La carrera por la jefatura de gobierno se recalienta en la Legislatura porteña. Es que, tras la apertura de sesiones ordinarias, La Libertad Avanza (LLA) presentó una batería de proyectos para “simplificar” el Estado, bajar impuestos y recuperar el orden público en la ciudad. Es una agenda que se disputarán este año con Jorge Macri, a quien acusan de replicar sus iniciativas y buscarán desplazar del Ejecutivo en 2027.

En el partido de Javier Milei prefieren no adelantarse a la campaña del año que viene, pero ya hablan en privado de su eventual desembarco en Uspallata. Evitan hablar de nombres propios. Sucede que quiénes se perfilaban como posibles candidatos se encuentran hoy alejados de la discusión porteña: mientras Patricia Bullrich se muestra enfocada en sus tareas en el Senado, Manuel Adorni intenta sortear el escándalo por sus propiedades y el vuelo privado a Punta del Este.

Con la danza de nombres en pausa, son los propios legisladores los que buscarán ganar protagonismo y apuntalar la agenda libertaria en el distrito. Eluden cualquier mención al jefe de Gabinete nacional, pese a que fue quien encabezó la lista violeta en los últimos comicios porteños.

Descartan también que las polémicas que lo rodean puedan opacar el trabajo del partido a nivel local pese a que, cuando adelantaron en redes sociales la batería de iniciativas de enviarían a la Legislatura, Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario, aseguró que había recibido del propio Adorni un total de 66 proyectos a presentar en el tradicional bastión de Pro. Entienden que el funcionario ya dio todas las explicaciones que correspondían.

Esquivos de quien fue su primera apuesta para el distrito, se aprestan a poner el foco de la discusión en la figura de Javier Milei y su propuesta. Asumieron la misión de demostrar, como ya advirtió Ramírez, que es el Presidente quién más ha trabajado por los porteños y que la ciudad -a la que consideran “sin rumbo” y atrasada desde la llegada de Macri al Ejecutivo- debe empezar a moverse al ritmo de la Casa Rosada. Por eso, impulsan en el parlamento local iniciativas calcadas sobre la hoja de ruta de Presidencia, con las que apuestan a marcarle la cancha al jefe de gobierno.

“La ciudad necesita un Gobierno con visión y decisión política, capaz de avanzar en cambios estructurales que durante años fueron postergados. El gobierno nacional viene impulsando soluciones de fondo que la Ciudad tiene que acompañar. El país avanza y la ciudad se queda a medio camino. Perdió agilidad. Es hora de que la ciudad avance a la velocidad de la nación”, explican en el bloque violeta.

Buscan, por un lado, profundizar el alivio fiscal -con la eliminación del Impuesto a los sellos para operaciones inmobiliarias y beneficios de hasta 100% en Ingresos Brutos, entre otras propuestas- y la simplificación burocrática (por ejemplo, con habilitaciones comerciales ex post). Por otro lado, volverán a insistir con un achicamiento del Estado mediante una adaptación de la Ley Bases que incluye privatizaciones y eliminación de dependencias públicas.

También se preparan para dar batalla en materia de seguridad y orden público, con un proyecto para bajar la edad de imputabilidad y una reforma más estricta del Código Contravencional con “mayores penalidades por conductas violentas, protección reforzada a menores, sanciones por obstrucción del tránsito y medidas contra el daño al espacio público”.

Son, en todos los casos, áreas temáticas en las que empiezan a sentirse los chispazos con Macri, que se aferra a una impronta de orden y control para dejar atrás las críticas que recibió su gestión en otros campos como la limpieza e higiene urbana y que condicionaron la campaña electoral en la ciudad.

En los últimos meses, el jefe de Gobierno endureció su perfil y profundizó su alineamiento con las políticas de orden público, con anuncios de desalojos y penas más severas para trapitos. Avanzó, además, con recortes en el Estado: impulsó la concesión de los medios públicos -una iniciativa señalada en la oposición como inconstitucional-, así como también un plan de retiros voluntarios.

En LLA celebran con cierta ironía ese viraje a la vez que proclaman como propias esas banderas de mayor austeridad y control. Puertas adentro, no dejan de cuestionar que Macri “copia” sus propuestas, aunque en público suelen hablar de una mayor permeabilidad del jefe de Gobierno a sus ideas, un logro que atribuyen al resultado de la elección de mayo.

Entre la queja y el tono humorístico, el último chispazo entre LLA y el oficialismo porteño ocurrió la semana pasada, cuando Macri informó el lanzamiento de nuevos créditos hipotecarios para la clase media. “Parecida, casi un homenaje, pero nuestra propuesta es mejor: CIERREN EL IVC [Instituto de Vivienda de la Ciudad]. Menos cajas para la política, mejores créditos, más libertad”, escribió Ramírez en su cuenta de X.

