La Corte Suprema de Justicia se reactiva este martes tras el receso de verano y en su hoja de ruta ya se vislumbran dos ejes: el pedido al Gobierno para que se cubran las vacantes en el Poder Judicial, que llegarían a más del 40% en 2026, y una exhortación a los jueces de tribunales inferiores a que le den celeridad a los juicios sobre causas de corrupción. Así informaron a fuentes al tanto de lo que será la agenda de prioridades del máximo tribunal.

Otro tema que inquieta es la integración de la Corte Suprema, pero no es un asunto que vaya a resolverse de inmediato sino a lo largo de los próximos meses.

El máximo tribunal tiene actualmente tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por lo que para dictar una sentencia debe haber unanimidad. En caso de una disidencia, los jueces deben sortear conjueces entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país, pues la mayoría debe conformarse como mínimo con tres firmas. A pesar de esta particularidad numérica, la Corte tiene su propia agenda para 2026 y ya la puso en marcha. Esta semana se desarrollará la primera reunión de ministros del año, con la llegada de Rosenkrantz, que estuvo de viaje en el exterior.

Aunque el tema que más preocupa en la Corte Suprema son las vacantes del Poder Judicial, que según sus proyecciones llegarán al 42% en 2026. Esta vez, los jueces de la Corte le creen a Gobierno cuando afirma que en marzo serán cubiertas.

La relación entre la Corte y el Gobierno hoy es buena y hay diálogo institucional. A los habituales contactos con el viceministro, Sebastián Amerio, se sumó el intercambio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El funcionario formalizó un incremento del 280% del presupuestodel Poder Judicial: $28.973.850.716 en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura.

El ida y vuelta por WhastApp preanuncia un año de buen diálogo entre ambos poderes, se ilusionan en el Consejo de la Magistratura y en la Corte ante la consulta de .

El Gobierno fracasó el año pasado con su intento de designar al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, con lo que ahora se muestra más cauteloso.

“No nos podemos equivocar más, cada decisión debe ser sobre seguro”, dijo un interlocutor del Gobierno en estos temas. Por eso es que hay ánimo de tratar el asunto, pero en marzo, y junto con el envío de los pliegos de los casi dos centenares de jueces al Senado.

Estas designaciones, que están pendientes desde hace dos años, le dan al Gobierno cartas para negociar con los gobernadores y senadores.

Asimismo, hoy el Gobierno tiene para negociar no solo los cargos de los dos jueces de la Corte, sino también los del Procurador General de la Nación y el del Defensor General de la Nación, además del Defensor del Pueblo. Es un paquete atractivo para negociar con la oposición.

El presidente Javier Milei rechaza negociar con el kirchnerismo, según fuentes oficiales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó públicamente que buscarán dialogar con los enviados de la expresidenta.

Sin embargo, en el pasado hubo diálogo y se interrumpió tras la condena de Cristina Kirchner y cuando se hicieron públicas esas charlas entre Juan Martín Mena, enviado de la expresidenta, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Hoy el ánimo es seguir buscando los votos en el Senado, pero apuntado a los senadores que dependen de gobernadores radicales o del peronismo.

Creen que con el paso del tiempo, la ascendencia de Cristina Kirchner sobre los senadores va a ceder al tiempo que crezca la incidencia del voto de este nuevo grupo de legisladores que se referencian en gobernadores más afines al Gobierno.

“Si hay un candidato del peronismo potable está despejado el camino para que haya una negociación”, dijo una fuente de los tribunales.

La idea sigue siendo completar la Corte y no pensar en este momento en una ampliación del tribunal.

En el Senado el escenario no es el del año pasado. Hoy Cristina Kirchner no tiene el poder entre los senadores para poder imponer a un candidato, o candidata como se barajó con los nombres de Anabel Fernández Sagasti o María de los Ángeles Sacnun.

Cualquier iniciativa necesitará del acuerdo del resto del PJ, pues ya no tiene poder de veto ni un bloque unificado. Debería negociar su candidato con Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Sergio Uñac, de San Juan; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Sáenz, de Salta. Este camino es una alternativa para reunir los votos cuando sea el momento de la decisión.

En la agenda de este año siguen siendo observados los casos de corrupción y el ritmo que lleva el caso de los Cuadernos de las Coimas, con Cristina Kirchner como principal acusada. Rosatti y Lorenzetti no ocultan esta preocupación.

Cuando en diciembre pasado trascendió la preocupación por el avance de los casos de corrupción, Rosenkrantz mencionó que el impulso de las causas de los cuadernos y los juicios pendientes contra la expresidenta no dependen de la Corte sino de los tribunales donde se encuentran esos casos. También admitió su preocupación por las vacantes existentes en el Poder Judicial.

Aún está resta definir en la Justicia el remate de los bienes de la expresidenta por la condena de la causa Vialidad y ponerle fecha a los dos juicios aún pendientes: el caso de la firma del Memorándum con Irán (más cerca de tener fecha de inicio) y la causa por lavado de dinero contra la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner por las sociedades Hotesur y Los Sauces.

En esta último caso, el juez Rodrigo Giménez Uriburu se excusó porque fue uno de los jueces que condenó a Cristina Kirchner en Vialidad, y los otros compañeros del trbiunal, José Michilini y Adriana Palliotti, lo aceptaron. Se deberá ahora sortear a un nuevo juez, por lo que se demora su inicio.

