En fuentes de primer nivel y en antecedentes de la Corte no hay dudas de que se va a rechazar el recurso de queja de Cristina Kirchner sin abrirlo pero no se sabe cuándo porque será en forma sorpresiva. Si va a hacer en el corto plazo y cualquier día de la semana ya que desde el 2021 se implementó un sistema de acuerdos por Zoom y con firma digital. No se quiere poner fechas para evitar más presiones y se juramentaron entre ellos no difundir la fecha.

Mientras, en el palacio de Tribunales esperan que el kirchnerismo persista en su estrategia de espionaje ilegal, escraches y movilizaciones, una vez que salga la confirmación de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De improviso, el jueves Corte rechazó la recusación que la ex presidenta había formulado contra el juez Ricardo Lorenzetti, justo el día siguiente a que la ex presidenta anunciara que será candidata a diputada por la Tercera Sección Electoral de la provincia.

Con ese anuncio y no una candidatura nacional, Cristina ganó un mes de tiempo y parecería que la Corte le advirtió, con el rechazo a la recusación de Ricardo Lorenzetti al día siguiente, que su situación procesal aún está abierta y cada vez más compleja. Fue rechazada de plano por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el mismo Lorenzetti y así la Corte quedó en condiciones de votar.

En los últimos meses se conformó una mayoría entre Rosatti y Rosenkrantz, pero en casos de corrupción en general Lorenzetti votó en la misma sintonía.

Desde el punto de vista técnico “el expediente ya está en condiciones de resolverse”, contó otra fuente. El martes pasado, en su reunión de acuerdo, la Corte resolvió otras casi 400 causas.

Además de esta sentencia en Vialidad, el 6 de noviembre próximo la ex vicepresidenta deberá estar sentada en el banquillo de los acusados en el juicio oral de la causa de los Cuadernos de las Coimas. En este caso, procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudó millones de pesos en coimas entre contratistas de obra pública.

Hay más. En diciembre pasado, esta misma Corte –aun con Juan Carlos Maqueda que se jubiló días después- confirmó el archivo de la causa llamada Dólar Futuro y ordenó que se realice el juicio oral por el encubrimiento de cinco iraníes en la causa por el atentado a la AMIA que denunció el fiscal Alberto Nisman. Luego de varias recusaciones, el tribunal quedó conformado con los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Javier Ríos.

Los dos primeros integraron el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que condenó a la vicepresidenta en el caso Vialidad. En Comodoro Py ya se contrató personal extra que reclamaban los jueces y se está en condiciones de ponerle fecha de inicio. Será el que más repercusión internacional tendrá y en el cual Cristina aparece sentada junto al líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente piquetero, Luis D’Elía, entre otros acusados.

Fuentes judiciales negaron a Clarín que el Gobierno de Javier Milei haya presionado a la Corte para que retrase su decisión y permita que Cristina pueda inscribirse como candidata antes del 19 de julio, tener derecho a ser elegida y fueros que le darán inmunidad de arresto. Javier Milei quiere a Cristina en la cancha electoral y por eso dos senadores aliados bloquearon la ley de Ficha Limpia.

El nexo con la Corte es el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, un ex secretario del máximo tribunal, que conoce los códigos de tribunales y «no hace pedidos por causas». En cambio, sí quejan por el retraso en la llegada de dinero para implementar el sistema de acusación en los tribunales de Comodoro Py a partir del 11 de agosto que prometió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En concreto, las fuentes si admiten que “en tiempos de la Justicia, 40 días hasta el 19 de julio son una eternidad”.

El recurso de queja de Cristina, junto al de los otros ocho acusados y el del fiscal Mario Villar, “no es una causa política” como dice el kirchnerismo, explicó un conocedor de los pasillos del palacio de Tribunales. “Una causa política es por ejemplo el reclamo del gobierno porteño por la quita de fondos de la coparticipación federal. Se trata de una cuestión originaria de la Corte. En cambio, la causa Vialidad está en la secretaria penal de la Corte”, acotaron.

En la causa Vialidad “hay políticos y particulares acusados de crímenes comunes”, resaltaron en alusión a los 3.500 millones de dólares que en total los gobiernos de los Kirchner dieron a las empresas de Lázaro Báez en licitaciones direccionadas por obras que no terminaron y con sobreprecios.

La Corte usó el mismo criterio, que aplicará ahora, para confirmar condenas del ex ministro de Planificación Julio De Vido y toda la plana mayor de ese ministerio en diversos expedientes, del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone y de la dirigente social K Milagro Sala, entre otros, pese a las marchas contra la Corte.

Con esos antecedentes es impensable que el máximo tribunal vaya a aceptar la queja de Cristina, a pedir el expediente y a ponerse a revistar hecho y prueba. La Corte es un tribunal constitucional y se trata de una causa en que Cristina fue procesada en instrucción y confirmada su situación por las Cámara Federal y de Casación, con derecho a múltiples apelaciones, recusaciones y que pasó por la firma de 11 jueces y fiscales desde el 2008 cuando Elisa Carrió hizo la denuncia original que luego fue ampliada en 2016 con nuevas pruebas clave presentadas por el entonces interventor de Vialidad, Javier Iguacel.

En la Justicia ya prevén que Cristina sigue, tras el fallo, con la “misma estrategia política de siempre: marchas, denunciar Lawfare y ponerse en víctima”. Por lo pronto, Juan Grabois declaró en estado de alerta y movilización a su agrupación, al igual que otros sectores K.

Un viejo juez recordó que mientras el ex presidente Carlos Menem en las causas judiciales que enfrentó “tenía un equipo de abogados de primer nivel, mientras Cristina contrató a Carlos Beraldi y a otros que son impresentables” y sigue buscando una salida en la política y en las operaciones.

