El empresario Ariel Rey, dueño, junto a su hermano Gustavo, de Rey Distribución SRL, cuestionó con dureza el fallo que absolvió ayer al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo del gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano.

En una entrevista con , Rey, quien también es concejal de San Pedro (fue electo por La Libertad Avanza), calificó la sentencia como un “cheque en blanco a la impunidad y a la mafia sindical”. Anunció que apelarán el fallo y expresó su confianza en que será revertido.

El empresario también sostuvo que la decisión envía un mensaje a los empresarios de la zona, quienes ahora temen sufrir nuevos bloqueos y extorsiones. “¿Qué tengo que hacer si viene Cabaleyro y me vuelve a bloquear? ¿Tengo que agarrar un palo? ¿Tengo que agarrar un arma? ¿Qué tengo que hacer?”, se preguntó Rey.

Cabaleyro había sido acusado de realizar dos bloqueos sindicales en 2021 y exigir dinero a sus propietarios. Sin embargo, el juez Alejandro López, del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás, argumentó que el gremialista ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos. Cabaleyro llegó al juicio en prisión domiciliaria y recuperó la libertad de inmediato. Junto a él fueron absueltos seis exempleados de la distribuidora, que estaban acusados de turbación de la posesión.

—¿Esperaban que la Justicia absolviera a Cabaleyro?

—Nos sorprendió el fallo del juez. Hubo una acusación con hechos contundentes y había sido dictada la prisión preventiva de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola [sindicalista camionero que acordó ser juzgado aparte, en un juicio abreviado]. No esperábamos que un juez, cuyo criterio pongo en duda, directamente lo absuelva de absolutamente todo. Con este fallo, le da un cheque en blanco a la impunidad y a la mafia sindical. Pareciera que hay una ley aparte para los poderosos.

—¿Apelarán el fallo?

—Tenemos una instancia de apelación a la que vamos a recurrir. Vamos a llevar a Casación todos los delitos que venimos sosteniendo, de manera urgente y contundente. Vamos a dar la batalla en las instancias necesarias y vamos a recurrir, si es necesario, hasta la Corte Suprema.

—¿Confían en que Casación revierta esta decisión?

—Vamos a revertir el fallo de este juez, claro que sí, porque tenemos delitos comprobados perfectamente. Incluso el juez reconoce los delitos en el fallo, pero le da la derecha porque está dentro del marco del reclamo laboral.

¿Para qué hay normas para un derecho a huelga si, con el fallo de este juez, puede venir un sindicato, bloquear una empresa, coaccionar y extorsionar, hasta tanto no cedas? ¿Qué le decimos a la sociedad después de fallos como este? ¿Qué tiene que hacer el dueño de una empresa que es extorsionado por un sindicato?

A partir de un momento que hay una reforma laboral, este juez no cumplió una norma, con lo cual hay posibilidades de plantear un jury contra un juez que no acata una ley vigente.

—¿Se moverán para plantear ese jury?

—Claro que sí. Vamos a solicitarlo como parte de la sociedad, como privados.

—¿Qué relación tiene hoy la empresa con el sindicalismo?

—La empresa es una distribuidora de productos alimenticios que tiene 36 empleados encuadrados dentro del Sindicato de Comercio: todos los empleados están dentro del encuadre que corresponde, con la categoría que corresponde. Yo estoy a favor de la representación institucional del trabajador a través del sindicato y del derecho a huelga; pero huelga no significa extorsión ni justifica el delito.

—¿Qué consecuencias tiene el fallo de ayer para la empresa?

—¿Qué pasa si Maximiliano Cabaleyro, ahora en libertad, viene otra vez con el colectivo y me bloquea la entrada [de la empresa]? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué le decimos a la pyme que sufre esta extorsión? ¿Qué tengo que hacer si viene Cabaleyro y me vuelve a bloquear? ¿Tengo que agarrar un palo? ¿Tengo que agarrar un arma? ¿Qué tengo que hacer?

—¿Y qué harían?

—Si se vuelve a presentar otra persona, volvemos a denunciar.

—¿Consideran que eso puede suceder, incluso por parte de Cabaleyro?

—Tenemos ese temor, claro que sí. No solo en mi empresa. Ahora, esa persona que extorsiona, que bloquea empresas, está libre.

—¿Es un temor compartido por empresas de la zona?

—Claro que sí.

—¿Cuáles fueron, en concreto, los hechos denunciados ante la Justicia?

—En 2011, en San Pedro, hubo un avasallamiento de seis bloqueos simultáneos a distintas pymes y empresas de comercio por parte del Sindicato de Camioneros. Ahí empezó la persecución con el fin de robar afiliados. En 2017 tuvimos que acceder por presión, por amenazas, por parte del delegado –que en ese momento era Fernando Espíndola–, tuvimos que pasar empleados a la fuerza, obviamente amenazados, [de Comercio] a Camioneros, que no corresponde. Después empezó la extorsión: tener que darle plata a un sindicato para que te deje trabajar en paz y, si no, te bloquean. Esa es la amenaza. Finalmente, en 2021, producto de todas estas presiones, cumplieron con la amenaza. Me bloquearon mi empresa el 15 de enero y después insistieron el 22 de febrero.

Pese a los intentos a contrarreloj para sumar avales, la oposición no logró reunir el quorum necesario para avanzar con la megasesión convocada para hacer caer el DNU 70/23 y tratar la prórroga de emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar. El apoyo de los legisladores del norte y del centro fue clave para el Gobierno, que obtuvo con esta derrota un poco de aire con miras a dos temas que le interesan especialmente a la Casa Rosada: la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.

Los bloques críticos alcanzaron los 121 votos: les faltaron ocho avales para poder abrir el recinto. Entre las ausencias de peso figuran los tres legisladores de Independencia que responden a Jaldo; los integrantes de Provincias Unidas Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Tampoco bajaron al recinto Sergio Capozzi (Río Negro) y Lourdes Arrieta (Mendoza), Alejandra Torres (Córdoba), Jorge Ávila (Chubut) y los radicales Jorge Rizotti e Inés Zingarán, que responden al gobernador jujeño Carlos Sadir.

Hasta último momento, se activó el toma y daca entre el Ejecutivo y las provincias. Desde temprano, referentes de los bloques de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas pusieron la lupa sobre un anuncio del Gobierno para convocar a empresas mineras y operadores logísticos con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Belgrano Cargas en Salta y atraer inversiones privadas para reactivar sus ramales ferroviarios.

A ello se suma la maniobra que ensayó ayer el oficialismo al incorporar dos artículos vinculados con la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.

El primero, el artículo 38, “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, mientras que el segundo, el 39, restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

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