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Vialidad: Ricardo Lorenzetti propondrá definir «rápido» si la Corte acepta la apelación de Cristina Kirchner para no ir presa

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Frente a las presiones del kirchnerismo y para «evitar un desgaste de la imagen de la Justicia», el juez Ricardo lorenzetti propondrá a sus colegas de la Corte debatir “rápido” el recurso de queja de Cristina Kirchner en la causa Vialidad para tener un fallo consolidado “en abril, mayo o junio a más tardar”, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Lorenzetti procurará tratar el recurso de queja, siempre según las fuentes, en la reunión de acuerdo de este jueves y el resto de sus colegas deberán, entonces, votar si lo incluyen en la agenda de ese día o lo dejan para otro.

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De acuerdo a esas fuentes, Lorenzetti considera que este caso políticamente clave se puede votar “en el primer semestre” antes de entrar de lleno en la campaña electoral de los comicios legislativos del 26 de octubre.

Ya sea si se comienza el jueves o se deja para más adelante hay una serie de cuestiones procesales que definir antes.

De todos modos, ya abrió un debate interno que se definirá este jueves cuando Lorenzetti conozca la opinión de sus pares, mientras en el Senado se definirá si se rechazan o aceptan los pliegos de los candidatos del presidente Javier Milei a la Corte, el juez Ariel Lijo y el constitucionalista Manuel García-Mansilla. Y la orden de Cristina será clave para ver si los senadores K y sus aliados consiguen quórum.

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Esta jugada pone en duda la versión original según la cual la Corte iba a decidir después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Manuel García-Mansilla, Ricardo Lorenzetti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti durante la asamblea de apertura del 143 período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Los plazos son clave porque si se rechaza el recurso de queja, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá ejecutar de inmediato la condena que le aplicó a la ex presidenta a 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa millonaria. El plazo para presentar las candidaturas nacional vence el 17 de agosto. Y Lorenzetti quiere votar «a más tardar en abril o mayo», afirman las fuentes.

Así la ex vicepresidenta no podrá ser candidata a diputada y conseguir fueros parlamentarios que le den inmunidad de arresto para no cumplir prisión domiciliaria.

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En la Corte ya se presentaron -vía electrónica- recursos de queja de Cristina, del empresario K Lázaro Báez, del ex secretario de Obras Públicas, José López, del ex titular de Vialidad Nelson Periotti y de los ex directores de Vialidad de Santa Cruz, Mauricio Colladera y Raúl Pavessi.

La defensa del ex director de Vialidad Raúl Osvaldo Daruich presentó el recurso de queja a último momento. El plazo vencía hoy a las 9.30. Su retrasó prendió luces de alerta porque sino su condena quedaba automaticamente confirma y se debía ordenar su detención.

Por otra parte, la Corte debe analizar también el recurso de queja del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar. Pero en este caso sí debe consultar primero a Casal para preguntarle si lo apoya. Villar pide incluir el delito de asociación ilícita y llevar la condena a 12 años.

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De todos modos, en la mayoría de los casos, Casal respalda la opinión de los fiscales, contaron fuentes de la Procuración. Los dictámenes de Casal son obligatorios pero no vinculantes.

Y recién después del dictamen de Casal, “el expediente quedará consolidado para que los ministros voten el tema de fondo si aceptan o rechazan ellos recursos de queja».

Ricardo Lorenzetti ingresa a la Corte.
Foto Federico Lopez ClaroRicardo Lorenzetti ingresa a la Corte.
Foto Federico Lopez Claro

Estos recursos de queja deben ser analizados por la Corte en cuanto a su admisibilidad. Si los declara admisibles, debe pedir primero la opinión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal aunque según tres fuentes distintas serían rechazados.

En cambio, si los rechaza significa que no acepta el caso porque se trata solo de cuestiones de hecho y prueba y no temas constitucionales que son los que debe definir el máximo tribunal.

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En otros fuentes judiciales, se explicó que “tanto los recursos de queja de los condenados como el del fiscal se deben tratar en un solo expediente”.

“Será en conjunto como se hizo con el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, otros ex funcionarios y los Cirigliano en la causa de la Tragedia del Once”, contaron esas fuentes.

