La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atravesó este jueves su primer foco fuerte de conflicto público desde que asumió como número uno de la cartera que dejó Patricia Bullrich. Fue cuando efectivos de las fuerzas federales agredieron al camarógrafo Facundo Tedeschini, que hacía una cobertura para el canal A24 en el exterior del Congreso.

Antes, en la misma jornada y para protestar contra la reforma a la ley de glaciares, un grupo de ambientalistas de la organización Greenpeace habían logrado alcanzar las escalinatas del Congreso para tomarse una foto de protesta, con un cartel y réplicas de inodoros, más allá de la cantidad de efectivos que estaban abocados a controlar el Palacio Legislativo en medio de un jueves activo por la sesión en la que ya se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y el pliego de Fernando Iglesias como embajador.

Sin embargo, en el Gobierno cerraron filas alrededor de la ministra y la respaldaron sin titubeos. Fuentes de la Casa Rosada dijeron a este medio que Monteoliva tiene el respaldo de Balcarce 50.

Al momento de la irrupción de manifestantes (que se supone burlaron las rejas del Congreso) y de la agresión al camarógrafo, la funcionaria se encontraba en Chile para participar en el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, según pudo confirmar . Hoy mismo regresará a la Argentina. Fuentes oficiales detallaron que así estaba previsto desde que se agendó el viaje y que no hubo cambios de planes.

Tras la agresión, al camarógrafo fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía. Según el parte médico, Tedeschini entró con “lesiones leves y efecto de gases”. En las imágenes del momento se lo veía con un corte y sangre en uno de sus pómulos, luego de ser agredido por un efectivo de la Policía Federal.

Esta fue la primera vez que el oficialismo salió a hacer control de daños y admitió la posibilidad de que exista un mal accionar policial, al contrario que en otras oportunidades. La más notable: la agresión al fotógrafo Pablo Grillo, impactado el 12 de marzo de 2025 por un proyectil de gas lacrimógeno que lo dejó en coma en ese momento y todavía trabaja en su recuperación.

En ese caso, tanto Bullrich (entonces ministra), como otros integrantes del Gobierno, aseguraron que no iban a juzgar al efectivo porque “tiró la granada correctamente”. Sin embargo, en diciembre la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero, acusado de haber disparado.

En septiembre de 2024, cuando un efectivo de la Policía Federal fue filmado mientras gaseaba directamente en el rostro a una niña de 12 años que se encontraba en el piso junto a su madre, durante otra manifestación frente al Congreso, tanto Bullrich como Monteoliva defendieron al uniformado. La entonces secretaria de Seguridad fue más allá: difundió un video para acusar a otra manifestante como responsable de la agresión. El policía, Cristian Rivaldi, fue procesado por abuso de autoridad en concurso real con lesiones leves.

Esta vez, frente a la agresión al camarógrafo de A24, la tesitura fue otra. Desde el Gobierno primero notificaron por la mañana que el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Rollé, había ordenado un sumario para “averiguar el accionar” de sus agentes. Remarcaron, además, que el camarógrafo estaba “bien” y aseveraron que el corte en la cara se lo había hecho “al caer en los empujones”.

La propia Bullrich al llegar al Senado buscó explicar primero que el trabajador de prensa “intentó entrar” donde estaban los detenidos de Greenpeace para filmar, pero rápidamente admitió que la conducta de los oficiales se encontraba en evaluación.

“Ya se ha abierto un sumario porque el jefe de la Policía ha evaluado que la conducta [de los policías] ha sido reprochable, por lo cual está en análisis. Si se abre un sumario a un miembro de la PFA es porque el accionar no ha sido el que la Policía debe realizar. Si hubiese sido correcto, en el marco del deber, no se le hubiera abierto un sumario”, dijo la actual jefa de la bancada libertaria.

Por la tarde, desde la PFA emitieron un comunicado en conjunto con el Ministerio de Seguridad para dar la primera versión oficial de los hechos en on the record. Dijeron que, tras la detención de 12 activistas de Greenpeace (nueve mujeres y tres hombres, que hicieron la protesta en las escalinatas del Palacio Legislativo), se los trasladó a un estacionamiento ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen. “En esa circunstancia, se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas», describieron.

