El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, designado en el cargo hace menos de un mes por el Gobierno, participa desde octubre del año pasado en dos concursos del Ministerio Público Fiscal destinados a cubrir dos vacantes distintas en fiscalías de los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga a funcionarios públicos por corrupción.

Uno de esos concursos pone al ministro en la carrera para convertirse en fiscal ante los juzgados federales; el otro, para serlo ante la Cámara Federal, el órgano que revisa todas las resoluciones tomadas en etapa de instrucción.

Lo notable es que Mahiques ya es fiscal y con muy alto rango: es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires; es decir, jefe de todos los fiscales porteños. Asumió en el gabinete de Milei sin renunciar a ese cargo. Lo que hizo fue concederse a sí mismo una licencia extraordinaria sin goce de sueldo.

La participación en ambos procesos -que dio a conocer Clarín este jueves- coloca al ministro en una situación particular: al menos por estas horas, Mahiques se encuentra en pleno desarrollo de funciones al tiempo que es un aspirante por partida doble para seguir desplegando su carrera como fiscal en un lugar de alta exposición.

Cerca del ministro relativizan que su nombre figure en los concursos, un hecho que consideran natural y que, dicen, no hace más que reflejar la carrera de alguien que “hizo una trayectoria en la Justicia desde los 20 años como meritorio”.

“Se inscribió en octubre, cuando no estaba en sus planes lo del ministerio”, sostienen. “Cuando tenga tiempo renunciará, no es un tema para nada prioritario, pero eventualmente se ocupará”, añaden.

La carrera de Mahiques siempre tuvo como objetivo último la Procuración General, un cargo vacante desde 2018, que ejerce de manera interina Eduardo Casal.

Los concursos

Mahiques se anotó en dos concursos, el 133 y el 134. Los llamados a inscribirse cerraron en diciembre de 2025 y las listas de los postulantes se dieron a conocer el 26 de febrero.

En el primero, que es el más importante, el nombre de Mahiques figura junto al de otros 289 concursantes. La fiscalía de Cámara es una pieza clave en el engranaje judicial de Comodoro Py: tiene la facultad de sostener o desistir los recursos presentados por los fiscales de primera instancia contra las decisiones de los jueces. También puede apelar las resoluciones de la Cámara Federal ante la Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte, en donde una de las vocalías es ocupada por el padre del ministro, Carlos Mahiques, para quien Milei pidió una extensión de su mandato para que continúe en el cargo a pesar de su edad.

En el otro concurso, el ministro Mahiques figura junto a otros 200 aspirantes. Las sillas a cubrir son las de las fiscalías 6 y 7. La primera está vacante desde el fallecimiento de Federico Delgado y la segunda, desde que el fiscal Ramiro González fue trasladado por el procurador Casal a la fiscalía 1, que es más importante por ser también electoral. González es el único fiscal electoral de primera instancia de la Capital y la única jueza electoral es María Servini, su madrina judicial.

Ambos concursos se encuentran en una etapa preliminar. El proceso incluye un examen escrito, una evaluación oral, el análisis de antecedentes y una entrevista personal.

Luego se elabora un orden de mérito con los postulantes mejor calificados.

Sobre ese ranking, se conforma una terna que es elevada al Poder Ejecutivo. El Presidente elige a uno de los candidatos y su designación debe ser aprobada por el Senado. Finalmente, tras obtener ese acuerdo, el postulante es nombrado formalmente y asume el cargo de fiscal.

Un grupo de espionaje ruso conocido como “La Compañía” desarrolló una campaña mediática y política para desacreditar al gobierno de Javier Milei durante 2024, según reveló un consorcio de investigación periodística que accedió a una filtración de documentos e informes de inteligencia rusos.

La campaña de desprestigio consistió en una serie de maniobras de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar al presidente Milei y a su gobierno con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.

Según el material al que accedió el consorcio de periodistas, la campaña de desacreditación incluyó la realización de encuestas, reuniones y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes políticos y “entrevistas con expertos”, incluyendo “políticos (peronistas), politólogos de la oposición y economistas”.

Los trabajos de “La Compañía” en la Argentina también abarcaron análisis de la situación militar-industrial argentina y de los recursos petrolíferos en la Antártida, una campaña para promover proyectos de ley contra la adhesión de la Argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania y un plan para apoyar a los candidatos de la oposición en las elecciones legislativas que se desarrollaron durante 2025.

La filtración abarca un total de 76 documentos sensibles a los que accedieron el medio africano The Continent, que lo compartió con un consorcio de medios de investigación que incluye a openDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además de Filtraleaks, que lidera el periodista argentino Santiago O’Donnell.

“La Compañía” es una continuación del Grupo Wagner, el brazo paramilitar de Yevgeny Prigozhin. De acuerdo con lo publicado, tras su muerte en 2023, la estructura quedó bajo el control de la inteligencia militar (GRU), mientras que sus operaciones de información y desinformación en el extranjero fueron puestas bajo el control del Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR), liderado por Sergei Naryshkin, un alfil de máxima confianza de Vladimir Putin.

El SVR no es ajeno a la Argentina. Esta agencia coordinó el despliegue de los espías “ilegales” Artem Dultsev y Anna Dultseva, quienes vivieron una década en el barrio de Belgrano bajo las identidades de Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muños. Según revelaron los propios agentes tras ser canjeados en 2024, su plan a largo plazo incluía que sus dos hijos, nacidos en Buenos Aires, continuaran con la profesión de espías aprovechando la “leyenda” de su nacionalidad argentina.

