POLITICA
Piden juicio político para el fiscal general de Lomas de Zamora que archivó una causa por corrupción contra funcionarios de Insaurralde
La onda expansiva del escándalo de corrupción por el que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, golpeó a la Justicia provincial.
En las últimas horas se conoció la existencia de un pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El jefe de los fiscales de Lomas de Zamora fue acusado de archivar una causa penal contra un contador que trabajaba en la municipalidad durante la gestión de Insaurralde. Baccini también fue imputado por la presunta desaparición de pruebas.
Al ser consultado por , Baccini rechazó la acusación en su contra y agregó: “Apliqué la resolución 1390 de la Procuración, así que no puedo analizar de oficio un dictamen sobre el que la denunciante nunca pidió una revisión”.
La investigación contra el contador de la municipalidad de Lomas de Zamora comenzó el 29 de noviembre de 2017, cuando una auditora de la delegación local del Tribunal de Cuentas de la bonaerense encontró dos cajas y una bolsa con facturas, formularios para las licitaciones y remitos en su oficina.
A partir de este hallazgo, la auditora hizo una denuncia por la posible comisión de un delito, ya que entre la documentación que encontró había facturas y remitos correspondientes a empresas proveedoras del municipio.
La investigación recayó en la fiscalía a cargo de Pablo Rossi, quien luego de tomarle declaración a la auditora describió el contenido de la documentación y mostró las grabaciones y fotocopias de lo que había encontrado.
Debido a que en esas cajas había presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, se sospechó que se trataba de un “kit para inventar licitaciones”. Por ese motivo fue imputado Héctor Rosin, entonces contador de la Municipalidad de Lomas de Zamora, quien, según la auditora del Tribunal de Cuentas, había reclamado las dos cajas y la bolsa con documentos.
Al fundar dicho pedido, el contador manifestó que esos documentos pertenecían a su estudio contable. Lo curioso del caso fue que Rosin guardara documentos de su estudio en la municipalidad donde trabajaba como contador.
Un “kit” para licitaciones
Según se determinó en la investigación, entre esa documentación había formularios presuntamente aptos para completar, simular o armar expedientes administrativos de contratación pública.
Inicialmente la causa tuvo impulso investigativo. El fiscal Rossi, que intervino en la primera etapa, analizó la documentación y solicitó medidas de prueba. Se ordenaron allanamientos en la Municipalidad de Lomas de Zamora y en domicilios vinculados a Rosin; también se secuestró nueva documentación y se dispusieron peritajes contables e informáticos. En el pedido de allanamiento se mencionó la posible existencia de un conjunto de funcionarios municipales vinculados a la maniobra investigada.
Al revisar las empresas que figuraban en la documentación encontrada por la auditora del Tribunal de Cuentas se determinó, por ejemplo, que el contador Rosin aparecía vinculado con una de las empresas proveedoras del municipio y que su estudio contable particular tenía el mismo domicilio que otra empresa que era proveedora de la municipalidad.
Además, al revisar los integrantes de los directorios de algunas de las empresas, los investigadores encontraron a otros funcionarios de alto rango de la Municipalidad lomense que pertenecían a la gestión Insaurralde.
Según consta en el sumario, el 9 de noviembre de 2020, el fiscal general Baccini le sacó la investigación a Rossi y se la asignó a otro fiscal, quien ordenó el archivo de la causa al considerar que “no surge del informe de los peritos oficiales que las operaciones a las que calificó como ‘llamativas’ hayan tenido carácter defraudatorio, y si lo hubieran tenido, la acción estaría prescripta”.
En la resolución que decretó el archivo del expediente contra los funcionarios de la gestión Insaurralde se expresó que “los peritos solo pudieron verificar la existencia de una relación entre Rosin y proveedores del Municipio, pero solamente ello, pues no se verificó que fueran partícipes de una maniobra defraudatoria o integrantes de una asociación ilícita, sino solo una incompatibilidad administrativa. Se habría considerado que no se encontraba acreditado un delito penal y que, en todo caso, podría existir una incompatibilidad administrativa o disciplinaria en la actuación [de Rosin] por su doble rol como contador municipal y eventual contador de proveedores de la Municipalidad”.
El archivo del expediente tuvo como inmediata consecuencia que se dejara sin efecto la acusación contra el contador Rosin y contra los otros funcionarios municipales que eran subordinados del intendente Insaurralde.
