Cristina Kirchner y el exministro de Planificación Federal Julio de Vido tuvieron «participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público», sostuvo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. El listado de causas que afronta la ex vicepresidenta incluye juicios orales, causas centradas en su jubilación de privilegio, como también su patrimonio. Lo más importante: la decisión de la Corte sobre si quedará inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y si, deberá cumplir los seis años de prisión.

La decisión informada por el Gobierno de Donald Trump afecta también a los hijos de Cristina Kirchner, quienes estarán impedidos de ingresar a los Estados Unidos.

La ex mandataria y De Vido, según señaló el comunicado oficial, “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino”.

En otro tramo se indicó que “múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, lo que ha socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina».

El argumento planteado por el Gobierno estadounidense, se sustenta en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado que la Cámara de Casación, confirmó en noviembre del año pasado.

Los integrantes de la Sala IV que este viernes ratificaron su decisión, expresaron que los hechos juzgados refieren a los procesos licitatorios de las 51 obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, «en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional».

La sentencia que ahora será remitida a la Corte Suprema para su análisis, da por acreditada la maniobra en la que «integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública», en referencia Báez.

Al respecto añadieron que la finalidad fue «asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner».

Es la causa más sensible para la ex vicepresidenta. En primer término porque la condena incluye una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y en segunda instancia, porque hay un pedido del Ministerio Público Fiscal para ampliar la condena al delito de asociación ilícita, elevar las penas a doce años de prisión y aumentar el decomiso en 1.579.502.297,87. pesos actualizables.

No es el único caso. Por delante, la ex vicepresidenta en pleno año electoral, sabe que le queda un calendario judicial que combinará juicios orales y la espera del fallo determinante por parte del máximo tribunal.

Estas causas que se instruyeron por separado pero se unificaron cuando se elevaron a juicio oral, tienen en común a 13 de los 16 imputados y para la justicia federal se trata de un mismo modus operandi, sólo que con compañía de diverso origen: Hotesur, una firma hotelera y Los Sauces, una inmobiliaria.

En los expedientes se determinó que esas compañías no tenían giro comercial real y que habían sido utilizadas como pantallas para operaciones de blanqueo. La causa se cerró por decisión de dos jueces del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado y Adrián Grunberg. Sólo la jueza Adriana Pallioti fue quien sostuvo en un voto minoritario que la mejor instancia de defensa para los acusados, era el debate oral.

Ese fallo que había favorecido a Cristina Kirchner se revirtió hace más de un año y medio, cuando la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, resolvieron que el juicio oral y público debía celebrarse. Por ese motivo, la ex vice acudió ante la Corte Suprema: con la pretensión de dar vuelta ese fallo y evitar estar sentada, nuevamente, en el banquillo de los acusados.

El máximo tribunal dijo que no había fundamentos para hacer lugar al recurso extraordinario presentado por el abogado Carlos Beraldi, y ordenaron que el proceso penal continúe su curso. Esto es: la realización del juicio en el que la ex vicepresidenta deberá responder por los delitos de asociación ilícita (en carácter de jefa y su hijo Máximo como organizador) y lavado de dinero.

La causa regresó a Comodoro Py y el Tribunal conformado por la jueza Pallioti, José Michilini (que sobreseyó a Cristina en el Pacto con Irán) y Nicolás Toselli, debe resolver primero una serie de medidas de prueba que había requerido el fiscal general, Diego Velasco de cara al debate oral, y fijar fecha para que comience el mismo.

Fuentes judiciales señalaron a Clarín, que el TOF 5 “no debería demorarse mucho en decidir cuándo comenzará el juicio de Hotesur – Los Sauces porque ya están proveídos los testigos, las pruebas incorporadas y demás”.

Recientemente, el fiscal general Diego Velasco rechazó la protección de la familia Kirchner de suplantar los embargos trabados en estos expedientes, que superan los 2.200 millones de pesos. Esa decisión está bajo estudio por parte del TOF 5.

Una semana antes de la decisión de que se realice el juicio en los casos Hotesur – Los Sauces, la Corte había fijado el mismo criterio en la causa por la firma del Pacto con Irán, que comenzó con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

En dicho expediente a Cristina Kirchner se le atribuyó el delito de encubrimiento agravado del atentado de la AMIA por la firma del Memorándum de Entendimiento. Después de la reapertura del expediente, la ex vice acudió a la Corte donde le recordaron que el recurso presentado no es sobre una sentencia definitiva.

Asimismo, en el fallo firmado por unanimidad los ministros de la Corte, señalaron tal como habían indicado los jueces de la Casación, que no alcanza con decir que es se está ante un acto de gobierno y que como tal, no es materia judiciable. El máximo tribunal expresó que en el juicio oral y público, se trata de determinar si hay responsabilidad penal -o no- en las instancias paralelas que se abrieron para la firma del Pacto, las acciones e intenciones detrás de dicha medida, y que no se está juzgando una política de Estado.

El expediente ya está en el Tribunal y a diferencia de la causa enfocada en las empresas de la familia Kirchner, en el Pacto con Irán sólo debe fijarse la fecha de inicio del debate, ya que se encuentra proveída la prueba, y se aceptaron más de 300 testigos para que declaren a lo largo del juicio.

En medio de estas decisiones firmadas por la Corte Suprema en 2024, el Tribunal Oral Federal 7 firmó la resolución a través del cual se fijó la fecha de inicio del juicio para el caso Cuadernos de las Coimas. Una vez más, la principal acusada es Cristina Kirchner.

La causa penal calificada por los investigadores como la de “mayor envergadura en materia de corrupción de los últimos 20 años”, se encuentran imputadas un total de 147 personas, mayoritariamente empresarios. Bajo investigación estuvo un circuito de sobornos que pagaban contratistas del Estado para garantizarse obra pública, contratos, concesiones, entre otros.

El juicio comenzará el 6 de noviembre de este año, cuando los resultados electorales ya estén más que determinados. Previo a eso, es posible que alguno de los otros juicios (Hotesur o Pacto con Irán) tengan fecha de inicio.

Pese a ese calendario de juicios por presuntos hechos de corrupción, la ex vicepresidentatiene, tiene otros expedientes abiertos recientemente, en etapa de instrucción.

Por un lado, la fortuna de Cristina Kirchner está siendo peritada por orden del fiscal federal Pollicita.

Mientras que su última declaración jurada expone un patrimonio de 250 millones de pesos, en esta causa reabierta por orden de la Cámara Federal porteña, se busca determinar si hubo inconsistencia en las declaraciones juradas del período 2009 a 2015.

Cuando se abrió el expediente, se analizaron varios aspectos: las diferencias entre el valor de las acciones de la firma Los Sauces S.A. consignadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández en sus respectivas exteriorizaciones; la confusión entre el patrimonio personal de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con el de la firma Los Sauces S.A. en virtud de las acreencias que los ex mandatarios declararon en el año 2010 con dicha sociedad.

Como contó Clarín, la semana pasada la ANSES fue aceptada como parte querellante en la causa que investiga el plus por zona austral, de unos $ 6 millones, que cobró Cristina Kirchner mientras residía en Capital Federal.

El expediente está delegado en el fiscal federal, Gerardo Pollicita, que esta semana próxima comenzará a tomar declaraciones testimoniales a integrantes del organismo público, para conocer más detalles respecto a la denuncia que se radicó por los presuntos delitos de administración fraudulenta, estafa, falsedad ideológica.