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POLITICA

🔴Insólito – requisito para reuniones en espacio público: si son más de tres personas deberán pedir permiso

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El Ministerio de Seguridad tendrá la autoridad para rechazar la realización de convocatorias, así como también podrá proponer modificaciones a la hora, el lugar o el recorrido

La Ley Ómnibus enviada alCongresopara ser debatida durante las sesiones extraordinarias en curso incluye un insólito requisito para las reuniones en espacios públicos, puesto que en el caso de participar tres o más personas se deberá pedir permiso al Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación de 48 horas.

El paquete de reformas que el presidente Javier Mileicontiene las principales medidas que pretende implementar durante su primera etapa de gestión: desde la privatización de todas las empresas públicas hasta el cierre del INADI. En este contexto, el proyecto contempla un capítulo dedicado a la Seguridad Interior, cuya primera sección busca reglamentar la organización de las manifestaciones, fijando duras sanciones para los organizadores y aquella persona que impida el funcionamiento normal de los transportes.

Además de la modificación propuesta al Código Penal, a través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno define a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”, con el propósito de ejercer el derecho a la protesta.

De ser aprobada la ley sin ninguna modificación en materia de seguridad interior, estas reuniones o manifestaciones deberán ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización al Ministerio de Seguridad, detallando las características; los datos de la persona u organización que la convoca, especificando “nombres y datos personales”; la finalidad de la movilización; el recorrido que tendrá; el tiempo de duración; y la cantidad estimada de participantes.La marcha de la CGT en rechazo al DNU (Luis ROBAYO / AFP)La marcha de la CGT en rechazo al DNU (Luis ROBAYO / AFP)https://be175e20b05da7414f0a89e633877e9e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html?n=0

Una vez recibida toda esa información, la cartera dirigida por Patricia Bullrich otorgará un comprobante que certifique la correcta presentación realizada, documento que deberán tener los organizadores al momento de la realización de la convocatoria. De contar con esto, la movilización podrá realizarse siempre y cuando no estorbe, impida o entorpezca el tránsito.

En esa línea, el Ministerio tendrá la facultad de oponerse a la realización de la reunión, “fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”, así como también podrá proponer modificaciones al horario, la ubicación o la fecha.

En el caso de que se trate de una manifestación espontánea, el Gobierno plantea que la notificación deberá ser presentada “con la mayor antelación posible”, respetando los requisitos mencionados anteriormente.

El sorpresivo requisito para las reuniones sociales o manifestaciones en el espacio público llega luego de días de tensión en el microcentro porteño tras la implementación del protocolo antipiquetes, que fue puesto en marcha por primera vez durante la movilización de las organizaciones piqueteras el pasado 20 de diciembre y volvió a aplicarse durante la convocatoria de la CGT en rechazo a las medidas que apuestan por desregular la economía. Esta normativa autoriza a las fuerzas federales a intervenir para evitar cortes o piquetes, empleando la “mínima fuerza necesaria y suficiente” para la situación. A su vez, los autores, partícipes y cómplices o instigadores serán identificados y se conformará un registro de organizaciones y sus líderes.

Ahora, el proyecto de ley propone que, en caso de registrarse una falta durante una movilización autorizada, el Ministerio de Seguridad de la Nación intime a cualquiera de los organizadores para que cesen con el incumplimiento de la normativa y adecuen la reunión a lo establecido. En caso contrario, se implementarán las acciones correspondientes.

Dentro de las modificaciones que impulsa la administración de Javier Milei para el Código Penal se encuentra la creación de la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.

Así, será considerado organizador todo aquel que convoque a otras personas a participar de la reunión; coordine a personas para llevar a cabo la reunión; provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión y/o pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes.

Por otro lado, la Ley Ómnibus sostiene que los organizadores “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren” durante la movilización.

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Los registros de ingresos a la quinta de Olivos que comprometen todavía más a Alberto Fernández

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Según consta en los registros de la Quinta Presidencial de Olivos, Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros que intervino en numerosas operaciones durante el mandato de Alberto Fernández, fue parte de varias reuniones que lo incluyeron él y otros intermediarios del rubro.

La información fue mostrada por el usuario de la red social X @El30se_equivoco y en los registros se puede constatar que el 8 de enero de 2020, Martínez Sosa ingresó a las 21.36 y se retiró al día siguiente, a la 1.20 de la madrugada. En los mismos horarios figura también el ingreso de Guillermo Alonso, el segundo de Martínez Sosa en la empresa, y de María Guadalupe Cortés, productora de seguros. También fue parte del encuentro Fernando Salim, otro broker que le vendió su empresa a Martínez Sosa al año de esa reunión.

Esa no fue la única reunión que Martínez Sosa mantuvo en la residencia presidencial, ya que el 11 de mayo de 2020 y el 14 de mayo de ese mismo año se registraron más ingresos. En esas ocasiones estuvo acompañado de María Cantero, su esposa y secretaria privada del entonces Presidente. Además, en esas fechas, regía la cuarentena impuesta por el propio presidente en la zona del AMBA y Martínez Sosa no desempeñaba ninguna función esencial como para ser exceptuado de la imposibilidad de transitar libremente.

El fiscal Ramiro González imputó al expresidente, a Martínez Sosa y a Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

Alberto Fernández, breves declaraciones luego de votar  y se fue. En Universidad Católica Argentina

En diciembre de 2021, Alberto Fernández publicó un decreto que obligaba a las dependencias estatales a contratar sus seguros con Nación Seguros. Los organismos del Estado utilizaron un intermediario para la contratación que cobró hasta un 17% de comisiones. Martínez Sosa estaba entre los intermediarios más beneficiados. Entre los organismos que contrataron los servicios del broker estuvieron la Anses, la Casa de la Moneda, la Gendarmería Nacional, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y el Servicio Penitenciario Federal, entre otros.

Alberto Fernández, que se jactaba de no tener en su haber casos de corrupción, al pronunciarse sobre su secretaria Cantero y la posibilidad de que haya beneficiado a su esposo Martínez Sosa, dijo: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”.





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