Vuelven los intentos de hackeo

En ese sentido, llamó la atención que presos de Jujuy y Neuquén, dos localidades distantes, hayan intentado en mayo pasado hackear el celular de Rosatti a través de la maniobra de “SIM swapping» (o duplicación de tarjetas de celulares), la misma que se usó contra los teléfonos de jueces del tribunal que condenó a Cristina en diciembre de 2022 en la causa Vialidad.

Mientras, en silencio el juez federal Ariel Lijo decidió reactivar la investigación que tuvo como eje central al ex policía Ariel Zanchetta, acusado de ser un agente inorgánico de inteligencia y procesado por haber espiado a jueces y políticos, y por la que está imputado el ex funcionario de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez e investigado el ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado K Rodolfo Tailhade, entre otros.

Luego de casi un año que se esperaban respuestas de distintas dependencias oficiales que aún no llegaron, el juez Lijo –que subroga el juzgado y que fue candidato del Gobierno a la Corte- dispuso una serie de medidas de prueba. El juez original del caso Marcelo Martínez De Giorgi tiene licencia por enfermedad.

Así volvió a requerir informes y exigir prontas respuestas. Allí no solo se anotan oficios a la ANSES y a la AFIP sino también a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) que depende del gobernador Axel Kicillof.

También se requirió que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que informe “con carácter de urgente” el estado de las diligencias que se habían ordenado sobre dispositivos digitales de Zanchetta vinculados a Tomás Patricio Hvalica, un joven que vive en Quilmes Oeste y que quedó involucrado en otra causa por hackeo conocida como “Dark PFA” desde donde salieron algunas de las operaciones.

Todo se enmarca en la megacausa que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py unos días antes de la condena en Vialidad y líneas “truchas” sacadas a nombre de ministros de la Corte Suprema.

Los hackeados fueron los jueces de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky; y Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que integraron el tribunal oral que en ese momento juzgaba a Cristina en esa causa. La creación de líneas telefónicas, con epicentro en Misiones, fue denunciada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti y permitió descubrir que otros miembros del máximo tribunal como Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían sido víctimas de la misma maniobra. Son dos causas por separado que, sin embargo, tienen muchos lazos en común.

El misterio detrás de esa causa continúa. Los hackeos a los celulares tuvieron lugar en los últimos meses del 2022. Poco después se difundieron también los supuestos chats del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y jueces que habían viajado a Lago Escondido, lo que derivó después en pedidos de juicio político a la Corte Suprema de Justicia durante 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, impulsado por esta última.

La causa sobre ese espionaje está en manos del juez Martínez De Giorgi y el fiscal Carlos Stornelli. Allí está procesado Ariel Zanchetta, un ex policía que decía ser periodista y se convirtió en una pieza clave de la causa. En sus dispositivos, se encontraron pruebas de seguimientos y datos sobre funcionarios judiciales, políticos y periodistas. También fue procesado el joven hacker misionero Ezequiel Nuñes Piñeyro, quien admitió que un misterio sujeto por Telegram llamado “Eljuanxd” le encargó cambiar las tarjetas SIM de un grupo de celulares: los de jueces y políticos en la mira.

Las investigaciones sobre Zanchetta (que estuvo 10 meses detenido) llegaron a Fabián “Conu” Rodríguez, integrante de La Cámpora y por entonces funcionario en la AFIP quien le hizo pagos en concepto de “publicidad”.

Del análisis inicial de los dispositivos de Zanchetta, aparecía un diálogo con “Conu” Rodríguez, en el marco de una operación contra la entonces ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz en octubre del 2022. En ese diálogo, el espía le pregunta si seguía “reportando” a él tras su salida del gobierno de Axel Kicillof y su llegada a la AFIP. “Conu” le responde que sí. Zanchetta tenía además informes de inteligencia ilegal sobre el ex candidato a presidente Sergio Massa –cuando era rival de Cristina- y de otros.

El fiscal Gerardo Pollicita, que intervino inicialmente en el expediente, sostuvo que esas actividades fueron financiadas con pauta publicitaria. Un informe de la DAJUDECO ordenado por el juez también reflejaba un diálogo con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade en el que le pasaba los mensajes de Lago Escondido. La fiscalía acusó a “Conu” Rodríguez como partícipe de las maniobras. Cuando fueron a allanarlo a las oficinas de la AFIP para secuestrar su celular los investigadores no lo encontraron. Se detectó que estaba en la zona y se había escapado. Cuatro días después se presentó en tribunales con sus abogados para entregar sus dispositivos. Aún no fue llamado a indagatoria.

El expediente pareció entrar en un compás de espera aguardando los resultados de peritajes tecnológicos. Pero desde hace más de un año que no registra movimientos.

Por eso llamó la atención que en las últimas horas el juzgado reactivara la investigación: le solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema (DAJUDECO) que confeccionara un segundo informe técnico que sistematizara la información de manera integral de los dispositivos secuestrados y soportes en los que se descargaron los se hubiera descargado correos y redes sociales. Quieren esquematizar cronológicamente toda información que pueda ser de interés para la causa.

Zanchetta contaba con “informantes” que le proporcionaban datos sobre los “objetivos”, reportaba parte de su actividad a terceros y realizaba algunas de estas conductas por “pedido”. La fiscalía le dio, por ejemplo, tres nombres al juez Marcelo Martínez De Giorgi, todos ellos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, hoy SIDE) de la época K.

Bajo la convicción de que Zanchetta no era un cuentapropista, sino que era un eslabón -entre otros- de una estructura de mayores dimensiones, el fiscal Pollicita, analizó una serie de elementos que le permitieron dar un paso más para lograr identificar otros posibles involucrados en las operaciones de espionaje ilegal. Ahora a la espera de nuevas pruebas.