POLITICA
Victoria Villarruel arma su estructura de poder entre militares retirados y busca ampliar sus vínculos políticos
Afuera del entorno presidencial, la vicepresidenta Victoria Villarruel avanza en la consolidación de un esquema de poder propio desde el Senado. En los últimos meses, firmó una serie de decretos que reconfiguraron el organigrama de la Cámara alta y reforzaron su núcleo de confianza, integrado en su mayoría por figuras con pasado militar o vínculos con el ámbito castrense. Ocupa espacios institucionales vacantes y desarrolla una agenda propia en la provincia de Buenos Aires.
En el centro del nuevo armado aparecen tres nombres. Mario Norberto Russo, consultor político con pasado en la campaña presidencial de Javier Milei, fue designado en mayo como director general del cuerpo de asesores, tras la salida de su exvocero, Gaspar Bosch. Su llegada tuvo como objetivo reorganizar la estrategia política de la vicepresidenta. La designación generó controversia: la diputada libertaria Lilia Lemoine recordó que había denunciado a Russo en 2022 por una presunta agresión física.
Otro de sus fieles es Claudio Gallardo, militar retirado del Ejército, con antecedentes en áreas de inteligencia y vínculos con el entorno de César Milani durante el kirchnerismo. Fue nombrado director general de Seguridad del Senado.
La tercera pata es la de Juan Manuel Gestoso Presas, exteniente coronel, que se desempeña como subdirector de Auditoría y Control de Gestión, bajo la órbita de María Eugenia Tasende. Durante la última dictadura militar, Gestoso Presas fue jefe de la Compañía de Inteligencia 5 y estuvo procesado por la destrucción de registros hospitalarios en Salta vinculados a causas por apropiación de menores. En 2014 fue sobreseído por la Justicia, que declaró prescripta la causa.
También integran el entorno de Villarruel otros referentes con pasado o vínculos familiares con el ámbito militar. Marcelo Cinto Courtaux, actual director general de Relaciones Parlamentarias del Senado, es hijo del exmilitar homónimo condenado por delitos de lesa humanidad. Courtaux fue asesor de Villarruel durante su paso por la Cámara de Diputados y hoy integra su equipo más cercano.
En mayo, Villarruel designó al empresario cordobés Emilio Viramonte Olmos como secretario administrativo del Senado, en reemplazo de María Laura Izzo. Su paso fue breve: renunció pocas semanas después. Según fuentes parlamentarias, se alejó por falta de margen de acción, al no poder designar a su equipo. El cargo continúa vacante. “La renuncia aún no fue aceptada por el cuerpo”, aclaran desde el entorno de la vicepresidenta. Mientras tanto, las funciones administrativas están bajo la órbita de Francisco Funes, director general de administración y defensor activo de Villarruel en redes sociales.
En paralelo, la vicepresidenta también se distanció de su equipo original. Juan Martín Donato, exdirector de la Oficina de Atención Ciudadana y referente del grupo juvenil que la acompañó en la campaña -apodado internamente “los villarruelines”-, fue apartado de su cargo.
El vínculo político entre Villarruel y Milei se terminó de quebrar tras la sesión del Senado en la que se aprobó el aumento jubilatorio, con respaldo de sectores opositores. La vicepresidenta fue acusada de “traidora” por figuras del oficialismo. Desde su cuenta personal de Instagram, respondió: “Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo.”
Fue la primera vez que Villarruel cuestionó públicamente al Gobierno desde que asumió. El distanciamiento con la cúpula del poder, sin embargo, se había profundizado en los primeros meses de gestión, tras quedar marginada de las principales decisiones del Ejecutivo.
A pesar de su aislamiento político, Villarruel mantiene una agenda activa por fuera del Congreso. Comparte actividades con gobernadores y desarrolla recorridas por la provincia de Buenos Aires junto a Claudia Rucci, titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado e hija del exlíder de la CGT José Ignacio Rucci. Juntas visitaron distritos como Chivilcoy y Saladillo, donde mantuvieron reuniones con actores locales.