Pedido de otro fiscal y nueva acusación
El escándalo en la Justicia lomense estalló cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde, a su exesposa Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, solicitó el expediente 07-00-76248-17 por el caso de corrupción en la municipalidad a la fiscalía a cargo de Baccini.
Ante la falta de respuestas, el fiscal federal Mola, mediante los canales oficiales, puso en conocimiento del procurador general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, la conducta reticente del responsable del Ministerio Público de Lomas de Zamora.
Entonces, el jefe de los fiscales provinciales dispuso que la conducta del fiscal Baccini fuese investigada por el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración.
Para garantizar la objetividad del proceso en investigaciones en las que aparece imputado un fiscal, los sumarios se instruyen en otro departamento judicial.
Se inició así un sumario que quedó a cargo del fiscal general de Pergamino, Fernando D’Elío, quien luego de revisar las pruebas concluyó que “con su conducta, Baccini habría ocasionado la impunidad en una causa de interés institucional, puesto que se denunciaba la posible comisión de una defraudación en perjuicio del erario público”.
En la resolución de 60 páginas, el fiscal D’Elío consideró que Baccini sería responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Al consignar las cuestiones prejudiciales, en las que se detalló que el fiscal general de Lomas de Zamora tiene fueros, se consideraba necesario que para avanzar en el proceso se debía comunicar la resolución a la Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento de la Procuración General, a través del Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados y remitir otra copia a la fiscalía federal N°1 de Lomas de Zamora, que investiga las denuncias contra Insaurralde y que había denunciado la reticencia en el envío del expediente contra los colaboradores del intendente.
El 9 de septiembre del año pasado, Baccini recibió la notificación de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.
A casi diez meses de la presentación del pedido de juicio político contra Baccini, el expediente no tuvo avances relevantes y no fueron sorteados los conjueces que deben revisar si el Jurado tiene competencia para resolver sobre la denuncia contra el fiscal.
“Para mí, la acusación no tiene fundamentos. Nunca me demoré en entregar el expediente. Yo expuse una opinión. Actualmente, la causa que me atribuyen haber archivado sigue abierta. Además, el denunciante, en este caso, la auditora del Tribunal de Cuentas, nunca se mostró disconforme con la resolución de archivar la causa”, concluyó el fiscal Baccini.
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POLITICA
Revés para Máximo y Florencia Kirchner: Casación rechazó frenar el decomiso de sus bienes – Nexofin
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner para suspender el decomiso de bienes en la causa Vialidad, en la que su madre, Cristina Kirchner, fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes declararon inadmisibles los planteos de los hijos de la expresidenta y de representantes de las empresas Hotesur y Los Sauces.
El fallo permite que continúe el trámite de ejecución patrimonial, destinado a recuperar $684.990 millones, aunque la realización de los remates permanece supeditada a una resolución de la Corte Suprema.
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Por qué Casación rechazó los recursos de los Kirchner
Los recursos cuestionaban una resolución del Tribunal Oral Federal N°2, dictada el 14 de septiembre, que había rechazado los planteos contra el avance del decomiso.
Máximo y Florencia Kirchner pretendían suspender el procedimiento hasta que la Corte Suprema resolviera una presentación vinculada con los bienes alcanzados por la medida.
Por su parte, Sebastián Sánchez, director de las sociedades Hotesur y Los Sauces, cuestionó que se hubiera postergado la intervención de ambas empresas en el expediente respecto de sus propiedades.
Sin embargo, los camaristas determinaron que la resolución impugnada no constituía una sentencia definitiva ni podía equipararse a una de esas características.
Además, consideraron que las defensas no habían demostrado la existencia de un perjuicio actual que resultara imposible o demasiado tardío de reparar posteriormente.
Los jueces señalaron que los planteos patrimoniales no habían sido resueltos de manera definitiva, sino que su tratamiento había quedado diferido para otra etapa del procedimiento. De esta manera, Casación declaró inadmisibles los recursos y dejó abierta la continuidad de las actuaciones.
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Qué bienes están en juego en la causa Vialidad
El procedimiento apunta inicialmente al decomiso de 111 inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para ejecutar la sentencia.
Entre esas propiedades figuran bienes vinculados con Cristina Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa.
