POLITICA
Ya tiene fecha el jury para destituir a Makintach: la prueba clave y la denuncia para frenar el juicio
La Comisión de Juicio Político de la provincia de Buenos Aires dispuso fecha para el jury contra la jueza del caso Maradona, Julieta Makintach, acusada de grabar indebidamente el documental Justicia Divina.
Según pudo saber TN, el 6 de noviembre es el día que comenzará el proceso que enfrenta a Makintanch a una destitución. La jueza suspendida dice que es víctima de una “persecución” y que hay “recursos pendientes”.
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Makintach subraya que la celeridad del proceso es poco habitual. “Hay un montón de recursos pendientes todavía. La velocidad que intentan darle a este proceso político no pueden avasallar las garantías mínimas. Falta un miembro del jurado, hay una recusación pendiente y un recurso de inaplicabilidad de ley, falta prueba y hay un conflicto de poderes por tratar. Se ve el apuro, pero en un Estado de Derecho esto no sería posible», reclama.
La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires ya había dispuesto el apartamiento preventivo de Makintach. Su abogado Darío Saldaño presentó entonces un escrito en el que calificó la medida como “excesiva e injustificada”, ya que regía la licencia que impuso la Suprema Corte hasta agosto y, además, la jueza esperaba que el gobernador Axel Kicillof le acepte la renuncia.
En paralelo al jury, avanza la causa penal a cargo de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, con los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Los fiscales consideraron que Makintach “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos -ya sea por la inversión de terceras personas en dicho emprendimiento privado- e indirectos -posteriores ganancias y/o regalías por imagen-, decidió promover y participar personalmente en un proyecto audiovisual en el que sería explotado el desarrollo del juicio, su temática y su función jurisdiccional, por la que iba a desarrollar un rol protagónico”.
Los otros imputados en la causa penal son José María Arnal Ponti, dueño de la productora Ladoblea S.A, el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio y la amiga de Makintach, María Lía Vidal Aleman, quien tuvo la idea de grabar las entrevistas.
Las pruebas que serán clave en el jury
En las últimas horas, el juez Esteban Rossignoli, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, dispuso el secuestro de dos computadoras de la oficina de la jueza en San Isidro. Se trata de “un disco rígido marca Hikvision y un disco rígido marca Seagate modelo Barracuda”.
Makintach tiene en marcha una contraofensiva judicial: pedido de nulidad, la recusación de los fiscales, la denuncia de irregularidades de la causa y de espionaje ilegal.
A fines de agosto, la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento había aceptado, por unanimidad, la admisibilidad de la acusación contra Makintach.
Con esta decisión, el cuerpo que preside Ulises Giménez determinó la suspensión de la jueza, por lo que no pudo renunciar -como había pedido- y pasó a cobrar el 40% de su sueldo.
Previamente, el Jurado había rechazado los tres planteos que había hecho la defensa de Makintach para tratar de suspender la audiencia.
La jueza había afirmado que el “registro audiovisual cuestionado” no fue clandestino y era conocido por todos los miembros del órgano.
Julieta Makintach, Diego Armando Maradona
POLITICA
Quema de gomas y “sirenazos” en Santa Fe: se agrava el conflicto entre la policía y el Gobinero provincial
El conflicto con la policía de Santa Fe continúa escalando y crece la tensión en la ciudad de Rosario donde se concentró el reclamo de los agentes frente a la Jefatura. La expectativa por una reunión que finalmente no se concretó, llevó a que la protesta continúe y crece el temor por un efecto contagio en otras jurisdicciones.
Todo comenzó en la noche del lunes cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.
De acuerdo a lo que informaron medios locales, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes y comenzaron los disturbios. La respuesta, dirigida hacia sus propios compañeros y familiares, desencadenó una reacción inmediata: varios agentes de la provincia que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando calles con patrulleros y motos oficiales.
La situación se replicó en otros puntos de Rosario; incluso en la capital provincial, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno, intensificando la presión sobre las autoridades provinciales.
Esto llevó a una protesta que tiene el corazón en la concentración que lleva más de 24 horas en el centro de la ciudad de Rosario. En ese marco, se esperaba que durante la tarde de este martes haya una reunión entre los funcionarios provinciales y los delegados que representan a los agentes.