También ocupa espacios institucionales que Milei deja vacantes. El 20 de junio viajó a Rosario para conmemorar el Día de la Bandera junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. “No hay otro lugar para estar”, dijo ante la prensa. El Presidente, en cambio, evitó el acto central y encabezó una ceremonia alternativa en el Campo Argentino de Polo, en Palermo.
Repitió el gesto el 9 de julio. Participó del acto por el Día de la Independencia en Tucumán, al que Milei no asistió por “cuestiones climáticas”, según informó la Casa Rosada. “¿Cómo estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano?”, planteó Villarruel.
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POLITICA
Baja de la edad de imputabilidad: Mariano Cúneo Libarona defendió la media sanción y prometió reinserción para menores
El debate por la seguridad y la responsabilidad penal de los menores volvió a ocupar el centro de la agenda política. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salió a defender la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y buscó despejar críticas sobre su alcance.
El funcionario remarcó que la reforma no apunta a endurecer penas indiscriminadamente, sino a modificar un sistema que —según sostuvo— hoy no logra contener ni reinsertar a los adolescentes en conflicto con la ley. “La idea no es castigar por castigar, sino dar una oportunidad real de recuperación”, planteó en declaraciones radiales.
En ese sentido, explicó que la discusión pública quedó reducida a la edad, cuando el proyecto contempla cambios estructurales más amplios. De acuerdo con el ministro, el régimen vigente termina dejando a muchos menores sin seguimiento estatal efectivo y en condiciones de alojamiento precarias, lo que favorece la reincidencia.
Diputados le dio media sanción a la baja en la edad de imputabilidad
La iniciativa establece que solo en casos de delitos graves los jóvenes podrán ser privados de la libertad. Para el resto de las situaciones, se prevén medidas alternativas supervisadas por equipos interdisciplinarios. El objetivo central, insistió, es la reinserción social.
El funcionario libertario aseguró que el Estado creará establecimientos específicos para adolescentes, distintos de las cárceles comunes. Allí, los jóvenes deberán asistir obligatoriamente a la escuela, aprender oficios y participar de actividades deportivas, además de contar con acompañamiento psicológico y control judicial permanente.
“Quien comete un delito tiene que entender que hay consecuencias, pero también necesita herramientas para no volver a hacerlo”, explicó el ministro. Según detalló, el programa incluirá participación activa de las familias y seguimiento posterior para evitar que los menores regresen a entornos delictivos.
El funcionario también adelantó que habrá presupuesto asignado para implementar el nuevo régimen. La administración nacional prevé financiar infraestructura, personal especializado y programas educativos, aspectos que el Gobierno considera clave para que la ley funcione en la práctica.
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad
El proyecto generó un fuerte cruce político en el Congreso. Sectores de la oposición cuestionaron la medida por considerar que criminaliza la pobreza y no ataca las causas profundas de la violencia juvenil, mientras que el oficialismo sostuvo que la normativa busca cerrar un vacío legal existente y brindar herramientas tanto a la Justicia como a las víctimas.
Ahora la iniciativa deberá ser tratada por el Senado, donde se anticipa un debate igualmente intenso. El resultado será determinante para definir si Argentina modifica uno de los puntos más sensibles de su legislación penal juvenil, un tema que reaparece de manera recurrente cada vez que un delito grave involucra a menores de edad.
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POLITICA
Régimen Penal Juvenil: Sergio Berni criticó la ley que sancionó Diputados y planteó que “el delito no tiene edad”
El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni cuestionó hoy la media sanción en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Para el exfuncionario, el proyecto “no resuelve nada y solo agrava la situación”, y consideró necesario cambiar el enfoque y no atarlo a una cuestión de edad, sino a pericias psiquiátricas.
“Esta ley es totalmente arbitraria. Nadie, absolutamente nadie, los 259 legisladores, pudo explicar por qué la edad es a los 14 años y no a los 13 o los 15. Es como una paritaria salarial: partimos la diferencia en el medio”, sostuvo Berni, entrevistado en Infobae al Amanecer por Luciana Rubinska, Nacho Girón y Belén Escobar.
En esta línea, el exministro bonaerense se desmarcó de los argumentos del oficialismo y planteó: “Refuto el eslogan del Gobierno que dice ‘a delitos de adulto, penas de adulto’. El delito no tiene edad. Toda persona que incurre en un delito debe ser sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si comprendía la criminalidad del hecho”, sotuvo.
