Con el respaldo de sus aliados, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno.

Fue convalidada por 124 votos a favor, 119 rechazos y seis abstenciones.

Para conseguirlo, los libertarios debieron aceptar modificaciones al texto original: la preservación de la ley de tierras de 2011, impulsada por el kirchnerismo, que el Poder Ejecutivo inicialmente pretendía derogar. Como Diputados introdujo cambios, el proyecto volverá a la Cámara de origen para su ratificación definitiva.

La iniciativa ya había sufrido un recorte significativo durante su paso por el Senado, donde se eliminó el capítulo sobre utilización de tierras para la producción tras incendios.

El texto actual endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes. Exige que las expropiaciones respondan a una declaración específica de utilidad pública y establece el pago previo de una indemnización calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble. También contempla el reconocimiento del lucro cesante, uno de los puntos más cuestionados por la oposición, que advierte que encarecerá las expropiaciones.

El proyecto también busca acelerar la recuperación de inmuebles ocupados mediante juicios sumarísimos de desalojo, aunque establece un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad. Además, incorpora modificaciones para modernizar el sistema de registro de la propiedad inmueble.

Uno de los principales retrocesos del Gobierno quedó expuesto en la preservación de la ley de tierras, que limita la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros y cuya derogación había sido incluida en el DNU 70/2023. Tras una serie de cuestionamientos judiciales y ante el riesgo de que la oposición avanzara contra el decreto, que contiene otras reformas de peso, el oficialismo terminó por incorporar la protección de esa norma al proyecto.

“Las reformas que se imponen por decreto tiemblan todo el tiempo. Las que se construyen en el Congreso, perduran”, argumentó Pamela Verasay (UCR) para acompañar el proyecto.

La discusión dejó en evidencia las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el alcance del derecho de propiedad y las facultades del Estado para intervenir sobre bienes privados.

Desde La Libertad Avanza (LLA), Santiago Santurio defendió la reforma como una herramienta para garantizar la seguridad jurídica y promover las inversiones. “Cuando se sabía que acá en la Argentina no se respetaban los derechos de propiedad, nadie quería invertir”, sostuvo. También reivindicó la agilización de los desalojos para restituir rápidamente los inmuebles a sus propietarios y advirtió que la ocupación de viviendas desalienta la oferta de alquileres.

En la oposición, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó el intento original del Gobierno de derogar las leyes de tierras, manejo del fuego e integración sociourbana. “Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro [Federico] Sturzenegger”, afirmó. Atribuyó el retroceso oficialista a los cuestionamientos institucionales y judiciales, pero fundamentalmente a la presión social.

Las críticas también apuntaron al encarecimiento de las expropiaciones. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), advirtió que la reforma elevará los costos que debe afrontar el Estado y sostuvo que la preservación de la Ley de Tierras fue resultado de la movilización social. “No es porque ninguno de ustedes se puso a estudiar y reconsiderar”, lanzó hacia las bancas libertarias.

En la misma línea, Hugo Moyano (h.), de Unión por la Patria (UP), cuestionó la incorporación del lucro cesante a las indemnizaciones por expropiación. Según planteó, la reforma busca encarecer eventuales expropiaciones para proteger a las empresas que se privaticen frente a futuras decisiones del Congreso de recuperarlas por razones de interés público. Como ejemplo, mencionó el caso de YPF.

Tras esta primera votación, la sesión continua con el debate sobre discapacidad.

Una sesión marcada por las concesiones

La aprobación del proyecto se produjo en el marco de una sesión maratónica que el oficialismo convocó con la intención de impulsar su propia agenda y evitar que la oposición le marque la cancha. Para conseguirlo, debió negociar con sus aliados e incorporar al temario iniciativas que hasta hace poco el Poder Ejecutivo se negaba a convalidar.

La sesión comenzó pasadas las 12.20 con la presencia de La Libertad Avanza, Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y bloques provinciales vinculados a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).

En cambio, UP, el Frente de Izquierda, los radicales críticos, el socialismo, la Coalición Cívica y, llamativamente, los tucumanos aliados al gobernador Osvaldo Jaldo evitaron contribuir al quorum.

El capítulo más sensible de la jornada es la política de discapacidad. Después del rechazo político y social que generó su intención de endurecer el acceso a las pensiones, recuperar el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones, el oficialismo negoció con sus aliados una propuesta intermedia para evitar que la oposición vuelva a imponer una ley de emergencia.

El dictamen consensuado contempla la compatibilidad de las pensiones con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, fija el monto de la prestación en el 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene el nomenclador de prestaciones. Sin embargo, el Poder Ejecutivo todavía mantiene reparos por el costo fiscal: según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), alcanzaría casi $600.000 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI, y $1,2 billones en 2028, el 0,07% del PBI, si se contempla el padrón completo.

El temario también incluye la creación de un sistema obligatorio de trazabilidad de medicamentos, desde la materia prima hasta su aplicación al paciente, impulsado después de la tragedia del fentanilo contaminado, que provocó al menos 90 muertes. Se trata de un tema que reuniría el consenso de todo el arco político.

Como parte de las concesiones a sus aliados, los libertarios incorporaron además un proyecto que endurece las sanciones contra el vandalismo rural, reclamado por el sector agropecuario, y otro que propone transferir gratuitamente a Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), actualmente bajo la órbita nacional.

