POLITICA
El Gobierno oficializó designaciones en la Justicia: un exsecretario de Lijo asume en un juzgado con causas sobre la AFA e Insaurralde
El Gobierno nacional oficializó 33 designaciones en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
A través de 28 decretos publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei nombró a 21 magistrados judiciales, seis conjueces, cuatro fiscales y dos defensoras públicas para cubrir cargos nacionales y federales en la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias.
Entre los nombramientos se destaca el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue designado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora. El magistrado se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y estuvo al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
El tribunal, que hasta ahora se encontraba subrogado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, tiene competencia sobre una jurisdicción estratégica: comprende el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario federal ubicado en esa localidad.
Entre los expedientes que tramitan en ese juzgado se encuentra la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a su expareja Jesica Cirio.
El tribunal también interviene en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino y la financiera Sur Finanzas. En ese expediente está imputado el empresario Ariel Vallejo, investigado por sus presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Quiénes son los jueces y camaristas nombrados por el Gobierno
En la Justicia penal de la Capital Federal fueron nombrados Juan Carlos Riccardini y Mariano Adolfo Klumpp como jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°9.
También se oficializaron las designaciones de Paula Vanesa Romeo como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 y de José Ignacio Polizza como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14.
En la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fueron designados Diego Javier Tula, como vocal de la Sala II; Claudio Fabián Loguarro, en la Sala III; Diego Fernando Manauta, en la Sala V; Marina Edith Pisacco, en la Sala VI; y María Claudia Jueguen, en la Sala X.
El Ejecutivo también nombró a Pedro Manuel Crespo como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°28 de la Capital Federal y a Javier Jorge Cosentino como vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
En tanto, María Gabriela Janeiro fue designada jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°5.
Entre los cargos federales, María Virginia Ise fue nombrada vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en Chaco; Santiago French, vocal de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Santiago José Martín, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
Además, Juan Tomás Rodríguez Ponte fue nombrado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, mientras que Bernardo María Rodríguez Palma fue designado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.
En el interior del país, Ruth María Ponce de León fue nombrada jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, en Misiones. Por su parte, Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo fueron designados jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Otro de los decretos dispuso el nombramiento de Leopoldo Jorge Rago Gallo por un período de cinco años, a partir del 26 de agosto de 2026, como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.
La norma recordó que Rago Gallo había sido nombrado originalmente por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 2602, firmado el 23 de diciembre de 1992.
El Gobierno también nombró como conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a:
- Maximiliano Daniel Chávez.
- Agustín García Fauré.
- Gabriel Andrés Marnich.
- José Eduardo Villena.
- Fernando Gabriel Zarabozo.
- Andrea Cristina Di Gregorio.
Los fiscales y defensoras que completan las designaciones
En el Ministerio Público Fiscal fue oficializado Patricio Nicolás Sabadini como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, en la provincia del Chaco.
También fueron designados Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza; Hugo Daniel Froy, como fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres; y Juan Marcelo Burella Acevedo, como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.
La tanda se completó con dos nombramientos en el Ministerio Público de la Defensa.
Amanda Espino fue designada defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a cargo de la Defensoría N°7.
Leé también: El Senado aprobó el pliego del juez que falló a favor de la reforma laboral en la causa que inició la CGT
Por su parte, María Laura Irastorza fue nombrada defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.
Los decretos consignaron que los nombramientos fueron realizados luego de que el Senado prestara los acuerdos correspondientes.
Javier Milei, jueces, boletin oficial, fiscales
El secretario de Asuntos Legislativos de Santa Fe, Gabriel Real, murió a los 67 años en un aeropuerto de Estados Unidos. Además de ser funcionario del gobierno de Maximiliano Pullaro, Real era dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP) de esa provincia.
El dirigente era abogado, oriundo de Firmat, había sido candidato a Convencional Constituyente y diputado provincial de Santa Fe. Su último mandato fue entre 2019 y 2023, cuando ocupó una de las bancas de los bloques opositores al peronismo, en momentos en que el gobernador era Omar Perotti.
Al momento de su muerte, Real integraba el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública provincial y era Secretario General de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, período 2024–2026.
Dolor en la política por la muerte del funcionario de Santa Fe y exdiputado provincial Gabriel Real
Pullaro despidió a Real, en su cuenta de X: «Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos. Un fuerte abrazo a su familia, sus seres queridos y a todo el Partido Demócrata Progresista».
