58 años es una edad notable para un delincuente. Tal vez sea un número probable para un estafador, un mago mentiroso de las finanzas, algún ladrón de guante blanco, pero no para un pistolero. En el mundo del crimen con pólvora, llegar a viejo es casi una quimera.

Muchos caen por la ley de plomo que rigió sus vidas. Otros enferman prematuramente. “Vivimos en años de perros”, se ríe un histórico del robo que dejó una prisión bonaerense semanas atrás luego de transitar su tercera condena. “Mirame, ¡no tengo ni 55 y ya estoy hecho mierda!”. La cárcel, precisamente, se encarga del resto. El Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, a cargo de elaborar las estadísticas de las prisiones argentinas, cuenta poco más de diez mil detenidos de 55 años en adelante en los penales nacionales de un total de 120 mil presos en el país.

Por su edad, o por su insistencia, Julio Esteban Baldes, “El Chino”, se convierte en un personaje singular. El hombre de 58 años, oriundo de Adolfo Sordeaux, fue detenido esta semana, en medio de una trama al menos curiosa, que incluye uno de los videos más insólitos en la historia reciente del delito bonaerense.

“El Chino”, bailarín de murga en sus ratos libres, ex empleado de una empresa dedicada al negocio de la salud, fue arrestado junto a otros cinco cómplices, incluido su hijo Federico, de 31 años, tras una investigación en su contra a cargo de la Comisaría 3° de Tigre, que depende de la Superintendencia AMBA Norte I bajo las órdenes del comisario general Lucas Borge.

El fiscal José Amallo, subrogante de la UFI de Tigre, lo acusa de ser el jefe de una banda dedicada a cometer entraderas en la zona norte del conurbano. El método que empleaban para robar era un clásico de la historia reciente, una figurita repetida desde los tiempos de la pandemia: conformar una asociación ilícita para disfrazarse de policías, entrar a casas a los gritos y robar en poblado y en banda.

Al “Chino” le encontraron una serie de chalecos de policía en su casa. Dijo que no eran suyos en su indagatoria. Básicamente, que se los habrían plantado. También dijo ser inocente, que en los días de los dos robos que el fiscal Amello le imputó se encontraba pintando su casa.

A los Baldes ya lo habían allanado y detenido a fines de diciembre pasado por supuestamente asaltar la imprenta Madygraf en Garín el mes anterior, un asalto con un botín de diez millones de pesos. Sin embargo, terminaron liberados por falta de pruebas. Luego, volvieron a caer. La Justicia sospecha que la banda que dirigía “El Chino” habría cometido, por lo menos, cuatro entraderas, con tres de ellas en un lapso de 48 horas.

Ensayo general para la farsa actual

La reticencia de Baldes padre a cantar se entiende, a pesar de la matemática investigación de los detectives a cargo del comisario Borge. La insignia “32: ni ortivas ni traidores”, un clásico del mundo tumbero, puede verse en sus redes.

Tal vez, aprendió los códigos en la cárcel. Una ficha policial marca causas en su contra por robo en 2001 y 2007 en la jurisdicción de San Isidro. Estuvo preso en el penal de Gorina desde mayo de 2010 hasta enero de 2012, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N°1 de San Isidro. El delito: otra vez, robo en poblado y en banda.

Sin embargo, la era del reel y el exhibicionismo le pudo a su banda. “Los chorros, hoy, hacen cualquier cosa con el teléfono”, se ríe un investigador. Un insólito video hallado a uno de los sospechosos en su teléfono fue la punta del iceberg que permitió encontrar y detener al resto de la banda.

Luciano Matías Colayago, un hombre de Don Torcuato de 33 años, fue el primer sospechoso de la banda en caer. Lo arrestaron el 20 de febrero, a bordo de un Volkswagen Fox, tras supuestamente cometer dos robos en una noche. Los lectores municipales de patentes le marcaron la suerte. Le encontraron dos teléfonos.

En uno de estos aparatos se encontró el video que ilustra esta nota. Dos sospechosos de la banda detenidos, junto a un tercero que todavía no fue arrestado, apodado “El Lágrima”, ensayan sus papeles de policías antes de un asalto. ”Los polis tenemos fierros», dice uno de ellos, tomándose la cosa en serio.

El teléfono de Colayago reveló conversaciones con Baldes hijo. También, con Baldes padre. El contenido del aparato fue clave para incriminarlo. Hoy, el fiscal Amallo sospecha que “El Chino” no participaba de los asaltos. Al menos, no en el hecho mismo: se dedicaba, supuestamente, a reunir al grupo, a señalar los blancos y a vestir a los ladrones con sus chalecos. Una suerte de director de casting, vestuarista y productor general.

Julio Esteban Baldes,El Chino,Ladrón Tigre,bañera,hombre,gesto,sonrisa,delincuencia,controversia,noticia

¡Parece que hay novedades tras Final Fantasy VII Remake Intergrade, que ya ha llegado a Nintendo Switch 2! Ya sabemos que la siguiente parte que recibiremos oficialmente, Final Fantasy VII Rebirth, se lanzará el 3 de junio de 2026 en Nintendo Switch 2.

