El Gobierno llegará este miércoles al recinto de Diputados sin garantías de aprobar la reforma del régimen de subsidios al gas. El proyecto titulado “medidas energéticas” que el Poder Ejecutivo envió al Congreso propone recortar el esquema de “zonas frías”, pero todavía no reúne una mayoría clara en la Cámara y su aprobación podría depender de que el oficialismo logre sostener el quorum hasta el final de la sesión.

La iniciativa se debatirá en la sesión convocada para este miércoles, a las 10. Será el último punto de un extenso temario que también incluye el proyecto “Hojarasca” -orientado a derogar leyes que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad-, además de tratados de extradición y convenios internacionales de cooperación penal.

El texto, que obtuvo dictamen la semana pasada en un plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto, propone reemplazar el criterio actual de subsidios, basado principalmente en la ubicación geográfica, por un esquema focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. En los hechos, busca desarmar la ampliación impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país.

Con ese cambio, cerca de 3,5 millones de hogares dejarían de acceder automáticamente al subsidio y tendrían que acreditar vulnerabilidad económica para conservarlo. El distrito más afectado sería la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kiciloff. “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, advirtió la diputada de Unión por la Patria Jimena López.

La diputada libertaria Silvana Giudici defendió el nuevo esquema y sostuvo que el 60% de esos hogares podría ingresar al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio alcanzaría a familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas -unos $4,3 millones, según los últimos datos del Indec-, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), personas con Certificado Único de Discapacidad y veteranos de Malvinas.

Sin embargo, la reforma ya genera resistencia entre gobernadores que hasta ahora habían acompañado al oficialismo en el Congreso. Uno de los primeros en cuestionarla fue el salteño Gustavo Sáenz. “No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, sostuvo en X.

En Córdoba también rechazan la propuesta. Martín Llaryora pidió a sus legisladores votar en contra y argumentó que el cambio “pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos”, es decir, a más de la mitad de la población provincial. Según planteó, el nuevo esquema podría implicar aumentos de entre 42% y 100% en las tarifas de gas durante el invierno.

Los diputados vinculados al gobernador santafecino Maximiliano Pullaro todavía no definieron una postura, aunque en Santa Fe el impacto sería menor que en otras provincias.

La iniciativa elimina el subsidio automático del 30% en la denominada “zona ampliada”. En esas regiones -que abarcan amplias zonas del interior bonaerense, como La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca; el sur de Santa Fe; el centro y sur de Córdoba; casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan- los usuarios de ingresos medios y altos dejarían de recibir el beneficio.

En cambio, el proyecto mantiene el subsidio pleno, sin filtro de ingresos, para las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”: la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.

Aun así, incluso en esas regiones el beneficio se reduciría. El subsidio cubriría únicamente el precio del gas en origen y dejaría afuera los costos de transporte y distribución. En la práctica, eso disminuiría el monto subsidiado y explica parte del malestar entre los legisladores patagónicos.

Según un relevamiento informal realizado por , el oficialismo cuenta con el respaldo de Pro, la UCR, los diputados alineados con los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos cercanos a Marcelo Orrego, los misioneros de Hugo Passalacqua y los dos legisladores del MID. Un sondeo informal elaborado por este medio ronda los 126 votos positivos para el oficialismo.

Entre los datos que llaman la atención aparece el cambio de postura de algunos gobernadores y dirigentes hoy aliados de Milei. Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego habían votado a favor de la ampliación de zonas frías en 2021 cuando eran diputados. Ahora, como gobernadores cercanos al oficialismo, enviarán a sus legisladores a respaldar el recorte. Algo similar ocurre con Luis Petri, que acompañó aquella ampliación cuando integraba Juntos por el Cambio como diputado y hoy apoya la marcha atrás.

El principal desafío del oficialismo será sostener el quorum hasta el final de la sesión. Con 126 votos afirmativos, los libertarios podrían alcanzar la media sanción si la oposición se divide entre ausencias, abstenciones y rechazos. Pero incluso si logran avanzar en Diputados, el escenario en el Senado aparece más complejo, sobre todo por el peso político de las provincias afectadas.

La continuidad de la sesión también tiene otra implicancia política para el Gobierno: evitar que prospere la ofensiva opositora para interpelar a Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial y citar a Luis Caputo y Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La oposición convocó a una segunda sesión para este miércoles a las 11 con esos temas y otros vinculados a la agenda social, como el sobreendeudamiento familiar, las licencias de cuidado y la situación del PAMI y del programa Remediar.

