La espera en medio de la tensión bélica finalizará para decenas de argentinos, que están cada vez más cerca de regresar al país tras haber quedado varados en Dubái por la guerra en Medio Oriente. Este viernes el Gobierno confirmó que el domingo y el lunes saldrán desde la ciudad árabe dos vuelos que repatriarán a los primeros de los más de 630 compatriotas que pidieron ayuda para salir de la zona de conflicto.

Será en dos vuelos de la empresa Emirates Airlanes que despegarán en el aeropuerto de Dubái y harán escala en Río de Janeiro, Brasil, antes de finalizar su recorrido en Buenos Aires.

Las gestiones con el gobierno árabe y la compañía aérea fueron encabezados por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri.

A seis días del inicio de la escalada bélica en Medio Oriente, ya son más de 630 los argentinos que pidieron escapar de la zona de conflicto a través de diversos canales consulares, según detallaron a Infobae desde Cancillería.

Si bien los primeros vuelos de regreso partirán de Dubái, los varados, en su mayoría, son personas que quedaron varadas en Israel y Qatar.

Como el espacio aéreo está cerrado tras el ataque de Estados Unidos e Israel y la represalia de Irán, desde el Gobierno le habían anticipado a este medio que las sedes diplomáticas gestionan con las aerolíneas para que, a medida que salgan vuelos y haya cupos, suban los argentinos de acuerdo a un “esquema de priorización”, como pueden ser situaciones particulares de menores de edad o personas con problemas de salud.

En las últimas horas, las diferentes embajadas argentinas en Medio Oriente actualizaron las notificaciones en medio del conflicto bélico, sobre todo en relación a diversas rutas terrestres hacia países que cuenten todavía con vuelos regulares.

El miércoles, el canciller Pablo Quirno explicó cómo es la asistencia diplomática. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, un 98%; y hoy (por el miércoles) se abrió un 68%, con lo que los espacios son limitados. Nosotros recomendamos esperar en Dubái, porque estamos trabajando con las compañías aéreas que tienen vuelos de regreso. Pero solo allí hay 1.500 varados de todo el mundo”, afirmó en diálogo con LN+.

Más allá de esta gestión oficial, varios argentinos varados en Medio Oriente relataron en las últimas horas las complicaciones para obtener información precisa sobre los pasos a seguir. Virginia Luca, entrevistada por Infobae en Vivo, permanece varada junto a su esposo en la ciudad de Sharjah, en Emiratos Árabes.

Según señaló, la embajada recomendó a quienes no poseen ticket directo a la Argentina que se trasladen a Omán o Arabia Saudita por sus propios medios. Las autoridades locales, en cambio, ordenaron que nadie se mueva. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos”, expresó.

“No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar”, detalló.

Gobiernos de todo el mundo instrumentaron operativos para organizar el regreso de sus ciudadanos. Según diversos reportes, se tuvieron que cancelar al menos 12.903 vuelos entre el sábado y el lunes, es decir, cerca del 40% de las conexiones programadas. De acuerdo con Cirium, una empresa de análisis de la aviación, los vuelos en la región representan unos 900.000 asientos diarios, de lo que se podría deducir que el número de viajeros afectados superaría fácilmente el millón.

El recambio en el Ministerio de Justicia, con la llegada de Juan Bautista Mahiques como nuevo titular y de Eduardo Viola como secretario del área —en reemplazo de Sebastián Amerio— generó los primeros movimientos para normalizar las vacantes en el Poder Judicial de la Nación que son arriba de 300.

El mecanismo es claro. El Poder Ejecutivo debe elegir a cada candidato para cubrir los cargos disponibles a partir de las ternas que envía el Consejo de la Magistratura, luego de los concursos y evaluaciones. Una vez tomada la decisión, eleva la propuesta al Senado para su aprobación.

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La instancia clave en la Cámara alta es la Comisión de Acuerdos. Está encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto e integrada además por otros cuatro oficialistas: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Juan Cruz Godoy y Nadia Márquez.

La comisión tiene 17 integrantes. La mayoría pertenece a sectores dialoguistas de la oposición: tres radicales (Carolina Losada, Mariana Juri y Maximiliano Abad), un senador del PRO (Martín Goerling Lara) y uno de Provincias Unidas (Carlos Espínola).