El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, dijo: “Ante el fallecimiento de Gabriel Real, Diputado provincial (MC) y Secretario General del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, quiero expresar mis condolencias y acompañamiento a su familia, afectos y compañeros de militancia”.
La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, publicó: «Con profundo pesar despedimos a Gabriel Real, un hombre de diálogo, comprometido con su trabajo y con la gente. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento».
El ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, escribió: “Lamentamos profundamente la muerte de Gabriel Real, compañero de gabinete, militante político que se ponía al frente de los temas, los debatía, los trabajaba y peleaba por lo que creía, y un gran dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP). Fuerte abrazo a su familia, amigos y a todo el Partido Demócrata Progresista”.
El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR, Leonel Chiarella, publicó: “Con profundo pesar despido a Gabriel Real, un gran referente del Partido Demócrata Progresista, con quien tuve la oportunidad de compartir muchos momentos a lo largo de estos años. Gabriel fue un hombre que vivió la política con compromiso, siempre convencido de la importancia del diálogo, la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. Hoy acompaño con mucho afecto a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor. ¡Que descanses en paz, Gabriel!“.
El senador provincial de la UCR, Felipe Michlig, escribió: “Profundo dolor por el fallecimiento de Gabriel Real. A través de una larga y honrosa carrera política como militante del Partido Demócrata Progresista, dirigente de Unidos para Cambiar Santa Fe (UPCSF) y servidor público, deja una huella imborrable. Nuestras condolencias para sus familiares y seres queridos. QEPD querido Gabriel».
Santa Fe
POLITICA
Contratan un servicio de inteligencia artificial en el Tribunal Superior de Justicia porteño por casi US$ 600.000
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contrató un servicio de inteligencia artificial (IA) para la gestión, administración, análisis y búsqueda de jurisprudencia del tribunal por casi 600.000 dólares.
Tras una licitación, la ganadora fue C&S Informática SA, que proveerá el servicio de IA. Esta novedad, dijo el tribunal, tendrá impacto en los procesos jurisdiccionales.
La adjudicación lleva la firma de todos los jueces del TSJ porteño: Inés Weinberg (presidenta), Alicia Ruiz (vicepresidenta), Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi.
La adjudicataria deberá además suministrar un desarrollo de soluciones integrales para la gestión, la administración, la sistematización, la clasificación, el análisis, la búsqueda y la difusión de la jurisprudencia del Tribunal Superior.
La IA y la automatización serán visibles en el ingreso de escritos ante el Tribunal, en la validación de presentaciones y sus adjuntos, en la consulta y notificaciones, y en la búsqueda de causas similares.
También automatizará la producción de documentos y la de jurisprudencia, con una búsqueda más veloz de los antecedentes del tribunal porteño.
C&S Informática diseñará soluciones de los sistemas aplicables, tanto de programación y de testing como el soporte tecnológico, hosting y todo lo relativo al “alojamiento en la nube”.
Los cambios activarán los procesos con reemplazo de acciones manuales por automatizaciones, y se busca brindar respuestas inmediatas y propuestas generativas, pues se incluyen módulos de IA generativa de creación de contenidos, con la modernización de los portales actuales.
En lo atinente a la jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia procurará agilizar el acceso de manera que sea intuitivo, con buscadores más veloces, tanto para los abogados litigantes como para la institución.
La compañía ganadora acreditó antecedentes relevantes sobre la provisión de diferentes herramientas informáticas de gestión en la administración pública, nacional y provincial, según fuentes del gobierno porteño. El contrato con el TSJ se extenderá por 5 años.
Esta semana, tanto el Tribunal como la empresa adjudicataria conformaron sus equipos para dar inicio al proceso de implementación de la IA.
A la licitación se presentaron 11 empresas y se eligió a la que mejor cumplió con lo requerido en los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones técnicas.
Además, resultó la más recomendable al sugerir tecnologías que se encuentran en consonancia con las expectativas y necesidades del TSJ, a la par que su cotización fue la más aceptable entre todas las ofertas admisibles.
El monto total de la adjudicación es de 587.528 dólares para implementar inteligencia artificial en sus procesos jurisdiccionales y desarrollar un sistema integral de gestión y búsqueda de su jurisprudencia.
La resolución RTSJ-2026-55-TSJ-TSJCABA, finaliza la licitación pública 4/2026 a la que se presentaron once empresas y en la que dos fueron rechazadas: Naxos AR SA porque su oferta no estaba firmada, y Digital Hive Group SA por presentar una garantía insuficiente.
