La ONG Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (FORES) advirtió acerca de la necesidad de que el Consejo de la Magistratura apruebe un Código de Ética para Magistrados a raíz de la situación del juez Carlos Mahiques, que supuestamente celebró su cumpleaños en una quinta adjudicada a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ahora debe dictar sentencia en ese caso.

Sin nombrarlo, la organización dijo que los jueces “deben actuar con decoro, independencia e integridad y deben conservar sus más altos estándares de moralidad institucional”.

“Frente a las recientes noticias que ponen en tela de juicio la conducta de magistrados en ejercicio de su función y en ámbitos extrajudiciales, FORES reitera con firmeza que el comportamiento de quienes administran justicia debe ajustarse a los más altos estándares de decoro público y moralidad institucional”, señaló la organización, que preside Pablo Pirovano.

En una declaración firmada junto con la secretaria María Julia Fornari, desde la ONG advirtieron que “la confianza ciudadana en el sistema judicial no solo se decide por el contenido de las sentencias, sino también por la actitud de los jueces tanto en su función pública como en su vida privada”. Y reiteraron que “apariencia de imparcialidad es, en muchos casos, tan relevante como la imparcialidad misma”.

Por eso es que FORES hizo esta declaración con la idea de hacer “un llamado urgente a los actores institucionales”, y en particular “al Consejo de la Magistratura de la Nación”, para que avance sin dilaciones en la aprobación de un Código de Ética para Magistrados.

Este proyecto está en tratamiento y contó con adhesiones del ámbito jurídico.

“La existencia de un código ético claro y obligatorio para magistrados federales y nacionales constituye un instrumento indispensable para fortalecer la independencia judicial, la transparencia y la legitimidad institucional”, dijo FORES.

Remarcó que un catálogo de este tipo establece “pautas de conducta exigentes que rijan tanto el ejercicio de la función como la vida privada” de los jueces y que “su aprobación es una condición de gobernanza democrática y de protección del Estado de Derecho en la Argentina”.

La dirigencia política y judicial reaccionó a la revelación de sobre el último cumpleaños del juez Juan Carlos Mahiques, que celebró en una quinta de Pilar presuntamente ligada a Pablo Toviggino, número dos de la AFA.

Mahiques negó los hechos, aunque otros jueces invitados confirmaron haber asistido al festejo.

La información adquiere relevancia porque el magistrado, junto con los camaristas Javier Carbajo y Daniel Petrone, deberá definir si la investigación destinada a determinar los propietarios de esa misma quinta permanece en el fuero Penal Económico, donde se inició, o pasa al fuero federal, como pretenden los acusados.

Los trascendidos hasta ahora señalan que con esa integración hay pocas chances de que los jueces admitan que la causa quede en el fuero penal Económico y todo hace pensar que se quedaría en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.

La propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, está vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, entre ellos Toviggino y el titular de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

La defensa de Tapia y Toviggino hizo presentaciones para que el caso quede en el juzgado federal de Campana.

Javier Milei llegará a la apertura de sesiones del domingo próximo con un dato político que buscará exhibir como propio: el quiebre del peronismo en el Senado. Tres gobernadores alineados en distintos niveles con la Casa Rosada impulsarán la ruptura del interbloque del PJ, después de haber contribuido al avance de la reforma laboral en Diputados.

Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mandatarios que sostienen una relación pragmática con el oficialismo y que resultan claves en la aritmética parlamentaria. Esta vez, su movimiento impactará en la Cámara alta: tres senadores dejarán el interbloque que conduce José Mayans y el PJ quedará reducido a 25 integrantes. Los que abandonarán el espacio son: Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán).

Desde 1983, el peronismo mantuvo el control del Senado y funcionó como un actor con poder de veto. Esa mayoría comenzará a resquebrajarse justo cuando Milei inaugure el período legislativo, en un discurso que el Gobierno prepara para el prime time televisivo.

Los tres senadores forman parte del bloque Convicción Federal, junto a Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja). Hasta ahora convivían dentro de un interbloque con 21 legisladores kirchneristas y los dos santiagueños referenciados en el exgobernador Gerardo Zamora.

