El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, le contestó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, quien le reclamó a la administración de Axel Kicillof más de $27.000 millones por asistir a bonaerenses en situación de calle en territorio porteño.

“¡Qué tipo con ‘coraje’ sos, Jorge Macri! Te cuento que en la Provincia duplicamos los Centros de Integración Social que operan en el área metropolitana y el interior bonaerense en articulación con municipios y organizaciones de la comunidad», escribió el funcionario en su cuenta de X.

Y completó: “A pesar de los recursos que nos robó [el presidente Javier] Milei y la pavorosa caída de la recaudación que sufrimos por este modelo de ajuste y recesión, hacemos enormes esfuerzos para proteger a los bonaerenses. Aunque quieras distraer, tu problema, como el de todos los argentinos, es Milei y la solución a esta tragedia es Kicillof”.

El mensaje del ministro llega luego de que el jefe porteño le reclamara a la gestión provincial la transferencia de $27.000 millones en compensación por la asistencia a personas en situación de calle en la Ciudad y con domicilio en la provincia de Buenos Aires.

“Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA”, reclamó en su cuenta de la red social X.

En el texto difundido por Macri, el Gobierno porteño se dirigió al Ministerio de Economía bonaerense e hizo alusión a una “deuda histórica” en materia de asistencia social. Según detallaron las autoridades, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) que “funcionan las 24 horas del día durante los 365 días del año y brindan atención integral”.

“De la población total asistida en estos CIS, al menos 2327 personas son residentes de la Provincia. La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $1.163.135, lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $27.066.151.450″, detallaron. De esta forma, consideraron que este monto se solventa con “recursos de la Ciudad provenientes del esfuerzo de los porteños”, lo que a su vez “genera un ahorro para la provincia de Buenos Aires”.

Según datos del último censo de la Ciudad —realizado en noviembre de 2025— la cifra de la población en situación de calle tuvo un aumento del 27,83% con respecto al relevamiento que se había hecho en noviembre de 2024, con 5176 personas. El primer relevamiento fue hecho en noviembre de 2017 y contabilizó a 1602 personas. Desde entonces, la tendencia siempre fue a la suba.

Un 68,8% del total —es decir, 3563 personas— están alojadas en los CIS de la Ciudad o paradores. De esta forma, no duermen en la calle. Las demás 1613 personas pasan el día y la noche en plazas, veredas y la vía pública en general.

“Abrimos más de 10 centros y todos se llenaron sistemáticamente: en mayor o menor tiempo se van llenando y mayoritariamente son de PBA. Nosotros vamos a seguir atendiendo a la gente en situación de emergencia, pero el gobierno bonaerense tiene que hacer algo“, indicaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano porteño a .

En junio de 2025, el gobierno nacional implementó una serie de modificaciones para la asistencia de personas en situación de calle en todo el país. De esta forma, pasó la responsabilidad total de la gestión a cada provincia en particular y estableció que el Ejecutivo pasará solamente a “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”.

A través del Decreto 373/2025, la administración mileísta limitó su alcance e intervención en las políticas públicas destinadas a esta parte de la población e indicó que “actuará como órgano rector, a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales en la materia”.

“El Estado podrá contribuir a la atención de las necesidades de las personas en situación de calle mediante el otorgamiento de apoyo económico y técnico a los gobiernos locales que carezcan de los medios para garantizar efectivamente, por sí mismos, los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle», expresó el documento publicado en el Boletín Oficial.

A través de una carta enviada por el Episcopado al ministro de Salud, Mario Lugones, la Iglesia insistió en su preocupación por la crisis que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad y reclamó “una respuesta concreta, visible y urgente”. El reclamo se produce en medio de la negativa del Gobierno de aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que recompone subsidios, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada por el Congreso.

Se trata de una crisis que pone en riesgo a unas 250.000 personas que enfrentan problemas de discapacidad en todo el país y que eleva los afectados a casi un millón si se suma a las familias, trabajadores y proveedores de las instituciones, según un relevamiento del sector.

“Muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”, expresa la carta firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

Como signo de esta preocupación, monseñor Colombo celebrará la misa central de este Jueves Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Mendoza, donde tiene su sede el Hogar Don Orione, seriamente comprometido por la crisis del sector.

Como dato complementario, surgido de fuentes vinculadas con las entidades afectadas, el financiamiento de las prestaciones se encuentra gravemente comprometida. “El PAMI no interrumpía su cadena de pagos de esta forma desde 2002”, graficaron a .

La carta de los obispos al ministro Lugones expresa que “en estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones, en las que se sostiene una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria: el cuidado cotidiano de quienes más necesitan de la comunidad”.

“Entre las muchas que podríamos nombrar señalamos, por ejemplo, los Cottolengos Don Orione, obra con un profundo arraigo en la vida social y comunitaria donde la continuidad del cuidado de 1200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato”, sostiene el Episcopado.

Frente a este panorama, la Iglesia advierte que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal”.

El Episcopado señala que “las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir”, al describir un cuadro de “endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”. Añade que “en muchos casos, además, se trata de residentes que requieren atención integral para alimentarse, higienizarse y realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana”.

La carta firmada por monseñor Colombo recuerda que en mayo de 2025 el Episcopado había advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar^”. Y, ante la angustiante situación actual, reclama el cumplimiento de la ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”.

La Iglesia entiende que las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad constituyen “un verdadero patrimonio social de nuestra patria”. Agrega en la carta que “el respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad”.

“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas. En nombre de tantas instituciones, familias y personas que hoy viven con angustia esta situación, nos urge pedir que el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables”, dice el Episcopado en la nota enviada a Lugones.

Como integrantes de la comisión ejecutiva del Episcopado, firman la carta junto a Colombo el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del organismo; monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, y monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina.