones comerciales e industriales, que acelerarán el desmantelamiento de áreas del Estado. La gran incógnita es si lo lograrán como hasta ahora, sin mayores conflictos. Pero no es una pregunta que se hagan en la cima del Gobierno

Esa decisión de fragmentar las nuevas medidas de transformación de roles y atributos estatales, en lugar de presentarlas en un solo megapaquete, es otra demostración del cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso en favor de La Libertad Avanza (LLA).

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El hecho de haber logrado hacerse de la primera minoría en Diputados, así como la sensible pérdida de bancas y las diferencias internas del bloque kirchnerista del Senado, llevaron a iniciar un proceso más incremental que disruptivo.

Ese escenario es el que valida y explica el cambio de modos con el que desde la Casa Rosada se encara esta etapa, aunque todos saben que el león puede volver en rugir en cualquier momento y que la contención aplicada después de la derrota bonaerense no significa que se haya vuelto herbívoro. Todo lo contrario. Dicen que “está más carnívoro que nunca”, solo que mientras las presas están aturdidas y sin capacidad para desafiarlo, procuran no despertarlas para llevarse todo.

Milei reboza de confianza. El triunfo electoral lo tonificó no solo por efecto del resultado y el impacto que tuvo en todo el universo opositor y hasta en sus aliados críticos, como los macristas.

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Ademas, se atribuye haber sido él esta vez el estratego de la campaña oficialista. “A mi me trajeron dos opciones. Ir por todo o hacer arreglos en varios distritos. Yo opté por la primera, porque si no iba a quedar preso de esos acuerdos como le pasó a Mauricio [Macri] después de ganar en 2017. Eso empezó con el triunfo en la ciudad [de Buenos Aires] y ahí pasamos de La Libertad Avanza a la libertad arrasa”, cuenta uno de sus colaboradores.

Ya se sabe que su hermana, con los Menem y su armador bonaerense, Sebastián Pareja, eran los impulsores del “vamos por todo” y que Santiago Caputo gestionaba algunos arreglos.

El resultado y las secuelas de la opción triunfante se verifican en estos días. Que después del escandaloso final de su exprotegido Sergio Neiffert el asesor haya mantenido al frente de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a alguien de su absoluta confianza, como Cristian Auguadra, quien llevaba las cuentas de la familia, no implica que haya vuelto a regir “el triángulo de hierro”.

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Hoy, la geometría del poder se resuelve más que nunca en una línea de solo dos puntos: Javier y Karina Milei. El resto son figuras con mayor o menor relevancia e incidencia que orbitan e interactúan con ese eje lineal. Los resultados determinarán quiénes adquieren más o menos volumen de acá en más. O dejan de pertenecer el universo gubernamental.

En ese escenario está puesto a prueba el flamante ministro del interior, Diego Santilli, sobre quien ejerce una celosa supervisión el jefe de gabinete, Manuel Adorni, destacado integrante de la escudería karinista. Para él, el plazo para mostrar resultados es más perentorio, ya que la forma en que se dirima la discusión del presupuesto 2026 será la base sobre la que discutirán los demás proyectos.

Hasta la más leve recuperación de la capacidad de veto de los gobernadores y sus legisladores puede alterar planes del oficialismo triunfante. Y, sobre todo, cambiar el tono moderado por el regreso de los rugidos leoninos.

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Sebastián Pareja criticó a los socios de LLA que votaron el endeudamiento de Kicillof: “Estuvieron flojos moralmente”,Claudio Jacquelin,Conforme a,,»Somos familia». ¿Pacto de silencio en la Andis? 13 de los 15 imputados evitaron declarar en su indagatoria judicial,,La interna del Gobierno. El control de la SIDE, eje de una tregua entre Karina Milei y Caputo

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Senado: el oficialismo da por cerrado el caso Villaverde y se activa su reemplazo

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Tras el comunicado emitido ayer por la actual diputada libertaria Lorena Villaverde (Río Negro), senadora electa que no asumió por las objeciones de la oposición sobre diversas experiencias judiciales -una, con cocaína-, el oficialismo de la Cámara alta dio por cerrado el tema y ya prepara a su reemplazante, Enzo Fullone, cuyo diploma ya fue dictaminado y aprobado en el recinto el viernes pasado, cuando juraron 23 de 24 legisladores.

Según deslizó una fuente oficialista a Infobae, luego de la misiva que Villaverde envió a Javier Milei para poner “a su entera disposición” su “renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro”, la diputada hará la presentación formal en la justicia electoral -paso obligatorio- en las próximas horas. Con la película casi consumada, la Casa Rosada desactivó una potencial bola de nieve que, sin dudas, iba a presionar a la Cámara alta antes de las sesiones extraordinarias que piensa el Ejecutivo a partir del 10 de diciembre próximo.

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A diferencia de otras situaciones de menor complejidad en los últimos meses que, no obstante, terminaron mal en el Congreso, en el oficialismo destacaron la “muñeca” de la futura jefa libertaria, Patricia Bullrich, quien siguió de cerca todo el proceso e informó a la Casa Rosada para amortiguar eventuales golpes.

“Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque violeta en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”, señaló Villaverde en redes sociales.

La saliente ministra de Seguridad y futura jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, se mostró hoy en Diputados junto al actual líder oficialista en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Maximiliano Luna)

La rionegrina dijo que su accionar involucra “una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”. Y agregó: “En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política. Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”.

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Más allá de todo esto, en La Libertad Avanza todavía se preguntan cómo Villaverde no consiguió y mostró, con el daño que podría haber generado todo este embrollo, toda la documentación correspondiente de la justicia estadounidense para respaldar su postura inicial. “Acompañar con papeles flojos, no”, sentenció un actor premium del oficialismo a este medio.

Por más que ello ocurra en un futuro, con la dimisión de las próximas horas quedará sellada la ventana “Villaverde senadora” y su destino en Diputados dependerá de lo que el oficialismo disponga. Para echarla, la oposición precisará dos tercios. “Es momento de calmar las aguas ahora. La agenda que viene es importante y este tema concluyó”, precisaron desde la bancada libertaria, que busca dar un final “constitucional y ético” -así sugirieron- a la novela en cuestión.

Una vez que comience el período de sesiones extraordinarias y, al tener ya luz verde, Fullone jurará en el primer encuentro que el pleno de la Cámara alta realice. Con ello, quedará un Cuerpo completo, con 72 legisladores. Para La Libertad Avanza, un voto es más que clave de cara a lo que deberá afrontar.

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Para la semana próxima se aguarda la convocatoria del Ejecutivo y el temario. Según la Casa Rosada, la prioridad del Senado será empujar la reforma laboral, en unos plazos más que ajustados para el corriente mes. De hecho, la mayoría de los bloques ya descarta un avance exprés. En un par de reuniones, Bullrich se mostró confiada en relación con la iniciativa que aún no mostró el Ejecutivo. No piensa igual la oposición.

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