El oficialismo se anotó una importante victoria en la Cámara de Diputados al conseguir sabotear la sesión convocada por la oposición para derogar el mega DNU 70/23, prorrogar la emergencia en discapacidad y tratar los proyectos sobre endeudamiento y mora. En las semanas previas los libertarios hicieron varias concesiones a los bloques aliados y, además, recibieron el espaldarazo del segundo fallo de la Corte Suprema, que restituyó temporalmente la vigencia de la ley de tierras del kirchnerismo.

Pasadas las 14.30, el tablero reflejó que solo había 121 diputados sentados en sus bancas (se necesitan 129 para abrir el debate). Las ausencias que terminaron de inclinar la balanza fueron los santafesinos Gisela Scaglia y José Nuñez, que responden al gobernador Maximiliano Pullaro; la cordobesa Alejandra Torres; la salteña Yolanda Vega, cercana al gobernador Gustavo Sáenz; el misionero Daniel Vancsik; el chubutense “Loma” Ávila, alineado con el gobernador Ignacio Torres; los tres diputados de Independencia, que responden directamente al gobernador Osvaldo Jaldo; y los jujeños Carlos Rizzotti y María Ines Zigarán, alfiles del mandatario Carlos Sadir. El caso de Zigarán es el más llamativo, dado que había firmado la convocatoria para la sesión pero finalmente se ausentó.

La convocatoria opositora había sido inicialmente motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que, al rechazar una acción de amparo contra el artículo del DNU 70/23 que derogaba la ley de tierras, en la práctica liberalizó por completo su venta a extranjeros. La oposición buscó capitalizar el rechazo social que generó el debate sobre la extranjerización de la tierra en el Senado para avanzar contra el mega decreto desregulador que Milei firmó al inicio de su gestión.

Además, para robustecer las posibilidades de llegar al quórum los bloques de la oposición incluyeron otros dos temas incómodos para el Gobierno que se estaban discutiendo en comisión: la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento.

Sin embargo, el principal problema político era que enfrentó la oposición a la hora de sumar voluntades es que la derogación del DNU 70/23 también afectaría otros sectores de la economía que fueron desregulados. Por ejemplo, entre otros puntos, el mega decreto derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y flexibilizó el mercado aerocomercial. Por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron desde el comienzo de la discusión que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal. Eso explica todos los esfuerzos realizados para sabotear el quórum de la sesión.

El escenario comenzó a complicarse para la oposición la semana pasada cuando la Corte Suprema, tras un giro de 180 grados, concedió una cautelar sobre el mismo artículo del DNU 70/23 y volvió a restituir la ley de tierras del kirchnerismo. “Desde ese momento no pudimos sumar ninguna voluntad más”, explicó a Infobae un importante referente del peronismo.

Además, La Libertad Avanza acordó este martes con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre. Desde la oposición destacaron la ironía de que La Libertad Avanza, el PRO y la UCR terminaron firmando un dictamen para reponer la ley de tierras impulsada por el kirchnerismo en 2011.

“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, festejó el presidente de la Cámara de Diptuados, Martín Menem, tras el naufragio de la sesión.

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En medio de las multitudinarias protestas y disturbios en Francia por el aumento del costo de vida, Javier Milei compartió este domingo en sus redes un fragmento de su intervención en el Foro de Davos de 2024 donde había cuestionado el presente de Europa y advirtió que “Occidente está en peligro”.

“Pensar que luego de dicho discurso en Davos 2024, los analistas políticos, la política y los periodistas salieron a criticar brutalmente. Nada que debiera sorprender ante el déficit de IQ severo combinado con ignorancia y ceguera ideológica”, sentenció Milei a través de un posteo de X.

Y agregó: “¿Reconocerán que otra vez acerté y que ellos erraron fuerte? Lo dudo, carecen de honestidad intelectual, de conocimiento y autocrítica, al margen de la cuestionable calidad humana que muestran a diario».

En aquel discurso, el primero de su gestión ante los empresarios y líderes globales que se congregan anualmente en Davos, Milei había alertado el riesgo que corría Europa “porque aquellos que supuestamente deben defender sus valores se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza”.

“Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bienpensantes de querer ayudar al prójimo, y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo”, dijo en ese entonces.

Y remarcó: “Los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario, son su causa”.

