“La gran preocupación que tenemos es que esto se transforme en una barrera para el ingreso de la innovación; que los pacientes no puedan esperar”. Así fue una de las muchas veces en que, en un encuentro con un grupo de periodistas, Carlos Escobar Herrán, director ejecutivo de CAEME (la cámara que nuclea a los laboratorios extranjeros con sede en el país) apuntó al tema que hace unos días tiene muy movilizado al sector: el lanzamiento del Gobierno -no formalizado aún en el Boletín Oficial, pero anunciado con bastante detalle- de la nueva Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), un organismo liderado por el Gobierno, que tendrá por objetivo evaluar la costo-efectividad de los remedios y tratamientos más caros que se lleguen al mercado, filtrando los pedidos de comercialización que hasta ahora iban directo a la ANMAT.

En la vereda de enfrente de los laboratorios nacionales, Escobar Herrán resumió varias veces la posición de los fabricantes extranjeros de medicamentos. Una de ellas, así: “Queremos una agencia, pero la queremos bien hecha”. Habló de una aparente “despriorización de la Argentina de la industria internacional”.

A raíz de ése y otros comentarios, Clarín se comunicó con el Ministerio de Salud de la Nación. Al cierre de estas líneas explicaron que «lo que la agencia busca no es un freno a la innovación sino que los tratamientos a los que puedan acceder los argentinos sean los más convenientes para su patología. No hay nada peor para un paciente que un tratamiento que no necesita o que no es beneficioso para su condición«.

La “farma” (los laboratorios farmacéuticos) son un sector poderoso, que en Argentina tiene dos grandes frentes: una fuerte pata nacional, representada, en buena medida, por la cámara más grande, CILFA, a la que se suman Cooperala y, en menor medida, CAPGEN. Y, por otro lado, aquella que -con un lugar también relevante, en especial para los medicamentos de alto costo– condensa CAEME, más conocida como “la de los laboratorios extranjeros”.

Si bien tienden a la sintonía en más de un sentido, el anuncio de la ANEFiTS del ministro de Salud, Mario Lugones, parece haber impulsado alguna distancia. En especial, respecto tres puntos particularmente sensibles al sector.

Para comprenderlos, hay que partir de la base de un consenso general sobre la urgencia de que la Argentina, tal como está haciendo, sume a su sistema de salud una agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (en el mundo conocidas como ETS). Esto, por dos razones elementales (entre otras).

1) La dispersión de precios de los medicamentos en el mercado local (que, en ciertos casos, resultan desmedidos, a falta de genéricos bioequivalentes), y 2) por la cantidad de litigios judiciales ligados a las coberturas que las obras sociales y prepagas les niegan a los pacientes, tema que con los años abultó la lista de los remedios y tratamientos que deben cubrirse por estar en el Plan Médico Obligatorio (PMO).

El primer aspecto sensible que remarcaron los referentes de CAEME es que “en ningún lugar del mundo” estas agencias evalúan la cuestión del beneficio sanitario y el costo económico (a eso se dedican las ETS) antes de que la propia agencia regulatoria del país (en este caso, la ANMAT) se haya pronunciado sobre la seguridad y eficacia de las distintas drogas.

Clarín consultó por una potencial disolución (o reducción a la mínima expresión) de la ANMAT. La respuesta de Escobar Herrán fue que, si la ANEFiTS tiene las cualidades anunciadas hasta ahora (algo incierto, ya que el decreto que debería darle existencia se hace esperar hace casi una semana), “le sacaría incumbencias».

“No quiero opinar sobre un texto que no vi, pero parece que tomaría sus competencias, en tanto que miraría la calidad, seguridad y eficacia de las tecnologías sanitarias. Además, en el panel de la ANEFiTS participaría una persona de la ANMAT, cuando un sólo técnico no puede evaluar esas tres cuestiones”, apuntó.

El segundo aspecto tiene que ver con si los veredictos de una agencia de ETS deben ser vinculantes o sólo oficiar de “recomendación” para los pagadores o financiadores del sistema.