Las defensas de Máximo y Florencia sostienen que sus bienes no deberían quedar alcanzados por la ejecución, dado que ninguno de ellos fue condenado en el juicio por Vialidad.
No obstante, el Tribunal Oral Federal N°2 y posteriormente Casación consideraron que determinados activos podían ser alcanzados por su vinculación con los fondos objeto de la maniobra delictiva, aun cuando hubieran sido heredados por los hijos de Néstor y Cristina Kirchner.
En paralelo, la Fiscalía solicitó ampliar el decomiso a otros 141 inmuebles, 46 vehículos, más de 5,6 millones de dólares y una suma adicional en pesos. Ese segundo pedido constituye una instancia diferente del procedimiento patrimonial.
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La Corte Suprema todavía debe definir el futuro del decomiso
Pese al rechazo de este jueves, el proceso todavía tiene cuestiones pendientes de resolución. La Corte Suprema debe pronunciarse sobre los recursos de queja presentados por las defensas para cuestionar la inclusión de determinados bienes en el decomiso. Esos planteos permanecen pendientes desde mayo.
El máximo tribunal ya había rechazado en julio los cuestionamientos contra la actualización del monto que deben afrontar los condenados, establecido en $684.990.350.139,86. Sin embargo, todavía resta definir qué propiedades podrán utilizarse para cubrir esa suma.
Además, antes de concretar las subastas deberán completarse las tasaciones de los inmuebles y determinarse cuáles podrían ser destinados al patrimonio del Poder Judicial en lugar de ser rematados.
Por lo tanto, la resolución de Casación representa un nuevo rechazo a los planteos de Máximo y Florencia Kirchner, pero no implica que sus propiedades vayan a ser subastadas de manera inmediata.
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POLITICA
Ley de Tierras: arrinconado, el oficialismo espera un salvataje de la Corte, mientras articula una maniobra para desactivar la sesión opositora
Ante la presión de sus aliados y acorralado por la inminencia de una megasesión que amenaza con voltear el DNU 70/23, una de las banderas políticas del Gobierno, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados aceleró sus movimientos para contener la avanzada opositora. Con ese objetivo, convocó a una comisión para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado, y en el que se apresta a incorporar un capítulo o una disposición sobre la Ley de Tierras, como anticipó .
Eso sí, con la mirada puesta en la Corte Suprema, que podría resolver en las próximas horas un pedido de medida cautelar que, de prosperar, restablecería los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Según pudo saber , la definición podría llegar mañana mismo: el máximo tribunal convocó a un acuerdo para las 9. Un win-win para el oficialismo, que encontraría así la forma de atender el reclamo de sus aliados sin pagar el costo político de volver sobre sus pasos.
Los libertarios ya sufrieron una derrota legislativa en el Senado, cuando debieron eliminar del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” los artículos sobre extranjerización de tierras y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Por entonces, el debate quedó atravesado por una fuerte discusión sobre soberanía tras el episodio de la bandera de Malvinas agitado por la selección argentina durante el mundial de fútbol, que reavivó un profundo sentimiento nacionalista y el reclamo colectivo por las islas.
Pero la intención explícita del Gobierno era eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, una medida inicialmente frenada por una demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Días atrás, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 tras cuestionar la legitimación de la entidad para promover acciones colectivas.
El timming de su resolución complicó al Gobierno en momentos en que los libertarios pretenden darle curso al proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y mientras intentan esquivar cualquier golpe político por los proyectos de discapacidad y morosidad que empuja la oposición y que fueron incluidos en el temario de la sesión del próximo jueves.
No obstante, el máximo tribunal dio esta semana una señal que podría dar vuelta el tablero. Por un lado, convocó a dos conjueces designados por sorteo —los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci— para tratar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado con la Ley de Tierras.
La ONG ambientalista reclama que la Corte precise si su reciente fallo tiene algún efecto sobre el expediente que impulsa, al sostener que su amparo no debería correr la misma suerte que el de los excombatientes, dado que invoca una legitimación diferente.
