POLITICA
Victoria Villarruel dispuso que los senadores puedan rechazar los aumentos de sueldo que provienen de la partitaria legislativa
La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó un decreto que habilita a los senadores que lo manifiesten por escrito a rechazar los aumentos de dietas que vienen recibiendo los miembros de la Cámara alta cada vez que los empleados legislativos cierran una paritaria y consiguen incrementos en sus sueldos. A partir de esta negociación de la Asociación del Personal Legislativo (APL), los senadores incrementaron la semana pasada su sueldo a $9.500.000.
La medida está incluida en el decreto de presidencia 344/25 en el que Villarruel otorga, en cumplimiento de los acordado por los presidentes de ambas cámaras con los gremios, un aumento del 1,3% en los salarios de abril y un bono de $ 100.000 para los trabajadores de la Cámara alta.
En su tercer artículo la norma invita a los senadores “a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente, sus respectivas dietas, informándolo por nota a Presidencia, en mérito a las facultades que le son propias”.
De esta manera, la vicepresidenta busca saldar la puja que se genera cada vez que los trabajadores legislativos reciben un aumento salarial entre aquellos senadores que consideran lógico el incremento de sus dietas y los que, para evitar la condena social y mediática, se quejan en público por el aumento y amenazan con renunciar a percibir la mejora, algo que hasta ahora no podían hacer.
El conflicto nació en abril del año pasado, cuando un grupo de senadores impulsó una reforma que ató los ingresos de los legisladores a los de los empleados del Congreso, al fijar en módulos, y ya no en una cifra expresada en pesos. el monto que perciben en concepto de dieta, gastos de representación y desarraigo.
En aquel momento, fijaron sus ingresos en 4000 módulos, cantidad que tras la última paritaria salarial del Poder Legislativo elevó a 9,5 millones de pesos el bruto que perciben los legisladores, una mejora de $ 300.000 con relación a lo que venían percibiendo hasta el mes pasado.
Así como Villarruel no puede disponer la suspensión de los aumentos, ya que la reforma había sido votada en el recinto por los senadores; por el concepto de enganche con los salarios legislativos la vicepresidenta tampoco podía aceptar los pedidos de los legisladores que quisieran rechazar esos aumentos.
A partir de esta medida, los senadores quedan librados a su libre albedrío para disponer si aceptan el aumento de sus ingresos cada vez que las autoridades de ambas cámaras legislativas cierren una paritaria con los tres gremios (APL, UPCN y ATE) que tienen representación en el Congreso.
Hasta el momento no hay información oficial, pero serían al menos tres los senadores que ya se habrían acogido a la oferta de la presidencia del Senado. Ellos serían Luis Juez (Pro-Córdoba) y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
El aumento votado en abril pasado les valió a los senadores una dura reprimenda del presidente Javier Milei, que los acusó de ser parte de “la casta” y los criticó por incrementarse sus ingresos en medio del ajuste fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo. Eran los tiempos del “no hay plata”.
A la siguiente paritaria, apenas un mes después, y al quedar otra vez en el foco de la tormenta por percibir un nuevo aumento, los senadores votaron congelarse sus dietas hasta diciembre.
La medida fue prorrogada en diciembre hasta marzo de este año, pero no por los legisladores sino por Villarruel, ante el cierre del período de sesiones ordinarias y la imposibilidad de que la medida pudiera ser tomada en el recinto por los senadores.
En marzo y con el congelamiento ya vencido, pero con tiempo antes de liquidar las dietas de ese mes, la vicepresidenta planteó la posibilidad de mantener congeladas las dietas, pero su propuesta fue rechazada en una reunión de jefes de bloques, Por esa razón, a partir de abril sus dietas se incrementaron de los 7 a los 9 millones de pesos brutos.
Dos meses después y tras una nueva paritaria salarial de los legislativos, que otorgó un aumento de 3,9% acumulado para los meses de marzo, abril y mayo, las dietas volvieron a mejorar hasta alcanzar los 9,5 millones de pesos brutos.
Este viernes, mientras se discutía en la Comisión de Trabajo y Presupuesto del Senado la reforma laboral modificada tras el debate en Diputados, Patricia Bullrich mantuvo un fuerte cruce con la senadora peronista Florencia López. “No van a alcanzar los helicópteros», dijo la opositora al trazar una comparación con la crisis de 2001 y la renuncia de Fernando de la Rúa. La jefa de la bancada liberataria la llamó “golpista”
López realizó un discurso con fuertes críticas a la política económica del gobierno de Javier Milei a raíz del cierre de la fábrica de neumáticos Fate y a la reforma laboral. “Hay una recesión brutal. Pasa que la gente no tiene plata para comprar, para consumir. Acaba de cerrar Fate, 1000 trabajadores en la calle. No venden. Han hecho una apertura indiscriminada de las importaciones sin antes hacer el paso previo. Estamos de acuerdo en las aperturas. Pero primero fortalezcamos lo nuestro, si no, lo van a aniquilar, lo van a destrozar”, consideró la senadora del bloque justicialista.
