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Juicio por la muerte de Maradona: los toxicólogos declararon que padecía una “cirrosis avanzada”

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Se desarrolla la cuarta jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en los tribunales de San Isidro en donde este martes, declararán los médicos toxicólogos que realizaron los análisis al cuerpo del astro del fútbol, tras la autopsia.

Durante su testimonio, uno de los especialistas el médico Alejandro Vega, indicó que el cuerpo del exfutbolista presentaba “un corazón agrandado con grasa en las paredes y mucho líquido en los pulmones”.

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Los dichos del experto van en sintonía con lo descrito, días atrás por el médico que realizó la operación de autopsia al cuerpo de Maradona, Carlos Cassinelli, quien había señalado que los órganos de Diego presentaban anomalías producto del exceso de líquido y edemas.

Según relató vega, el corazón del excampeón del mundo, contaba con un tamaño “fuera de lo normal” y habría sufrido una isquemia por la falta de oxígeno. Lo que coincide con la agonía de al menos, 12 horas, que describió su colega la semana pasada.

“En el caso del corazón, al momento del deceso, el órgano ya no cumplía su función: no bombeaba correctamente y partes de su composición, que se suponen blandas, ya figuraban rígidas”, indicaron los profesionales de la salud sobre el estado de Diego.

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Juicio por la muerte de Maradona: un testigo clave confirmó que Diego estuvo “12 horas en agonía”

Vale recordar que los fiscales del caso, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, cuestionan que no había aparatología médica adecuada para tratar a Diego, en el domicilio elegido para su internación. Lo que propició la descompensación que derivó en la muerte del entonces DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata (GELP).

Por ello, se encuentran imputados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual” el neurocirujano, Leopoldo Luque; la psiquiatra, Agustina Cosachov; el psicólogo, Carlos Díaz; el enfermero, Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni; la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el médico clínico, Pedro Pablo di Spagna.

 

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Villarruel renueva su círculo íntimo para profesionalizar su equipo de colaboradores

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“Victoria está profesionalizando su equipo”. Con estas palabras explican en el nuevo entorno de la vicepresidenta los movimientos registrados en los últimos días en el equipo de colaboradores más cercanos de Victoria Villarruel. Una movida que a los ojos de observadores neutrales fue leída como la purga de un grupo de personas que demostró ser más nocivo que beneficioso para la titular del Senado.

La caída en desgracia de este grupo, denominado de manera peyorativa como los “villarruelines”, es en realidad un mojón en el camino hacia un reperfilamiento del proyecto político de Villarruel después de que el “triángulo de hierro”, integrado por el presidente Javier Milei; su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor todoterreno Santiago Caputo, se encargara de acomodar ese proyecto a cachetazos, con críticas veladas y públicas, ataques orquestados desde las redes sociales y groseras operaciones de prensa.

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Los cambios son, además, el resultado del ascenso en el firmamento de Villarruel del cordobés Emilio Viramonte Olmos, un empresario que llegó al Senado en la segunda mitad del año pasado y que se convirtió en el principal asesor político de la vicepresidenta. Viramonte Olmos espera desde hace poco más de un mes conseguir los votos para ser designado de manera oficial como secretario administrativo de la Cámara alta.

Victoria Villarruel en el SenadoNoelia Gu

Hasta el momento, los cambios en el equipo de la vicepresidenta no se tradujeron en despidos, sino en movimientos de piezas que ocupaban cargos relevantes y que ahora, de buenas a primeras, fueron reubicados en otros menos importantes, en un intento por disimular la dura realidad de que han perdido predicamento y llegada a los oídos de la vicepresidenta.

El eclipse de estos funcionarios marcha en sintonía con la pérdida de influencia de Juan Martín Donato, quien llegó a ser el preferido de la vicepresidenta. “Lo trataba como si fuera un hijo”, recuerda una senadora que tuvo oportunidad de ver en acción a quien hoy sigue siendo director de Atención Ciudadana del Senado, pero que varias de las fuentes consultadas por coincidieron en señalar que está transitando sus últimos días como funcionario de la Cámara alta.

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Los desplazados más notorios son los directores generales de Recursos Humanos, Gonzalo Izurieta, y de Asuntos Jurídicos, Grisela García Ortiz. Otrora empoderados, ambos funcionarios perdieron acceso al círculo íntimo de la vicepresidenta y parecen haber entrado a jugar en tiempo de descuento en el equipo de la presidenta del Senado.