Otro tercer aspecto es la la recusación del juez Manuel García-Mansilla que el presidente Javier Milei nombró por decreto en comisión y cuyo pliego se tratará este jueves. Si García-Mansilla se excusa queda afuera del caso pero sino lo hace tienen que decidir si aceptan los argumentos de la expresidenta Rosatti, Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

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Las estadísticas van contra los deseos de Cristina. En los últimos 20 años, la Corte rechazó “el 99 por ciento” de los recurso de queja causas penales porque no se violaron cuestiones constitucionales durante la sustanciación de la causa y el fallo no fue arbitrario.

Las condenas de la causa Vialidad fueron confirmadas desde la instrucción hasta Casación por 19 jueces.

En lo que va del año, los cuatro jueces de la Corte votaron en la mayoría de las causas en la misma sintonía, como pasó la semana pasada en la causa donde anularon la polémica cautelar que permite el funcionamiento de los los barcos casino del empresario K Cristóbal López. Lo que alimenta la posibilidad de rechazo de los recursos.

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Cristina, a través de su abogado Carlos Beraldi quien dio una inédita conferencia de prensa en la sede del PJ nacional, fue con esta “bala de plata” a la Cámara de Casación porque hace dos semanas atrás le rechazó un recurso extraordinario para ir a la Corte.

Con ese tipo de apelaciones -las extraordinarias-, el máximo tribunal sí debería revisar el fallo y fundamentar su decisión.

Con el de queja no es necesario incluso puede aplicar el artículo 280 del Código Procesal Penal y hacerlo sin fundamentar, como ya hizo la Corte con Amado Boudou en la causa Ciccone donde el ex vicepresidente fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, con la dirigente piquetera K Milagro Sala y la semana pasada con el ex titular del AFSCA Martín Sabbatella, entre otros.

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El 1° de abril pasado, Casación confirmó también a López, Periotti y Báez la pena a 6 años de prisión como autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, al rechazar los recursos extraordinarios de los condendos.

Por el mismo delito, al expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP), Juan Carlos Villafañe, se le ratificó la condena de 5 años de prisión, mientras que al otro expresidente de la AGVP, Raúl Gilberto Pavesi, se le confirmó una condena a 4 años y 6 meses de prisión.

Con respecto al extitular de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, José Raúl Santibáñez, la pena confirmada es de 4 años de cárcel. Al exjefe y al exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Mauricio Collareda y Raúl Osvaldo Daruich, se les confirmó la condena a 4 años y 3 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

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Bullrich cruzó a los gobernadores que armaron un frente opositor: “Es kirchnerismo de baja intensidad”

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En su presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Patricia Bullrich cuestionó con dureza el frente electoral formado por varios gobernadores provinciales: “Es una especie de kirchnerismo suplente, de baja intensidad”, subrayó, cuestionando su coherencia política.

La ministra afirmó que este conglomerado carece de identidad: “Hay un peronista, otro kirchnerista, otro del PRO y otro radical, ¿por qué dicen que son del medio? Eso es no tener identidad”, y añadió que si votan sistemáticamente con el kirchnerismo, entonces “están ahí”.

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Un “grito federal” contra Javier Milei: los gobernadores que le disputan fondos y votos

Bullrich expresó que los gobernadores deberían acompañar las políticas de ajuste fiscal en vez de reclamar “superávit con más impuestos”. Aseguró: “La avenida del medio es un kirchnerismo de baja intensidad” y recalcó que el ajuste debe realizarse sobre el gasto estatal, no gravando a los contribuyentes.

El emplazamiento estuvo dirigido al llamado “Grito Federal”, integrado por mandatarios como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes buscan presentarse como una tercera opción electoral frente a Milei y al kirchnerismo.

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Presentan un recurso judicial preventivo contra las “deepfakes” en la campaña electoral

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El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó un una acción de amparo electoral preventiva colectiva ante la justicia, buscando que el Estado Nacional adopte antes de las próximas elecciones nacionales de octubre medidas efectivas para prevenir, alertar y hacer cesar las “deepfakes” o noticias falsas basadas en videos apócrifos donde se clona la voz y el rostro con Inteligencia Artificial (IA).

La demanda busca evitar que los electores sean inducidos a engaño a la hora de votar y apunta contra la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Subsecretaría de Asuntos Políticos. La causa recayó en el juzgado federal electoral de María Servini.