De las nueve ofertas que superaron el filtro formal, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó a C&S Informática por encima de competidoras como Unitech SA, Systems Management Specialist SA, Datacloud SA, la UTE conformada por SG Soluciones Gráficas y Cumbresoft, Anfler Solutions, Data Voices y NSS SA.
Todas esas firmas fueron consideradas aptas técnicamente, pero descartadas por precio, según la resolución oficial.
La oferta ganadora superó en un 1,6% la previsión presupuestaria del renglón 1 del pliego y en un 13% la del renglón 2 del pliego, pero la comisión evaluó que su propuesta tecnológica era la más alineada con las necesidades del tribunal y que la empresa tiene mayor trayectoria en servicios digitales e inteligencia artificial para el sector público.
El contrato cubre dos objetivos diferentes. El primero es la implementación de un servicio de inteligencia artificial en los procesos jurisdiccionales del TSJ porteño. El segundo es el desarrollo de una solución integral para la gestión, administración, sistematización, clasificación, análisis, búsqueda y difusión de la jurisprudencia del tribunal.
La resolución de adjudicación no detalla los pliegos técnicos, por lo que el alcance preciso de ambos módulos —qué tareas asistirá la IA dentro de los procesos judiciales, por ejemplo— surge de los pliegos de condiciones particulares y especificaciones técnicas aprobados en enero por la presidenta del TSJ Inés Weinberg.
La adjudicación no recibió impugnaciones de ninguno de los oferentes dentro del plazo legal y la asesora jurídica del tribunal dio su visto bueno sin objeciones.
La compra se cotizó y se pagará en dólares, lo que es inusual para una contratación de servicios de un organismo judicial porteño y refleja tanto el carácter tecnológico del objeto como la indexación al dólar que impuso el mercado de software en los últimos años.
Más causas
El disparador de la adquisición es la urgencia, ya que mientras que en 2024 ingresaron 1610 causas en el Tribunal Superior de Justicia, en 2025 esa cifra se disparó a más de 6800 expedientes, un incremento superior al 300%.
Ese número de explosión de causas se entiende por el dictado del fallo Levinas de la Corte que convirtió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el tribunal al que deben ser apeladas todas las decisiones de la justicia nacional laboral, civil, comercial y penal.
fallo Levinas de la Corte,Hernán Cappiello,Justicia,Conforme a
POLITICA
Pese al aumento decretado por Claudio Vidal, policías de Santa Cruz mantienen el acampe y el reclamo salarial
Luego de la resolución del Gobierno de Santa Cruz de firmar este lunes un aumento a la Policía provincial, aún se mantienen focos de conflicto salarial acotado a El Calafate y algunas divisiones de Río Gallegos, mientras persiste un acampe de más de 45 días frente a la Gobernación.
Esta medida, impulsada por efectivos que rechazan el esquema fijado por decreto y denuncian ingresos por debajo de la línea de pobreza, se centra en el campamento frente a la sede gubernamental provincial que ya lleva 45 días bajo el rigor del frío que llega a sensaciones térmicas cercanas a los 20 grados bajo cero.
Según el comunicado difundido por el Gobierno de Santa Cruz, la suba fue establecida por la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad y ratificada por el Decreto Provincial N.º 0660/2026. El bloque oficialista afirmó que esa recomposición ubica a la fuerza entre las tres mejor remuneradas del país. Pero un grupo de policías, retirados, bomberos y personal del servicio penitenciario mantiene la medida de fuerza.
El aumento por decreto y la división de la protesta
El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que elevó el piso salarial a $1.700.000 para los ingresantes. Los manifestantes reclaman un básico de $2.200.000 y exigen que la mejora alcance también a retirados y pensionados.
Dicha recomposición salarial, según informa el decreto, se realizó “mediante la actualización del valor punto, la creación del adicional remunerativo y no bonificable denominado “Compensador” y del adicional no remunerativo y no bonificable “Cumplimiento Efectivo del Servicio”, destinada al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Provinciales. Y el Gobierno agregó que esto “consolida una mejora sustancial del salario del personal y fortaleciendo su poder adquisitivo”.
Pero el decreto también introduce modificaciones en la estructura de los ingresos. Según el Gobierno provincial a partir de julio de 2026, se dejan sin efecto varios suplementos no remunerativos y no bonificables que habían sido creados por los decretos N° 1542/2022 y N° 0337/2023.
