La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata resolvió este jueves elevar a juicio a un dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y a otras 26 personas acusadas de robo agravado, daño y amenazas coactivas durante un bloqueo realizado en marzo de 2021 contra la empresa Lácteos Mayol, en Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas.

La resolución se adoptó tras analizar dos recursos de apelación: uno presentado por la gerenta de la empresa, Paulina Mayol, contra el sobreseimiento de casi todos los imputados dictado previamente por el Juzgado de Garantías N° 8, y otro de los defensores de los acusados, que solicitaban la nulidad y el cierre definitivo de la causa. Por mayoría, los jueces Alejandro Gustavo Villordo, Fernando Jorge Mateos y Juan Alberto Benavides optaron por revocar el sobreseimiento parcial y permitir que el caso avance a la etapa oral respecto de todos los involucrados en la protesta sindical.

Entre los acusados está Guillermo Arregui, titular de la Seccional Cañuelas de ATILRA y figura importante en la estructura del líder nacional del gremio, Héctor Ponce, que, al igual que el Sindicato de Camioneros, adoptó los bloqueos como una forma habitual de intimidar a las empresas ante cualquier reclamo.

Los acusados que irán a juicio por los hechos encuadrados como robo agravado, daño y amenazas coactivas son Guillermo Facundo Arregui, Juan Carlos Esnaola, Carlos Miguel Barbero, Eduardo Fabián Mujica, Dante Heradio Lugo, Damián Ezequiel Muñoz, Darío Ricardo Montivero, Eduardo Ismael Rodríguez, Juan Pablo Miño, Néstor Fabián Bordón, Ramón Darío Miño, Cristian Edgardo Flores, Walter Raúl Ojeda, Héctor Ramón Díaz Inchauste, Maximiliano Eduardo Nicolás Casco, Jacinto Fabián Taborda, Alejandro Maximiliano Juárez, José Luis Méndez, Pablo Daniel Duville, Daniel Antonio Delari, César Sebastián Núñez, Hernán Alberto Galeto, Hernán Olive, Marcelo Adrián Madona, Maximiliano Luis Daniel Navarro, Julio Cesar Sigales y Sergio Patricio Costa.

La causa continuará en la instancia oral, donde deberán determinarse la responsabilidad penal de cada uno de los acusados y la posible existencia de un acuerdo o plan común entre los participantes de la protesta.

De acuerdo con los antecedentes, la investigación penal preparatoria se inició a partir de la denuncia del presidente de Mayol, Dardo Juan Mayol, quien señaló que entre el 1° y el 6 de marzo de 2021 un grupo de al menos 28 personas identificadas como integrantes de ATILRA y otras no individualizadas se instalaron en el ingreso de la planta, impidiendo el acceso a propietarios y empleados.

Según denunció el empresario, hubo agresiones verbales, amenazas y la utilización por la fuerza de las instalaciones de la fábrica durante la protesta. También se reportaron daños materiales, como el corte de candados, cables eléctricos y cámaras de seguridad, la sustracción de mercadería (al menos 40 potes de dulce de leche y quesos) y la apropiación de llaves de vehículos.

El expediente judicial incluye declaraciones de empleados, dueños y vecinos que describieron un control sostenido de la planta por parte de los manifestantes durante varios días, así como situaciones de amedrentamiento y hechos vandálicos. Entre los elementos considerados por la Cámara figura la inutilización deliberada de las cámaras de seguridad y la permanencia continua de los acusados en la planta, lo que refuerza, según la resolución, la tesis de una coautoría funcional que impidió individualizar acciones específicas pero que, en conjunto, habría facilitado el resultado delictivo.

En cuanto a la calificación legal, el tribunal tomó como base el requerimiento fiscal, que atribuyó las conductas investigadas a robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda, daño y amenazas coactivas (artículos 54, 167 inciso 2, 183 y 149 bis segundo párrafo del Código Penal). La decisión se fundamentó en la existencia de prueba suficiente para sostener en esta etapa la probabilidad positiva de los hechos y la conveniencia de que sea el juicio oral el marco para determinar la existencia de un plan común y las responsabilidades concretas en el bloqueo.

La defensa había solicitado el cierre de la causa por falta de especificidad de la imputación y planteó nulidades por entender vulneradas garantías constitucionales de sus asistidos, al considerar genérica la acusación y centrada en una supuesta criminalización de una protesta gremial. Estas objeciones fueron rechazadas por la mayoría de los jueces, para quienes la descripción de los hechos y la modalidad colectiva permiten avanzar a juicio sin perjuicio del derecho de defensa, ya que será en el debate oral donde deberá analizarse la responsabilidad individual.

Por otra parte, Paulina Mayol cuestionó que el sobreseimiento parcial resultaba contradictorio, dada la documentación, testimonios y actas que, según su argumento, acreditaban el dominio de la planta y la comisión de los hechos denunciados.