Así, García Ortiz pasó de ser la persona encargada de cuidar la firma de la presidenta del Senado, principal función de la Dirección General de Asunto Jurídicos, a ocupar la poco atractiva Dirección General de Publicaciones. Ella le dice a quien quiera escucharla que el pase es un ascenso, que desde esta nueva posición tendrá mayor “peso político” en el equipo de Villarruel. Pero no todos creen en su prédica.

“La dieron ese cargo para no dejarla en la calle”, comentó a la un dirigente de uno de los gremios legislativos que siempre está bien informado de los entretelones de las internas en la conducción de los destinos de la Cámara alta.

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Izurieta, por su parte, todavía no tiene destino. Se pensó en nombrarlo en una nueva dirección general creada ad hoc para disimular su degradación. Sin embargo, el nombre y las funciones del cargo eran tan estrafalarios y absurdos que, por el momento, se decidió parar la pelota para evitar el escándalo mediático que podría generar la creación de una nueva estructura burocrática en el Senado. Un bocatto di cardinale para que el “triángulo de hierro” vuelva a la carga y acuse a Villarruel de ser parte de la casta.

Los reemplazantes de Izurieta y García Ortiz fueron elegidos por Viramonte Olmos y, a priori, parecen responder a la supuesta profesionalización del equipo de Villarruel. En Recursos Humanos fue designada Alejandra Figini, directora y fundadora de una consultora (Alfa RH) que también se desempeñó como directora de selección de Adecco, otra empresa encargada de seleccionar y contratar personal. En su currículum asegura ser especialista en inteligencia emocional aplicada a los recursos humanos, tema sobre el que ha escrito un libro que en internet se define como de autoayuda.

El casillero de Asuntos Jurídicos fue ocupado por Javier Martín Ferraro, abogado que se desempeñaba bajo las órdenes de Inés Speroni, la directora general de Auditoría. Esta mujer es otro de los funcionarios que comenzó a pisar fuerte desde finales del año pasado en el entorno de la vicepresidenta.

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Católica ultramontana, Speroni es un halcón conservador, una cruzada en contra del aborto, como la vicepresidenta, y crítica por igual del macrismo y del kirchnerismo. En el último tiempo se ha encargado de seleccionar personal que, como si fueran colonizadores, ha ido ubicando de manera estratégica en diferentes áreas de la Cámara alta.

La ruptura con Montenegro

Hay quienes sostienen que, con estos cambios, Viramonte Olmos está borrando los últimos vestigios que quedaban en el equipo de Villarruel relacionados con el diputado nacional Guillermo Montenegro, que de manera silenciosa, pero ominosa, fue eyectado hace más de un año del círculo de confianza de la vicepresidenta.

Victoria Villarruel, en la misa en San José de Flores por la muerte del papa FranciscoRodrigo Néspolo –

De hecho, para algunos de los que conocen el día a día del Senado de la Nación, gran parte del crecimiento en el ascendiente político de los “villarruelines” fue resultado directo de la orfandad en la que quedó la vicepresidenta tras la abrupta ruptura de relaciones con Montenegro.

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El paso del tiempo demostró que más que hacerle bien, haberse dejado entronar por funcionarios que muchos cuestionan por amanuenses e incondicionales que le decían lo que quería oír tuvo un costo que Villarruel pagó con pérdida de predicamento social, algo que se ve reflejado en algunas encuestas. Eso, sin contar los ataques recurrentes hacia la figura de la vicepresidenta por parte de funcionarios, legisladores y militantes libertarios.

Viramonte Olmos promete cambiar esa dinámica y hoy tiene toda la confianza de la vicepresidenta para hacerlo.

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La Cámara Electoral advirtió que el Gobierno aun no mandó los fondos necesarios para organizar las elecciones

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) alertó que el Poder Ejecutivo aún no le transfirió los fondos necesarios para organizar las elecciones legislativas de este año.

En una Acordada firmada por Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, el organismo explicó que la falta de fondos le impide cumplir con funciones básicas de la organización electoral, como el cierre del padrón provisorio y también compromete el período de revisión de reclamos, que se extiende hasta el 13 de mayo.

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Leé también: La Cámara Nacional Electoral confirmó que las elecciones serán el próximo 26 de octubre

“El hecho de que a la fecha no se haya dictado resolución alguna previendo la asignación de partidas implicó en la práctica lisa y llanamente la imposibilidad de contar con esos recursos”, advirtió la CNE.

En la actualidad, los fondos para las elecciones dependen de la vicejefatura de Gabinete del Interior, cuyo titular es Lisandro Catalán. Los jueces aseguraron que hicieron saber “la urgente necesidad de contar con las partidas presupuestarias destinadas a solventar servicios personales en las veinticuatro secretarías electorales”.

