El martes pasado la madre de un alumno de la escuela Nº8 del distrito escolar 4 “Carlos Della Penna”, en el barrio porteño de La Boca, atacó al director y le clavó una birome en el brazo. La abuela, a la vez, agredió físicamente a una secretaria y a una auxiliar de la institución. Terminaron hospitalizados y las mujeres, detenidas.

El 30 de mayo un padre ingresó a la EPET N°11 de Zapala, en Neuquén, y golpeó a dos docentes para reclamar por un vapeador que le habían sacado a su hijo. Menos de un mes antes, el 22 de abril, en la misma provincia una madre y su hija golpearon a la directora de la IFD 12 hasta desfigurarla porque le habría llamado la atención a su otra hija. Tenían ya prohibido el ingreso por haber amenazado a docentes y autoridades el día anterior.

Unos días después, en La Plata, un padre esperó al director de la Escuela Secundaria N°46, y lo golpeó brutalmente en la vereda del colegio para defender a su hija. No estaba de acuerdo con la respuesta institucional a un conflicto entre estudiantes.

Aunque no hay cifras que lo confirmen, la violencia escolar pareciera estar en aumento, incluso con una participación creciente de padres y madres en los episodios. Es uno de los tantos temas para abordar entre las políticas públicas referidas a educación: al igual que otras instituciones civiles y estatales, la escuela perdió autoridad.

“En la mayor parte de los países, las escuelas pasaron a cumplir funciones de contención y cuidado emocional que exceden el mandato original de enseñar. Esas demandas nunca podrán satisfacerse plenamente porque las escuelas no están formateadas para eso, lo que genera frustración y disolución de la autoridad que terminan con agresiones hacia los que están más cerca: los docentes”, describe el especialista en educación Mariano Narodowski, autor del libro Un mundo sin adultos.

“Las autoridades políticas no modifican la organización jerárquica y vertical del sistema educativo, y actúan como si la escuela actual fuera la de hace cincuenta años. Al no haber reformas que empoderen a docentes y directivos, estos terminan cautivos de las demandas de las familias y rehenes de los funcionarios y sus burocracias”, agrega.

“La alianza escuela-familia incluía reglas, jerarquías y rituales estables conducidos por los docentes mientras las familias debían adaptarse. Hoy esto se invirtió y son las escuelas las que se ajustan a las demandas familiares: predomina un vínculo más personalizado, inmediato y emocional, atravesado por canales digitales que eliminan la distancia simbólica y generan un trato sin filtro entre padres y docentes, lo que favorece malentendidos, reclamos desmedidos y reacciones impulsivas”, resume el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.

“Reconstruir institucionalidad”

“La escuela no está aislada de lo que pasa en la sociedad”, sintetiza Cecilia Veleda, doctora en sociología de la educación. “Nuestra sociedad está atravesada por la pobreza, la falta de perspectivas, la fragmentación y la violencia, alentada muchas veces desde las esferas gubernamentales. Hay que reconstruir institucionalidad mediante articulación intersectorial para prevenir y atender las situaciones problemáticas, reglas de convivencia más claras para las escuelas, mejor formación para directores y docentes. El clima de trabajo es problemático en buena parte de las escuelas del país y peor que en buena parte de los países del mundo, como lo muestran las evaluaciones internacionales. Esto es causa y a la vez consecuencia del deterioro de la calidad educativa: cuando la propuesta pedagógica de la escuela tiene sentido para los estudiantes, el clima mejora”, opina.

Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar (UCA), apunta que es necesario primero hacer un diagnóstico. “En un estudio que hicimos en 2023, el 80,2% de los directivos dijo que la convivencia escolar no era un problema menor o no era un problema. Ahí ya tenés un obstáculo, porque no va a formar parte de la gestión. Van a esperar que pase algo en vez de prevenirlo y, después, en general el mensaje es ‘esto tiene que quedar acá adentro’”, expone.

En la provincia de Buenos Aires estas conductas están tipificadas como contravención legal y cuentan con una Guía de Orientación e Intervención en situaciones conflictivas y vulneración de derechos. Las denuncias alrededor de los hechos de violencia comunicados por las escuelas a la Dirección General de Cultura y Educación son catalogadas como “situaciones de conflicto”, que también se incluyen transgresiones como llegar tarde.

En la ciudad de Buenos Aires no existe aún una figura específica. Cuentan con un protocolo para actuar ante situaciones de violencia, también para casos de vulneración de derechos y violencia digital, y con las últimas reformas incorporaron la política de bienestar socioemocional. En la escuela de La Boca, que tiene niveles inicial, primario y secundario, al día siguiente de los hechos se suspendieron las clases para una jornada Espacio de Mejora Institucional (EMI). Organizaron luego un abrazo a la institución y el director agradeció el apoyo. “Era algo desconcertante. No es lo normal y no tiene que ser la norma. Acá estamos para ser felices y disfrutar de esto. Nuestro límite es la violencia. Acá tenemos que enseñar que la palabra es lo mejor, no tocamos a nadie, hablamos”, dijo mientras lo escuchaban alumnos y las familias que se habían acercado. Informó también que, luego del receso invernal, tendrán jornadas que involucren a docentes, padres, madres y estudiantes.

En representación de la cooperadora, el padre que habló pidió hablar sobre lo ocurrido –y entre las preguntas que les disparó el hecho– remarcó cómo ayudar a los niños de las familias involucradas. Los directivos no tenían detalles, sabían que habían quedado a cargo de otros parientes.

