El ex cabo primero Adolfo Guirula y el ex oficial ayudante Diego Correa se esposaron a la reja de una ventana de la Casa de Gobierno de la provincia de Misiones. La acción se concretó en las primeras horas de este lunes. Ambos iniciaron la medida vestidos con sus uniformes pero sin armas.

Los ex integrantes de la Policía misionera reclaman “la reincorporación inmediata a nuestro trabajo”, explicó Correa a través de un video difundido durante la mañana. “Queremos dejar en claro que es una protesta pacífica, sin violencia y sin obstrucción (al acceso) y por tiempo indeterminado”, agregó.

Durante el mediodía se sumó más gente. Uno de ellos fue el actual diputado provincial Ramón Amarilla. El legislador tuvo su momento de fama en mayo de 2024 como cabecilla del levantamiento que puso en jaque a las instituciones de la provincia. El reclamo de entonces, que terminó luego de dos semanas de toma del Comando Radioeléctrico, se centraba en reivindicaciones salariales.

Amarilla fue electo el año pasado. Llegó al día de la elección detenido. Meses después de la revuelta intentó encabezar una réplica que fue desbaratada por las autoridades. El plan se filtró y el Gobierno pudo detener a los referentes de la movida.

Correa y Guirula eran dos de los confabulados. Por decreto 2084, se ordenó la destitución de ambos el 24 de septiembre de 2024. El esquema de protestas había salido a la luz 10 días antes. En ese momento se dispuso un sumario que concluyó con el dictado de la norma.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que ninguno de los removidos buscó revocar la medida administrativa a través de la vía judicial. “No apelaron la baja. La vía utilizada es encadenarse y no recurrir a Tribunales. Extraño”, comentó una alta fuente de la administración de Hugo Passalacqua.

Además de Amarilla también se sumó a la protesta el productor Maximiliano Hoff. El dirigente encabezó hace unos meses una revuelta de tabacaleros frente a una empresa. No dejaban entrar ni salir productos. El reclamo pasaba por mejorar el valor que reciben.

En el lugar de la protesta se está armando una carpa. Las demás personas que acompañan al expolicía y al referente de la producción llevaron sillones. El clima en Posadas es caluroso y se anticipan tormentas para las próximas horas.

“El decreto no fue promulgado”

Según relató Correa a un medio local, la norma que dispuso su salida de la Policía “nunca fue promulgada ni publicada” en el Boletín Oficial. “En la Legal y Técnica tampoco existe” (el decreto), aseveró. Luego, agregó: “En el Ministerio de Gobierno figura que nosotros todavía somos policías”.

Ante la consulta de este medio, fuentes gubernamentales negaron estas afirmaciones y sostuvieron que la norma cumplió todos los pasos formales.

Por los hechos de septiembre de 2024, Correa dijo que estuvo preso 11 meses. Nueve de esos los pasó en la Unidad Penal de Loretto y los dos restantes los transitó en Cerro Azul. Fue el último de los ocho en salir de la detención. El juicio por los hechos de 2024 aún no se concretó.

En el episodio de septiembre, se hicieron públicos los audios de Whatsapp que intercambiaban los conjurados. En ellos, se escucha a los implicados planeando plantar falsas denuncias para crear distracción. Entre esos, la quema de maleza en descampados a fin de hacerse con el control de la autobomba de Bomberos.

Según consignó, está sin trabajo y sin ingresos. “No tengo nada más que vender en mi casa”, apuntó. Luego, sostuvo que se siente “marcado” porque nadie le da empleo para “no tener problemas” con el gobierno provincial, agregó.

“Nuestras familias no sabían nada” de la decisión de encadenarse, indicó. “Mi mujer y la de Guirula están como locas”, redondeó.

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá este miércoles en el Senado para defender el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, en una instancia clave para el oficialismo, que busca avanzar con su agenda legislativa. La reunión fue convocada para las 16 en un plenario de comisiones. En ese contexto, la iniciativa comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Si bien la presencia del ministro agrega exposición en un momento en el que el Gobierno está recibiendo muchos cuestionamientos por Manuel Adorni y por los préstamos a funcionarios del Banco Nación, el oficialismo necesita sostener el impulso de la norma que apunta a modificar regulaciones vigentes sobre tierras, expropiaciones y desalojos.

El bloque peronista mantiene con Sturzenegger una de las posturas más críticas de los funcionarios de la gestión libertaria, por lo que se espera un debate áspero durante el tratamiento en comisión.

Qué cambios plantea la ley

El proyecto propone revisar marcos regulatorios impulsados durante gobiernos anteriores, en especial los vinculados a restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y a la protección de zonas afectadas por incendios. También introduce modificaciones en los procesos de expropiación y en los mecanismos judiciales para desalojos.

Entre los ejes principales, redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor objetivo de mercado y a los daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que toda ocupación temporaria anormal no podrá superar los 60 días.

También contempla ajustes en los esquemas de regularización dominial en barrios populares, con criterios más estrictos en relación con la ocupación de tierras. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.

La discusión reabre diferencias de fondo con sectores del kirchnerismo, en particular con el espacio referenciado en Máximo Kirchner, que impulsó parte de las normativas vigentes que ahora buscan modificarse.

Estrategia en el Senado y pliegos judiciales

El debate en comisión forma parte de una hoja de ruta más amplia acordada entre el oficialismo y bloques aliados, con la intención de avanzar hacia una sesión en el recinto el jueves, donde se buscará habilitar el tratamiento de cerca de 60 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

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La convocatoria a esa sesión se definirá en una reunión de labor parlamentaria prevista para este martes a las 18:30, en la que participarán los jefes de bloque. El temario incluiría, además, designaciones diplomáticas y ascensos militares que ya cuentan con dictamen.

En paralelo, la agenda del Senado sumará este miércoles al mediodía un plenario de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se retomará el debate de un proyecto para agravar las penas por falsas denuncias, impulsado por Carolina Losada. La iniciativa había perdido estado parlamentario tras el recambio legislativo y ahora busca volver al circuito de discusión.

Federico Sturzenegger, Senado, propiedad privada