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La Cámara Nacional Electoral advirtió que el Poder Ejecutivo no le giró los fondos para organizar las elecciones legislativas de este año. (Foto: captura TN)

Pero, los sucesivos requerimientos “no han sido atendidos hasta la fecha, como así tampoco los cursados conjuntamente con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, orientados a que se autorice el uso de remanentes ya disponibles”, agregaron los camaristas.

Además que en esta oportunidad, se suma la implementación del nuevo sistema de boleta única de papel, “lo cual implica numerosas tareas adicionales en orden a su implementación logística y operativa, la capacitación de la ciudadanía, la designación y formación de las autoridades de mesa y demás sujetos del proceso electoral, el diseño y elaboración de nuevos documentos y materiales electorales, entre muchos otros”.

Los titulares de la CNE remarcaron también que la demora en la realización del proceso repercute en otros organismos que tienen responsabilidades directas, como el Comando General Electoral, el Servicio Electoral del Correo Oficial y la contratación de los distintos servicios para, por ejemplo, impresión de padrones y ejecución de las actividades de capacitación y difusión.

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“Resulta imprescindible recordar aquí que los procesos electorales no son un servicio público que uno o varios organismos del estado proveen a los electores, sino que constituyen el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía en su expresión más pura, y que es ineludible resguardar”, subrayaron los jueces en la Acordada.

Por último, los jueces solicitaron al Ejecutivo que informe con urgencia los montos, plazos y modalidades bajo los cuales se realizará la transferencia de fondos para garantizar el proceso y exhortó al gobierno que garantice la disponibilidad de las partidas mínimas indispensables para cada uno de los distintos organismos que tienen a su cargo funciones y responsabilidades legales en las elecciones.

Fuentes del gobierno aseguraron a TN que Catalán se comunicó con la CNE y le dio detalles de como se realizarán los pagos. Los mismos se efectivizarán en las próximas horas.

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Cámara Nacional Electoral, Elecciones, Gobierno

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Ocho años después, procesaron a directivos de la Universidad de San Martín por desviar fondos que le dio Julio De Vido

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Ocho años después de abierta la causa, la jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a a funcionarios de la Universidad de San Martin (UNSAM) por supuesta malversación de fondos con contrataciones irregulares y emisión facturas “truchas”. Además, ordenó profundizar la llamada Ruta del Dinero de esos fondos públicos provenientes del ex ministerio de Planificación que manejaba Julio De Vido.

Fue después de detectar que muchas de las facturas emitidas por la universidad pública para un convenio sobre seguridad de represas hidráulicas se usaron para pagar otros gastos y ni siquiera estaban registradas ante la ex AFIP o habían sido emitidas en una imprenta ubicada a metros de la casa de estudios.

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Se trata de una causa en donde ya tiene procesamiento confirmado el ex rector de esa casa de estudios, Carlos Ruta, quien –en otra causa- fue enviado a juicio oral junto al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por sobreprecios en la compra equipos tecnológicos para producir contenidos audiovisuales digitales también a través de la USAN.

Además, en marzo del año pasado arrancó el juicio oral y público contra la actriz Andrea del Boca, De Vido, el ex rector de la UNSAM Carlos Ruta, la ex titular K del INCAA, Liliana Mazureentre otros, por defraudación contra la administración pública en la realización de la telenovela Mamá Corazón y la serie El Pacto.

Durante su gestión, De Vido hizo varios convenios con universidades públicas que le permitieron evitar los controles de la ley de administración pública y hacer compras o contrataciones directas como pasó con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la construcción de la central eléctrica de Río Turbio.

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En este caso, la investigación se inició en noviembre de 2017 cuando el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción en donde se exponían diversas irregularidades administrativas y financieras que se derivó en una denuncia penal por posible maniobra de desvío de los fondos públicos. Capuchetti juró como jueza en 2019 y la causa tuvo varios vaivenes.

El ORSEP, un organismo destinado a asegurar el adecuado funcionamiento de los emprendimientos de represas hidroeléctrica, firmó un convenio en 2012 con la UNSAM para recibir asesoramiento técnico en materia hidráulica.