El tribunal, por mayoría, resolvió que existen elementos objetivos que ameritan el avance a la etapa de juicio respecto de todos los implicados, dado el carácter colectivo de la ocupación de la fábrica, la extensión temporal (6 días), la sustracción de productos de la empresa, los daños relevados y la inutilización de las cámaras, elementos que, en esta instancia, impiden descartar la inexistencia de una acción común.

¿Cómo fue el bloqueo sindical contra Lácteos Mayol? La entrada y salida de la planta de esta empresa familiar, instalada desde 1936 en Gobernador Udaondo, fue bloqueada en marzo de 2021 por integrantes de ATILRA de General Rodríguez que reclamaban que 13 trabajadores de la fábrica debían ser recategorizados e incorporados como afiliados al sindicato.

Ante el reclamo, en Lácteos Mayol señalaron que el convenio está diseñado para las grandes usinas lácteas, pero es inaplicable en una pyme familiar. Aún así, el conflicto fue escalando con agresiones personales, daños al establecimiento y robos, lo cual generó indignación entre los pobladores de Gobernador Udaondo, que salieron a la ruta para protestar porque corría riesgos una empresa clave en la zona, cuya principal actividad es la elaboración de quesos y dulce de leche.

Los daños causados a la pyme por el bloqueo fueron importantes: al cabo de seis días de paralización de la actividad, se perdieron 45.000 litros de leche y desde entonces se redujeron los puestos de trabajo y la producción de entre 15 mil y 20 mil litros de leche bajó a entre 4 mil y 5 mil litros.

Paulina Mayol, gerenta de la empresa que su bisabuelo fundó en 1936, señaló a Infobae: “Se podrá imaginar todo lo que esto ha acarreado a nivel empresa y también a nivel de conflictos familiares, donde la mayoría bregaba por cerrar la empresa y yo decidí continuar con el apoyo de una prima y de mis hermanos. Realmente este gremio destruye todo lo que se pone en su camino”.

El bloqueo sindical a esta pyme tuvo mucha repercusión mediática porque Dardo Mayol, uno de sus dueños, por entonces de 73 años, filmó en esos días un video que circuló rápidamente en las redes y en el que pidió, entre lágrimas: “Espero que alguien en este bendito país saque esta lacra de mi fábrica, la fábrica de mi abuelo. Sáquenme esta lacra, ayúdenme”.

Marc Zell, vicepresidente de Republicans Overseas y figura cercana al trumpismo, sugirió que la administración de Donald Trump debería considerar un giro histórico y respaldar el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas.

El planteo surge ante la supuesta negativa del Reino Unido de acompañar a Estados Unidos en la misión para salvaguardar el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz. “En vista de la cobarde negativa del Reino Unido a apoyar a EEUU, sería apropiado que la administración Trump considere revertir su política sobre las Malvinas y apoye la reclamación argentina”, disparó el dirigente en la red social X.

“Malvinas”:
Por comentarios sobre el tweet que publicó @GOPIsrael pic.twitter.com/rqOpLzCWUE

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 18, 2026

La propuesta de Zell se basa en una lógica de reciprocidad frente al alineamiento del gobierno de Javier Milei con Washington. El abogado radicado en Jerusalén contrastó la actitud británica con una presunta disposición argentina: “Argentina está enviando unidades navales para ayudar a Estados Unidos a salvaguardar el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. El Reino Unido se ha negado”.

Según su visión, si los aliados tradicionales de la Guerra Fría no rinden los mismos frutos, Estados Unidos debería romper su neutralidad histórica y compensar a Buenos Aires revirtiendo el apoyo que Ronald Reagan le dio a Londres en 1982.

🇦🇷🇬🇧🇺🇸‼️ | La relación entre Estados Unidos y Reino Unido atraviesa su peor momento tras no brindar ayuda en Medio Oriente, algo que indignó a Trump. En ese contexto, Marc Zell, dirigente republicano en Israel, señaló: “Argentina está enviando unidades navales para ayudar a… pic.twitter.com/LNWUHiqUcw

— UHN Plus (@UHN_Plus) March 18, 2026

Pese al fuerte impacto político de estas declaraciones, la afirmación sobre el despliegue militar es falsa. Hasta el momento, no existen confirmaciones oficiales por parte del Gobierno argentino sobre el envío de la Armada Argentina a una zona de guerra, ni cables de agencias que sustenten dicho movimiento.

Además, aunque Zell es un hombre de consulta clave entre Washington y Tel Aviv, no ocupa actualmente un cargo formal en el gabinete estadounidense, lo que sitúa su mensaje más como una estrategia de presión diplomática que como una decisión gubernamental tomada.

El planteo de Zell introduce un elemento sensible en la relación transatlántica en un momento de tensión por la ofensiva militar contra Irán. Al proponer un esquema de “buques por Malvinas”, el dirigente republicano busca exponer lo que califica como “cobardía” británica frente a la predisposición del nuevo alineamiento argentino.

