POLITICA
Piden juicio político para el fiscal general de Lomas de Zamora que archivó una causa por corrupción contra funcionarios de Insaurralde
La onda expansiva del escándalo de corrupción por el que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, golpeó a la Justicia provincial.
En las últimas horas se conoció la existencia de un pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El jefe de los fiscales de Lomas de Zamora fue acusado de archivar una causa penal contra un contador que trabajaba en la municipalidad durante la gestión de Insaurralde. Baccini también fue imputado por la presunta desaparición de pruebas.
Al ser consultado por , Baccini rechazó la acusación en su contra y agregó: “Apliqué la resolución 1390 de la Procuración, así que no puedo analizar de oficio un dictamen sobre el que la denunciante nunca pidió una revisión”.
La investigación contra el contador de la municipalidad de Lomas de Zamora comenzó el 29 de noviembre de 2017, cuando una auditora de la delegación local del Tribunal de Cuentas de la bonaerense encontró dos cajas y una bolsa con facturas, formularios para las licitaciones y remitos en su oficina.
A partir de este hallazgo, la auditora hizo una denuncia por la posible comisión de un delito, ya que entre la documentación que encontró había facturas y remitos correspondientes a empresas proveedoras del municipio.
La investigación recayó en la fiscalía a cargo de Pablo Rossi, quien luego de tomarle declaración a la auditora describió el contenido de la documentación y mostró las grabaciones y fotocopias de lo que había encontrado.
Debido a que en esas cajas había presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, se sospechó que se trataba de un “kit para inventar licitaciones”. Por ese motivo fue imputado Héctor Rosin, entonces contador de la Municipalidad de Lomas de Zamora, quien, según la auditora del Tribunal de Cuentas, había reclamado las dos cajas y la bolsa con documentos.
Al fundar dicho pedido, el contador manifestó que esos documentos pertenecían a su estudio contable. Lo curioso del caso fue que Rosin guardara documentos de su estudio en la municipalidad donde trabajaba como contador.
Un “kit” para licitaciones
Según se determinó en la investigación, entre esa documentación había formularios presuntamente aptos para completar, simular o armar expedientes administrativos de contratación pública.
Inicialmente la causa tuvo impulso investigativo. El fiscal Rossi, que intervino en la primera etapa, analizó la documentación y solicitó medidas de prueba. Se ordenaron allanamientos en la Municipalidad de Lomas de Zamora y en domicilios vinculados a Rosin; también se secuestró nueva documentación y se dispusieron peritajes contables e informáticos. En el pedido de allanamiento se mencionó la posible existencia de un conjunto de funcionarios municipales vinculados a la maniobra investigada.
Al revisar las empresas que figuraban en la documentación encontrada por la auditora del Tribunal de Cuentas se determinó, por ejemplo, que el contador Rosin aparecía vinculado con una de las empresas proveedoras del municipio y que su estudio contable particular tenía el mismo domicilio que otra empresa que era proveedora de la municipalidad.
Además, al revisar los integrantes de los directorios de algunas de las empresas, los investigadores encontraron a otros funcionarios de alto rango de la Municipalidad lomense que pertenecían a la gestión Insaurralde.
Según consta en el sumario, el 9 de noviembre de 2020, el fiscal general Baccini le sacó la investigación a Rossi y se la asignó a otro fiscal, quien ordenó el archivo de la causa al considerar que “no surge del informe de los peritos oficiales que las operaciones a las que calificó como ‘llamativas’ hayan tenido carácter defraudatorio, y si lo hubieran tenido, la acción estaría prescripta”.
En la resolución que decretó el archivo del expediente contra los funcionarios de la gestión Insaurralde se expresó que “los peritos solo pudieron verificar la existencia de una relación entre Rosin y proveedores del Municipio, pero solamente ello, pues no se verificó que fueran partícipes de una maniobra defraudatoria o integrantes de una asociación ilícita, sino solo una incompatibilidad administrativa. Se habría considerado que no se encontraba acreditado un delito penal y que, en todo caso, podría existir una incompatibilidad administrativa o disciplinaria en la actuación [de Rosin] por su doble rol como contador municipal y eventual contador de proveedores de la Municipalidad”.
El archivo del expediente tuvo como inmediata consecuencia que se dejara sin efecto la acusación contra el contador Rosin y contra los otros funcionarios municipales que eran subordinados del intendente Insaurralde.
Pedido de otro fiscal y nueva acusación
El escándalo en la Justicia lomense estalló cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde, a su exesposa Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, solicitó el expediente 07-00-76248-17 por el caso de corrupción en la municipalidad a la fiscalía a cargo de Baccini.
Ante la falta de respuestas, el fiscal federal Mola, mediante los canales oficiales, puso en conocimiento del procurador general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, la conducta reticente del responsable del Ministerio Público de Lomas de Zamora.