“Por ahora son solo tres, aunque van a tratar de convencer a los demás”, admitieron referentes del espacio a . Tanto Salino como Rejal se mueven con cautela entre sus agendas provinciales y las tensiones nacionales: el primero responde al armado del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, enfrentado tanto al kirchnerismo como al oficilalismo de Claudio Poggi en San Luis; el segundo, alineado con Ricardo Quintela, busca el equilibrio entre una agenda federal crítica del “ambacentrismo” de Cristina Kirchner y la disputa local con el armado de los Menem.

La salida se formalizará esta tarde, según fuentes parlamentarias. En el entorno del grupo no descartan ampliar el espacio con otros referentes provinciales sueltos, como la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila y los dos misioneros aliados a Carlos Rovira.

Detrás de la ruptura asoma un factor común: la relación de los gobernadores con la Casa Rosada. Con recursos escasos, la mayoría depende del margen de negociación que les otorgue la Nación.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadin Argañaraz, registró en enero una caída real interanual del 6,6% en las transferencias automáticas a provincias y la Ciudad. La baja se explica, en gran parte, por la retracción del consumo y del IVA. Con un Gobierno que recortó obra pública y administra los fondos con criterio político, los mandatarios negocian caso por caso, sin coordinación colectiva.

Jalil es uno de los ejemplos más claros. Busca destrabar el financiamiento del Acueducto Albigasta, una obra hídrica conjunta entre Catamarca y Santiago del Estero. El Banco Internacional de Desarrollo (BID) prevé desembolsar más de 200 millones de dólares, pero el contrato requiere una garantía nacional que todavía no fue firmada. El aval implica que, ante insolvencia provincial, el Tesoro responda y luego descuente el monto de la coparticipación. Esa firma -clave para el proyecto- permanece frenada, aunque ahora podría aparecer.

El antecedente más reciente fue la Ciudad de Buenos Aires, que necesitó un aval similar para un préstamo del BID destinado a fortalecer el sistema de salud. Aunque el proyecto había sido aprobado en noviembre de 2024, la garantía nacional llegó recién tras el acuerdo electoral entre Pro y LLA.

Jalil ya había mostrado su pragmatismo en Diputados. En diciembre retiró a tres legisladores de Unión por la Patria, armó el bloque Elijo Catamarca y contribuyó a que el oficialismo desplazara al peronismo como primera minoría. Poco después, la provincia recibió el control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una caja clave que concentra el 60% de las utilidades netas provenientes de explotaciones de oro, plata y litio. El actual presidente de la entidad es Fernando Miguel Jalil, hermano del gobernador.

Tucumán también obtuvo beneficios concretos. En noviembre, en la previa del debate presupuestario que Jaldo terminó respaldando, la Nación giró $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el monto individual más alto entregado durante la gestión de Milei. Salta, en paralelo, se ubicó entre las provincias más favorecidas por las transferencias discrecionales del Gobierno.

La ruptura venía madurando desde hace tiempo. En Jujuy y Salta, Cristina Kirchner intervino el PJ con dirigentes propios que definieron las listas en la última elección. A Moisés, incluso, la expulsaron del partido. Jaldo y Jalil lograron contener sus territorios con listas de unidad, pero la tensión nunca desapareció.

El debate por la reforma laboral terminó por quebrar la convivencia. La discusión tocó el corazón discursivo del peronismo -la representación de los trabajadores- y dejó expuestas las diferencias internas. Sin una conducción unificada, prevaleció la fragmentación.

Durante el debate, Moisés denunció presiones internas y reivindicó su autonomía política. “Siempre voy a votar lo que sea mejor para los jujeños”, dijo, tras relatar una campaña de cuestionamientos dentro de su propio espacio. También ensayó una autocrítica: sostuvo que el peronismo se alejó de la realidad social y quedó atrapado en una lógica de resistencia permanente.

En Diputados, el clima fue similar. Los legisladores tucumanos, catamarqueños y salteños que dieron quorum para habilitar el tratamiento fueron señalados como “traidores” por sectores del PJ. El caso más visible fue el del tucumano Javier Noguera: tras las críticas, abandonó la sesión y no volvió al recinto. En las votaciones siguientes figuró como ausente. En Diputados, el PJ cuenta con 93 legisladores propios.