La sesión tendrá también un capítulo dedicado al endeudamiento de las familias. Mientras el oficialismo buscará avanzar con una iniciativa de educación financiera para prevenir la morosidad, la oposición intentará imponer un esquema de reestructuración de deudas con topes a las tasas de interés y mecanismos de refinanciación de intereses y punitorios.

Mientras se reavivan las diferencias internas en el Gobierno en torno a la política de discapacidad, la Iglesia reiteró su preocupación por los recortes que sufrió el área durante la gestión de Javier Milei.

La Comisión de Pastoral Social fijó su posición sobre el debate legislativo sobre la emergencia en discapacidad luego de las reuniones que personal del área de Discapacidad del organismo mantuvo con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas y La Libertad Avanza. Durante el encuentro con los libertarios, se discutieron los cambios que aceptó incorporar el oficialismo en el proyecto que se tratará en la sesión de hoy en la Cámara baja.

“No nos manifestamos a favor ni en contra del nuevo dictamen, ni sobre la prórroga de la emergencia. Expusimos la necesidad de buscar destrabar la situación en el debate legislativo y de aplicar cambios al capítulo VI de la ley de presupuesto 2027, que modifica el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”, explicó a una fuente de la Iglesia.

En la reunión con el oficialismo participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los legisladores Oscar Herrera Aguad, Nicolás Mayoraz, Oscar Zago y Laura Rodríguez Machado, entre otros. “Llevamos preocupaciones y propuestas”, explicó la fuente.

Lejos de estar conformes con las modificaciones que debió introducir el oficialismo para contentar a sus aliados en el Congreso, los emisarios de la Iglesia renovaron su pedido al Gobierno para que prorrogue la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, como pretenden los bloques de la oposición.

“Esta ley comenzó a aplicarse recién en 2026, de manera parcial y por orden judicial, por lo que aún no pudo cumplir su objetivo. Pedimos, también, que su vencimiento no pueda usarse para desconocer los derechos que reconoció ni las deudas ya generadas”, indicó la Iglesia.

Además, reclamaron se modifique el proyecto de Presupuesto 2027 para garantizar fondos suficientes para el área. En concreto, solicitaron que se incorpore “una previsión presupuestaria que permita asegurar fondos suficientes para sostener las prestaciones, las pensiones y la cobertura de salud”.

El nuevo cortocircuito entre los obispos y la gestión de Milei se produce en la antesala del viaje del papa León XIV a la Argentina. Dado que el Sumo Pontífice se recupera de manera satisfactoria de la operación en la que le extirparon un tumor maligno, los prelados creen que todo indica que visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

Uno de los puntos de la agenda del Papa que más inquieta a la Casa Rosada es la recorrida por el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidades severas. Especulan que las palabras que pueda verter León XIV en esos ámbitos serán usadas para criticar los recortes en el área de discapacidad que impulsó Milei.

El dictamen consensuado entre los libertarios y sus aliados en Diputados incorporó aspectos centrales de la ley de emergencia, como la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el sostenimiento del nomenclador de prestaciones. La Casa Rosada tomó distancia de ese acuerdo entre los legisladores libertarios y sus socios en el Congreso.

En ese marco, el Episcopado advirtió sobre el peligro de dividir las pensiones en dos grupos y debilitar la cobertura de salud de las personas con discapacidad.

“Las personas con discapacidad que tienen un grado de discapacidad tal que no permite su inserción laboral en condiciones generales pasarían a tener menos derechos: perderían la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo y la cobertura de salud”, puntualizaron desde la Iglesia.

Y agregaron: “En estos casos, cuando se logra un empleo, es habitualmente con acompañamiento y con ingresos en extremo magros, que no permiten sustentarse de modo autónomo ni hacer frente a sus especiales necesidades sanitarias. Son, justamente, las personas más vulnerables”.

También objetaron que el proyecto del oficialismo permita “suspender pensiones antes de escuchar a la persona, por un simple cruce de datos, sin plazos para resolver ni garantías adecuadas” o que no brinde “certezas a los prestadores”. “No fija plazos de pago y deja sin fecha ni actualización la compensación adeudada, manteniendo la exclusión de prestadores dispuesta por el Decreto 84/202”, indicaron.

En el punto 4 del comunicado, la Iglesia reclamó al Ejecutivo que “se fije un plazo para resolver las más de 200.000 solicitudes de pensión pendientes que abarcan todo el año 2026, y que se publique información periódica sobre altas, bajas y suspensiones”.

“También pedimos que las afirmaciones sobre irregularidades se basen en datos verificables, para no estigmatizar a quienes acceden legítimamente a este derecho”, advirtieron.

Los encargados del Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social decidieron difundir el comunicado tras la reunión que mantuvieron con diputados de La Libertad Avanza para discutir los cambios que aceptó incorporar el oficialismo en el proyecto que se tratará en la sesión de hoy en la Cámara baja.

La Iglesia insistió en que durante el encuentro con los representantes de LLA se expresó su profunda preocupación por los derechos de las personas con discapacidad.

En el comunicado insistieron en la necesidad de resolver las solicitudes de pensiones pendientes y fomentar una participación ciudadana más activa en las políticas públicas del sector.

“Creemos necesario avanzar hacia una política integral de discapacidad, desarrollada por el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias. Una gran cantidad de personas con discapacidad depende del sistema público y no encuentra respuesta a sus necesidades”, concluyó la Iglesia.