A ello se suma que ayer el tribunal abrevió los plazos legales para pronunciarse sobre la cuestión, por lo que en menos de 24 horas estaría en condiciones de resolver el pedido de cautelar. Una decisión favorable abriría la puerta a restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Frente a este escenario, el Gobierno quedaría exento de retomar un debate incómodo durante el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el próximo miércoles a las 16, tras su giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En concreto, se ahorraría la difícil tarea de negociar no solo con sus aliados, sino también con la oposición más dura los topes máximos a la compra de tierras por parte personas físicas o jurídicas extranjeras.
La propuesta original contemplaba elevar ese límite del 15% al 25%, pero no prosperó en la Cámara alta. Y nada indica que hoy tenga margen para insistir con la misma fórmula. “El problema es que no puede ofrecer algo muy distinto de lo que ya ofreció en el Senado”, advierte un diputado ávido en estrategia parlamentaria.
Dentro de la oposición hay quienes están seguros que a más tardar el martes llegará un “salvataje” de la Corte al Gobierno. Mientras tanto, insisten, los libertarios ensayan un “plan b”, a modo “preventivo” con la inclusión del debate de Ley de Tierras en el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Si bien el oficialismo ya había dejado entrever que exploraba esta alternativa, la decisión terminó de tomar forma ayer, tras la presión de sus aliados del PRO, Provincias Unidas y el MID, que le exigieron una respuesta inmediata durante una reunión con representantes de LLA y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, convocada originalmente para discutir el Presupuesto.
Pese a que suelen acompañar las iniciativas del oficialismo, dentro de estos bloques no había consenso para respaldar la eliminación de los límites establecidos por la Ley de Tierras. Incluso, algunos legisladores mantenían abierta la posibilidad de aportar al quórum de la sesión opositora del 15 de octubre.
Aunque los bloques críticos todavía estaban lejos de reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate, la inacción del Gobierno corría el riesgo de inclinar a los indecisos a favor de la convocatoria, en medio de la presión política por otros temas sensibles, como morosidad y discapacidad, y la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento prevista para ese mismo día.
De todas formas, pese al intento oficialista de desactivar la convocatoria, representantes de UP y Provincias Unidas ratificaron a este medio que bajarán al recinto para insistir con la sesión. “No podemos, no debemos bajarnos”, sostienen.
Además, hay quienes se ilusionan con reunir los apoyos necesarios para tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y la problemática de la morosidad, aun cuando no alcancen los votos para rechazar el DNU 70/23. Esto último representaba, en cualquier caso, un escenario casi imposible por la resistencia de los gobernadores a dar marcha atrás con otras medidas incluidas en el megadecreto.
una megasesión,incorporar un capítulo o una disposición sobre la Ley de Tierras,,podría resolver en las próximas horas un pedido de medida cautelar,pic.twitter.com/YfG09kQb3Z,October 8, 2026,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
POLITICA
“No nos quedan más opciones”: habló una de las estudiantes universitarias que participó de la sentada en el Palacio Pizzurno
La protesta estudiantil en el Palacio Pizzurno sumó un nuevo capítulo al conflicto universitario. Agostina Olivera, consejera de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y militante de La Mella, explicó en diálogo con Infobae al Regreso por qué decidieron ingresar a la sede de la Secretaría de Educación y defendió la sentada como una forma de reclamar respuestas al Gobierno.
La manifestación ocurrió un día después de que la Justicia ordenara al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declarara inconstitucional el decreto que había frenado su implementación. El Ministerio de Capital Humano calificó la protesta como una “toma violenta” y anticipó una denuncia judicial.
El encuentro con Carlos Torrendell y la llamada de Sandra Pettovello
Olivera sostuvo que la protesta permitió concretar una reunión que, según afirmó, los estudiantes no habían conseguido desde el inicio de la actual gestión. “Lo que logramos ayer fue que por primera vez desde que asumió este gobierno, el secretario Carlos Torrendell nos reciba a los estudiantes. No había sucedido nunca”, señaló.
De acuerdo con su relato, los manifestantes realizaron una sentada y, tras conversar con integrantes de la Policía Federal y funcionarios de la dependencia, aceptaron trasladarse a una sala para dialogar con el secretario. Sin embargo, el encuentro no avanzó como esperaban.
La estudiante aseguró que Pettovello llamó por teléfono a Torrendell y le pidió que interrumpiera la reunión. “Le dijo que no podía negociar con nosotras, que no podía hablar con nosotras, que si no nos echaba en cinco minutos, él era el que iba a terminar echado del gobierno”, relató.
