BRASILIA.― El campus de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), un predio de vanguardia ubicado a 100 kilómetros de San Pablo, suele ser noticia por sus avances en innovación y por consolidarse sistemáticamente como una de las mejores universidades de América Latina. Sin embargo, desde hace semanas que el foco mediático no está puesto en su excelencia académica, sino en un caso policial. En el centro de la escena aparece una científica argentina, Soledad Palameta Miller, una rosarina de 36 años que pasó de ser una prometedora profesora de la Facultad de Ingeniería de Alimentos (FEA) a convertirse en la principal sospechosa de un caso de robo de material biológico que moviliza a la Policía Federal brasileña.

La trama, que mezcla presuntas ambiciones comerciales y un manejo temerario de patógenos de alta peligrosidad, estalló cuando la propia universidad denunció la desaparición de material biológico sensible. Según los registros del caso, la institución detectó la ausencia de las muestras y contactó a la Policía Federal y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) casi un mes antes del arresto de la científica, el 23 de marzo.

Lo que en un principio parecía una irregularidad administrativa se transformó en una investigación criminal por el presunto hurto de exactamente 24 cepas virales diferentes de los laboratorios de máxima seguridad del Instituto de Biología de este centro de estudios.

Palameta, graduada en biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario y doctora en Ciencias Farmacéuticas, se había integrado recientemente a la Unicamp tras realizar allí su posdoctorado.

La investigación federal que presenta a la científica rosarina como principal sospechosa del robo se sustenta en evidencias contundentes: las cámaras de seguridad del campus registraron que, desde noviembre pasado, ella y su marido, el veterinario brasileño y alumno de doctorado Michael Edward Miller, frecuentaban los laboratorios de virología en horarios sospechosos, poco frecuentados. La hipótesis central es que el matrimonio habría trasladado indebidamente las muestras hacia congeladores en la Facultad de Ingeniería de Alimentos, donde la argentina desempeñaba sus tareas.

Entre los organismos recuperados figuran cepas de Dengue, Zika, Chicunguña, Epstein-Barr, Herpes y Coronavírus, además de variantes de la gripe como el H1N1 y el H3N9. Todos están clasificados bajo el Nivel de Bioseguridad 3, destinados a agentes que pueden causar enfermedades graves o letales.

La Anvisa y la Unicamp informaron el 1 de abril pasado que el robo del material no ofrece riesgo a la salud pública, dado que, cuando fue hallado, estaba lacrado y congelado. Sin embargo, se detectó que Palameta entró en un tercer laboratorio controlado entre el 21 y el 23 de marzo, después de que la policía ya hubiera allanado y lacrado los otros espacios.

El destino de las cepas robadas

La gran incógnita es la motivación detrás del movimiento de los virus. La Policía Federal investiga ahora si el matrimonio intentó vender las muestras o utilizarlas para el desarrollo de productos privados, una hipótesis que, según reveló el portal de noticias brasileño G1, es analizada formalmente por las autoridades a pesar de no contar aún con elementos concretos de una venta.

El foco está puesto sobre Agrotrix Brasil LTDA, una startup fundada por la pareja. LA NACION revisó datos de la empresa que arrojan detalles reveladores sobre su estructura y ambiciones. Registrada oficialmente el 14 de mayo de 2025, la compañía nació con un capital social de apenas 1.000 reales —menos de US$200—, una cifra que contrasta con la complejidad de los servicios que ofrecía.

A pesar de su escaso respaldo financiero, Agrotrix se presenta en su página web como una “Empresa de Pequeño Porte” dedicada principalmente a la investigación y el desarrollo experimental en ciencias físicas y naturales. Sus actividades secundarias declaradas ante la agencia tributaria brasileña incluyen desde servicios de agronomía y consultoría agrícola hasta actividades veterinarias, laboratorios clínicos y entrenamiento profesional.

La empresa operaba formalmente dentro del parque tecnológico de la Unicamp, aprovechando un programa de incubadora de empresas del centro de estudios superiores. Sin embargo, la propia universidad aclaró que la firma solo tenía permiso para utilizar una oficina compartida de coworking, sin autorización alguna para ejecutar actividades técnico-científicas o manipular patógenos en sus instalaciones.