El juego ya ha detallado su debut en formato físico, así como su enorme tamaño de descarga, precio reducido y más detalles, y esta vez tenemos declaraciones de Naoki Yoshida (Yoshi-P), quien cree que los largos periodos entre lanzamientos de Final Fantasy dificultan que los jugadores jóvenes conecten con la saga.

No obstante, también señala que, especialmente en Japón, esto se debe en parte a haber evitado durante unos 15 años las plataformas de Nintendo, muy populares entre el público infantil, lo que ha hecho que nuevas generaciones no desarrollen un vínculo fuerte con la franquicia.

Mientras tanto, os recordamos que Nintendo ya ha publicado el primer tráiler de la versión Switch 2 de Rebirth, mostrando un apartado visual muy destacado, acorde a la calidad de la versión original. Os dejamos con el vídeo:

Recordad que tenéis nuestro análisis de VII Remake aquí.

¿Qué pensáis vosotros de estas novedades confirmadas? No dudéis en dejarlo en los comentarios. Para terminar, también podéis encontrar nuestra cobertura completa sobre Final Fantasy aquí.

Vía.

Final Fantasy

La saga por la polémica habilitación para demoler el Luna Park sumó un nuevo capítulo esta semana con la presentación de recursos de apelación por parte del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y tres organizaciones de la sociedad civil contra la decisión de la doctora Natalia Tanno, jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño. Tanno fue quien autorizó el pasado 9 de marzo la demolición del histórico edificio y la construcción de uno nuevo en su lugar, a pesar de que el inmueble es Monumento Histórico Nacional y está catalogado con “nivel de protección estructural” por la Ciudad e incorporado al Código Urbanístico. La causa se tramita en el expediente 250240/2025.

En un giro notorio, la magistrada revirtió así la medida precautelar que ella misma había ordenado el pasado noviembre, habilitando de esta manera a los propietarios del Palacio de los Deportes a avanzar con su demolición.

Algunos conocedores del ámbito judicial de la ciudad de Buenos Aires consultados por LA NACION no se mostraron sorprendidos por la decisión de la magistrada. A pesar de calificar de “arbitraria” y de “carente de sustento jurídico” a la resolución que habilita la demolición de este inmueble protegido, subrayaron que Tanno es muy cercana al gobierno porteño a través de sus mentores, Genoveva Ferrero y Daniel Angelici, quienes impulsaron su carrera laboral y judicial. Angelici, con llegada decisiva a los tribunales, es socio político del alcalde Jorge Macri y tiene una influencia sustancial en la gestión a través de numerosos funcionarios que le responden.

Esta controversia se inició cuando el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, propietario del Luna Park, en una compulsa en la que se presentaron numerosos oferentes y cuya consigna era respetar la normativa patrimonial vigente, eligió una propuesta que le pagará un canon mayor por el hecho de demoler el estadio existente y construir uno mucho más grande –y por lo tanto, con mayor espacio para público– a pesar de que está prohibido. En efecto, este proyecto hace prevalecer el criterio comercial sobre el de la protección patrimonial, al aumentar su capacidad en más de un 30%.

El proyecto de demolición presentado por el Arzobispado a la Ciudad había logrado en 2025 el apoyo del gobierno de Jorge Macri mediante el dictado de la Disposición 1283/Dgiur/25, que prevé el derribo de los elementos protegidos –como la cubierta y todo el interior– y la alteración significativa de las fachadas, y en su lugar la construcción de un inmueble mucho más voluminoso, en violación la legislación establecida en numerosas normas del Código Urbanístico.

Cuando el gobierno porteño aprobó el proyecto de demolición, recayeron dos denuncias judiciales presentadas por Gil Domínguez y tres organizaciones de la sociedad civil, Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudad, con el patrocinio de los abogados Jonatan Baldiviezo y Pacífico Rodríguez Villar. Ambas presentaciones solicitaron una medida cautelar de no innovar en contra de la citada Disposición 1283/Dgiur/25, para que no se altere la situación mientras se resuelve el conflicto de fondo, aceptada en un principio por la jueza Tanno, que ahora, curiosamente, la revirtió.

Recursos de apelación

Así las cosas, Gil Domínguez y las tres organizaciones mencionadas acaban de presentar sendos recursos de apelación ante la Cámara contra la decisión de esta jueza de primera instancia.

Los demandantes sostienen que la sentencia es arbitraria, ya que la magistrada, pese a haber identificado con detalle la normativa del Código Urbanístico que expresamente protege al edificio del Luna Park y las restricciones que impone a cualquier intervención sobre él, omitió aplicarla al análisis del caso y, en lugar de analizar los argumentos de la demanda y los informes técnicos de los arquitectos especialistas en patrimonio urbano Marcelo Magadán y Francisco Girelli, incorporados en la causa, recurrió a consideraciones subjetivas ajenas al marco legal vigente para evitar verificar si las obras aprobadas por el Ejecutivo porteño se ajustan a la precisa legislación aplicable.

