Seis miembros de una banda criminal acusada de cometer robos agravados en la zona norte del Gran Buenos Aires fueron detenidos este miércoles por la Policía Bonaerense tras una serie de allanamientos coordinados en los partidos de Tigre y Malvinas Argentinas. Los arrestos se concretaron tras una investigación de dos meses encabezada por el fiscal José Amallo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la organización operaba de manera planificada y con una particularidad: para concretar los robos, se hacían pasar por policías. Utilizaban chalecos antibalas, armas de fuego cortas y largas, gorras y prendas similares a las de las fuerzas de seguridad. Además, se desplazaban en vehículos que facilitaban el acceso rápido a los lugares seleccionados.

Los asaltos iniciaban con la irrupción en los domicilios o en comercios, donde los sospechosos se presentaban como agentes, exhibían pistolas y chalecos, y con amenazas reducían a las víctimas para sustraer dinero y objetos de valor. La logística incluía tareas previas de inteligencia, vigilancia y una estricta coordinación interna para evitar ser detectados, según la investigación.

En los últimos meses, la banda había llevado a cabo una seguidilla de asaltos de este tipo, todos en la zona norte del conurbano bonaerense.

El primero fue el 23 de noviembre de 2025, cuando se registró un robo en la imprenta Madygraf de Garín. La vícitma fue una mujer de 55 años. El 15 de enero de 2026, en Tigre, cometieron otro asalto similar. El 19 de febrero de 2026, en Don Torcuato, atacaron a un adolescente de 18 con la misma maniobra. Finalmente, el pasado 20 de febrero, un hombre de 47 sufrió un robo de la banda en el barrio San Pablo de El Talar.

Estos hechos -investigados por distintas unidades fiscales, entre ellas la UFI Garín, la UFI Rincón del Milberg y la UFI El Talar- se sumaron al caso que dio inicio a la causa y derivaron en los allanamientos y detenciones concretados por la policía. En la investigación participó personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tigre (EPDS Tigre) y el Grupo Táctico Operativo (GTO).

Las autoridades atribuyen a esta banda todos estos robos realizados bajo esta modalidad en distintas localidades del norte del conurbano bonaerense.

Así, tras dos meses de investigación, lograron identificar a los miembros de la organización. Según se reconstruyó, la banda era liderada por Julio Esteban Baldes (58), quien fue aprehendido junto a Federico Mario Nahuel Baldes Gonzalez (31), Ana Laura Umbidez (30), Giménez Nicolás (39), Gabriel Emiliano Gavilán Herrera (28) y Luciano Matías Colayago (33).

Durante los procedimientos también se incautaron un Volkswagen Fox, fundas de chalecos antibalas, dinero, teléfonos celulares, gorras, prendas policiales y otros elementos de interés para la causa que refuerzan la hipótesis del accionar simulado como policía.

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— Mindroid (@ShadowMindroid) March 18, 2026

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Fuente.

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Es uno de los engranajes menos visibles del sistema educativo y ahora el Gobierno nacional decidió ponerlo bajo la lupa: comenzará a evaluar a los institutos donde se forman los futuros docentes. La iniciativa, que cuenta con el aval de todas las provincias, ya que fue aprobado en el Consejo Federal de Educación (CFE, que reúne a los ministros de Educación de todas las jurisdicciones) apunta a introducir por primera vez una evaluación sistemática, con instancias internas y externas, capaz de medir qué ocurre dentro de esos espacios y, eventualmente, corregirlo.

Según informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Capital Humano, el instrumento que se utilizará es el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de la formación docente (Sifieca), aprobado en noviembre de 2024 por el CFE. “Se trata de una herramienta fundamental que permitirá la mejora del sistema formador de nuestro país, a través de procesos de autoevaluación y evaluación en los institutos superiores de formación docente”, señalan desde esa cartera.

El cambio llevará tiempo pero ya dio sus primeros pasos, como plan piloto. En noviembre último, comenzó la etapa inicial en 66 institutos de tres provincias, donde se inició el proceso de autoevaluación. Durante el primer semestre de este año, el alcance se ampliará hasta llegar a 150 institutos y se incorporarán otras nueve jurisdicciones.

La propuesta combina herramientas técnicas con instancias de participación institucional. Cada profesorado debe cargar información en una plataforma digital, pero también abrir espacios de discusión interna. La consigna es revisar prácticas, identificar problemas y elaborar un informe que sintetice ese diagnóstico construido puertas adentro.

Esa primera fotografía institucional será luego contrastada con una mirada externa. La segunda etapa del sistema prevé la intervención de evaluadores que integrarán un registro federal en elaboración. Su tarea será analizar los informes producidos por cada instituto y realizar una evaluación independiente sobre su funcionamiento.

Según las previsiones oficiales, los primeros 150 institutos que completen la autoevaluación atravesarán esta instancia externa durante el segundo semestre del año. Hasta ahora, el sistema carecía de mecanismos unificados de revisión.

Hay que recordar que los institutos de formación docente son en su mayoría instituciones públicas gestionadas por las provincias.

El nuevo sistema de evaluación llega en un momento en el que existen cuestionamientos a los institutos de formación docente, tanto por la falta de egresados de profesorados de las materias troncales, como matemática y las ciencias y los idiomas, además de la proliferación de profesorados de otras disciplinas que no responden a la demanda real de docentes hoy en las escuelas.

En el país hay más de 1300 institutos de formación docente, y más del 60% son estatales y responden a las provincias. Desde hace años que se viene hablando del déficit en la calidad de la formación y en la distribución de la oferta. Sin embargo, esta es la primera vez que se avanza sobre el tema.

Entre los principales cuestionamientos hallados por las autoridades educativas, se apunta a la escasez de profesorados en áreas clave, junto con una expansión de carreras que no siempre responden a una planificación integral del sistema educativo. A eso se suma la dificultad para las autoridades de acceder a información sistemática sobre el funcionamiento de las instituciones.

El nuevo esquema de evaluación no se centrará en carreras específicas, sino en el desempeño global de cada instituto. El proceso contempla una instancia de autoevaluación, revisión externa y la elaboración de recomendaciones orientadas a mejorar los puntos críticos detectados.

En una segunda fase, esos resultados tendrán impacto directo. La acreditación podrá ser plena o parcial, de acuerdo con el desempeño institucional, y estará vinculada a la validez nacional de las carreras que ofrecen los profesorados. En los casos en que se detecten falencias, se prevé la formulación de planes de mejora.

La resolución que dio origen al sistema establece plazos: todos los institutos deberán atravesar este proceso cada seis años y, para 2030, la totalidad del sistema habrá sido evaluada al menos una vez. Aquellos que resulten aprobados tendrán una validez de seis años hasta volver a someterse a una evaluación. Los que resulten con aprobación parcial deberán volver a presentarse en tres años y demostrar haber hecho los cambios para poder seguir sosteniendo un título oficial.