El Paseo del Águila, en el bajo de San Isidro, se volvió eje de una disputa política. Es un sector delimitado por el Águila Club —de ahí su nombre— y el bar Malloys, sobre Alvear y el río. En el medio de ambos locales domina un espacio verde y público.

A través de una ordenanza municipal, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) lo declaró como Paisaje Protegido, con el objetivo concreto de preservar la flora y fauna nativa, garantizar la protección contra la contaminación lumínica artificial, promover el ecoturismo responsable y prohibir la utilización del área para actividades comerciales o de gran concurrencia de público.

La iniciativa fue presentada por el bloque Acción Vecinal San Isidro es Distinto, liderado por el ex intendente Gustavo Posse, y Walter Pérez, actual concejal y presidente de la comisión de Planeamiento Urbano, Sustentabilidad y Ambiente. La medida, sin embargo, fue vetada luego por el Ejecutivo local.

Desde el Municipio explicaron a LA NACION que la ordenanza se realizó sin la participación del Ejecutivo. “Además, tal proyecto contaba con imprecisiones técnicas del polígono declarado como paisaje protegido, ya que estaban incluyendo zonas hoy ocupadas por actividades comerciales o parcelas con permisos de uso otorgados por la gestión anterior, que ya cuentan con obras realizadas y que necesitan una intervención para mejorarlas”, dijeron.

Y agregaron: “Si bien celebramos la intención de resguardar el entorno natural, tras un análisis exhaustivo, el municipio ha decidido vetar esta iniciativa debido a serias limitaciones que comprometen su viabilidad y ejecución. El proyecto presenta imprecisiones técnicas, falta de previsión presupuestaria y contradicciones operativas que dificultan su implementación efectiva. Aunque parezca loable el objetivo de resguardar el ‘cielo nocturno para la observación astronómica’ el proyecto impone restricciones excesivas al uso público de la costa, prohibiendo la construcción de infraestructura esencial como senderos, mobiliario, áreas de juegos infantiles o servicios básicos como baños. Estas limitaciones chocan con la visión de esta administración, que busca garantizar una ribera accesible, viva y planificada para el disfrute de todos los vecinos”.

Pérez, por su parte, dijo a este medio que la medida surgió a partir del diálogo con vecinos: “Ese sector de la ribera es un observatorio natural, un pulmón verde que representa la identidad de San Isidro. Creemos que el medio ambiente es la ciudad del futuro, y que apoyarlo es apostar por un San Isidro sostenible, con identidad y pensado para las próximas generaciones”.

“El proyecto estaba alineado con la esencia de San Isidro: defender la costa, cuidar el verde y garantizar espacios públicos de calidad. El Concejo tiene autonomía para legislar, y lo hizo con responsabilidad”, aseguró Pérez.

Ese lineamiento aparece también en los planes de la administración actual, que plantea recuperar terrenos de la costa para el uso público, para lo cual vienen revisando contratos de establecimientos en la zona, como sucedió con los bares Catalejo y Barisidro, que fueron demolidos, con el freno a la construcción de un barrio privado en Sebastián Elcano y Alvear, y con el recorte del perímetro de un gimnasio privado.

Fuentes del Municipio alegaron que Ramón Lanús, intendente del partido, hizo la presentación en la apertura de sesiones de marzo de este año, en donde remarcó que se pretenden recuperar ocho hectáreas de la costa, hoy ocupadas o con paso restringido, a partir de “varias etapas”, y que las medidas se fueron comunicando en encuentros con los vecinos.

Según contaron en otro momento, el plan se llevará a cabo en cuatro etapas. La primera fue la puesta en valor del Paseo de los 33 orientales, a principios de este año. La segunda es la que ejecutan ahora, para mejorar la conectividad entre la trama urbana y la ribera. Y la tercera se centrará en Alvear y el río, epicentro actual de la disputa entre la ordenanza y el veto. Así lo informaron en junio de este año, en el contexto del cierre y demolición del bar Catalejo.

También entonces dijeron que estiman que el máster plan se lleve adelante por los próximos tres años, aunque en ninguna ocasión respondieron de cuánto es el presupuesto asignado o si ya hay proyectos definidos para el área en cuestión.

“Nosotros recuperamos en la costa terrenos públicos que habían sido privatizados por la anterior gestión y dimos de baja un proyecto inmobiliario de viviendas en la zona. ¿Ahora los mismos que aprobaron ese proyecto dicen querer proteger la costa? Nuestra intención de cuidarla y protegerla es con hechos, no con palabras”, argumentó Jorge “Panadero” Álvarez, asesor de gobierno y candidato a Concejal por el oficialismo en San Isidro.

Código Urbanístico

Esta zona está en plena transformación. En 2023 estuvo previsto construir en esa zona un complejo de inmuebles, donde antes estaban los bares Fedras y Malloys, pero, como se contó, el proyecto se frenó a fines del año pasado.

Por eso, sobre posibles obras en el partido, el Municipio comentó: “Hoy, el desarrollo urbanístico posible es mínimo, por tratarse de inmuebles afectados al dominio público y que, además, no tienen zonificación asignada por el municipio”.

También a finales del año pasado presentaron un proyecto para modificar el Código Urbanístico con el fin de “restringir edificabilidad en el frente costero”, por ejemplo, limitando la altura. Esto, sin embargo, no se aprobó en las sesiones de 2024, por lo que decidieron extender el debate para este año. Por eso la oposición espera que la actual gestión intente ponerlo de nuevo en el foco luego de las elecciones.

“Escuchamos a los vecinos de San Isidro y decidimos que vamos a extender el debate legislativo, con más instancias para explicar nuestro proyecto, que creemos que es lo mejor para San Isidro”, había explicado Lanús, a través de una carta en ese momento.

A raíz de esto, y porque el cambio del COU tuvo puntos de consenso, como la prohibición para construir en la costa, la preservación del área de la barranca y el resguardo de inmuebles con valor patrimonial, en el HCD impulsaron una ordenanza específica que contenía estos puntos.

Ahora, en el HCD evalúan todas las herramientas a su alcance, incluida “la insistencia”, para que la costa tenga “protección firme y duradera”. Por su parte, la intendencia sostiene que el Plan Urbano Costero que lleva adelante garantiza la protección ambiental de la zona. Además, alegaron que “siempre existe la posibilidad de diálogo”, a la vez que aseguran que la gestión trabaja en espacios públicos de calidad que contemplen la biodiversidad existente.