Las palabras del Presidente también fueron replicadas por el asesor Santiago Caputo, quien sostuvo que “habría que pasar este discurso por cadena nacional a la luz de las cosas que están ocurriendo en Europa”. Además, el consultor vinculó las protestas en Francia y otros países de la región con la inmigración musulmana, e ironizó: “¿Será posible comprar algunas de las piezas arquitectónicas o de arte que están en Europa? Sería una tragedia que caigan en manos del Estado Islámico«.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, alineado con Caputo, también compartió el discurso de Milei, y remarcó: “Mientras se observa caos en varias capitales de Europa, resuenan las palabras de Javier Milei en Davos 2024 señalando que “Occidente está en peligro”.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le envió una carta a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y al conjunto de los senadores para reclamar que la Cámara alta retome de manera urgente el tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. La misiva fue difundida bajo una consigna directa: “Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”.

El organismo eclesiástico advirtió que la iniciativa legislativa se encuentra ante “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”, lo que implicaría el archivo definitivo de un texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Frente a ese escenario, la CEPAS pidió a los legisladores que generen los acuerdos necesarios y hagan todo lo que esté a su alcance para que el proyecto pueda convertirse en ley antes de que venza el plazo.

La entidad sostuvo que el problema ya no puede ser considerado una advertencia a futuro, sino una realidad instalada que provoca consecuencias visibles en distintos ámbitos de la vida cotidiana. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades”, expresó la comisión episcopal en el documento dirigido a la presidenta del Senado y a la totalidad de sus integrantes.

El reclamo no es nuevo. La Iglesia católica viene pronunciándose sobre la problemática de las apuestas en línea desde hace más de dos años, con intervenciones cada vez más firmes ante la falta de respuestas del Congreso de la Nación. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron una primera advertencia con un mensaje contundente: “Apostar no es un juego”. Aquella campaña buscó poner el foco en el crecimiento acelerado de las plataformas de juego virtual y su impacto sobre niños, adolescentes y jóvenes.

En noviembre de ese mismo año, la CEPAS solicitó formalmente a la Cámara de Diputados el tratamiento urgente del proyecto. Tres meses después, en febrero de 2025, trasladó el pedido al Senado, donde señaló que el fenómeno estaba consolidando una “cultura de la timba y del azar” que afectaba incluso la libertad de quienes quedaban atrapados por la adicción. El reclamo escaló en octubre de 2025, cuando la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en nombre de todos los obispos del país, definió la situación con una frase que no dejó margen a la ambigüedad: “La ludopatía es un atentado contra la vida”. En aquel pronunciamiento, los obispos también alertaron que, sin regulaciones y controles adecuados, cada teléfono celular podía transformarse en un verdadero “casino”.

La carta enviada a Villarruel plantea que la discusión legislativa ya no debería centrarse en reconocer la existencia del problema, sino en asumir una responsabilidad política e institucional frente a sus consecuencias. En ese sentido, la CEPAS advirtió que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, y cuestionó que los intereses económicos del sector del juego sigan avanzando mientras miles de personas padecen los efectos de la adicción.

La comisión episcopal incluyó en su documento una referencia a las palabras del Papa León XIV, quien en su encíclica Magnífica Humanitas instó a evitar “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. La cita fue utilizada para reforzar el argumento de que la inacción legislativa favorece a una minoría que lucra con la actividad, mientras los costos recaen sobre el resto de la sociedad.

En esa línea, la CEPAS fue categórica al señalar que “no hacer nada” también constituye una decisión y que, en este caso, resultaría “profundamente lamentable”. Según el organismo, la ausencia de una respuesta adecuada hoy puede traducirse mañana en daños mucho más difíciles de reparar en el tejido social. A su vez, remarcó que los perjuicios que produce la ludopatía —humanos, familiares, sociales y sanitarios— no serán asumidos por quienes se benefician del negocio, sino que terminarán recayendo sobre las personas, las familias y la comunidad en general.

Para respaldar su posición, la comisión episcopal citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, que aportan evidencia concreta sobre la magnitud del fenómeno y los riesgos que implica para la salud mental y el desarrollo integral de la población. Ambos organismos han documentado el impacto particularmente grave de las apuestas online en los menores de edad y en quienes atraviesan situaciones de mayor desprotección.

En el tramo final de la misiva, la Comisión Episcopal de Pastoral Social les pidió a los senadores que asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les confió, que retomen de inmediato el debate y que construyan los consensos políticos necesarios para sancionar la norma antes de que pierda estado parlamentario. “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, concluyó la entidad eclesiástica, al reiterar su llamado a legislar sobre una problemática que, según advierte, ya atraviesa a toda la sociedad.

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