También participan representantes de fuerzas provinciales: Flavia Royón (Salta), Carlos Arce (Misiones) y Beatriz Ávila (Tucumán). A ellos se suma Sandra Mendoza, del bloque Convicción Federal que lidera Carolina Moisés, recientemente separado del interbloque Popular que conduce José Mayans.

Los tres lugares restantes corresponden al kirchnerismo, que aún no definió a sus representantes ni confirmó si integrará la comisión.

Con esta composición, en la Casa Rosada confían en poder aprobar rápidamente los pliegos en la comisión que conduce Pagotto y habilitar su tratamiento en el recinto.

En ese contexto, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, emitió un comunicado en las últimas semanas. Allí advirtió que “la enorme cantidad de vacantes judiciales pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia”.

Además, reclamó que “el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación constitucional y remita los pliegos pertinentes al Senado de la Nación para su tratamiento”.

Las designaciones en la Justicia

El proceso de designación de jueces se desarrolla exclusivamente en el Senado, la Cámara que, según la Constitución, tiene la facultad de otorgar el acuerdo para nombramientos de jueces, embajadores, procurador general, defensor del Pueblo y ministros de la Corte Suprema.

Para designar jueces federales, primero interviene el Consejo de la Magistratura, organismo que integran representantes de los tres poderes del Estado y que preside el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Tras el concurso correspondiente, el Consejo define una terna de candidatos. Esa terna es vinculante para el Poder Ejecutivo, que debe elegir a uno de los postulantes y enviar su pliego al Senado.

Luego interviene la Comisión de Acuerdos, que realiza una audiencia pública y puede emitir uno o más dictámenes. Esos dictámenes se elevan al recinto, donde el Senado vota la aprobación o el rechazo del candidato por mayoría simple de los presentes.

El procedimiento es diferente para designar ministros de la Corte Suprema. En ese caso no interviene el Consejo de la Magistratura. Si bien Mahiques reconoció que hay que completar la Corte -hoy en tres miembros- adelantó que no es un prioridad inmediata.

El Poder Ejecutivo propone directamente al candidato y envía su pliego al Senado. Allí se abre un proceso de audiencias públicas y participación ciudadana, que permite presentar apoyos, impugnaciones y preguntas para el postulante.

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Después de esa instancia, la Comisión de Acuerdos firma los dictámenes correspondientes y los envía al recinto. Para aprobar un juez de la Corte se requiere el voto de los dos tercios de los senadores presentes.

Si participan los 72 senadores, el candidato necesita al menos 48 votos afirmativos.

Esas mayorías no fueron alcanzadas el año pasado por los postulantes propuestos por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema.

El juez Ariel Lijo obtuvo 23 votos a favor y 43 en contra, mientras que el catedrático Manuel García-Mansilla consiguió 20 votos positivos y 51 negativos, en la sesión del 3 de abril de 2025.

Las nuevas mayorías

El escenario político en el Senado cambió tras el recambio legislativo del 10 de diciembre. La Libertad Avanza logró construir mayorías que le permitieron aprobar varios proyectos del presidente Javier Milei durante las últimas sesiones extraordinarias.

El bloque oficialista, encabezado por Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores. A ellos se suman aliados de sectores dialoguistas.

Entre ellos están los diez integrantes de la UCR que conduce Eduardo Vischi, tres senadores del PRO y representantes de fuerzas provinciales: el Frente Renovador de la Concordia misionero (dos bancas), Independencia de Beatriz Ávila, Despierta Chubut de Edith Terenzi y Primero los Salteños de Flavia Royón.

A ese grupo de 39 legisladores podrían sumarse, según cada debate, la neuquina Julieta Corroza, los dos senadores de Provincias Unidas, los santacruceños de Por Santa Cruz que responden a José María Carambia y los tres miembros de Convicción Federal que conduce Carolina Moisés.

Con ese esquema, el oficialismo podría alcanzar hasta 47 votos en determinadas votaciones.

Esa cifra lo dejaría a solo un voto de los dos tercios necesarios para aprobar un futuro ministro de la Corte Suprema, que hoy tiene dos vacantes, o para avanzar en la normalización de la Procuración General, cargo que desde hace años ocupa de manera interina Eduardo Casal.

