“El presupuesto nacional 2024 fue un 26 por ciento menor al de 2023 en términos reales, pero en las partidas de género la caída promedio ronda el 85 por ciento”, afirmó Malena Vivanco. Esta reducción se percibe aún más claramente en áreas sensibles como la atención directa a víctimas de violencia. El programa Acompañar, que desde 2020 otorgaba transferencias directas a mujeres en situación comprobada de violencia para facilitar su salida del entorno agresor, sufrió una baja presupuestaria del 90 por ciento en 2023 y directamente desapareció en 2024.

El impacto es tangible: de 101 mil personas beneficiadas en 2023, el número cayó a apenas 400 en 2024. “Probablemente un rezago de las últimas inscriptas”, indicó Vivanco.

Otra víctima del ajuste fue la línea 144, fundamental para la contención y orientación de personas en situación de violencia, que sufrió una reducción del 67 por ciento en su financiamiento. También desaparecieron partidas vinculadas al patrocinio jurídico para víctimas de abuso sexual infantil y adolescente.

Más allá de la licuación presupuestaria, la especialista denunció un retroceso alarmante en términos de transparencia: “Ya no se publican informes clave, se desactualizan las páginas oficiales, y se dificultan los controles ciudadanos sobre el gasto público. Antes podíamos seguir en tiempo real la ejecución presupuestaria, ahora no”.

Según la especialista que participa del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, este ocultamiento forma parte de una estrategia deliberada: “No se dice abiertamente que se desmantela el programa Acompañar o se reduce la atención en la línea 144. Simplemente se deja de hacer, sin comunicarlo. Es una opacidad que parece calculada”.

La desinversión no se detiene en violencia de género. También se han visto gravemente afectadas las partidas destinadas a salud sexual y reproductiva —incluyendo educación sexual integral y prevención del embarazo adolescente— y a infraestructura de cuidados como jardines maternales y centros para personas mayores o con discapacidad. En todos los casos, el promedio de caída ronda nuevamente el 85 por ciento.

Vivanco fue clara al señalar que estos recortes no responden a la falta de recursos sino a una cuestión de prioridades. “El año pasado se perdonaron casi 500 mil millones de pesos en impuestos a jueces y funcionarios del Poder Judicial. El programa Acompañar costaba 200 mil millones. Es una elección política: se ajusta sobre quienes menos tienen”, denunció.