Entonces, el jefe de los fiscales provinciales dispuso que la conducta del fiscal Baccini fuese investigada por el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración.
Para garantizar la objetividad del proceso en investigaciones en las que aparece imputado un fiscal, los sumarios se instruyen en otro departamento judicial.
Se inició así un sumario que quedó a cargo del fiscal general de Pergamino, Fernando D’Elío, quien luego de revisar las pruebas concluyó que “con su conducta, Baccini habría ocasionado la impunidad en una causa de interés institucional, puesto que se denunciaba la posible comisión de una defraudación en perjuicio del erario público”.
En la resolución de 60 páginas, el fiscal D’Elío consideró que Baccini sería responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Al consignar las cuestiones prejudiciales, en las que se detalló que el fiscal general de Lomas de Zamora tiene fueros, se consideraba necesario que para avanzar en el proceso se debía comunicar la resolución a la Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento de la Procuración General, a través del Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados y remitir otra copia a la fiscalía federal N°1 de Lomas de Zamora, que investiga las denuncias contra Insaurralde y que había denunciado la reticencia en el envío del expediente contra los colaboradores del intendente.
El 9 de septiembre del año pasado, Baccini recibió la notificación de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.
A casi diez meses de la presentación del pedido de juicio político contra Baccini, el expediente no tuvo avances relevantes y no fueron sorteados los conjueces que deben revisar si el Jurado tiene competencia para resolver sobre la denuncia contra el fiscal.
“Para mí, la acusación no tiene fundamentos. Nunca me demoré en entregar el expediente. Yo expuse una opinión. Actualmente, la causa que me atribuyen haber archivado sigue abierta. Además, el denunciante, en este caso, la auditora del Tribunal de Cuentas, nunca se mostró disconforme con la resolución de archivar la causa”, concluyó el fiscal Baccini.
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La Cámara Federal de Casación decidirá revisar el fallo que ordenó la liberación de Jorge Omar Castillo, conocido como el “Rey de la Salada”, y de un grupo de familiares y colaboradores acusados de lavado de dinero y asociación ilícita en la megaferia unicada en Lomas de Zamora.
La decisión de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky se adoptó tras admitir un recurso de la fiscalía contra la resolución de la Cámara Federal de La Plata que había revocado los procesamientos y ordenó la inmediata libertad de los imputados.
En abril de este año, los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias de la Cámara platense habían dejado sin efecto los procesamientos con prisión preventiva dictados en julio de 2025 por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.
El tribunal consideró que la investigación carecía de “autonomía suficiente” y que el procesamiento resultaba “prematuro”. En consecuencia, ordenó la excarcelación de Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de personas vinculadas a las ferias Punta Mogote, Mogote Factory y Olimpo, y dejó sin efecto los embargos millonarios sobre sus patrimonios.
La acusación en contra de Castillo y el resto de los involucrados
La fiscalía a cargo de Cecilia Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos estructuras criminales estables. Una de ellas, liderada por Castillo, Presa y Corrillo Torrez, se dedicaba a la explotación comercial de las ferias mencionadas.
La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña. Según la acusación, ambas organizaciones se dedicaban a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, a la evasión tributaria sistemática y al lavado de los fondos obtenidos de manera ilícita.
La fiscalía había informado que solo en las cuentas de Punta Mogote S.C.A. ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025, recursos que habrían sido utilizados para adquirir inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.
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La Cámara de La Plata cuestionó con dureza la solidez probatoria de la investigación de primera instancia y concluyó que no existían elementos suficientes para sostener los procesamientos por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual. Esa decisión generó la inmediata libertad de los detenidos y el levantamiento de las medidas cautelares patrimoniales.
Ahora, Casación analizará si corresponde mantener la falta de mérito dispuesta por sus colegas platenses o si, por el contrario, la causa debe continuar su curso con los procesamientos vigentes. El recurso de la fiscalía Incardona fue admitido y la revisión está en trámite.
La Salada, Jorge Castillo, Justicia
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Tensión en Santa Cruz: cumple un mes el conflicto por los salarios de la Policía, tras el rechazo de 11 ofertas
EL CALAFATE.− Una hilera de casillas de madera construidas con pallets, toldos azules y negros, carpas de camping, banderas con inscripciones y tachos con fuego instalados en la puerta de la gobernación en Río Gallegos se convirtió en el epicentro del reclamo de mejoras salariales que llevan adelante policías y bomberos al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.