El proyecto también modifica el circuito de pagos del sistema de gas. El Estado pasará a compensar directamente a productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo, según el oficialismo, es evitar atrasos y deudas en la cadena de pagos, un problema recurrente del esquema actual.

El régimen de zona fría seguirá financiándose mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, sostenido con un recargo del 7,5% en las facturas de todos los usuarios del país. Sin embargo, el proyecto habilita al Poder Ejecutivo a modificar ese porcentaje, hacia arriba o hacia abajo, en hasta un 50%.

La iniciativa incluye además un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un mecanismo excepcional para que las distribuidoras con deudas con Cammesa -provinciales, municipales y, también, para Edenor y Edesur- puedan cancelarlas mediante compensaciones asociadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.

En paralelo, incorpora nuevas pautas de transparencia en las facturas. Los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la incorporación de tributos locales ajenos al servicio.

Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende hasta 2045 los beneficios fiscales para energías renovables y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.

En concreto, la iniciativa prorroga la ley 27.191 de energías renovables y elimina el decreto 929/2013, que creó un régimen especial para Vaca Muerta y permitió a las petroleras exportar libremente el 20% de su producción una vez superado un umbral de inversión de US$250 millones.

De aprobarse, el nuevo esquema de zonas frías tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

El presidente Javier Milei participó del evento institucional organizado por el Banco de Valores (VALO), en el Malba. Su titular y anfitrión, Juan Napoli, también dirige Napoli Inversiones. La firma está en la mira de la Justicia por la causa del dólar blue. Le levantaron el secreto bancario, fiscal y bursátil. Según documentos del Banco Central, transfirió $8,4 mil millones a una de las casas de cambio sospechosas en un presunto rulo con dólares y bonos, pero sin billetes físicos.

Antes del discurso de Milei, Napoli recibió al Presidente. Recordó su época como candidato a senador de La Libertad Avanza en 2023. Hizo mención a un evento en Mar del Plata con empresarios. “Presenté al entonces candidato Javier Milei diciendo bienvenidos a escuchar al próximo presidente de la Nación”, rememoró. Luego le expresó palabras de apoyo al jefe de Estado.

El banquero no hizo mención a las investigaciones sobre el dólar blue. Antes del evento y de la primera publicación de sobre este tema, voceros de Napoli Inversiones habían dicho que la compañía realizó una operación con una casa de cambio por entonces autorizada por el BCRA y a valor de mercado. “No es todo lo mismo. No somos Piccirillo o Hauque o Migueles. Acá el gran problema es el Banco Central. ¿Quién autoriza la venta de dólar oficial? ¿Quién autoriza a un banco ser banco? ¿Quién autoriza a una casa de cambio?“, cuestionaron.

La operación sospechosa tiene en su centro a la casa de cambio denominado Fast Cambio, que se encuentra en la mira de la Justicia. Registró $41 mil millones en ventas por operaciones de cambio durante 2023, según informes del BCRA. Sus accionistas eran un hombre que, según una plataforma con información bancaria, percibía una asignación familiar, y un binguero del conurbano bonaerense.

Este rastro llega hasta Caseros. El binguero tiene allí a su domicilio fiscal: un local de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Fue Agente de Lotería entre 2020 y 2025. Según información oficial, su cuenta se quedó sin fondos al menos 10 veces entre febrero de 2024 y marzo del año pasado.

Precisamente al comienzo de ese período ocurrió la operación cambiaria investigada por el BCRA. El sumario indaga movimientos entre el 6 y el 21 de febrero de 2024. “Durante el período, la entidad aplicó $6.834.260.000 a la adquisición de US$7.960.000 en Banco Sucrédito Regional S.A.U., los que fueron a su vez transferidos por FAST CAMBIO S.A. a una cuenta bancaria de la firma Napoli Inversiones S.A. en Banco de Valores S.A., según surge de los movimientos registrados en su cuenta en dólares”, detalló un sumario del Central.

La trazabilidad bancaria luego refleja que Napoli Inversiones le transfirió $8,4 mil millones a Fast Cambio. En el medio, la casa de cambio compró y vendió bonos. Empezó esta maniobra con $6,8 mil millones y terminó con $1,2 mil millones más. ¿Cuál era negocio? La brecha entre el dólar oficial (a la cotización que adquirió la divisa en el Banco Sucrédito) y el dólar MEP, que es la cotización a la que vendió los bonos que obtuvo a través de Napoli Inversiones.