En un principio, la cita estaba pautada para las 15. Sin embargo, desde el gobierno provincial informaron que se atrasó para las 18 y esto provocó rispideces con los delegados que representan a los policías, que derivaron en una cumbre que finalmente no se concretó.
El abogado Gabriel Sarla es el representante de los policías en el conflicto y habló con los medios presentes en el lugar: “Se pudo establecer una conversación con la secretaria del ministro. No hubo propuesta porque no pudimos hablar con el ministro, que estaba reunido con el gobernador. No hubo ninguna oferta”.
“Si se comunican, habrá una reunión. Pero lo tiene que hacer el ministro personalmente”, pidió Sarla, lo que provocó el descontento del Ejecutivo provincial.
En ese sentido, más temprano, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el Gobierno provincial comparte “las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe” y remarcó que se trata de un reclamo “legítimo, atendible, casi en su totalidad”. Sin embargo, sostuvo que a partir de la medianoche “se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas”, con el objetivo de “desestabilizar el despliegue preventivo”.
Según el funcionario, durante la protesta se registraron episodios de abandono de servicio y paralización de móviles policiales. “No menos de veinte unidades en la ciudad de Rosario fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura y luego abandonadas”, detalló. Agregó que los efectivos dejaron los patrulleros estacionados y se retiraron, lo que calificó como incumplimiento de los deberes funcionales.
Cococcioni señaló que estas conductas derivaron en la apertura de actuaciones administrativas y que el jefe de Policía de la provincia inició los procedimientos correspondientes con el respaldo del Ministerio. “Tenemos cerca de no menos de veinte funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y retiro de chaleco antibala”, afirmó. También indicó que el Gobierno coordinó acciones con el Ministerio Público de la Acusación para investigar “posibles ilícitos penales” tanto de funcionarios policiales como de “grupos marginales y desplazados” de la fuerza.
El reclamo policial se origina en la política salarial vigente. Durante la última semana, el gobierno provincial anunció un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para efectivos con desarraigo, pero el sector movilizado considera insuficiente la respuesta oficial. El abogado Sarla remarcó que esas sumas no representan un aumento real, ya que no alcanzan a la totalidad del personal ni impactan en los salarios básicos, adicionales o jubilaciones. La demanda central apunta a una recomposición salarial integral para todos los integrantes de la Policía de Santa Fe.
A las cuestiones salariales se suman reclamos por condiciones laborales. Los efectivos denuncian extensas jornadas, falta de descanso y la necesidad de realizar servicios adicionales para completar sus ingresos. Además, la salud mental del personal policial cobró protagonismo tras el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, conocido como “Chimi”, quien enfrentaba problemas psicológicos y se encontraba con carpeta médica. Las demandas incluyen mejoras en los horarios, descanso adecuado y atención a la salud mental, aspectos que el colectivo policial considera urgentes para el desarrollo de la tarea diaria.
A todo esto, hay temor por un efecto contagio en la región. En las últimas horas, se conoció que miembros de la Policía de Entre Ríos realizarán una “manifestación pacífica” el próximo 14 de marzo frente a la Casa de Gobierno en Paraná. De acuerdo a lo que trascendió, se realizará sin uniformes, sin armamento y sin afectar el servicio, con la participación de personal de franco, familiares y público en general.
En 2024, un conflicto de similares características afectó a la provincia de Misiones, donde la policía de esta provincia tomó el Comando Radioeléctrico y comenzó un conflicto que recién terminó dos semanas después.
POLITICA
El Gobierno concedió 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral para asegurar su aprobación
El Gobierno aceptó cambios en el proyecto de reforma laboral justo antes del debate previsto este miércoles en el recinto del Senado y validó los cambios que negoció Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, con la oposición dialoguista. El punto clave es la eliminación del artículo que rebaja el impuesto a las Ganancias para las empresas en un 3%.
La caída de esa cláusula terminó por quitar del camino el último dejo de duda que pesaba sobre la suerte de la reforma laboral en el Senado. Con los gobernadores provinciales conformes, que evitaron perder una cifra estimada en 3 billones de pesos, el proyecto del oficialismo se encamina a su aprobación con cambios, pero sin contratiempos.
