El integrante de la Global Sumud Flotilla Thiago Ávila, de nacionalidad brasileña, quiso entrar a la Argentina con su familia pero las autoridades le impidieron el ingreso, según pudo confirmar . Ávila, que formó parte de la travesía marítima contra las acciones de Israel en Gaza −transportaban provisiones, denunciaban un “bloqueo marítimo” y tenían como cara más conocida a Greta Thunberg− venía desde Uruguay pero quedó retenido en los controles de Aeroparque.

Según le dijeron fuentes oficiales a , cuando Ávila llegó a la terminal aérea en territorio porteño “saltó una alerta”, hubo una intervención de Migraciones y la revisión “derivó en la no admisión” de Ávila.

En tanto, organizaciones de izquierda que esperaban al integrante de la flotilla en la Argentina denunciaron al gobierno de Javier Milei por “persecución y hostigamiento”. Se sumó parte del kirchnerismo, con el diputado nacional Juan Grabois a la cabeza.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, el brasileño llegó a la ciudad de Buenos Aires desde Uruguay junto a su pareja y la hija de ambos, y tenía en agenda realizar en la Argentina distintas actividades políticas, para después partir mañana rumbo a Barcelona, España. Desde ahí saldrá una nueva misión de la flotilla el próximo 12 de abril rumbo a Gaza.

“Venía a hacer la presentación de la sección argentina de la Global Sumud Flotilla. Hoy íbamos a realizar una conferencia de prensa. Mañana se iba a reunir con diputados, entre ellos Myriam Bregman y Nicolás del Caño”, contó a el referente de izquierda local Luca Bonfante, uno de los que se quejó en redes por la no admisión de Ávila, quien también iba a dar una charla en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Otras fuentes de la izquierda dijeron a este medio que había una delegación a la espera del arribo de Ávila en Aeroparque y que ahí mismo se enteraron que no había sido admitido.

Por su parte, Grabois marcó: “[Ávila] vino a difundir sus ideas a la Argentina, que se supone es un país del mundo libre, ¿no? Sin embargo, el gobierno cipayo no acepta disidentes que tocan los intereses de sus amigos criminales de guerra como [Benjamin] Netanyahu y [Donald] Trump. Exigimos la inmediata libertad de Thiago».

Se plegó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, que posteó una foto junto a la familia de Ávila en el aeropuerto. Aseguró que los acompañaron y denunció una “decisión arbitraria del Gobierno, sin precedentes”, que “ataca directamente a las misiones humanitarias y de asistencia a los pueblos”.

La Global Sumud Flotilla, conformada por 50 embarcaciones en su momento, a fines de 2025, estuvo encabezada por ONGs de 46 países que decían tener una intención de carácter humanitario para transportar alimentos y medicamentos dirigidos a la población civil en Gaza. Desde sus comienzos generó polémica, más que nada en Europa.

En ese entonces, el gobierno de Israel la interceptó y hubo detenciones de personas que estaban abordo, entre ellos Thunberg.

Folha de S. Paulo detalló que Ávila, nacido en Brasilia en 1986, era el único brasileño en esa misión. Ese mismo medio refirió que es licenciado en Comunicación, que se ocupa de temas climáticos, que fue cofundador en su país del movimiento Bem Viver y que allá lo detuvieron dos veces en 2021 por intentar impedir desalojos de familias durante la pandemia de Covid-19. O Globo da cuenta de que fue candidato a diputado federal por el partido PSOL en 2022.

Según Folha, Ávila habría participado en Líbano del funeral de Hassan Nasrallah, exlíder de la organización terrorista Hezbollah asesinado por Israel. Tal como contó , Nasrallah había sido mencionado por el fallecido fiscal Alberto Nisman en un informe por la causa AMIA, investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y, por pedido de este organismo antilavado, su nombre fue incorporado en 2019 en el registro de los terroristas internacionales más buscados.

También este mes, Ávila fue retenido en el aeropuerto internacional de Panamá. El ciudadano brasileño había arribado desde Cuba, adonde había llegado en el Convoy Nuestra América, que partió desde México dirigido a la isla con ayuda humanitaria y paneles solares.

La Iglesia ofrecerá este jueves un gesto para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y poner al descubierto la crisis que impacta sobre las instituciones que se dedican a atender a este sector social, afectado por los ajustes del gobierno de Javier Milei.

En ese camino, el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, celebrará la misa central del Jueves Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la capital mendocina, donde se encuentra el Hogar de la Obra Don Orione, dedicada hace 90 años a la asistencia y promoción humana de las personas con discapacidad.

En una realidad que se extiende a otras instituciones en todo el país, vinculadas o no con la Iglesia, el sector de la discapacidad viene denunciando los efectos de una crisis que amenaza la sostenibilidad de los hogares y servicios dedicados a la atención de personas con alta vulnerabilidad.

Con su gesto, Colombo retomará una práctica que tenía el cardenal Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires y realizaba celebraciones de la Semana Santa en hospitales, cárceles y centros de atención a niños.

Ya el año pasado el arzobispo Colombo advirtió sobre “el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública”. Llamó a la reflexión a quienes, desde el ámbito del gobierno nacional, deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de Discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea. Y en ese momento afirmó que “el cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado, ni subordinado a otras urgencias”.

Al describir la crisis del sector, la Obra Don Orione advirtió que se encuentra quebrada la cadena de pagos. “Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, lo que ha obligado a la institución a agotar sus recursos propios para mantener la atención diaria”.

En una situación por la que transitan varias instituciones del sector, el problema se agrava por la brecha de ingresos y egresos, mientras los costos de vida (alimentos, medicamentos, servicios y salarios por acuerdos paritarios suben mes a mes, los aranceles que fija el Estado se actualizan tarde y muy por debajo de la inflación.

“Durante gran parte del último año, el sector operó con valores congelados,absorbiendo una inflación acumulada superior al 30% sin ninguna compensación inmediata”, denunció la Obra Don Orione, con presencia en todo el país.

La entidad advirtió que la extrema crisis del sector pone en riesgo la continuidad de sus servicios, como también ocurre en entidades similares. “La combinación de aranceles desfasados, una inflación que no da tregua y la interrupción en la cadena de pagos estatal ha generado un escenario de vulnerabilidad para las 1200 personas con discapacidad que asiste la institución en todo el país”. Un panorama similar al que enfrentan otras entidades civiles dedicadas a la atención de las personas con discapacidad.

El gesto del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que centrará la celebración del Jueves Santo en esta problemática, apunta a reclamar “la necesidad de garantizar derechos básicos”.

En esa línea, la Iglesia advirtió que “cada vez que el sistema de financiamiento falla” se vulnera la ley 24.901, que en 1997 estableció el sistema de prestaciones básicas de atención integral de este sector social, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en el país. La propia Obra Don Orione proclamó: “No pedimos un favor, ni una donación: pedimos el cumplimiento de la ley”.

Sumó su voz al reclamo y declaró que “resulta paradójico que mientras el Estado presenta demoras críticas en los pagos de las prestaciones, se exija a las organizaciones sin fines de lucro el cumplimiento fiscal inmediato y sin demoras”. Estiman necesario “un diálogo que se traduzca en hechos concretos y en plazos que el sistema pueda sostener, ya que la buena voluntad no alcanza para cubrir medicamentos o salarios”.