Es así que, luego de detallar en su resolución la normativa que prohíbe taxativamente incrementar el volumen del Luna Park, cambiar su cubierta, alterar su fachada y demoler su interior, la jueza de todas maneras aprobó las obras que precisamente incrementan el volumen del inmueble, reemplazan su cubierta, alteran su fachada y demuelen todo el interior, con el propósito de construir un nuevo edificio y de mayor capacidad. Como justificación para dar vía libre a las obras de demolición, la jueza Tanno se limitó a reproducir, casi de manera textual, los fundamentos de la disposición del gobierno porteño cuestionada, amparándose en el principio según el cual “se presume que toda actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico”.

Las violaciones al Código Urbanístico son fácilmente observables en la misma documentación presentada por los propietarios del Luna Park, que se encuentra en el expediente judicial y que fue aprobada por la gestión de Jorge Macri.

En este corte se observa claramente el incremento del volumen del nuevo edificio, que en los planos se lo identifica como “Superficie Nueva”:

Este perfil muestra el nuevo techo en el lugar de la cubierta histórica, que será demolida, y la fachada nueva que será construida, alterando la vigente:

Y en este otro perfil del nuevo edificio presentado por el propietario se identifica en rojo como “Sectores Nuevos” la masiva alteración de la fachada histórica remanente:

Por otra parte, en la documentación del Arzobispado incorporada en el expediente judicial se reconoce explícitamente que serán demolidos 11.612 metros del edificio histórico, quedando en pie solo 1331 metros; la jueza Tanno también aquí omitió analizar esta violación con las normas que protegen el Luna Park.

Los demandantes sostienen en su presentación que es posible incorporar actualizaciones tecnológicas al Luna Park sin por ello demoler el edificio, respetando el marco normativo vigente y preservando su valor patrimonial, tal como se ha hecho en numerosos inmuebles históricos en el mundo. Como ejemplos mencionan el caso emblemático del Teatro Colón y las obras realizadas en el Sydney Opera House.

El Teatro Colón ya fue restaurado y modernizado sin necesidad de demolerlo ni de aumentar su volumen. Tampoco se alteró su fachada ni se destruyó su interior. La intervención, conforme a las normas que protegen el inmueble, se llevó adelante durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad, primo del actual alcalde, Jorge Macri, quien impulsa la demolición del Luna Park.

En el Sydney Opera House se preservó el edificio y se buscó recuperar la concepción arquitectónica original del arquitecto danés Jørn Utzon. La modernización demandó una inversión cercana a los US$210 millones y permitió mejorar la acústica y la comodidad para artistas y público, ampliar la accesibilidad para personas con movilidad reducida e incorporar nueva maquinaria teatral y sistemas escénicos de última generación.

De prosperar la pretensión del gobierno porteño, el Luna Park será el primer Monumento Histórico Nacional en ser demolido desde la recuperación democrática de 1983.

La palabra de los especialistas

“El riesgo es muy alto, más si se tiene en cuenta que la administración local ha puesto todo su empeño en reducir al mínimo la protección de los edificios históricos, de por sí muy laxa. La aprobación de la destrucción de un edificio protegido y con valor histórico, cultural, simbólico e histórico como es el Luna Park muestra el nulo interés del gobierno porteño por la conservación del patrimonio de la ciudad y, lo que es grave, por hacer cumplir la normativa vigente. Vemos, además, cómo una funcionaria judicial cuya obligación es hacer cumplir la ley avala un proyecto que va en contra de la ley”, sostuvo el arquitecto especializado en patrimonio Magadán.

Y añadió: “Esta postura se suma a la de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos que, en una primera instancia, también aprobó esta destrucción; fue el primer organismo que intervino en este caso, en enero de 2025, en la gestión Capano, dándole un primer aval a la demolición. Estamos atravesando tiempos oscuros para el patrimonio, donde los órganos responsables de su conservación ponen su esfuerzo y energía en justificar su irremediable destrucción”.

Ana Bas, presidenta de Basta de Demoler, una de las ONG litigantes, cuestionó: “Lo que se dijo antes ahora se desdice. Se habilitan perjuicios que pueden volver nulo un eventual fallo sobre la cuestión de fondo en el futuro”.

Agregó que “el gobierno de la Ciudad hace caso omiso de los reclamos de vecinos y organizaciones. Desde Basta de Demoler vamos a seguir apelando en la Justicia para intentar evitar la demolición del edificio que ya fue autorizada por el GCBA. A eso se suma la posibilidad de instalar un ‘cerco de obra’, que impedirá advertir el inicio de la demolición y dificultará ejercer a tiempo acciones judiciales para frenar y evitar consecuencias irreversibles”.

Finalmente, Bas advirtió: “Hay un hecho que demuestra que en el GCBA son conscientes de la destrucción irreversible de un patrimonio de alto valor cultural: hablan de ‘rescatar’ algunos elementos para construir un museo, como si esa fuera una forma de preservar los valores históricos y simbólicos que la ley ordena conservar. Destruir un monumento histórico para luego exhibir algunos restos en un museo es el extremo de la hipocresía”.