La quita del artículo fue confirmada por Patricia Bullrich en una conferencia de prensa que ofreció en el Senado flanqueada por Eduardo Vischi (Corrientes) y Martín Goerling (Misiones), jefes de los bloques de la UCR y de Pro, respectivamente.
Los ejes del proyecto de reforma laboral del oficialismo son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal, limitar el derecho a huelga y licuar el poder de representación y recaudación sindical, a pesar de que en estos cambios hubo concesiones. De esa forma, el Gobierno considera que aumentará el empleo en blanco.
“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, afirmó la jefa de la bancada oficialista, confirmando lo anticipado ayer por .
Bullrich, sin embargo, no dio a conocer el texto final que se debatirá en el recinto, sino que proyectó unas filminas en la conferencia.
Con los cambios que sufrirá el dictamen firmado en diciembre, no solo ganan las provincias. La Casa Rosada también cedió ante el reclamo de la CGT y no tocará el aporte patronal a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%.
Además, los denominados “aportes solidarios” que les cobran a los trabajadores seguirán siendo compulsivos por dos años más, aunque con un tope del 2%. Vencido el plazo, pasarán a ser voluntarios. Los empleadores podrán seguir oficiando como agentes de retención de la cuota sindical, por lo que no se afectará la recaudación de los gremios.
También encontraron eco las quejas de las cámaras empresarias, que lograron eliminar la cláusula que hacía voluntarios los aportes de sus integrantes. Como en el caso de los gremios, el aporte será obligatorio por un plazo de dos años, limitados a un 0,5%.
El total de cambios anunciados por Bullrich fueron 28 y los enviaron a los senadores después de que la jefa del bloque de LLA recibiera el visto bueno de la mesa política del Gobierno, en una reunión que mantuvo cerca del mediodía en la Casa Rosada.
En la conferencia, Bullrich no enumeró todas las modificaciones, y de los que precisó en algunos casos son cambios de redacción del texto. Así, dijo que en lo referido a la Justicia laboral se quitará la denominación “industria del juicio”.
Todos los cambios fueron “consensuados”, dijo la exministra de Seguridad, con los bloques de la oposición dialoguista. Esto anticiparía un apoyo de entre 42 y 44 votos en la votación en general. En el debate en particular la votación será por títulos y se estima que ahí los números varíen a la hora de aprobar los cambios que se le introducirán al proyecto, pero que todos tendrán la mayoría necesaria asegurada.
La nueva postura del Gobierno marca un cambio con el relato que la semana pasada habían dejado trascender al menos públicamente en Casa Rosada. El miércoles pasado, al término del anterior encuentro, fuentes de la mesa política habían asegurado que se imponía la decisión de “no cambiar ni una coma del proyecto original”.
El encuentro de la mesa política en la Casa Rosada, que duró casi dos horas, fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Participaron del encuentro la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo.
También fueron de la partida el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Enlace Parlamentario, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. La reunión inicialmente estaba pensada para el miércoles y luego se adelantó a este martes.
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POLITICA
Reforma laboral: un repaso por los 90 proyectos presentados desde 2002 y las claves del debate actual en el Senado
En Infobae en vivo, el equipo abordó la reforma laboral a partir de un dato revelador: entre 2002 y 2026 se presentaron 90 proyectos de ley en materia laboral, pero solo 35 lograron aprobación. “Eso significa que casi de cada 10 proyectos, 4 se aprobaron en materia de legislación laboral”, puntualizó Malena de los Ríos, apoyándose en un relevamiento de Directorio Legislativo.
Durante el intercambio con el staff de Infobae al Regreso —Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería—, se remarcó la dificultad histórica para avanzar en una transformación estructural. “Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fueron la mayor cantidad de leyes que se sancionaron. Hay que hacer un apartado: lógicamente, teniendo un Congreso con las mayorías, era mucho más fácil poder pasar esos distintos proyectos”, explicó de los Ríos. Los datos permitieron comparar la performance de cada gestión desde la vuelta de la democracia, resaltando la fragmentación normativa del sistema laboral argentino.