Entre los adicionales eliminados se encuentran los denominados “por función policial operativa”, “por función penitenciaria de alto riesgo” y “por función operativa en siniestro”. La misma medida alcanza a los suplementos “por función en investigaciones”, “por función técnica de apoyo” y “por función de alta dedicación operativa”.
Tras esa decisión, algunas localidades como Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado levantaron las medidas; en Puerto San Julián y Piedrabuena quedaron pocos manifestantes. Pero el foco más activo continúa en Río Gallegos y El Calafate.
El bloque oficialista sostuvo que el Ejecutivo agotó el diálogo con la fuerza y recordó que hubo 15 propuestas salariales rechazadas. En la misma línea, el ministro de Seguridad Pedro Pródromos aseguró que, en más de 30 días, se realizaron ocho reuniones de negociación.
La bancada vinculó la continuidad de la protesta a motivaciones políticas. En su comunicado afirmó: “Los intereses políticos no pueden estar por encima de la seguridad de los santacruceños”.
Hoy la protesta se desarrolla con guardias mínimas, a diferencia de otros acuartelamientos policiales. Los agentes cumplen sus turnos y luego van a las carpas instaladas frente a la Gobernación, donde dos efectivos llegaron a encadenarse a una entrada lateral del edificio.
Al conflicto salarial se sumó el temor a sanciones internas. Los manifestantes piden que no haya represalias, pero el Gobierno provincial rechazó una amnistía.
En el acampe también aparece como símbolo la imagen del subcomisario Gabriel Trujillo, quien a fines de junio fue atropellado por una persona en estado de ebriedad cuando iba a realizar horas adicionales en Cañadón Seco para complementar su sueldo. Tras el hecho en la Ruta Provincial 12, agonizó durante tres días y murió.
El oficialismo sumó las deudas de los municipios
En su comunicado, el bloque Por Santa Cruz incorporó otro eje a la discusión: las deudas de municipios con organismos provinciales. Indicó que Río Gallegos mantiene una deuda con la Caja de Previsión Social de $66.944.860.951,58 y con la Caja de Servicios Sociales de $41.979.176.336,63.
Para El Calafate, el bloque consignó una deuda de $322.761.262,12 con la Caja de Previsión Social y de $5.615.829.043,26 con la Caja de Servicios Sociales. Según la bancada, esas obligaciones crecen a un ritmo cercano a $3.600 millones mensuales.
Los legisladores sostuvieron que esos recursos son de los trabajadores santacruceños y que su incumplimiento afecta el financiamiento del sistema previsional y de salud. También afirmaron que, si los fondos fueran transferidos en tiempo y forma, la provincia tendría más herramientas para mejorar salarios e invertir en salud, educación, seguridad, viviendas y obra pública.
documento legal,decreto provincial,resolución ministerial,administración pública,remuneraciones,Leguizamón
Una foto de su infancia y una emotiva reflexión: así resumió Sofi Martínez sus días en el Mundial 2026
De qué murió el exdiputado de Santa Fe Gabriel Real
El Matador goleó por Copa Sudamericana
Contratan un servicio de inteligencia artificial en el Tribunal Superior de Justicia porteño por casi US$ 600.000
Pese al aumento decretado por Claudio Vidal, policías de Santa Cruz mantienen el acampe y el reclamo salarial
New report uncovers education groups’ DEI push to shape how artificial intelligence is used in classrooms
Sin la Copa y sin Messi en el avión, vuelve Tapia y deberá enfrentar tres frentes de tormenta tras la pausa del Mundial
Estados Unidos cambia una regla histórica del jugo de naranja vigente desde 1963 y afecta a toda la industria
Le ganan a la inflación: los senadores pasarán a cobrar $12 millones brutos a partir de agosto
Birth tourism crackdown expands as House chairman raises criminal conspiracy case
POLITICA2 días agoSin la Copa y sin Messi en el avión, vuelve Tapia y deberá enfrentar tres frentes de tormenta tras la pausa del Mundial
- POLITICA2 días ago
Le ganan a la inflación: los senadores pasarán a cobrar $12 millones brutos a partir de agosto
- CHIMENTOS1 día ago
Samuel L. Jackson llamó a Argentina “el país más racista del mundo”: la contundente respuesta que le dejó Bárbara Lombardo