Las fuerzas policiales tienen como eje del reclamo que un agente recién ingresante que hoy cobra $1,1 millones reciba un aumento que lo lleve a $2,2 millones. Hasta el momento, las 11 propuestas de mejoras presentadas por el gobierno fueron rechazadas, en tanto que la Fiscalía de Estado realizó una denuncia tras el bloqueo que días pasados un grupo de retirados realizaron en la gobernación.
El reclamo policial se da un contexto de fuertes conflictos con los gremios estatales que en el primer semestre no recibieron aumento salarial. Hasta ahora, el gobierno de Vidal presentó como mejor oferta un 17,8% de aumento a pagar en cuatro cuotas, de julio a noviembre, pero ninguno de los gremios aceptó la oferta. Reclaman una compensación por la caída del poder adquisitivo de los primeros meses del año.
En este contexto, Vidal tiene en la Legislatura trabada por el kirchnerismo una autorización para tomar un crédito público internacional por US$600 millones.
La situación en Río Gallegos se tensó en las últimas horas, ante la llegada de un camión que descargó maderas para seguir construyendo casetas sobre la calle Alcorta, donde la protesta se vive con mayor intensidad. El espacio fue denominado “Carpa de la Dignidad”.
“Lo que llevamos adelante es un quite de colaboración, pero se atienden las guardias mínimas y las urgencias y emergencias están cubiertas”, confirmó el suboficial Felipe Gogol a , vocero de los policías y también paritario en la Mesa del Salario, tal como se denomina la mesa de negociación que más preocupaciones le está acarreando a la gobernación.
“Nosotros pedimos que un agente ingresante, sin carga familiar, alcance los 2,2 millones de pesos”, detalla el policía, y asegura que actualmente los salarios de la fuerza están por debajo de la línea de la pobreza.
La protesta empezó a principios de junio, promovida por jubilados de las fuerzas en Río Gallegos. Con el correr de los días los agentes efectivos anunciaron un quite de colaboración. Hoy, según los voceros policiales, se encuentran plegados el 95% de los efectivos. Desde que empezaron las acciones, que no llegan a ser un acuartelamiento, como se registraron en 2012 durante el gobierno de Daniel Peralta, las fuerzas federales con asiento en la provincia se encuentran desplegadas, realizan controles y patrullas en las ciudades y también en las rutas.
Desde hace dos semanas, la paritaria policial está activa, pero sin resolución. El viernes, en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, informó que los policías recibieron 11 propuestas salariales que reflejaron distintos mecanismos de actualización para el personal policial y de seguridad. Hasta ahora todas fueron rechazadas.
La ministra detalló las opciones y propuestas que fijaban valores de punto específicos para los meses venideros; otras opciones incorporaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia de incremento entre julio y diciembre, para resguardar el valor del salario.
Dentro del conjunto de opciones analizadas, la de montos más elevados establece un valor punto de $2.282,80, lo que permitía proyectar un salario de agente inicial a $ 2.001.271. La propuesta tiene un “adicional transitorio” que mejora el suelo del ingresante, pero baja a medida que sube el rango policial. “Queremos que sea escalonado por igual, que aumente en todos los niveles, sino habrá un achatamiento de la escala y se pierde la pirámide de los sueldos”, reaccionaron los policías, que cuestionan tanto los montos como los plazos de pago.
El punto de mayor tensión institucional se registró el 23 de junio pasado, cuando un grupo de personas identificadas en su mayoría como retirados de la policía irrumpió en los jardines de la Casa de Gobierno alrededor de las 11 de la mañana.
El grupo bloqueó el acceso y el egreso por el portón principal e impidió incluso la salida del vehículo oficial de la Secretaría General de la Gobernación. Lo ocurrido quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, fue constatado mediante acta notarial y derivó en una denuncia penal de la Fiscal de Estado, Natalia Linardi.
La presentación califica la conducta como atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción (artículo 149 bis), y solicita una medida cautelar urgente para garantizar el libre funcionamiento de la sede del Poder Ejecutivo provincial. La Fiscalía de Estado advirtió que, en caso de que la Jefatura de Policía provincial no pudiera garantizar el orden, corresponde requerir la intervención de las fuerzas federales con asiento en la jurisdicción.
Para la Fiscalía de Estado, el accionar de los manifestantes −portadores de investidura policial− reviste una gravedad institucional particular e impidió el normal desenvolvimiento de las tareas de los funcionarios y agentes.
Desde el sector policial aseguran que no fueron efectivos, sino retirados de la fuerza quienes estuvieron esa mañana en la gobernación. “El reclamo lo llevamos adelante en absoluta soledad, no tenemos apoyo, no es nada contra nadie, estamos por un sueldo digno, no nos apoya ninguna bandera política, es un reclamo meramente salarial”, aseguró Gogol.