La sospecha policial apunta a que los “virus transgénicos a medida” que la pareja ofrecía para el tratamiento pecuario podrían haber tenido como base las muestras sustraídas ilegalmente.

Un hermetismo total

Frente a este complejo panorama, Palameta ha optado por un hermetismo absoluto. Su abogado brasileño, Pedro de Mattos Russo, comunicó oficialmente que no hará declaraciones públicas debido al secreto de sumario decretado por la 9ª Vara Federal de Campinas, una medida que restringe el acceso a los detalles procesales para preservar la eficacia de las apuraciones.

LA NACION intentó contactar a Palameta a través de teléfonos asociados a su empresa y mediante sus redes sociales, pero no obtuvo respuestas. Este silencio coincide con una pérdida de apoyo institucional drástica: la Facultad de Ingeniería de Alimentos se desvinculó de sus actividades, aclarando que el manejo de estos agentes de alto nivel de contención no formaba parte de sus planes de trabajo ni estaba autorizado por el vínculo institucional de la docente.

Mientras la Unicamp avanza con una investigación administrativa que podría terminar en su expulsión, la diplomacia argentina sigue el caso con cautela. Fuentes diplomáticas contaron a este diario que el consulado argentino en San Pablo mantiene contacto permanente con el abogado de Palameta para monitorear su situación legal y asegurar el debido proceso.

La científica deberá responder por cargos de hurto calificado, fraude procesal y transporte irregular de organismos modificados, delitos que en Brasil acarrean penas severas.

Mariano Paéz, el papá de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil, dijo que el video en el que se lo ve haciendo gestos provocativos “está hecho con inteligencia artificial” y denunció haber sido amenazado.

“Me pidieron $5 millones”, dijo Páez, unos minutos después de que las imágenes se viralizaran a través de las redes sociales.

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Según sostuvo el empresario santiagueño, el material que circuló en las últimas horas no sería auténtico y formaría parte de una maniobra para perjudicarlo públicamente en medio de la exposición mediática que atraviesa su familia.

En ese sentido, aseguró que ya analiza realizar una presentación judicial para que se investigue el origen del video y a sus posibles responsables.

El hombre también afirmó que, tras la difusión de las imágenes, comenzó a recibir mensajes intimidatorios.

De acuerdo a su relato, desconocidos se comunicaron con él para exigirle dinero a cambio de no continuar difundiendo el contenido. “Me pidieron plata para frenar todo esto”, insistió, al tiempo que remarcó que teme por su seguridad y la de su entorno.

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Mientras tanto, el caso sigue acumulando tensión pública y mediática, en un contexto ya atravesado por la causa judicial que involucra a su hija en Brasil y las denuncias cruzadas dentro del ámbito familiar.

La polémica por el video continúa escalando en redes sociales, donde se multiplican las repercusiones y los cuestionamientos sobre la veracidad de las imágenes y la gravedad de los gestos que allí se observan.

Noticia que está siendo actualizada.-

Brasil, abogada

Se cumple un mes del derrumbe ocurrido el pasado martes 3 de marzo en el Complejo PROCREAR de Parque Patricios, que provocó la evacuación de unas 300 familias de sus departamentos que todavía sufren las consecuencias del episodio. Aquella madrugada, una losa colapsó sobre el estacionamiento del lugar, destruyó decenas de vehículos y generó un peligro estructural que volvió temporalmente inhabitable el predio. A 31 días del alarmante hecho, hay una causa judicial en curso por estrago culposo, pero aún sin responsables.

A lo largo de estas semanas hubo numerosas inspecciones en el complejo. Además, trabajó personal del Gobierno de la Ciudad, especialistas, bomberos y gente de la constructora COSUD, que estaba a cargo de la obra y es la principal apuntada por los vecinos denunciantes.