Susana Baldini, directora médica de CAEME, destacó las rugosidades que para la entidad vuelven imposible que una agencia como la ANEFiTS emita un “único” veredicto de costo-efectividad que pueda aplicar solventemente para todos los financiadores. “Lo que le sirve al PAMI, quizás no le sirve a cierta prepaga. Y aquello que autorizan las obras sociales, quizás no le sirva al PAMI, por el tipo de pacientes que tienen”, explicó.

Esas trabas también generarían consecuencias, según la cámara empresaria. Se hizo especial énfasis en el reclamo de que poner barreras para que ingresen tecnologías sanitarias innovadoras no disminuirá los litigios judiciales, no generará un ahorro particularmente y, en cambio, podría terminar consolidando al mercado argentino como un gran consumidor de medicamentos y tratamientos “viejos” (que ya no se usan en otras partes del mundo).

Baldini argumentó su exposición con datos del informe W.A.I.T. (en español, “esperando el acceso a las terapias innovadoras”) que llevó adelante la propia industria farmacéutica a nivel global y que señala que los tiempos promedio de acceso a medicación es «de 531 días en Europa, mientras que en América latina llega a 1.700 días”. En Argentina, el tiempo promedio de acceso es de 1.500 días.

El tercer punto objetado fue respecto de quiénes integrarán la ANEFiTS. En diálogo con este medio, desde el entorno del ministro Lugones aseguraron hace unos días que estará presidida por dos personas elegidas por el Poder Ejecutivo (tras la sugerencia del ministro de Salud de turno) y que, debajo de ellas, habrá cuatro vocales. Uno por la ANMAT, otro, en representación de los ministros de Salud de las provincias (o sea, el COFESA), otro en representación de las facultades de Medicina del país, y por fin, un miembro del ministerio de Economía.

Ninguno estará elegido por concurso, punto que desde CAEME critican particularmente, en parte por la sorpresa que -sugieren- les genera esa decisión porque en reuniones previas con funcionarios de la actual gestión de Gobierno, la idea de concursar esos cargos había sido recibida como razonable.

El reclamo puntual de CAEME (algo que, vale remarcar, no fue motivo de queja para las cámaras nacionales) es que los fabricantes (los laboratorios) deberían participar del panel (con voz, pero sin voto), que también los financiadores deberían estar presentes (con voz y voto) e, igualmente, los pacientes y las asociaciones de pacientes (con voz y voto).

Este último punto había sido consultado por Clarín al Ministerio de Salud hace unos días. Respondieron que los pacientes no fueron considerados para incluir la nueva agencia, por no tener formación técnica. Pero desde CAEME ejemplificaron que en otros países las agencias de ETS dan formación educativa a las asociaciones de pacientes.

Ninguno de los puntos mencionados hasta acá generó críticas en la industria nacional. Desde CILFA emitieron un comunicado luego del anuncio de la agencia en el que veían con agrado la creación de la ANEFiTS, tal como fue planteada. Ante una nueva consulta de Clarín, enfatizaron que dieron «apoyo a la creación de la agencia como modelo de evaluación pero con relación a su operatividad», señalaron que no cambiaron su «forma de pensar» y agregaron: «No conocemos el texto del decreto de creación; por lo tanto, esperaremos a conocerlo para ampliar nuestros comentarios».

En CAEME el ánimo es distinto. “La solución no es una agencia que ponga un freno a la innovación y, en cambio, no regule todo lo demás”, apuntaron, en alusión directa a la falta de una regulación adecuada para los medicamentos “copia” que gobiernan el mercado farmacéutico local; un problema que, sin verdaderos genéricos bioequivalentes, perpetúa la dispersión de precios.

“No creo que sea intención del Gobierno favorecer a una cámara o a otra. Creo que buscan una solución que es buena, como el hecho de crear una agencia, pero no tuvieron en cuenta estos factores”, matizó Escobar Herrán.