Y continuó: “Me duele que hoy tengamos que tratar esta reforma de una manera tan irregular en el marco del cierre de 21.000 pymes y en el marco del despido de más de 270.000 trabajadores”. Fue tras ello que advirtió: “Pero ¿sabe qué? El pueblo se va a despertar. Y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes».
Esto generó la rápida reacción de Bullrich, que presidía el debate. “Epa. Pare ahí, golpista”, lanzó.
López levantó la voz y replicó: “No estoy inventando nada nuevo, es la historia real de la Argentina. ¿Le duele, señora presidenta, que ha sido parte de estos gobiernos que se han escapado en helicópteros dejando a la Argentina en ruina?”. Bullrich replicó: “No, me duele que sean golpistas”.
Tras el dictamen al proyecto, la presidenta del bloque oficialista habló con la prensa. Se refirió a aquellos que dicen que el Gobierno “se irá en helicóptero” o que los libertarios presuntamente “compran” a los legisladores para que voten los proyectos oficialistas.
“Lo vienen intentando desde los 2000. Cada vez que hay una ley que ellos [la oposición] no pueden ganar por votos, intentan decir que esa ley tuvo coimas y/o que nos vamos a ir en helicóptero. Esta ley no tiene coimas. Dicen que nos vamos en helicóptero pero saben que este gobierno ha ganado las elecciones y ha logrado la estabilidad que hoy los argentinos defienden con tanta fuerza”, marcó la exministra de Seguridad.
El proyecto de reforma laboral obtuvo dictamen en Comisión este mediodía en un trámite veloz, tras algo más de media hora de debate. Ahora, quedó en condiciones de ser discutido y sancionado la semana próxima, con el tiempo justo para que Milei pueda exhibir la ley como un triunfo político en el discurso sobre el estado de la Nación del próximo 1 de marzo.
La Comisión de Trabajo aceptó la eliminación del polémico artículo 44 sobre licencias médicas, único cambio realizado por la Cámara de Diputados esta madrugada al proyecto que había aprobado la semana pasada el Senado. Si bien no está convocada de manera oficial, la intención del oficialismo es convocar a sesión el próximo viernes 27 de febrero.
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El oficialismo logró dictamen de la reforma laboral en el Senado y buscará aprobarla el próximo viernes
La Libertad Avanza logró avanzar hacia la aprobación de la Reforma Laboral con el respaldo necesario en el Senado, luego de aceptar la eliminación del artículo 44, relativo a las licencias por enfermedad, durante el tratamiento en Diputados. Este movimiento deja al oficialismo a un paso de sancionar la ley la próxima semana, mientras se intensifican los cuestionamientos de la oposición respecto al alcance de los cambios y su impacto sobre los derechos laborales y las finanzas públicas de provincias y municipios.
Pasados solo siete minutos de las 10 de la mañana, el proyecto—ya corregido tras su debate en la Cámara Baja—se discutió en plenario en el Salón Azul del Senado de la Nación. Comisión de Trabajo y Previsión Social, junto a Presupuesto y Hacienda, lideraron el encuentro con dos escenarios posibles: aceptar el texto modificado por Diputados o insistir en la versión original de la norma. Tras un acuerdo previo, Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, sostuvo que prosperaría la opción de aprobar finalmente el articulado reformado, y se declaró confiada en la sanción definitiva en la sesión prevista para el próximo viernes.
Desde la oposición, las discusiones adquirieron un tono marcado por la denuncia de irregularidades en el proceso legislativo. Jorge Capitanich, senador del peronismo, señaló que su bloque consideraba «una violación flagrante» de artículos reglamentarios y del 14 bis de la Constitución, al hacer referencia a la conformación de las comisiones y al llamado al plenario. Subrayó: «Mantenemos nuestras objeciones por los niveles de afectación de los derechos de los trabajadores y del impacto desde el punto fiscal a los municipios y las provincias, y que no tiene impacto en la generación de empleo“.
Mariano Recalde, también desde el peronismo, criticó el enfoque integral de la reforma, que “modifica 18 leyes y deroga 11 más”. Según recalcó, la ley fue tratada como un conjunto, sin detenerse en debates específicos de cada legislación afectada. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores”, afirmó en el plenario. En la misma línea, distintos legisladores de la oposición advirtieron que estos cambios se negociaron “a libro cerrado” y cuestionaron la baja de impuestos que el oficialismo promueve, señalando que “solo se los bajan a los ricos”.