Según Olivera, la conversación se desarrollaba mientras los estudiantes planteaban sus reclamos. Uno de los temas abordados fue el monto de las Becas Progresar, que consideró insuficiente frente a las necesidades de quienes cursan en la universidad pública. “Ellos dicen en 35 mil pesos, pero son 28 mil los que les llegan a los estudiantes hoy en día, a los pocos que les llega esa beca”, afirmó.
También cuestionó la falta de información sobre un petitorio presentado semanas antes. Según contó, cuando consultaron por el trámite, les dijeron que el expediente ya no figuraba en la Secretaría de Educación. Además, acusó al subsecretario de Políticas Universitarias de increpar a los manifestantes y grabar un video antes de retirarse.
Olivera agregó que, después de la reunión, los estudiantes tuvieron dificultades para comunicarse porque les habían pedido dejar sus teléfonos antes de ingresar. “Nos estaban dejando básicamente privar de nuestra libertad dentro de una Secretaría de Educación”, denunció.
La discusión por la modalidad de la protesta
Durante la entrevista, los periodistas cuestionaron el ingreso de los manifestantes al edificio público y advirtieron que las imágenes de los incidentes podían desplazar del centro de la discusión el reclamo por los fondos universitarios.
Consultada por la rotura de un blindex que aparecía en los registros audiovisuales, Olivera dijo que no podía precisar qué había ocurrido porque había ingresado por otra puerta. “Yo lo que sucedió con esa puerta no lo sé”, respondió.
La estudiante defendió el comportamiento de quienes participaron de la sentada y aseguró que la medida se desarrolló sin agresiones. Según su versión, los manifestantes permanecieron sentados, leyeron apuntes y confeccionaron carteles, mientras que los trabajadores que querían salir pudieron hacerlo.
Frente al planteo de que la protesta podía perjudicar la legitimidad del reclamo, Olivera insistió en que el objetivo era conseguir una instancia de diálogo. “Fuimos al Congreso, nos dio la razón. Vamos a la Justicia, nos da la razón. Vamos a la calle, la sociedad acompaña. ¿Qué más uno puede hacer que ir a tocarle la puerta?”, sostuvo.
Otro contrapunto surgió en torno a la representación estudiantil. El economista Martín Tetaz cuestionó que un grupo autoconvocado pudiera representar al conjunto de los universitarios y defendió el papel de las federaciones y las organizaciones institucionales.
Olivera respondió que su participación también tenía respaldo institucional, ya que fue elegida consejera directiva por el claustro estudiantil de Ciencias Sociales. Al mismo tiempo, señaló que la convocatoria reunió a alumnos de distintas facultades de la UBA y del conurbano bonaerense. “Lo autoconvocado existe y funciona”, afirmó.
Qué reclaman los estudiantes y cómo seguirá el conflicto
Olivera enumeró los principales reclamos que buscaban plantear ante las autoridades: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las Becas Progresar, recursos para comedores y residencias, políticas de salud mental y medidas vinculadas con el boleto educativo y el transporte.
También se refirió a la situación salarial de docentes y no docentes. Aunque respaldó sus demandas, reconoció que las medidas de fuerza afectan las cursadas y las trayectorias académicas. “Los paros docentes para nosotros son un problema”, afirmó. Además, aseguró que 11.000 docentes habían dejado el sistema universitario público.
Olivera estudia Trabajo Social en la UBA. Comenzó la carrera en 2022 y, según contó, le faltan seis materias y la tesis para recibirse. Desde esa experiencia, cuestionó las dificultades que enfrentan los alumnos para sostener sus estudios en un contexto de conflicto presupuestario y pérdida de poder adquisitivo.
La estudiante también criticó a las distintas administraciones nacionales por la falta de soluciones al problema universitario. “Desde que yo tengo memoria, hasta el día de hoy, ninguna dirigencia política nos pudo dar respuestas”, expresó.
La continuidad del conflicto dependerá de la implementación de la ley, la respuesta oficial a los reclamos presupuestarios y salariales y las próximas medidas de las organizaciones universitarias. Mientras el Gobierno cuestionó la modalidad de la protesta y anticipó acciones judiciales, los estudiantes sostienen que la falta de avances los llevó a intensificar sus reclamos.
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