Por ahora, la declaración funciona como un testeo del terreno geopolítico, demostrando que los conflictos actuales en el Golfo Pérsico podrían reconfigurar viejas posiciones internacionales y poner nuevamente en la agenda global la disputa por la soberanía de las islas.

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En una entrevista con el staff de Infobae al Regreso, el legislador Nicolás Pakgojz explicó la propuesta de La Libertad Avanza para eliminar el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y volcar el presupuesto a créditos hipotecarios, en respuesta al reciente anuncio del jefe de gobierno sobre nuevos préstamos para la clase media.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Pakgojz reaccionó al anuncio de Jorge Macri, quien había afirmado: “Lanzamos nuevos créditos hipotecarios para que los porteños puedan acceder a su primera casa con recursos que antes se destinaban a regalar viviendas y locales en las villas”. Esa declaración fue el eje del contrapunto político y técnico en la entrevista.

La Libertad Avanza impulsa la eliminación del IVC

Pakgojz remarcó la necesidad de un cambio de fondo en la política habitacional de la Ciudad: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad, que es el que yo propuse eliminar el lunes, destina menos del 4% de su presupuesto para créditos hipotecarios y más del 30% para cargos políticos. Es una montaña de cargos políticos”. Según su análisis, el IVC funciona como un organismo sobredimensionado que prioriza la burocracia sobre las verdaderas soluciones para quienes buscan acceder a la casa propia.

El legislador detalló que presentó dos proyectos de ley: “Uno era eliminar el IVC y utilizar ese presupuesto para bajar la tasa. El otro era modificar la carta orgánica del Banco Ciudad para que deje de financiar obras de carácter social”. Aseguró que la propuesta de Jorge Macri se financia con recursos del IVC y utilidades del Banco Ciudad, lo que para su espacio representa una “inspiración” en las ideas de La Libertad Avanza, pero con un alcance insuficiente.

Pakgojz insistió: “Nosotros celebramos que el jefe de Gobierno se inspire en nuestras ideas, celebramos que tome nuestras iniciativas. Pero con proyectos a medias tintas no alcanza. Hay que eliminar el Instituto de la Vivienda e ir a fondo con las reformas que necesitan los porteños”.

Prioridad en la clase media y visión sobre barrios populares

El dirigente subrayó que la agenda de La Libertad Avanza busca “lograr más libertades, bajar la burocracia y los impuestos en la ciudad de Buenos Aires”. Argumentó que la clase media ha sido históricamente relegada y que los créditos hipotecarios deben ser una herramienta concreta para cambiar esa realidad. “En la ciudad, el esfuerzo vuelve a valer la pena”, afirmó respecto al objetivo de la política habitacional.

Consultado sobre el impacto de la eliminación del IVC en los sectores más vulnerables, Pakgojz señaló: “No creemos que haya que barrer a la gente que vive en las villas. Creemos que hay que ser empáticos, entender la situación y acompañar. El ajuste no lo tienen que tener los porteños, sino la política”. Rechazó cualquier intento de desarraigo y defendió un enfoque centrado en la reorientación de recursos para que lleguen a quienes realmente los necesitan.

Frente a la pregunta sobre la regularización dominial y la integración de barrios populares, Pakgojz mencionó: “Ayer el jefe de Gabinete anunció que se van a enviar al Congreso Nacional una serie de leyes con respecto a la propiedad privada y parte tiene que ver con la regularización dominial. No quiero anticipar, pero el Gobierno nacional va a hacer punta de lanza en ese sentido y seguramente nosotros vamos a sumar”.

Críticas al sistema actual y agenda futura

Al analizar el funcionamiento del Banco Ciudad, Pakgojz aportó cifras concretas: “La Ciudad de Buenos Aires es el segundo distrito donde más créditos hipotecarios se solicitaron el año pasado. Sin embargo, el Banco Ciudad, que es de los porteños, solo otorgó menos del 10 % de los créditos hipotecarios que se dieron en la Ciudad”.

En cuanto a la agenda política, Pakgojz aclaró: “Nosotros no tenemos un acuerdo con el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos nuestra agenda, somos oposición y trabajamos todos los días para llevar las ideas del presidente a la Ciudad”. Si bien reconoció acuerdos electorales previos, subrayó la independencia de La Libertad Avanza en la Legislatura y su vocación de crecer como fuerza política con aspiraciones de gobernar la ciudad.

Sobre posibles candidaturas para 2027, evitó definiciones: “Hablar de candidatos todavía es muy temprano. Tenemos vocación de que la Ciudad sea violeta. El año pasado fuimos a elecciones y las ganamos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando para fortalecer el partido este año”.

Pakgojz también abordó la coyuntura nacional: “El gobierno está sufriendo una operación muy grande de la oposición que no quiere que las reformas que impulsa el presidente sigan avanzando”. Insistió en que la transformación debe continuar y que el debate público no debe desviarse por polémicas mediáticas.

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