“Durante ese intervalo, se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”, narraron desde la fuerza y dijeron que pidieron intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, secretaría del doctor Rafael Ortea Escandon, que “dispuso la soltura” del camarógrafo. Tedeschini salió del hospital sin cargos.

En esa misma nota de prensa, desde la PFA confirmaron: “Se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar íntegramente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente”. No obstante, no precisaron cuántos efectivos están sumariados.

Este jueves a la tarde en los pasillos de la Casa Rosada como una forma de respaldo a Monteoliva se escuchó: “Van a tener que empezar a entender que hay que respetar las órdenes policiales”.

En paralelo, los propagandistas libertarios hicieron lo suyo en redes, también en línea con la defensa irrestricta de las fuerzas de seguridad a pesar de la reacción desmedida ante la prensa, blanco habitual de los ataques virtuales del Gobierno.

El máximo exponente del grupo, Daniel Parisini (alias Gordo Dan), escribió: “Operación de manual de periodista marxista de combate. No se dejen psicopatear”.

Por su parte, Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital del Gobierno y encargado de la Oficina de Respuesta, retuiteó una publicación de La Derecha Diario, portal ultraoficialista del que es fundador. “Impecable. La Policía Federal detuvo a un violento camarógrafo de A24 que se negó a cederle el paso a un vehículo policial, desoyó las órdenes para retirarse y posteriormente agredió físicamente a los oficiales“, decía el texto, que no se condice con las imágenes ni tampoco con la versión oficial de la PFA.

Se sumó la legisladora bonaerense Florencia Arietto, ahora libertaria, que hasta endureció su posición respecto de Bullrich, quien era su jefa política. “Nadie tiene coronita. ¿Por ser camarógrafo o periodista no se te puede aprehender si estás contraviniendo una orden policial? ¿Cómo es? ¿A [Juan] Grabois sí y al camarógrafo no? La ley tiene que ser pareja», dijo.

Lo ocurrido generó una fuerte reacción de las organizaciones que bregan por la libertad de prensa. Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresaron su “preocupación” por la detención de Tedeschini y contaron que, en la misma jornada, un efectivo de la PFA “agredió al periodista de Crónica TV Facundo Muñoz, también en ejercicio de su labor periodística”.

“Reclamamos a las autoridades garantizar el libre ejercicio del periodismo, investigar lo sucedido y evitar todo accionar que afecte la labor de la prensa”, dijeron desde ADEPA.

Por su parte, Fopea “repudió” la agresión al camarógrafo y marcó: “Exigimos al Ministerio de Seguridad una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan. La violencia contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada”.

A estas expresiones se sumó también la familia del fotógrafo Grillo, con una carta abierta. “Es el mismo asfalto, es la misma plaza, es la misma violencia que hace casi un año cambió para siempre la vida de nuestro hijo y hermano”, dijeron.

“Cuando la agresión a la prensa se vuelve una constante en cada operativo estamos ante un método. La falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad no es un accidente, es la herramienta necesaria para anular la mirada externa“, plantearon y, para cerrar, marcaron: “El derecho a informar y ser informados es la base de nuestra sociedad. Sin cámaras que revelen la verdad solo queda el silencio y la arbitrariedad”.

Hasta esta tarde, los 12 ambientalistas de Greenpeace continuaban detenidos.

Elías Piccirrillo no volverá a la cárcel de Ezeiza. Su régimen de detención seguirá siendo domiciliario, en un pequeño departamento de Banfield, luego de una inédita maniobra que llamó la atención en los tribunales de Comodoro Py y que tendría repercusión en otras causas donde se investiga la trama de los negocios con el cepo y el dólar blue.

Piccirrillo se benefició con la decisión de otro financista, Francisco Hauque, que instruyó a sus abogados a desistir del recurso que había presentado apenas dos horas antes.

La extraña secuencia ocurrió ayer al mediodía. Cerca de las 10 de la mañana, el defensor de Hauque presentó un memorial ante la Sala III de la Cámara de Casación reclamando que se revoque la prisión domiciliaria de Piccirillo. Si lo aceptaban, el financista debía ir a prisión.

