La causa judicial por el incendio intencional de la casilla Blaquier, ubicada en la intersección de Alvear y Colón, fue archivada este martes por decisión de la fiscal María Florencia Salas, al cumplirse un mes del hecho sin avances significativos ni elementos que permitan identificar a los autores.

El expediente quedará en pausa, aunque en la fiscalía no descartan reabrir la investigación si aparecen pruebas nuevas o datos reveladores.

Todo comenzó cuando los peritajes concluyeron que el fuego resultó provocado de manera premeditada. La antigua casilla no tenía suministro eléctrico ni gas, por lo que las hipótesis de accidente quedaron rápidamente descartadas y la pista principal se orientó hacia acciones de terceros.

Según varios vecinos de la zona, personas extrañas ingresaron al inmueble desde horas tempranas de la tarde; uno de ellos mencionó que observaron movimiento alrededor de las 18:00. Este tipo de presencia, afirmaron, era frecuente en el sitio. “Quizás por el frío hicieron un fuego y se les fue de las manos”, expresó a 0223 un habitante del lugar

Buscando reconstruir la secuencia, la fiscalía intentó obtener testimonios que ayudaran a esclarecer lo sucedido y solicitó también las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la zona, según indicó La Capital.

En este punto, la pesquisa se topó con un obstáculo inesperado: las cámaras del edificio contiguo, consideradas cruciales para mostrar la maniobra de los autores, no pudieron aportar imágenes. El sistema de videovigilancia resultó dañado por el calor de las llamas durante el siniestro, lo que imposibilitó la captura de evidencias visuales.

A pesar de este contratiempo, la fiscal Salas ordenó reparar el desperfecto con la esperanza de rescatar registros almacenados, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.

El caso también despertó la atención de defensores del patrimonio de la ciudad, quienes se presentaron en Tribunales con teorías relacionadas con posibles intereses comerciales detrás del incendio, aunque ninguno logró identificar a eventuales responsables ni aportar datos concluyentes.

Por otro lado, según La Capital, la concejala Eva Ayala, representante de Acción Marplatense (AM), dirigió un pedido de informes al Departamento Ejecutivo, solicitando detalles sobre el estado patrimonial del inmueble e información acerca de la existencia de proyectos inmobiliarios, planes de edificación o permisos vinculados al predio antes del siniestro. Hasta la fecha, el requerimiento continúa sin respuestas oficiales y ni siquiera fue abordado en las comisiones correspondientes.

Así, tras un mes sin avances concretos y frente a la falta de registros audiovisuales, testimonios determinantes o pruebas que permitan esclarecer la autoría del hecho, la investigación quedó archivada a la espera de nuevos datos pertinentes.

El momento del incendio y la historia de la casilla

Durante la medianoche del siniestro, el estallido del incendio sorprendió a quienes transitaban por la zona. Poco después, tres dotaciones de bomberos provenientes de los cuarteles Centro y Puerto arribaron junto a equipos de Defensa Civil que también acudieron inmediatamente.

La vivienda, levantada en un lote de 20 metros cuadrados, tenía vigas y estructura de madera, techo de tejas sobre chapa y cinco habitaciones alrededor de un patio trasero. Los rescatistas desplegaron mangueras por la parte frontal y lateral de la casa, intentando frenar el fuego, tarea que se extendió hasta la madrugada.

El trabajo incluyó labores de enfriamiento para evitar que las brazas reavivaran las llamas en los restos. Finalmente, la edificación colapsó por completo.

Esta casa, representativa de las “casillas” tradicionales de la ciudad, fue construida en 1903 por encargo de Benjamín Anchorena y por la firma británica John Wright, de Liverpool. Para su edificación se emplearon materiales importados y se la levantó sobre pilotes de madera dura. La fachada tenía tablas horizontales de “machimbre inglés” y los pisos y cielorrasos también eran de madera.

El interior tenía revestimientos de arpillera y papel, linóleum en el baño, y una chapa en la cocina, según el arquitecto Roberto Cova citado por La Capital. Originalmente, el lote formaba parte de un grupo de chalets de madera -el conjunto Villa Blaquier-, siendo esta casilla la última en pie hasta el incendio.

Posteriormente, la propiedad pasó a la familia Blaquier y funcionó como alojamiento de obreros y obrador mientras se edificaba la villa principal. Con el tiempo, la casa mostró el desgaste y finalmente, antes del incendio, se encontraba valuada en más de $900.000 según el medio Ahora.

Traemos novedades de esta edición de Persona 3 Reload. Hace unos meses nos llegaban palabras sobre por qué no estaba en la consola, y ahora por fin se ha anunciado para la sucesora: SEGA y Atlus traerán Persona 3 Reload a Nintendo Switch 2. Las compañías planean lanzar la versión el 23 de octubre de 2025.

Ahora, tras este esperado anuncio y el lanzamiento de su demo en Switch 2, tenemos una genial ilustración. Atlus ha celebrado el ya inminente lanzamiento de Persona 3 Reload en Nintendo Switch 2 compartiendo una nueva ilustración del reconocido artista Shigenori Soejima.

Podéis verlo abajo:

Atlus shared new art to celebrate the release of Persona 3 Reload on Switch 2.

Art by Shigenori Soejima.

Hopefully this isn’t the last we’ll see of Persona on Switch 2. pic.twitter.com/Z72ynUTesn

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— Stealth (@Stealth40k) October 22, 2025

No olvidéis que tiene más parches en camino.

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Vía.

imagen,Persona 3 Reload

Los rectores de las universidades públicas nacionales acordaron por unanimidad recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N°27.795) durante el plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se realizó hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Sin embargo, aún restan detalles de la estrategia jurídica. Horas antes, el Consejo Superior de la UBA también aprobó que iniciarían acciones judiciales para que el Poder Ejecutivo ejecute de manera efectiva la ley.

El Gobierno finalmente promulgó la ley de financiamiento universitario, que insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial. Lo hizo ayer, el último día que quedaba del plazo para hacerlo. Pero, al igual que sucedió con la norma de discapacidad, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.

“Un decreto no puede suspender una ley”, dijo Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.

La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI. El año pasado, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó.

Además de la acción judicial, los rectores de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.

Al presentar el presupuesto, entre los temas sensibles que enumeró el Presidente estuvo el de las universidades. Milei dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% en términos nominales con respecto al presupuesto previsto para 2025, cercano a los $4,2 billones.

Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones para el próximo año. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%, pero acumula un descenso del 32% en el último año.

Queda a su vez muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída general entre 2023 y 2026, según ACIJ.

Por su parte, Fedun –la Federación de Docentes Universitarios– y Conadu –la federación nacional de docentes universitarios– realizaron hoy un paro de 24 horas en todas las universidades del país. Se reunirán la próxima semana para decidir las próximas medidas.