El BCRA objetó como una posible irregularidad la obtención de dólares oficiales que luego fueron utilizados para la compraventa de títulos públicos y no para ventas a clientes u otras entidades. Las autoridades de Fast Cambio, en su descargo, negaron haber realizado una infracción al argumentar que la operación fue realizada con “fondos propios de la sociedad y no de clientes o terceros”. Un área técnica del Central rechazó esa repuesta y concluyó que las agencias de cambio sólo pueden realizar operaciones con títulos valores en el marco de las operaciones con turistas no residentes.

Esta maniobra puntual movilizó US$7,9 millones. Está lejos de otros casos como Mega Latina y sus ventas de US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, previo a la denominada normativa “anti blue”. Pese a esto, la empresa que preside Napoli quedó incluida en una de las rutas del dólar que investigan el BCRA y la Justicia. Casi al final del rulo. Esta misma operación involucra a otra institución: el Banco Súcredito Regional, vinculado a Elías Piccirillo.

Los personajes de esta trama se vieron las caras en agosto de 2023, en plena campaña, durante la inauguración del Banco Sucrédito en la provincia de Tucumán. Allí coincidieron Napoli, Piccirillo y Jorge Blanco, otro de los investigados por la Justicia.

El fiscal Franco Picardi describe a Blanco como “socio de Piccirillo” y pone al Banco Sucrédito en el presunto circuito de billetes físicos y el mercado blue. “Conforme surge de los informes remitidos por el BCRA respecto del banco Sucrédito, se advierten importantes irregularidades en la venta de 484.127.100 USD efectuadas por la citada entidad financiera a distintas casas de cambio”, se puede leer en el expediente.

Desde la defensa de Blanco indicaron a que el banco no puede constatar qué hacen las casas de cambio con cada uno de los dólares que les vende. Y negaron que Piccirillo tenga algo que ver con la entidad. “Sólo fue socio minoritario en la tarjeta del banco”, agregaron.

Hay varios testimonios que ponen en duda esa versión. En su primera declaración judicial por la emboscada a Francisco Hauque, en abril del año pasado, Piccirillo aseguró que cobraba $20.000.000 mensuales, “proveniente de su trabajo en su propio banco y tarjeta “Su Crédito”. Y el ex policía Carlos “El Lobo” Smith también aportó datos sobre el vínculo estrecho entre Blanco y Piccirillo, que viajaban juntos en avión privado a la provincia de Tucumán. “Jorge Blanco tiene una recaudadora con él. ¿Y dónde están esas recaudadoras? Una sola sé que está en Canning, creo que queda a media cuadra del plaza Canning o de las Toscas, pero nunca fui a esa oficina», aseguró Smith ante el fiscal Picardi, que lo terminó aceptando como testigo colaborador.

Cuando Piccirillo terminó preso, su exsocio y amigo, Martín Migueles, se transformó en una pieza clave para intentar “negociar” y viajó a Tucumán. “Por lo que me dijeron, el banco vale 120 millones de dólares, le hicieron un ofrecimiento de 10 millones de dólares, y entonces estarían negociando, cerrar esa sociedad con el banco y ver qué monto sacaría de ahí para terminar esa sociedad con el banco que tiene en Tucumán», contó Smith.

En la ruta del dinero que surge desde el SuCrédito aparecen como destinatarios Arg Exchange, la casa de cambio en la que estaban Piccirillo y Migueles, y Fast Cambio. ¿Cómo obtenía sus dólares? En parte, se los compraba a otras entidades. Por ejemplo: le compró US$71,8 millones, tal cual surge del texto judicial, al Banco de Valores, del que también es presidente Napoli. Voceros del banquero indicaron que sólo tuvo una relación institucional con la tarjeta de SuCrédito, que suspendieron fideicomisos con ellos tras una carta del BCRA y negaron “enfáticamente” alguna participación en las presuntas operatorias del blue.

Según el dictamen del fiscal, Fast Cambio le compró US$91,7 millones a SuCrédito. Y Arg Exchange adquirió de Fast Cambio unos US$48 millones. Son cifras que llamaron la atención de los investigadores.

Esta investigación convive con el presunto circuito paralelo del SIRA en un expediente instruido por el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi. En paralelo, la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli también avanzan en una causa sobre el dólar blue. Esta semana trabaron un embargo preventivo y estimaron en US$607 millones el perjuicio “del sistema de administración de reservas”. La cifra puede seguir aumentando. De fondo, se espera una disputa entre los jueces para definir quién se queda con una investigación que tiene en la mira a las autoridades de Banco Central, de la Secretaría de Comercio, y de la exAFIP en pleno cepo cambiario.