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El objeto de la acción es proteger el derecho a elegir libremente en un proceso electoral transparente.

El abogado dijo que las “deepfakes” son contenidos generados por IA (audio, imágenes, videos) diseñados para imitar de manera realista la apariencia y el comportamiento de una persona, a menudo con la intención de engañar a los espectadores.

La demanda subraya que la IA generativa produce datos sintéticos que pueden distorsionar la información existente o crear contenido que nunca existió, repercutiendo en la noción de realidad y ficción.

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Y citó como antecedentes lo ocurrido en la veda electoral del 18 de mayo de 2025, en la campaña para legisladores porteño, cuando se difundieron videos generados con IA simulando al expresidente Mauricio Macri y a la diputada Silvia Lospennato, quienes desmintieron rápidamente los contenidos en los que se recomendaba votar por el candidato de Javier Milei, Manuel Adorni.

El Tribunal Electoral de CABA ordenó la eliminación de los videos en la red social “X”. “Este episodio evidenció los desafíos para la integridad electoral», dijo el abogado, ya que se violó la veda y “pudo haber impactado en el resultado, dado que el candidato promovido en el video falso, Manuel Adorni, resultó ganador”.

En Córdoba, semanas atrás, un video con voz e imagen del gobernador Martín Llaryora, generado con IA, fue viralizado por un diputado nacional, pronunciando un discurso que no era real.

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“Estos incidentes no son aislados. El informe AI Index 2024 de la Universidad de Stanford advirtió que los deepfakes políticos ya están afectando los procesos electorales en todo el mundo”, dijo Gil Domínguez.

Y citó como ejemplo las elecciones en Estados Unidos de 2024 (Donald Trump y Kamala Harris), las elecciones de Brasil en 2022 (Lula da Silva y Jair Bolsonaro), y un deepfake del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidiendo la rendición de sus tropas en 2022.

La Cámara Nacional Electoral, en el caso “Villaver, María Victoria”, ya determinó que estas conductas pueden subsumirse en el artículo 140 del Código Penal (inducir al error al sufragante) y reafirmó que el objetivo es “mantener la pureza del sufragio como base de la forma representativa de gobierno”.

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Bullrich denunció al laboratorio del fentanilo mortal por presentar un certificado municipal falso para importar precursores químicos

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El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la empresa HLB Pharma Group S.A., acusada de haber presentado un certificado de habilitación municipal falso en 2024 durante un trámite ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), entre ellos fentanilo. Se trata de la firma y su elaborador exclusivo de medicamentos Laboratorios Ramallo investigados por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak por haber producido fentanilo de uso clínico contaminado al que se lo vincula con el fallecimiento de 68 pacientes internados en hospitales, sanatorios y clínicas de Buenos Aires, CABA y Santa Fe. Por ese hecho el magistrado ya trabó una inhibición de bienes generales y se les prohibió salir del país ante una posible fuga a 24 personas, entre ellas la cara visible de los establecimientos cuestionados Ariel García Furfaro.

Según consta en la denuncia oficial, que recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello, la HLB Pharma Group SA intentó inscribirse para operar con sustancias químicas controladas, pero adjuntó un documento presuntamente emitido por la Municipalidad de San Isidro. Tras consultar a las autoridades locales, estas negaron haber otorgado dicha constancia, lo que activó las alertas en la cartera a cargo de Bullrich. El laboratorio HLB Pharma Group está ubicado en Avenida Intendente Tomkinson 2054.

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Como consecuencia directa, la solicitud fue oficialmente rechazada. Ahora la Justicia investiga posibles responsabilidades penales tanto de la compañía como de sus representantes.

La justicia allanó en dos oportunidades HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

Infobae accedió de manera exclusiva al documento en el que se basa la denuncia penal del Ministerio de Seguridad Nacional ante los tribunales federales de Comodoro Py.

Está fechado en San Isidro el 27 de febrero de 2024 dirigida al Guido I Carcedo, el “Asesor Legal de la Dirección del Registro y Fiscalización de Precursores Químicos -Delegación Mendoza“.