Noventa proyectos laborales y un sistema sin reforma estructural
La periodista repasó el sentido y la dimensión de los cambios legislativos: “Una cosa es la modernización, que estamos hablando de un paquete mucho más grande, pero ¿qué ha pasado en la historia desde el 2002 en adelante con los proyectos laborales que han presentado los ejecutivos?”. Los datos muestran que la mayoría de las iniciativas aprobadas no configura una reforma integral, sino modificaciones parciales: “90 proyectos presentados, 35 aprobados, casi 4 de cada 10 se aprobaron a través del Congreso, enviado por el Ejecutivo”.
El informe señaló que la gestión de Javier Milei impulsó dos proyectos: “La modernización laboral, que fue impulsada en diciembre del 2025, no obtuvo la media sanción del Senado, pero sí lo que obtuvo fue el dictamen”. De los Ríos detalló que “Patricia Bullrich confirmó en conferencia la negociación de 28 artículos”, estableciendo un fondo diferencial para grandes empresas y pymes en los nuevos Fondos de Asistencia Laboral. “Lo que discutían es: no puede ser un 3% para todos. Esto decía la oposición dialoguista: no tiene la misma posibilidad de solvencia una empresa mediana o chica frente a una grande”, precisó.
El relevamiento histórico mostró que durante la presidencia de De la Rúa se presentaron 13 proyectos y solo uno fue aprobado; bajo el mandato de Duhalde, ocho presentados y uno aprobado; con Néstor Kirchner, 37 presentados y cinco aprobados; y en la era de Cristina Fernández de Kirchner, 14 presentados y nueve aprobados, muchos enfocados en la regularización del empleo informal y la movilidad jubilatoria.
El Senado, los votos clave y la estrategia oficialista
Gonzalo Aziz reconstruyó el conteo de votos decisivo para el futuro de la reforma. “Hoy La Libertad Avanza tiene 20 senadores. Algunos dicen: ‘No, tiene veintiuno’, porque lo cuentan a Luis Juez. 20+1, 21. Vamos a sumar a 10 senadores de la Unión Cívica Radical, que según expresaron esta tarde, acompañarán el desafío que tiene el Gobierno de votar esta reforma laboral en el Senado”.
El armado político se completa con apoyos provinciales: “Dos senadores que responden al gobernador Hugo Passalacqua en Misiones, dos de Santa Cruz que responden a Claudio Vidal, Flavia Royón por Salta, una senadora del gobernador Rolo Figueroa en Neuquén, y otra de Ignacio Nacho Torres en Chubut”, enumeró Aziz. Además, se espera el respaldo de los tres senadores del PRO, dos de Provincias Unidas y la senadora Beatriz Ávila. “El total que tenemos hasta ahí con este poroteo da que hay 44 senadores que mañana, si no hay ninguna sorpresa de último momento, van a acompañar tanto el quórum como la votación en general”, anticipó.
El Gobierno apuesta a extender las sesiones extraordinarias hasta el primero de marzo, buscando que “el presidente de la Nación dé su discurso inaugural con la reforma laboral sancionada en el Congreso argentino”.
La informalidad y los límites de la reforma en el empleo
La mesa de Infobae al Regreso profundizó en los desafíos estructurales del mercado laboral. El 43% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, según estimaciones citadas en el programa. “La idea es eso, pasar de la informalidad a la formalidad y vas a tener una recaudación mucho más amplia y hasta incluso, eh, también para las cuestiones, por ejemplo, previsionales”, sostuvo de los Ríos.
Matías Barbería aportó que “alrededor del 89% del empleo se genera en pymes”, mientras que “el ochenta por ciento de la recaudación es a través de once mil empresas”. El debate dejó en claro que ninguna reforma garantiza, por sí sola, la creación de trabajo registrado: “Lo que podría llegar a tener como efecto positivo en caso de ser exitosa, es que el trabajo de baja productividad, el trabajo pyME, que suele ser el que está en negro, pueda regularizarse simplemente, pueda directamente contratarse dentro de la ley”.
Diego Iglesias planteó la pregunta de fondo: “¿Esta reforma laboral tiene algún punto que beneficie a los trabajadores? Directamente, eh. El día de mañana me dirán: ‘No, sí, probablemente esta reforma va a generar empleo, genuino, es decir, trabajadores registrados en blanco’. Eso está por verse, es contrafáctico. Yo pondría un signo de interrogación, pero ojalá que eso suceda”.
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