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SANTIAGO.– Una interesante entrevista dio a El Mercurio Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Argentina. En ella no solo entra en el detalle de los inmensos ajustes del gasto público –equivalentes al 5% del PBI– que han permitido a ese país reducir drásticamente el déficit fiscal, sino que además efectúa un revelador análisis de la economía política de esas medidas. Esto último permite entender uno de los aspectos más singulares de la experiencia argentina, cual es el apoyo que han encontrado hasta ahora estos esfuerzos en sectores relevantes de la ciudadanía. En efecto, aunque las ineficiencias en el manejo de los recursos públicos sean cuantiosas, muchas veces su reducción es difícil, no por el impacto macroeconómico de los recortes, sino por las barreras que encuentran estas medidas en los grupos de interés y en la población general.

La estrategia de la “motosierra” ha logrado hasta ahora un avance exitoso en la Argentina por haber realizado un trabajo importante de identificación de claros bolsones de ineficiencia y darlos a conocer a la ciudadanía. Como resultado, asegura Sturzenegger, “la gente ama la motosierra” porque entiende que todo gasto público es ella quien lo tiene que pagar. Y aun tratándose de realidades muy distintas, el caso puede ser aleccionador para Chile.

El gobierno de Nicolás Maduro anunció la reducción temporal de la jornada laboral en la administración pública a solo tres días por semana, con horarios de 8:00 a 12:30 los lunes, miércoles y viernes. La medida, que regirá por seis semanas, busca ahorrar energía ante la crisis eléctrica que enfrenta el país debido a la sequía y la caída en los niveles de agua de los embalses hidroeléctricos.

Esta reducción no incluye al sector educativo, aunque los maestros ya trabajan solo tres días a la semana debido a los bajos salarios que perciben, alrededor de 40 dólares mensuales. La crisis provocó que el 70% de los docentes abandone el sistema público para migrar a escuelas privadas o al extranjero.

Donald Trump impondrá aranceles del 25% a los países que compren petróleo a Venezuela

La situación energética en Venezuela es crítica. Según Oscar Murillo, director de la ONG Provea, la capacidad de generación eléctrica está “al 80% por debajo de su capacidad”, lo que obliga al gobierno a aplicar medidas de racionamiento. Pese a millonarias inversiones en infraestructura eléctrica, la corrupción dejó al país en una constante crisis de suministro.

El economista José Guerra advirtió que la reducción de la jornada laboral traerá más consecuencias negativas para la economía venezolana, que había mostrado una leve mejoría del 6% el año pasado, pero que ahora enfrenta una posible caída severa. Además, las nuevas sanciones de Estados Unidos, que impondrá un arancel del 25% a cualquier país que comercie petróleo con Venezuela, representan un golpe adicional a la frágil economía del país.

El impacto de este embargo comercial es considerado el más severo desde 1902, cuando potencias europeas bloquearon los puertos venezolanos por el impago de la deuda externa. La economía del país sigue dependiendo casi exclusivamente del petróleo, por lo que estas restricciones podrían agravar aún más la crisis que ya afecta a la población con apagones, inflación y recesión.

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