Uno de los agentes que Rusia desplegó en América Latina, según la documentación, fue Alexey Evgenievich Shilov. A cargo de la campaña de desinformación en la región entre 2024 y 2025, “organizó y llevó a cabo una operación sociopolítica para desacreditar la política pro ucraniana de liderazgo argentino”, según uno de los reportes filtrados.

En esa línea, la filtración dejó en evidencia, cuantificó y hasta cotizó el valor de “una red para la distribución de contenidos mediáticos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”. Para eso, detalló más de 250 artículos de noticias, análisis y opinión que se publicaron en más de 20 medios de comunicación digitales entre junio y octubre de 2024 a un costo de al menos 283.100 dólares, convirtiendo a la Argentina en el país de América Latina y África donde más dinero desembolsó Rusia para esos fines, de acuerdo con lo revelado.

La Casa Rosada, en tanto, ya había denunciado la injerencia de “La Compañía” en la Argentina. En junio de 2025, acusó a cinco ciudadanos rusos, residentes en el país, de desarrollar tareas sospechosas en coordinación con el Kremlim. Entre ellos, señaló a Lev Konstantinovich, al que identificó como el “encargado de financiamiento y de promover vínculos con colaboradores locales”, y a su esposa, Irina Iakovenko.

En los documentos filtrados también aparecen nombrados más de 50 cuentas en las redes sociales de Instagram, X y Youtube de influencers y medios digitales que figuran como receptores de aportes monetarios, así como cuatro pagos de 4000 dólares cada uno con sus respectivas fechas a título de “transmisión en la tv argentina”.

Entre los medios y portales mencionados en la filtración como receptores de los artículos que pagó la maquinaria de desinformación para su publicación aparecen Diario con Vos (37 textos pagos), El Destape (27), Diario Registrado (26), Realpolitik (20), Dos Bases (19), C5N (17), Big Bang News (16), Política Argentina (12), En Orsai (11), A24 (10), La Patriada Web (9) Ámbito (8), Sección Ciudad (5), El Ciudadano Web (6), Tiempo Argentino (6), Grito del Sur (6), Infocielo (3), El Cronista (2), Infobae (2), Agenda Urbana (2), Data Clave (1), Ciudadano Agro (1) y Contraste MDP (1).

Tras la revisión y análisis de esos datos, Open Democracy, Forbidden Stories y Filtraleaks consultaron a todos los medios de comunicación mencionados en la filtración y mantuvieron entrevistas o conversaciones informales con editores y directores de 13 de esos medios. Todos ellos negaron cualquier implicación en las campañas rusas y casi todos negaron haber recibido dinero por publicar los artículos.

Asimismo, ante la pregunta sobre el origen de los artículos publicados, respondieron casi sin excepción que no conocían a sus autores y que habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero, al que describieron como “consultora”, “agencia”, “prensero” o “intermediario”, una práctica habitual en medios digitales atravesados por la precarización laboral.

O’Donnell y otros periodistas que participaron en la investigación contactaron a dos de esos intermediarios, cuyos nombres no revelaron. Negaron cualquier vínculo con los rusos y se declararon intermediarios de otros intermediarios, que estarían vinculados a empresarios de la construcción opositores a Milei que no pudieron ser localizados. “Por lo tanto, no se pudo corroborar que los pagos que figuran en los documentos se hayan realizado y a quién”, remarcó el consorcio investigativo.

Según verificaron los periodistas, los autores de esos artículos pagos por Rusia son “fantasmas” como un supuesto “Gabriel di Taranto”. Firmó 20 artículos publicados en Diario Registrado, C5N y Ámbito Financiero, y dijo tener una maestría en comunicación política por la Universidad Nacional de Avellaneda. Pero la universidad no emite ese título y Di Taranto no estaba registrado como estudiante ni en ninguna otra capacidad. Más aún, el rostro del supuesto periodista fue desarrollado con software de Nvidia.

¿Qué tipo de textos pagó Rusia para que se publicaran en la Argentina? En agosto de 2024, por ejemplo, El Destape publicó una historia sobre supuestos tres terroristas argentinos que habían sido apresados en Chile con un artefacto explosivo y planes para volar un gasoducto y así interrumpir el flujo desde Argentina y obligar al gobierno del izquierdista de Gabriel Boric a comprarle gas a Estados Unidos, que estaría detrás del atentado, apelando a la mano de obra del gobierno de Milei. Y detalló que Mieli viajó el 8 de agosto a una conferencia de gas en Chile, lo que en realidad había sido una excusa para mantener una reunión secreta con Boric para negociar la liberación de los tres “turistas”.

La versión, sin embargo, resultó falsa. No hubo argentinos detenidos, el oleoducto no cruza Ñuble, Milei estuvo en Chile para una conferencia de Andes Gas y Boric no lo recibió, pero no había terroristas por los cuales negociar. ¿La autorra? Fernanda Velásquez, cuya única huella digital es una página con sus artículos en El Destape.

Según detectó el consorcio investigativo, la historia sobre el falso intento de sabotaje aparece en un documento interno de “La Compañía”. Fechado en septiembre de 2024, lleva el título “Turistas argentinos”: “Objetivo y descripción: Crear tensión entre Argentina y Chile (del 13 al 29 de agosto), se difundió una historia sobre Milei enviando un grupo de sabotaje para organizar un ataque terrorista contra el gasoducto transandino en Chile con el fin de interrumpir un contrato de gas en el interés de Estados Unidos”.