El dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, liberó a 37 annoboneses tras once meses de tortura y desaparición forzada, pero los ocultó en la incomunicada isla de Annobón para silenciar el horror y eludir las exigencias de las Naciones Unidas.

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El senador nacional Mariano Recalde se sumó a los reclamos por la liberación de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena a prisión domiciliaria en su vivienda del barrio porteño de Constitución. Además, pidió “pensar e imaginar” una nueva normativa institucional para que esa medida pueda concretarse lo antes posible, y puso como antecedente la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

“Cristina tiene que estar libre el primer día del próximo gobierno. Después veremos el instrumento. Incluso si puede ser antes, vamos a intentar que sea antes”, afirmó el dirigente peronista en diálogo con FutuRock.

Recalde consideró que existen antecedentes institucionales que habilitan una construcción jurídica para revertir la situación judicial de la ex presidenta. “Hay que ponerse a trabajar y pensar con mucha imaginación. Cosas que parecían imposibles desde el punto de vista de la legislación, se fueron construyendo desde la institucionalidad”, sostuvo. Y ejemplificó: “La nulidad de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, que es una creación novedosa, nunca se había anulado una ley penal, o la libertad de Lula en Brasil después de haber sido condenado”.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la semana pasada la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La decisión dejó firme la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El jueves, el Tribunal Oral Federal 2 estableció las condiciones para la prisión domiciliaria de la ex mandataria, quien cumple la pena en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

El tribunal resolvió que podrá salir al balcón, pero sin tener contacto con la vía pública ni realizar manifestaciones hacia el exterior. También restringió el uso de medios de comunicación y el régimen de visitas. En la resolución, el juzgado señaló que las limitaciones se vinculan con los derechos y obligaciones de las personas condenadas que acceden a la modalidad domiciliaria, especialmente en casos de alta notoriedad pública.

Consultado sobre la posibilidad de un indulto, el presidente Javier Milei fue tajante. “Me parece un disparate“, respondió cuando le preguntaron si el Ejecutivo evaluaba esa opción. El mandatario aseguró que su gobierno no intervendrá en el caso. “Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo”, sostuvo. “No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, concluyó.

En paralelo, la diputada nacional del PRO Silvana Giudici presentó esta semana un proyecto de ley para excluir del beneficio del indulto o la conmutación de penas a los condenados por delitos de corrupción. La iniciativa, ingresada con el número 3233-D-2025, cuenta con el respaldo de otros legisladores de la bancada.

“El objetivo es ratificar que en la Argentina nunca más los funcionarios podrán cometer actos de corrupción sin ser condenados y que la pena que reciban deberá ser totalmente cumplida”, señaló Giudici. La diputada explicó que la propuesta busca cerrar la puerta a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo reduzca o deje sin efecto sentencias firmes contra ex funcionarios.

Desde el oficialismo, la condena fue interpretada como una persecución judicial. Sin embargo, para el Gobierno nacional y el espacio libertario, se trató de un paso importante hacia el cumplimiento de penas efectivas. “El que las hace, las paga”, reiteró el presidente Milei al ser consultado en una entrevista.

La propuesta legislativa impulsada por Giudici busca anticiparse a eventuales debates en torno a un indulto presidencial o beneficios similares para casos de corrupción. Según el texto del proyecto, el objetivo es impedir que el Ejecutivo tenga margen de discrecionalidad ante condenas por delitos graves contra el Estado.

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