La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido para acceder a una suspensión del juicio a prueba –una “probation”- del jefe de seguridad del complejo Nordelta, Claudio Ariel De Vincentis, acusado de haber obstaculizado la labor judicial y alertado a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, de que la policía iba a allanarlo en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Para Arroyo Salgado, el proceder de De Vincentis fue mucho más grave que un entorpecimiento simple de un procedimiento judicial por el que se encontraba procesado y había solicitado una “probation”. ¿Por qué? Porque para la magistrada, el comisario retirado de la Policía Federal habría cometido un encubrimiento doblemente agravado, por la gravedad del delito precedente y por su condición de funcionario público.

La decisión de Arroyo Salgado colocó a De Vincentis ante un horizonte judicial mucho más sombrío. Estaba procesado por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple, lo que le permitía un juicio correccional ante un solo juez con una pena máxima de tres años -y, por tanto, sin pisar una celda-. Pero ahora, Arroyo Salgado dispuso remitir la causa a los tribunales orales federales de San Martín, donde el imputado enfrentará un juicio colegiado y el riesgo de una pena de hasta 6 años de prisión efectiva.

Arroyo Salgado fundó su decisión en que De Vincentis, como comisario retirado, sigue siendo policía, ya que el retiro no extingue el “estado policial”, que solo se pierde con la baja, según estipula la ley orgánica de la Policía Federal, que también establece que los retirados deben “concurrir al mantenimiento del orden público, la seguridad y la prevención y represión del delito”.

Defendido por Guillermo Soares Gache, excolaborador de Patricia Bullrich durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad con Mauricio Macri, De Vincentis argumentó que esa noche se encontraba de licencia, que se acercó por su responsabilidad funcional, que solo cumplió con su deber y que no generó demoras. Pero en tribunales se dio por probado que interfirió con el operativo, lo que reforzó luego en un chat interno. Ordenó que ningún empleado facilitara información a las fuerzas de seguridad sin la autorización previa del área legal de Nordelta. “El imputado calificó el accionar de la fiscalía y la policía de forma despectiva, sugiriendo que ‘creían estar en Fuerte Apache”, dijo la Cámara Federal de San Martín cuando confirmó el procesamiento por encubrimiento simple.

Para Arroyo Salgado, “no existen dudas en arribar a la conclusión” de que “la conducta reprochada a De Vincentis debe ser considerada como desplegada por un funcionario público, en ejercicio de sus funciones”. Y le cerró así la puerta a la probation porque el Código Penal excluye de manera explícita esta solución cuando un funcionario participó del delito en ejercicio de su cargo.

La magistrada recordó, además, que De Vincentis “no actuó como un particular cualquiera” cuando comenzó el allanamiento en Nordelta. Actuó desde “una singular posición de control”, reforzada por la ley provincial que regula las actividades de seguridad privada, que obliga a las empresas prestadoras a cooperar y subordinarse a la autoridad de seguridad pública.

Qué pasó aquella noche

Los hechos ocurrieron entre la noche del 21 y la mañana del 22 de agosto de 2025. El juez federal Sebastián Casanello había ordenado allanamientos, registros domiciliarios y requisas personales sobre Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker en el barrio La Isla, en Nordelta. También había dispuesto secuestrar las grabaciones de los ingresos y egresos del complejo. Los procedimientos buscaban celulares, computadoras, otros dispositivos electrónicos y documentación de interés para la investigación.

Con esas pautas generales, el comisario a cargo del operativo, Lucas Alberetti, les prohibió a los vigiladores de la garita de ingreso que llamaran o alertaran de cualquier otro modo a los sospechosos que estaban por ser allanados para aumentar las probabilidades de éxito del operativo.

Según la imputación, De Vincentis llamó con insistencia a sus empleados. En una comunicación que atendió el propio Alberetti, se presentó como supervisor y quiso saber a dónde se dirigía la comitiva judicial. Y a las 00.42 del 22 de agosto, el vigilador Hugo Martín Bogarín atendió otra llamada de su jefe y llegó a decirle que buscaban a los Kovalivker, antes de que le quitaran el teléfono. Tres minutos después, Jonathan Kovalivker salió del barrio y así frustró su requisa personal.

Desde la Suiza Argentino aclararon a , sin embargo, que Kovalivker no se “fugó”, ni pretendió escaparse de Nordelta, sino que se dirigía hacia las oficinas de la droguería donde el allanamiento había comenzado antes. “Lejos de marcharse, estaba yendo al operativo”, remarcaron junto al empresario, e indicaron que así está probado en el expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

En la garita de Nordelta, en tanto, las turbulencias continuaron. Irrumpieron cuatro patrulleros de la Policía bonaerense que habían sido convocados desde el área de seguridad de Nordelta bajo la “falsa invocación” de que “falsos policías” o personas no identificadas habían tomado la garita e impedían que la gente saliera. Pero los efectivos constataron la legalidad del procedimiento y se retiraron.