Y amplió: “¿Por qué a los 14 años? ¿Alguien me lo puede explicar? La Argentina se está perdiendo la posibilidad de cambiar una ley totalmente arbitraria. Brasil, por ejemplo, tiene la edad de imputabilidad a los 12, Uruguay a los 13 y Chile a los 14. No hay un solo argumento neurofisiológico que justifique esa cifra: la maduración del sistema temporofrontal depende de muchos factores, no de un cumpleaños”, remarcó.
El exfuncionario explicó que la imputabilidad “es la capacidad que tiene una persona de presentarse en un proceso penal y tener un juicio justo. Para nuestra Constitución y para el Código Penal argentino, la condena tiene como objetivo la resociabilización”. En ese sentido, defendió la necesidad de evaluar caso por caso: “Así como en los adultos un juez pide un test psiquiátrico para ver si comprendió la criminalidad del hecho, con los menores debería ser exactamente igual”.
Sostuvo, además, que la decisión del Congreso “no tiene propósito alguno; es un anuncio rimbombante. Si usted pide bajar la edad de imputabilidad, es para comenzar el camino de resociabilización. Pero esta ley ni siquiera contempla los mecanismos, el presupuesto ni los lugares para hacerlo”.
El caso Kim y el riesgo de criminalizar sin resocializar
Durante el reportaje, Berni recordó el crimen de Kim Gómez en La Plata. “Esta semana comienza el juicio de los asesinos. Había dos menores, uno de ellos había sido detenido una semana antes por robo de automóvil y la Justicia lo devolvió a los padres. Terminó asesinando a la nena”.
Para el exministro, “esos chicos deberían haber tenido la oportunidad de afrontar un juicio y, si se los declaraba culpables, empezar un camino de resocialización. Pero hoy el sistema los deja afuera y mañana los vuelve a castigar sin lógica alguna”.
Alertó, además, sobre el posible efecto adverso del proyecto: “Las bandas de narcotraficantes se aprovechan de los chicos inimputables. Si bajás la edad, solo lográs que empiecen más rápido en el delito. Ahora los van a buscar cada vez más chicos, ‘soldaditos’ que venden droga y cuando la policía llega, se los entregan a los padres porque son inimputables”.
En este sentido, fue tajante sobre el sentido original de la baja de imputabilidad: “El objetivo es que el Estado se haga cargo de la resociabilización de esos chicos. Cuando uno escucha a los padres, piden a gritos: ‘Por favor, que los jueces actúen, se hagan cargo, los encierren’. Porque saben que van a terminar matando o muertos en un tiroteo”.
Sin embargo, criticó la letra del proyecto: “En el artículo diecisiete, la ley dice que se van a poner módulos en cárceles de mayores. Esto no resuelve absolutamente nada, viene a profundizar el problema”.
“El Estado debe actuar rápido, como cuando uno pone un tutor a un pino que crece torcido. Pero no conozco a nadie que enderece un pino de cien años. Si no damos herramientas para la resociabilización, vamos a seguir perdiendo generaciones”, advirtió.
Finalmente, alertó sobre la inseguridad jurídica: “Esta ley, por ser como se está tratando, viene a poner en conflicto muchas legislaciones provinciales y puede ser declarada inconstitucional porque agrede a la Constitución y al Código Penal”.
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POLITICA
El Gobierno denunciará por terrorismo a los manifestantes que causaron destrozos afuera del Congreso
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este viernes que el Gobierno denunciará por hechos de terrorismo a los manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso el miércoles, cuando se trataba en el Senado el proyecto de reforma laboral.
“Vamos a denunciar porque esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba, es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, indicó la funcionaria.
Y agregó, en diálogo con radio Mitre: “Acá hay autores intelectuales y económicos. Lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento, desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo”.
Mientras el Senado debatía la reforma, se registraron fuertes incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la movilización convocada por gremios y distintos sectores sociales. Imágenes captadas por canales de televisión mostraron uno de los episodios más graves de la jornada: la preparación y el lanzamiento de bombas molotov por parte de un grupo reducido de manifestantes. En tanto también hubo gente que arrojó palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona.
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