Mariela Arias,Conforme a
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Tras los cambios en el Gabinete, Karina Milei convocó a senadores y diputados libertarios a una nueva reunión en la Rosada
Pasado el reordenamiento del Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada con intención de ordenar la agenda legislativa, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. El intercambio se dará el próximo miércoles a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas y le permitirá a la funcionaria reajustar la estrategia legislativa para reactivar la actividad en el Congreso, empantanada durante los últimos meses a raíz de la situación judicial que atravesaba Manuel Adorni, quien renunció este sábado a su cargo al frente de la Jefatura de Gabinete.
Junto a la menor de los Milei, que intensifica su participación en la dinámica de la gestión, estarán presentes Diego Santilli, quien podría hacerlo ya en calidad de flamante ministro coordinador, si se concreta su designación prevista para esta tarde; el actual secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, potencial vicejefe de Gabinete; y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.
En principio, no se espera la presencia del presidente Javier Milei, que viajará el martes a Paraguay con motivo de la Cumbre del Mercosur, y tampoco del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien, en las últimas horas, reavivó las diferencias internas con un sugestivo posteo en su cuenta de X en referencia a las modificaciones instrumentadas durante el fin de semana.
“Me gustaría saber quién es el mogolico que en estas circunstancias decide que le parece buena idea salir a operar a los propios para sumarse un porotito, flagrantemente desautorizando al Presidente. Bah, en realidad ya sé quiénes son”, sentenció en un posteo de X. Desde su entorno aseguran que busca contrarrestar las versiones que lo dan como “perdedor” tras la salida de Adorni y el potencial desembarco de Santilli.
No es la primera vez que la funcionaria los convoca a Casa Rosada. Tras el triunfo en octubre, recibió a diputados y senadores electos para fijar los objetivos del Poder Ejecutivo en el Congreso. Como contó este medio, decidió asumir un rol más activo en el plano legislativo, hasta entonces en manos de los alfiles que integran la mesa política, con particular interés en la dinámica que atraviesa a la Cámara de Senadores. En paralelo a las reuniones con los legisladores, el oficialismo creó un nuevo grupo de WhatsApp compuesto por Karina Milei, Ignacio Devitt, “Lule” Menem y también la jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich.
La decisión no es azarosa y surge del desenlace de las últimas sesiones que tuvieron lugar en la Cámara Alta y que levantaron sospechas en algunos despachos de Casa Rosada. En el Poder Ejecutivo sostienen que la exministra de Seguridad acciona «en función de su rédito político“, y la acusan de maximizar los reportes que eleva a la cúpula del poder. ”Siempre descarga su culpa en los aliados. Mezcla todo para quedar bien con el periodismo“, le facturaron.
Horas después de la falta de quórum en la sesión en la que la Casa Rosada aspiraba sancionar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, del pasado jueves, en Balcarce 50 acusaban a Bullrich de haber postergado el tratamiento pese a contar con los votos necesarios para la aprobación y anticipaban que intervendrían la conducción del bloque. En contraste, destacaban el dinamismo en la Cámara de Diputados que, en la última semana, logró la sanción del Super Rigi con la presencia de la funcionaria en uno de los palcos del Congreso.
“Lo que va a lograr (Bullrich) es que se empiece a manejar las cosas del Senado por canales no formales y no por la presidencia del bloque”, anticipaban días atrás desde el karinismo. Con el correr de la semana, la intervención en la comunicación y la nueva convocatoria terminaron de consolidarse.
En la previa a la salida de Adorni, Karina Milei ya había encabezado una serie de encuentros con los senadores del espacio, acompañada por el entonces ministro coordinador en la que fue la última actividad pública del exfuncionario. Pese a que se organizaron tres tandas de reuniones en distintos horarios, Bullrich no asistió a ninguna, en un nuevo gesto de autonomía. En esta oportunidad, desde su entorno aseguran que participará del encuentro previsto para el miércoles.
“Lo de Patricia siempre está todo dentro de lo previsto. Uno tiene que tener en cuenta el esquema de los aliados y a Patricia Bullrich”, ironizó un integrante de la mesa política ante este medio para ilustrar la mirada interna sobre la legisladora.
Desde el Senado contrarrestan las críticas al sostener que la Casa Rosada “les cuesta entender lo que es la construcción con la oposición”, y justifican el accionar de Bullrich al esgrimir que la negociación con los espacios políticos se complejizó en el último tiempo debido al caso Adorni.
Con reformas claves en el haber, como la electoral con la que la administración libertaria aspira a modificar el sistema de votación en la previa a las elecciones 2027, el oficialismo intensifica el diálogo con los gobernadores y legisladores aliados. Bajo ese objetivo, Karina Milei aspira a dotar de mayor protagonismo a sus alfiles, pero también participa de manera directa en la estrategia destinada a reactivar la actividad del Congreso.
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