Con ese recurso, el tribunal tenía que definir si mantenía el beneficio que había impuesto la Cámara Federal en noviembre pasado. Pero no hubo debate entre los jueces. Apenas dos horas más tarde, por decisión del propio Hauque, su abogado mandó una breve nota para desistir del recurso de casación y allanó el camino para que Piccirillo siga detenido en su casa.

“Nos sorprendió a todos, es atípico”, explicaron en Tribunales. De inmediato comenzaron las especulaciones en torno a los motivos del giro inesperado.

El escándalo entre Piccirrillo y Hauque comenzó el 17 de enero del año pasado, cuando ambos fueron a cenar al Palacio Duhau. Cuando salió de ese lugar, Hauque fue interceptado por efectivos de la Brigada de Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad por lo que parecía un caso de violencia de género con su pareja, Anahí Aquino Laprida. En el operativo, que según la Justicia estuvo armado, los efectivos encontraron 1 kilo de cocaína y un arma en el baúl del auto.

Hauque y su mujer estuvieron detenidos más de diez días y luego denunciaron que todo había sido una maniobra orquestada por Piccirillo por una supuesta deuda de US$6 millones. Por el caso también terminaron procesados el comisario de la Policía de la Ciudad Iván Helguero, quien hasta su detención era el jefe de la División Robos y Hurtos Zona Norte de la fuerza de seguridad porteña, y Carlos “El Lobo” Smith, un ex comisario que trabajaba para Piccirillo.

Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después del episodio en el Palacio Duhau, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Martín Migueles, en el lote 192 de “El Yacht”.

El fiscal de la causa, Franco Picardi, sostuvo en su momento que habían “indicios para sostener que Piccirillo fue quien encargó la realización de ese operativo ilegal, participó de la colocación de narcóticos y una pistola 9 milímetros robada en el vehículo y aportó toda la información necesaria -previamente e in situ– para que se materialice el procedimiento en cuestión”.

Piccirrillo fue procesado por la emboscada y estuvo preso ocho meses en la cárcel de Ezeiza. La “guerra” entre los financistas derivó en otras causas judiciales. En uno de esos expedientes, la Justicia investiga el accionar de cinco funcionarios del Banco Central que debían supervisar el funcionamiento de las casas de cambio. La prueba clave en esa causa son dos audios que aportó “El Lobo” Smith, que decidió transformarse en arrepentido para mejorar su situación.

En su declaración, Smith mencionó que Hauque presuntamente pagaba coimas para poder operar. “Elías (Piccirillo) me había comentado que Hauque había amenazado a directivos del BCRA, cinco o seis directivos del BCRA, para que dejaran operar a sus financieras, a cambio de alguna dádiva, como que los tenía adornados”, dijo frente al fiscal Picardi.

Ese expediente, que tiene en vilo a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, acaba de cambiar de juez: pasó del juzgado de Sebastián Casanello al de Ariel Lijo.

El movimiento tendría alguna vinculación con la inédita jugada que ejecutó ayer Hauque en Tribunales. “Hay una tregua pero no es un acuerdo entre ellos, la idea es calmar las aguas”, dijo una fuente que conoce los detalles de la trama. Son poseedores de secretos que pueden afectar a las autoridades del gobierno anterior.

“Ellos no pueden hablar, lo tienen prohibido por la Justicia”, agregó el abogado de Piccirillo ante una consulta de .

La jugada de Hauque, único querellante en la causa, se materializó apenas 24 horas después. Esta tarde, la Sala III de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques, tuvo por desistido el recurso de casación.

El fiscal de Casación, Raúl Plee, presentó un memorial de breves notas pero fue desestimado por Casación. “En los supuestos en los que el único recurso de casación interpuesto resulta de la querella -como sucede en el caso de autos-, el Ministerio Público Fiscal se encuentra imposibilitado de adherir”, explicó Borinsky en su voto.

Piccirillo por ahora festeja. Seguirá detenido en su casa. Pero la causa se encamina a un juicio oral.