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El documento, firmado por José M Gamarra, el Asesor Legal Municipalidad de San Isidro sostiene en el primer punto: “El Municipio no tiene registro de haber entregado la constancia que ha sido enviada vía correo electrónico por Ud. al Ing. Ricardo Antoniassi el día 1 de febrero del presente año (v.RE-2023-151875206-APN-DNPQ#MSG). Informamos además, que el procedimiento para extender este tipo de constancias se inicia por pedido formal por parte del interesado, debiendo, la interesada, informar ante qué dependencia va a ser entregada (ej. ANMAT, REMPRE, etc), o ‘ante quien corresponda’ de acuerdo a lo solicitado, pero explicando el trámite a realizar. De lo recabado en el expediente de habilitación no surge pedido de HLB PHARMA GROUP S.A. para extender constancia alguna en esa fecha (18 de diciembre de 2023).

Familiares de victimas mortales por el uso de fentanilo asisten a una manifestación este jueves, frente al Hospital Italiano de La Plata (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En el segundo punto la la alcaldía informó que el laboratorio “se encuentra autorizada para explotar los rubros ELABORACION DE PRODUCTOS MEDICINALES TIPO BIOLÓGICOS Y QUIMIOTERÁPICOS TANTO PARA EL USO HUMANO COMO VETERINARIO”, entre otros.

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Según el escrito de la denuncia, los hechos podrían configurar el delito previsto en los artículos 44 y 44 bis de la Ley N°23.737, que es la Ley de Estupefacientes de la República Argentina, sancionada en 1989, modificada por la Ley N°27.302 sancionada en 2016, introdujo modificaciones específicas principalmente en lo que respecta al control de precursores químicos.

Su objetivo fue reforzar la fiscalización y trazabilidad de sustancias químicas que pueden ser utilizadas para la elaboración de drogas ilícitas, y aumentar las sanciones en caso de incumplimientos o falsificación de documentación.

El citrato de fentanilo comprado por HLB Pharma

Entre las modificaciones clave que además se mencionan en la denuncia del Ministerio de Seguridad se destacan: -Artículo 44 – Obligación de inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). La modificación aclara que: “Toda persona física o jurídica que produzca, fabrique, elabore, distribuya, comercialice, importe, exporte, almacene o transportes precursores químicos debe obligatoriamente inscribirse en el RENPRE.

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También se extiende esta obligación a quienes adquieran, fabriquen o almacenen maquinaria para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos.

El Artículo 44 bis prevé que quien falsee datos o documentos presentados ante el RENPRE u omita su presentación será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial de dos a seis años.

Ariel garcía Furfaro dentro de su planra elaboradora de medicamentos

El objetivo general de la reforma fue reforzar el control estatal sobre sustancias químicas susceptibles de desvío hacia el narcotráfico, endurecer las penas ante irregularidades y mejorar la trazabilidad de operaciones con precursores químicos.

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El Registro Nacional de Precursores Químicos depende de la Dirección Nacional de Precursores Químicos, que forma parte de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional.

Este nuevo capítulo judicial se suma a una causa de alto impacto la del fentanilo de uso clínico mortal contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, detectadas en ampolletas del fármaco y las muestras de hemocultivos de los pacientes fallecidos.

El Ministerio de Seguridad, bajo la gestión de Patricia Bullrich, tiene entre sus funciones la prevención de amenazas vinculadas al narcotráfico y delitos organizados RS Fotos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través de la Disposición 3156/2025 del 11 de mayo de 2025 prohibió “el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional del producto Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml (presentación x 100 ampollas, según VMN); lote 31202, vencimiento 09/26; Certificado N°53.100” y clausuró los laboratorios implicados. Kreplak también allanó dos veces los laboratorios de Ariel García Furfaro para reunir pruebas y determinar si hubo negligencia o incumplimientos de las normas sanitarias y de calidad que derivaron en la venta del fentanilo en efectores sanitarios.

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El Ministerio de Seguridad, bajo la gestión de Patricia Bullrich, tiene entre sus funciones la prevención de amenazas vinculadas al narcotráfico y delitos organizados. El RENPRE, es la autoridad encargada de analizar y resolver trámites para operar con sustancias controladas y prevenir su desvío hacia canales ilícitos.

Ahora, será el juez Casanello quien deberá decidir si en esta nueva causa existen responsabilidades penales por parte de los responsables de la empresa.

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