Pero en la agenda de 2026 de la Corte se estudia otro caso de signo político contrario que podría implicar reabrir un expediente de lavado, que impacta de lleno en Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño.

En tanto, en estos dos meses por delante se baraja la continuidad o no del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del viceministro, Sebastián Amerio, respaldado por Santiago Caputo.

Cuando Milei ganó las elecciones legislativas en octubre del año pasado, Cúneo Libarona estaba casi afuera del Gobierno. Lo llamó Karina Milei y le pidió que se quede en el cargo.

Cúneo Libarona se comprometió a quedarse hasta marzo o abril, fecha límite para poner en marcha el sistema acusatorio en Comodoro Py, su legado como funcionario. La continuidad de Cúneo Libarona obturó el casillero para evitar que sea cubierto por un candidato de Caputo. Ahora esa interna entre Caputo y Karina Milei sigue abierta y hay quienes dicen que la continuidad de Amerio está en discusión y que la hermana del presidente está “haciendo un casting” de candidatos para el área de Justicia.

No es solo el ministerio, que es a esta altura una dependencia vaciada de muchas de las funciones que tenía en el pasado, sino la incidencia en el Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de remover y de signar magistrados.

Hasta ahora el poder en el Consejo de la Magistratura está en manos de los jueces, con Horacio Rosatti como presidente de la Corte y del Consejo, y el Gobierno tiene un solo consejero propio, Amerio, representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo.

Pero este año todo puede cambiar y el Gobierno fortalecerse en el Consejo de la Magistratura. No solo con el representante del Ejecutivo, sino con consejeros abogados, que deben ser elegidos a fin de año.

Los concejeros que responden al Pro o al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura hoy no tienen el mismo peso político que cuando llegaron a ese cargo, porque la fuente de donde emana su poder, está mermada. Por eso es que el equilibrio en el cuerpo puede cambiar. Karina Milei talla en esa selección y busca colocar al representante del Poder Ejecutivo. Se menciona al abogado Eduardo Viola, apoderado de La Libertad Avanza.

El Gobierno hará cumplir el próximo miércoles el protocolo antipiquetes. Para eso, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición. Será en el marco de la movilización de la CGT en rechazo de la reforma laboral, cuyos detalles se discutirán ese mismo día en el recinto del Senado.

La protesta fue anunciada el viernes por el triunvirato cegetista, tras una reunión de su consejo directivo. “Dado que el próximo 11 de febrero se va a abrir la sesión de debate en la Cámara de Senadores, nos vamos a movilizar a la Plaza de los Dos Congresos”, afirmó Jorge Sola, cotitular de la entidad, durante una conferencia de prensa. La concentración será desde las 15 y, según anticipó, de forma “contundente y multitudinaria”.

Además, la central sindical replicará la protesta en las casas de gobierno provinciales para expresar su rechazo al proyecto en todo el país.

Por ahora, la CGT descartó convocar a un paro general. Según informó , guarda esa carta para una etapa posterior: cuando la reforma llegue a Diputados y se defina su sanción definitiva. No se descarta, sin embargo, que el conflicto termine trasladándose a los tribunales.

La movilización sindical se superpondrá con la marcha habitual de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, que todos los miércoles se concentran frente al Congreso para reclamar mejoras en haberes y prestaciones.

La convergencia de protestas anticipa una jornada de alta tensión. El accionar policial y el comportamiento de los manifestantes estarán bajo especial observación. La semana pasada, durante una de estas marchas, fue detenido el sacerdote Francisco “Paco” Olveira en las inmediaciones del Congreso. El hecho generó el repudio inmediato del peronismo, que reclamó su liberación, concretada una hora después.

En una protesta similar, en marzo pasado, el fotoreportero Pablo Grillo resultó herido por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.

El protocolo antipiquetes fue diseñado para garantizar la libre circulación en rutas y vías nacionales. Habilita la intervención directa de las fuerzas federales para despejar cortes de tránsito, al considerar estas acciones como delitos en flagrancia, sin necesidad de una orden judicial previa. Establece, además, el uso de la fuerza mínima y proporcional, la identificación de organizadores y participantes, y el registro de los vehículos involucrados. También prevé trasladar los costos del operativo a las agrupaciones responsables de las protestas.

Del despliegue participará la Policía de la Ciudad, que actuará como fuerza auxiliar en el tercer anillo de seguridad en torno al Congreso.

El desarrollo de la protesta será clave para medir el clima político dentro del recinto, donde los senadores debatirán la letra chica del proyecto de “modernización laboral” enviado por el Poder Ejecutivo.

La CGT califica la iniciativa del Gobierno como “regresiva”. Los gremios sostienen que el proyecto recorta derechos colectivos e individuales al flexibilizar las contrataciones y los despidos, limitar el derecho a huelga y debilitar el rol de las organizaciones sindicales.

Entre los puntos más cuestionados figuran la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de la ultraactividad de los convenios, las restricciones a la acción sindical en los lugares de trabajo, la posibilidad de extender las jornadas hasta 12 horas y la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), bajo administración de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como alternativa al régimen de indemnizaciones.