En paralelo, el Poder Ejecutivo mantiene activa su mesa política. Está integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el subsecretario general de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

A ese espacio podría sumarse el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para coordinar la estrategia oficial en torno al futuro del Poder Judicial.

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El diputado nacional Sebastián Pareja destacó hoy la estrategia de La Libertad Avanza para eliminar tasas municipales “regresivas” o “sin contraprestación” en la provincia de Buenos Aires, a través de una batería de proyectos impulsados en los concejso deliberantes, y aseguró: “Es inevitable que en el 2027 gobernemos la provincia de Buenos Aires”.

El legislador, entrvistado por Infobae en Vivo, aseguró que la supresión de tasas municipales no pone en riesgo la administración local, sino que responde a la idea de que el ciudadano es el principal inversor del municipio. Afirmó, además, que solo deben sostenerse aquellos cargos que aporten beneficios concretos.

“Venimos haciendo un trabajo desde el mes de noviembre identificando en todos los municipios de la provincia esas tasas regresivas, esas tasas que no tienen ninguna contraprestación”, explicó Pareja, y argumentó la estrategi con la “tasa COVID” en Morón. “Es realmente fantástico porque la contraprestación no existe”, ironizó. Y añadió que en Carlos Tejedor los productores todavía deben pagar una tasa solo por el movimiento de ganado.

En referencia a ese municipio, precisó que “se recaudaron 600 millones de pesos y la estructura municipal requirió 50 millones para controlar administrativamente el movimiento de ganado, no entendemos de dónde salen los 550 millones restantes”.

Al analizar otros ejemplos, mencionó que en Cañuelas existe desde hace años una tasa para la desinfección del transporte público, pese a que “en el presupuesto no hay ni siquiera una orden de compra de desinfectante”. Sumó que tampoco existe el espacio físico para que pasen los colectivos o taxis a desinfectarse, calificando la medida de meramente recaudatoria.

Frente al interrogante sobre un eventual desfinanciamiento de la administración municipal por eliminar tasas, Pareja negó que la recaudación sea imprescindible. Señaló los ejemplos de Capitán Sarmiento y 3 de Febrero. “Se pueden bajar las tasas y se puede continuar con la administración normal de un municipio”, enfatizó.

“Vinimos a reformular el sistema; es inevitable que en el 2027 gobernemos la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el referente libertario. “La provincia de Buenos Aires alberga la misma cantidad de empleados que la Volkswagen a nivel mundial. Tenemos un Ministerio de la Mujer que no sirve para absolutamente nada y se gastan millones y millones de dólares anuales que bien podrían estar direccionados a temas como compensar la balanza económica y que la provincia sea eficiente”, remarcó.

Consultado sobre las disputas internas en LLA, Pareja admitió que hay “diferencias de criterio”, pero subrayó que todas esas discusiones se orientan a beneficiar al Gobierno.

Ofensiva libertaria

El plan para reducir los impuestos en los municipios bonaerenses se compone de 269 acciones legislativas distribuidas en los distritos donde el espacio tiene representación. De ese total, 138 iniciativas buscan eliminar tasas municipales, 120 proponen reducirlas y 11 están orientadas a la simplificación de trámites administrativos vinculados con la actividad comercial y productiva.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó en las últimas semanas un sitio web del Gobierno nacional que publica tasas municipales cobradas en distintos municipios. La plataforma fue lanzada como una herramienta para transparentar los tributos locales y permitir que la ciudadanía conozca qué tasas rigen en cada distrito.

De acuerdo con información a la que accedió Infobae, esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional para visibilizar el impacto de los tributos locales y promover el debate sobre la presión fiscal en diferentes niveles estatales.

La estrategia del espacio no se limitará a los concejos deliberantes municipales. Según confirmó Sebastián Pareja a Infobae, La Libertad Avanza presentará en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para declarar de interés provincial la iniciativa de reducción de tasas municipales que impulsan sus concejales.

La intención es que la legislatura respalde políticamente el despliegue coordinado efectuado en los municipios.

“El objetivo es abrir una discusión seria sobre la presión fiscal en los municipios de la provincia. ¿Quién se va a oponer?”, planteó Pareja en diálogo con Infobae.

El dirigente sostuvo que la iniciativa busca instalar un debate más amplio sobre la relación entre la presión fiscal, la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios prestados por los gobiernos locales.