Según Arroyo Salgado, el registro posterior de la casa de Kovalivker “exhibió rastros de que sus ocupantes fueron puestos sobre aviso”. Y en ese contexto, fundó el primer agravante en que en la “causa Andis” se investiga la conformación de una presunta asociación ilícita que habría cobrado sobornos a las droguerías para repartirlos entre intermediarios, agentes del organismo, como Diego Spagnuolo, y altos funcionarios del Gobierno. En ese esquema, Suizo Argentina habría sido “el canal” de los pagos ilegales.

La magistrada consideró que la gravedad de ese delito precedente justificaba el agravamiento de la figura de encubrimiento que afronta De Vincentis. A esa circunstancia sumó la condición de funcionario público que atribuyó al jefe de Seguridad de Nordelta por su estado policial y las obligaciones legales que conserva como comisario retirado.

Sebastián Nuner Uner, ejecutivo clave de la droguería Suizo Argentina, fue indagado este martes en la tercera ronda de citaciones a acusados en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El empresario presentó un escrito de descargo y no contestó preguntas, según indicaron fuentes al tanto de la declaración.

Director de asuntos corporativos de la compañía, Nuner Uner está señalado por la fiscalía como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita investigada. Según la hipótesis fiscal Franco Picardi, fue un nexo clave; con sus gestiones, la Suizo habría podido implementar la supuesta “cooptación” de la agencia estatal para manipular precios y dirigir compras. Chats recabados en la investigación señalan que habría tenido injerencia, por ejemplo, en la contratación y en el despido de personal del organismo estatal.

En su descargo, Nuner Uner negó las acusaciones y el presunto vínculo con la agencia de Discapacidad, y pidió su sobreseimiento, indicaron fuentes de la empresa que lo acompañaron hasta los tribunales.

Esta tercera ronda de indagatorias pone el foco sobre la Suizo y sus principales ejecutivos. Según el fiscal, la compañía no se habría limitado a beneficiarse de las irregularidades, sino que habría tenido un papel central en la organización de las maniobras.

Estaba previsto que esta tanda de declaraciones comenzara la semana pasada, con la indagatoria de los dueños de la empresa, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de droguería, pero la cita finalmente fue reprogramada para esta semana y tendrá lugar mañana.

Nuner Uner y los Kovalivker son representados por el mismo abogado, Martin Magram.

Otros dos ejecutivos de la empresa, Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Daniel Domínguez, estaban citados para hoy, pero fuentes judiciales informaron que sus declaraciones también fueron postergadas.

La maniobra

El fiscal Picardi lleva las riendas de la investigación que busca echar luz sobre una presunta trama de corrupción en la agencia de Discapacidad. En su pedido de citación a indagatorias, sostuvo que existió un presunto esquema de cartelización, sobreprecios y retornos a funcionarios públicos. Sustentó esa mirada en chats, facturas de pago y la comparación de licitaciones realizadas en la Agencia de Discapacidad.

Un ejemplo de eso es la secuencia atribuida a representantes del área comercial de la Suizo. “Chicos, entraron eurit a 92 mil de costo. Necesito que roten”, envió al grupo “Comercial Coordinadores” de la Suizo Argentina Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales de la droguería, según el fiscal. Eurit, se trata del nombre comercial de la droga cladribina, que produce el Laboratorio Richmond, aclara el pedido de indagatoria. Seis minutos después del mensaje de Zarbo, Tomás Medina, identificado como responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales de la Suizo, contestó: “Precio de venta? O nos manejamos como nosotros querramos”. La respuesta la obtuvo tan solo un minuto más tarde: “Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”, escribió Zarbo, según la prueba recolectada por la Justicia.

Fuentes de la droguería Suizo Argentina, señalada como una de las líderes de la supuesta cartelización, alegaron que los chats están sacados de contexto. “Al fiscal le falta agregar qué decían antes y después de los mensajes que incluyó”, sostuvieron. Además, le recriminan a Picardi que entienda que una bandera de Suiza haga referencia a la droguería Suizo Argentina. Indicaron que también podría aludir a otras empresas con sede en ese país. Mientras todavía se desconoce la explicación técnica sobre los sobreprecios que el fiscal describió en sus dictámenes, dijeron que pudieron haber influido cuestiones de oferta y demanda.

La causa, que cuenta ya con una treintena de procesados, nació tras la difusión de audios de origen desconocido atribuidos a Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo, en los que se hablaba de corrupción y se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario.

Un peritaje sobre esas grabaciones transita su fase final. Más allá del resultado, el lugar que ocupan los audios en el desarrollo del caso es todavía objeto de tironeos. Para el fiscal Picardi, la causa tiene un sustento propio e independiente de ese material (que la fiscalía no usó como prueba); algunas de las defensas, en cambio, sostienen que esa es la piedra angular del caso y pujan por removerla para hacer caer toda la causa.