Cambios en la composición de las comisiones y debate interno El inicio del plenario estuvo marcado por modificaciones en la integración de legisladores: desde el PRO, la senadora Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara; en la UCR, Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez y Vilma Bedia reemplazó a Bruno Olivera Lucero. Con estos cambios, la bancada oficialista se mostró segura de contar con “las firmas necesarias” para dictaminar el proyecto y garantizar tratamiento en el recinto.
El oficialismo, representado por el senador formoseño Francisco Paoltroni, argumentó que la velocidad en el proceso respondía a la “eficiencia” necesaria para sustituir estructuras laborales “vetustas” y promover el crecimiento económico. “Tenemos apuro por volver a hacer próspera y grande la Argentina”, afirmó Agustín Moteverde, otro senador aliado.
En cambio, desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino denunció el “apuro” como estrategia que allanaría el terreno para la judicialización futura del proceso. También puso en tela de juicio la eliminación del artículo 44, catalogando el debate como “lleno de irregularidades”.
Tensión y judicialización
Durante las intervenciones, se hicieron explícitas amenazas de acudir a la Justicia por el supuesto “incumplimiento del reglamento”, especialmente tras las observaciones de la senadora Juliana Di Tullio. Advirtió que la citación a la comisión no siguió los plazos adecuados y que el proceso tenía vicios de “inconstitucionalidad”. Concluyó: “Cuando volvamos vamos a tener que derogar esto que ustedes van a votar”.
Carlos Linares, senador de Chubut, cuestionó las “promesas incumplidas” respecto a trabajadores petroleros y señaló: “Espero que el viernes que viene cuando se trate este tema el pueblo argentino esté en la calle nuevamente”.
El ambiente también se tensó en el plano discursivo: Florencia López, del PJ, expresó que “el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se escapen de nuevo”, lo que fue respondido rápidamente por Bullrich: “Epa, golpista, pare ahí”.
Al cerrar el debate, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del proceso, rechazó las acusaciones de corrupción y reclamó consistencia como fórmula para la construcción democrática. Sostuvo que la ley proponía avanzar hacia relaciones laborales más libres: “Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre”.
La sesión que definirá el destino de la nueva Reforma Laboral quedó, así, fijada para el viernes de la próxima semana en el recinto del Senado.
La Cámara de Diputados votó positivamente este jueves el proyecto de reforma laboral. El plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado ya emitió un dictamen favorable y se busca tratar el texto el próximo viernes para asegurar su sanción definitiva. El presidente Javier Milei siguió las alternativas de la sesión desde Estados Unidos.
La nueva normativa establece transformaciones profundas en el esquema de despidos y la organización gremial. El texto busca desalentar los litigios judiciales mediante la imposición de límites económicos a las costas procesales. Los aspectos centrales de la propuesta legislativa son los siguientes:
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El salario de los trabajadores se puede pagar en dinero, moneda extranjera, especie o alimentos. La ley introduce el concepto de salario dinámico para pagos por mérito personal o productividad según el acuerdo entre las partes. La base remuneratoria para el cálculo de los despidos tiene un tope de tres veces el salario promedio mensual del convenio aplicable.
Los empleadores conforman el FAL bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Las grandes empresas aportan el 1% de sus contribuciones patronales a este fondo. Las pymes destinan el 2,5% de sus recursos. Este mecanismo busca abaratar los costos de desvinculación. En los casos de sentencias judiciales, las grandes firmas pagan la deuda en seis cuotas mensuales, mientras que el plazo para las pequeñas empresas llega a los 12 meses.
La reforma permite la ampliación de la jornada de trabajo de ocho a 12 horas. El empleador y el empleado acuerdan de manera voluntaria un régimen de compensación con un banco de horas. Las vacaciones ocurren entre el 1° de octubre y el 30 de abril. Las partes acuerdan el fraccionamiento del descanso en tramos no menores a siete días.
El texto crea la figura del repartidor independiente para el sector de aplicaciones móviles. La normativa aclara que “este vínculo no constituye una relación laboral”. Esta definición otorga libertad para las formas de contrato en las plataformas digitales. La antigüedad de los trabajadores se cuenta desde el inicio de la relación. El reingreso bajo el mismo empleador tras una desvinculación mayor a tres años anula el cómputo del tiempo de servicio anterior.
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La operatividad de los servicios esenciales asegura una cobertura del 75% durante las protestas. El proyecto califica como esencial a la educación en sus tres niveles. Las fuerzas de seguridad deben prestar servicio al 100% y los servicios trascendentales el 50% de su funcionamiento normal.
El Gobierno mantiene la cuota sindical obligatoria con un tope del 2% del salario mensual. Este cobro dura dos años para trabajadores afiliados y no afiliados. Los empleadores actúan como agentes de retención de estos fondos. La reforma prioriza los acuerdos por empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales de alcance nacional.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Laura Serra.
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