En este contexto, las autoridades porteñas resolvieron el pasado 18 de marzo que ya no había peligro de derrumbe, por lo que levantaron la clausura y habilitaron el regreso parcial de los residentes evacuados a sus casas. Sin embargo, desde entonces, empezaron a acumularse más denuncias por fallas y los vecinos dicen tener miedo de estar ahí.

Desde la habilitación del lugar, personal de emergencias debió acudir de urgencia varias veces al complejo. Una fue tras la advertencia de una mujer, que dijo que su ventana había sufrido un desplazamiento repentino que le provocó la ruptura de los vidrios de su casa. En las últimas horas, otro estruendo asustó a los habitantes: fue una falla en un ascensor, que terminó siendo inhabilitado.

“Mientras el GCBA dice que el edificio es “habitable” y levanta parcialmente la clausura, en la realidad los vecinos siguen viviendo en condiciones totalmente precarias. Alrededor de las 21 horas, varios vecinos escucharon un estruendo muy fuerte dentro del edificio. Ese ruido terminó siendo consecuencia de un ascensor que quedó trabado, situación que motivó la intervención del Cuerpo de Bomberos, quienes finalmente procedieron a inhabilitarlo por razones de seguridad», explicó a Infobae uno de los abogados que representa a los damnificados.

Y agregó: “Esto lo vuelve todavía más grave: los ascensores, que son algo básico para poder vivir en el edificio, no solo no funcionan correctamente, sino que además representan un riesgo concreto. Y acá aparece la pregunta más preocupante: ¿Qué pasaba si alguien quedaba atrapado en ese ascensor o si ocurría una falla grave, como una caída? ¿Quién se hacía responsable? Encima esos ascensores estaban habilitados, con su oblea correspondiente, mientras oficialmente se sigue sosteniendo que el edificio está en condiciones”.

En este sentido, los residentes dicen no entender por qué los habilitan a regresar a sus departamentos si “ni siquiera funcionan servicios esenciales o, peor aún, funcionan con fallas peligrosas”.

La empresa COSUD, por su parte, emitió un comunicado al que accedió este medio donde informó que a un mes del episodio el edificio está estructuralmente estable y “ya no existen impedimentos para el regreso de los vecinos”. En el escrito, la constructora destacó que intervino desde el primer momento, “financiando alojamiento y alimentación para aproximadamente 300 vecinos y más de 50 mascotas».

Sobre la situación actual, desde la compañía dijeron que más del 90 % de los departamentos ya recuperaron el servicio eléctrico, el gas y la red de agua, y que el trámite de restitución debe gestionarlo cada propietario con los proveedores de servicios públicos.

Para los casos particulares, señalaron que extendieron la estadía en hoteles para 11 familias que requieren atención especial. La empresa sostiene que esta prórroga refleja una gestión adaptada “a la situación individual de cada vecino afectado”.

El comunicado enfatiza que COSUD “priorizó la seguridad de los residentes afectados” e informa que la empresa “continuará informando oportunamente sobre nuevos avances”.

La causa judicial

Por el momento, la causa judicial sigue en etapa de investigación y las decisiones sobre el estacionamiento y la remoción de escombros dependerán de las autorizaciones oficiales. No obstante, semanas atrás, los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, que representan a los damnificados, pidieron a la fiscal María del Rosario Selvatici la “imputación inmediata” de los responsables de la obra.

El pedido apuntó directamente contra las autoridades de la Constructora Sudamericana (COSUD) y del Banco Hipotecario, a cargo del fideicomiso que administra el proyecto. Según la acusación, ya hay “elementos de prueba directa y presuntiva que determinan la responsabilidad penal en el delito investigado”.

Los abogados querellantes sostienen que desde el colapso de la losa, el edificio quedó en grave un estado de deterioro: señala que hay rajaduras y grietas, y que no tiene condiciones mínimas de seguridad ni habitabilidad.

El escrito también cuestiona a la fiscal por la habilitación parcial del edificio para su ocupación sin “garantías técnicas independientes, pese a la existencia de un cráter enorme provocado por el colapso de la losa”. En este sentido, remarcó que, aunque el área está vallada, no evita que el riesgo persista para las familias, entre ellas menores de edad.

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