En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción del proyecto de modernización laboral, la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo triunfo político con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos. El bloque de Unión por la Patria, los diputados peronistas que responden al gobernador Raúl Jalil, la cordobesa Natalia De la Sota y los bloques de izquierda votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de “punitivista”.

Tras la aprobación en general se registró un áspero debate por los capítulos de la ley en particular, dado que bloques aliados del oficialismo, con diputados como Miguel Pichetto, manifestaron sus dudas respecto del financiamiento de la iniciativa. Incluso, plantearon que podrían cambiar su voto de afirmativo a abstención.

Pero el oficialismo rechazó la posibilidad de cambiar el texto. Lo hizo a través de la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, miembro informante del proyecto. “No se puede volver marcha atrás por una cuestión de pesos”, sostuvo la legisladora afín a Patricia Bullrich. La votación en particular volvió a ser favorable al oficialismo.

Acto seguido, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El debate sobre el régimen penal juvenil fue seguido de cerca por Romina Monzón, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a puñaladas por tres menores en Santa Fe. Este episodio motivó la decisión del Poder Ejecutivo de incluir el tratamiento de esta iniciativa -demorado hace casi un año- en el temario de sesiones extraordinarias.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID−, como así también de bloques provinciales como Innovación Federal; los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo; Independencia (que responden al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo) y el bloque Por Santa Cruz.

El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, un grupo de diputados del Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− votó a favor de fijar en 14 años el piso de imputabilidad. En ese sentido votaron Ramiro Gutiérrez, Guillermo Michel, Sebastián Galmarini y Emir Félix.

Gutiérrez, en su discurso, insistió en que la baja en la edad de imputabilidad debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Su planteo no fue atendido por el oficialismo.

Detalles del proyecto

La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.

El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.

“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.

Los bloques aliados al oficialismo aplaudieron la iniciativa. “Celebro que el Gobierno haya puesto este tema sobre el tapete -enfatizó Cristian Ritondo (Pro)-. Bloquear este debate y no responsabilizar a un menor que tiene conciencia que comete un delito no es un acto de humanidad sino un acto de abandono, el más cruel que puede cometer el Estado, el de abandonar un chico 14 o 15 años que comienza la vida en la delincuencia».

“Me alegra que la política salga de su confort poniendo los pies sobre la tierra legislando sobre la cruda realidad que vive la sociedad, desarmando décadas de doctrina garantista”, acotó Pamela Verasay (UCR).

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez, expuso los motivos del rechazo de un sector de su bancada. A su juicio, el proyecto “no plantea una acción en el terreno educativo, de la inclusión ni del abordaje a través de los clubes”.

También cuestionó la redacción presupuestaria: “Es escasa y tramposa. Está más cerca de plantear una acción de cooperación provincia por provincia que de garantizar financiamiento. Hay cero pesos para la prevención y para el abordaje de los delitos no punibles”. Y concluyó que el presupuesto previsto es “deficiente”.

Desde el bloque libertario, el diputado Álvaro Martínez respondió las críticas del kirchnerismo. “El sistema actual rige desde 1980, desde la dictadura. Tuvieron la oportunidad para cambiar esta ley y establecer un régimen penal juvenil. No tuvieron el coraje. Hoy estamos dando un paso donde la ley se cumple. Cuando hay justicia, el que las hace las paga”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP), el renovador que impulsó una propuesta alternativa a la de su bancada, planteó que la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años debería instrumentarse con una modificación del artículo 34 del Código Penal. “Solo así esta ley tendrá destino. Si no, será judicializada”, advirtió.

La bancada de Provincias Unidas también mostró fisuras. El santafesino Pablo Farías objetó la propuesta oficial por no ser precisa al definir la forma de financiar la ampliación de los penales para alojar, en módulos separados de los adultos, a los nuevos reclusos juveniles.

“Hay sloganes que el oficialismo usa, como cuando dice ‘delito de adulto, pena de adulto’, que no tienen nada que ver con este proyecto -advirtió la jefa de la bancada, Gisela Scaglia-. Esta ley es mucho más contemplativa de lo que algunos expresan”.

“Este proyecto le transfiere a las provincias la totalidad de la responsabilidad de llevar adelante este nuevo régimen penal juvenil; estamos de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad, pero no puede ser que todo el costo lo paguen los gobernadores”.

El acuerdo UE-Mercosur

Una vez tratado el régimen penal juvenil, el oficialismo buscará ratificar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que contempla una reducción recíproca de aranceles, principalmente para productos agrícolas del Mercosur y productos industriales de la UE.

Según pudo saber , la Casa Rosada apuesta a que la Argentina sea el primer país del bloque en ratificar el tratado. La estrategia combina urgencia política y señal internacional, pese a que el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que se expida sobre su validez. Ese pedido es uno de los argumentos que esgrimirá la oposición más dura para cuestionar el tratamiento, junto con la crítica al modo en que se discutió el texto en el Congreso, al que califican de “poco serio”.

La aceleración oficial también responde a un dato externo: el acuerdo ya avanzó en el Parlamento brasileño y podría llegar al recinto de la Cámara baja de ese país después del Carnaval. En ese tablero regional, el Gobierno quiere mostrarse en punta.

El Gobierno ampliará el temario de extraordinarias para incluir un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento para las universidades, luego de negarse a aplicar la ley ya sancionada, vetada e insistida por el Congreso. En el decreto, que se publicará en el Boletín Oficial, también se incluirá la extensión de las sesiones hasta el sábado 28 de febrero.

El movimiento se da después de que la administración de Javier Milei apelara la medida cautelar que obliga a la aplicación de la ley de financiamiento universitario, y luego de reuniones entre representantes del Gobierno y autoridades universitarias.

La extensión del temario fue confirmada a por una alta fuente del Poder Ejecutivo nacional. La misma ratificó asimismo la prolongación del período hasta el día previo a la apertura del nuevo año legislativo.

La decisión se da después de que en las últimas horas se consiguiera la aprobación de la reforma laboral en el Senado y de la ley penal juvenil y el acuerdo del Mercosur en la Cámara de Diputados.

Tras estos primeros logros, el Poder Ejecutivo definió agregar este último proyecto al temario en busca de bajar los decibeles de las demandas de las autoridades universitarias, pero con una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal, máxima bandera de la administración libertaria.

Lo hace luego de negarse a aplicar la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada nuevamente por dos tercios de los diputados y senadores.

En la tarde del jueves estaba previsto que la inclusión del tema y la extensión del período de sesiones extraordinarias aparecerían en un decreto en el Boletín Oficial de este viernes.

El movimiento también se da tras el fallido intento de derogar la ley de financiamiento universitario y luego de negociaciones que, tal como contó , el propio Gobierno llevó adelante con las universidades para impulsar una nueva norma que modifique, y no elimine, el esquema vigente.

La estrategia apunta a resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, desactivar los frentes legales y judiciales abiertos (y evitar sanciones penales), mediante la aprobación en el Congreso de una ley que reemplace a la anterior.

Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que trabajan “para implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”.

Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Participaron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo que agrupa a las universidades públicas del país.

“Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”, sostuvo Greco tras el encuentro del 4 de este mes. En la misma línea, Bartolacci señaló que, si bien “son muchos los temas que quedan por resolver”, la reunión significó “un paso en la dirección correcta”.

“La reunión fue solicitada por el Gobierno. Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa a .