“El protocolo da respuesta a la situación cuando ya fue. Nosotros insistimos en la prevención temprana. La respuesta es mucho más compleja. Es una mirada ecosistémica, en la cual se ubica el estudiante en el centro y después hay distintos círculos: la familia, el barrio, la escuela, la sociedad. La violencia en general es una conducta aprendida”, define Santander, escritor y psicopedagogo institucional.

Uno de cada dos estudiantes de primaria habló sobre violencia en sus casas, según un estudio de Argentinos por la Educación que refleja la violencia doméstica y el rol clave que juega la escuela en la detección y prevención. La mitad de los alumnos del último año de primaria (53,3%) afirmaron que habla de temas de violencia y abuso con alguien de la escuela.

En esa misma línea, Mercedes Sidders, senior policy manager de Innovations for Poverty Action e investigadora asociada del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano de la Universidad de San Andrés, aporta: “Si bien los enfoques integrales son valiosos, también pueden ser complejos de implementar. Por eso, es importante identificar cuáles son los componentes claves que realmente hacen la diferencia y estar abiertos a la idea de construir estos enfoques de manera progresiva, incorporando elementos según la capacidad y el contexto”.

Entre la escasa evidencia en torno a intervenciones para reducir la violencia en el contexto escolar, destacó el programa integral Right To Play en Pakistán, implementado en escuelas públicas con una estructura integral centrada en el juego como herramienta de aprendizaje. También, un programa de asistencia técnica dirigido a directores y equipos escolares que implementó el Ministerio de Educación de Perú para fortalecer las habilidades de gestión de la violencia: prevención, monitoreo y respuesta, tras el que la probabilidad de que una escuela reportara incidentes aumentó en 15 puntos porcentuales.

“No se trata simplemente de replicar lo que funcionó en otro lugar. Todo debe partir de un buen diagnóstico del problema, sus causas y de identificar dónde está la principal restricción. Solo entonces tiene sentido pensar en intervenciones que respondan a esa realidad. Lo importante es que se invierta tiempo y recursos económicos en prevenir la violencia; las medidas reactivas, una vez que el problema ocurrió, llegan tarde y no son tan efectivas”, describe.

Acuerdos de convivencia

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos Privados de Argentina (Aiepa), también habla sobre la crisis de la autoridad de la institución escolar. “Cuando un adulto ingresa al espacio escolar sin control de sus emociones, lo que pone en juego no es solo la convivencia, sino también el sentido mismo de la institución escolar. Lamentablemente, muchos adultos no advierten que están ejerciendo una forma de violencia dentro del lugar que justamente educa a sus hijos para la vida en sociedad”, expresa.

“Algunos sectores sociales y ciertas políticas han contribuido a vaciar de autoridad a las escuelas, tratándolas como instituciones sin voz, obligadas a adaptarse a cualquier reclamo, aun los injustificados o desubicados. Hay funcionarios que prefieren mirar para otro lado antes que decir con claridad que ciertos planteos son simplemente inaceptables”, sostiene Zurita.

Desde la Aiepa recomiendan:

• No ceder frente a planteos grupales ni a presiones de ocasión.
• Invitar siempre al diálogo, pero solo cuando los interlocutores estén en condiciones de dialogar.
• No dudar en establecer límites claros, porque si la escuela no defiende su espacio y su autoridad, su misión se desnaturaliza.
• Y si la situación lo requiere, recurrir sin temor a la intervención de la fuerza pública.

“Los acuerdos de convivencia se han ido vaciando de sentido para evitar conflictos, pero la escuela necesita contar con herramientas reales y respaldo firme para poder sostener su tarea formativa”, cierra.

En sintonía, Eleonora Barattini, abogada especialista en educación vinculada al ejercicio del derecho de admisión, opina: “Es fundamental sostener y respaldar a la escuela en sus decisiones, especialmente en un contexto como el actual donde los vínculos con las familias están atravesados por tensiones cada vez más frecuentes”.

Asesora legal de escuelas privadas del Estudio Olocco, advierte una creciente judicialización de las relaciones escolares, desde los reclamos por sanciones disciplinarias hasta las controversias vinculadas al ejercicio del derecho de admisión. “Vemos cómo situaciones que podrían resolverse dentro de la comunidad educativa escalan al plano judicial. Se destinan abogados familiares para quejarse sobre una sanción o una suspensión”, ejemplifica.

Barattini recomienda como una vía concreta para disminuir la conflictividad convertir a la normativa institucional en una “herramienta viva. Es imprescindible que se mantenga actualizada y que todo el equipo de la institución se apropie de esas normas, para que pueda aplicarla con coherencia y equidad. También necesitamos involucrar activamente a las familias en el conocimiento y la comprensión del marco institucional. Esto no se logra únicamente enviándoles los reglamentos, protocolos o acuerdos de convivencia. Es necesario generar espacios periódicos de encuentro y diálogo, donde se pueda explicar el porqué de las normas, su sentido y su función en la vida escolar”.

Y concluye: “Se vuelve urgente reformular la alianza entre la familia y la escuela, basándola en el respeto, la confianza recíproca y el entendimiento compartido de metas educativas. La escuela y la familia no son actores en competencia, sino aliados naturales. Por eso, deben trabajar juntos, desde el lugar que a cada uno le corresponde, para volver a construir un vínculo sólido, respetuoso y orientado al bienestar de niñas, niños y adolescentes”.