Sin embargo, una auditoría interna detectó diversas inconsistencias en los informes de avance de prestaciones y manejo de fondos. Según la acusación, hubo un perjuicio económico a los recursos del Estado Nacional, estimado en cuanto menos en $8.898.167 (de esa época), adjudicados por partida presupuestaria al Organismo Regulador de Seguridad de Presas durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

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A fines del 2023, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a Ruta, ex rector de la UNSAM, Daniel Edgardo Di Gregorio, ex vicerrector de la UNSAM, y a los funcionarios Román Martín González, Jonathan Bortnik, Francisco Héctor Fernández, Juan Esteban Videla, Christian Daniel Fernández, María Andrea Luján Fernández, Ana María Fernández, Hernán Eduardo Vilar y Fiorella Raffo.

Con relación al origen de esos fondos, ese dinero era asignado al ORSEP por el entonces Ministerio de Planificación; lo que permite inferir que efectivamente era de patrimonio estatal nacional.

Pero las defensas apelaron y en febrero pasado la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento solo de Ruta y Di Gregorio (aunque los consideró partícipes necesarios y no coautores) y dictó la falta de mérito del resto por entender aún no se había acreditado un poder de decisión en el marco de las funciones asignadas en los convenios, así como tampoco si sus competencias abarcaban o no el control de las prestaciones que debían ser abonadas con los fondos investigados.

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Ahora, la jueza Capuchetti sumó más pruebas y volvió a procesarlos. “El nuevo material de prueba detallado, en complemento con el que ya fue oportunamente valorado, reúne a mi criterio las condiciones necesarias para tener por acreditado, la responsabilidad penal de Román Martín González, Jonathan Bortnik, María Andrea Luján Fernández, Francisco Héctor Fernández y Juan Esteban Videla en orden a la comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, afirmó.

Según dijo Capuchetti, “en esta pesquisa se ha determinado que el dinero que la UNSAM recibió del ORSEP, como resultado de las prestaciones acordadas en los instrumentos investigados, salió del circuito de dicha institución a través de la emisión de cheques de pago diferido a nombre de consultores, la mayoría de los cuales negó haber realizado las tareas asignadas”.

En ese contexto, la jueza afirmó que “ya se ha logrado recopilar información relevante sobre las distintas personas físicas y jurídicas que participaron en el cobro”, pero indicó que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y delegó en la fiscalía la misión de profundizar sobre la ruta del dinero.

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El fallo destacó que entre 2012 y 2015 las máximas autoridades de ese entonces del ORSEP y la UNSAM firmaron un convenio marco y dos actas específicas en el que definieron y acordaron desarrollar diferentes tareas que estaban plasmadas en sus correspondientes anexos.

“Las anomalías acaecidas no solo habrían tenido lugar desde el momento de la confección de esos instrumentos, sino también se habrían extendido hasta la finalización de los procedimientos administrativos iniciados en consecuencia, en lo que concierne a la definición de las prestaciones y al pago efectuado. Los cuestionamientos siempre radicaron en la distorsión del propósito original y empleo con el fin de eludir la supervisión y la intención de desviar los fondos públicos asignados”.

Ninguno de los documentos cuestionados, a pesar de que el estatuto de la UNSAM así lo estipulaba, contó con la aprobación previa del Consejo Superior para su suscripción. Pero además “las tareas acordadas en los anexos de los convenios fueron imprecisas y no se asociaban ni a la función ni al objeto del ORSEP; las tareas plasmadas en los anexos no se materializaron; y a pesar del incumplimiento de las prestaciones, se facturó y se efectuaron pagos”.

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Es más: más allá de que los profesionales no desarrollaron las tareas acordadas en los anexos, la UNSAM recibió en función de estos convenios entre el 2013 al 2016 de parte del ORSEP cuanto menos la suma de $8.898.167.

“Con tal solo repasar las profesiones de los testigos que negaron haber prestado funciones en el marco de los convenios, las tareas desplegadas por los que sí dijeron haber desarrollado, los informes de avance que se presentaron para certificar su cumplimiento y el tipo de facturación incorporada en las rendiciones de cuenta, se reafirma la concreción de la hipótesis investigada en torno a la falta de cumplimiento de las tareas acordadas y pagos por aquella”, señaló

A modo de ejemplo: dos aportaron facturas como psicólogo, uno como arquitecto y otro como profesor educación física. Uno de los involucrados señaló que su labor consistía en la digitalización de fotocopias; otro que tenía que separar la documentación digilitazada y otro que tenía que transcribir reuniones del consejo, viajes y charlas en escuelas públicas. Había facturas por consultorías y por venta de alimentos. Un detalle: entre las facturas incorporadas en las rendiciones de cuenta aportadas por la UNSAM, había algunas que no tenían el código de autorización de impresión (CAI) y otras que, incluso, habían sido emitidas en una imprenta cercana a la sede de la universidad.

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