Así, la competencia parece imponerse sobre cualquier intento de cooperación, aunque en LLA advierten que ejercen una “oposición constructiva” y no están enemistados con el partido que supo ser su aliado en las elecciones nacionales de octubre. La tregua que sellaron en su camino a las urnas, sin embargo, se resiente.

El partido de Milei mantiene reserva, en tanto, sobre la posibilidad de llegar a una PASO con Pro para 2027, aunque suelen destacar el triunfo que obtuvieron en los comicios de mayo, cuando su cosecha de votos prácticamente duplicó la del sello amarillo. Si no es un guiño a que podrían prescindir de Pro, sí es, al menos, una demostración de fuerzas en el tablero porteño. El mensaje es claro: la hegemonía de Pro ya no es tal.

Ese nuevo balance quedó en evidencia también al momento de negociar las comisiones, cuando LLA hizo valer su predominio en las urnas y el crecimiento de su representación parlamentaria. El bloque que conduce Ramírez había solicitado en la primera reunión en que se discutió el reparto la adjudicación de siete presidencias de comisión, la misma cantidad que terminó por conseguir en la distribución final.

Según pudo saber , tendrá bajo su mando áreas clave como Justicia, Asuntos Constitucionales y Relaciones Interjurisdiccionales, por donde pasaría el acuerdo de traspaso del fuero laboral de levantarse la cautelar vigente. También controlarán Desarrollo Económico -una comisión central para impulsar sus proyectos de simplificación de trámites para habilitaciones y alivio fiscal para empresas y comercios- y Obras y Servicios Públicos, entre otras.

El plan de LLA de apuntalar su agenda rumbo a 2027 y condicionar a Macri desde la Legislatura podría encontrar un límite si se replicase el escenario de baja actividad parlamentaria del año pasado. En la bancada violeta tienen previsto esperar las convocatorias del jefe de Gobierno a sesionar, pero analizan, en caso contrario, citar sesiones por cuenta propia. Para hacerlo, los legisladores deben reunir un total de 20 firmas, es decir, un tercio de la cámara.

El partido de Milei no reúne por sí solo ese número ya que tiene 14 integrantes. Depende entonces de una alianza ya sea con el peronismo -que tiene 20 representantes- o con la bancada de Horacio Rodríguez Larreta, de seis miembros. Pese a que el primer mandatario fue muy crítico del ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, en el bloque libertario aseguran que mantienen buen trato y diálogo con dirigentes de su espacio Confianza y Desarrollo.

No descartan tampoco un acercamiento con el peronismo, aunque aclaran que se trataría de algo circunstancial con la única finalidad de avanzar con su agenda “reformista” dado que, ideológicamente, guardan “diferencias de fondo”. Una alianza con el peronismo les permitiría sortear también la barrera del quórum: para dar inicio a las sesiones especiales citadas sin aval del jefe de Gobierno y habilitar el tratamiento de los proyectos, se deben reunir 31 votos.

La recompensa es grande y, por lo tanto, requiere de un acuerdo amplio y bien aceitado. Con ese objetivo en la mira, el oficialismo en el Senado ya trabaja en las negociaciones con representantes de todos los bloques para tratar de completar las más de 200 vacantes de la justicia federal y nacional en un trámite legislativo que reúna el mayor consenso posible.

La idea es hacer un control de daños preventivo con la intención de evitar cualquier contratiempo. “Queremos aprobar los pliegos judiciales con la mayor cantidad de votos posible, no queremos llegar con 37 votos ajustados”, confía, llevándose las manos a la garganta en situación de ahorque, una de las personas que tiene acceso diario a los cuarteles de la bancada libertaria en la Cámara alta.

Con ese lema como horizonte legislativo, en la última semana se han intensificado los contactos entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), quienes vienen trajinando sus teléfonos con varias comunicaciones por día en la búsqueda por ajustar hasta el más mínimo detalle de lo que quieren que sea un acuerdo que complete la deuda que tiene este Gobierno con el Poder Judicial.

Tras el fuerte envión que implicaron las leyes sancionadas en las sesiones extraordinarias de febrero, la actividad del oficialismo en el Congreso, y en el Senado en particular, quedó estancada como consecuencia de las novedades en la causa $LIBRA, que apuntan a los hermanos Javier y Karina Milei, y por los avatares patrimoniales y turísticos de Manuel Adorni y su familia, que complican al jefe de Gabinete.

El Gobierno busca dar vuelta la página y tratará de dejar atrás el trago amargo poniendo en el centro de la escena al Parlamento y el tratamiento de una nueva serie de proyectos de ley impulsados por la Casa Rosada.

En ese escenario entran a tallar los pliegos judiciales. Desde que asumió la presidencia, y a pesar de contar con las ternas con los candidatos para ocupar los cargos, Javier Milei no completó ni una vacante judicial. Entre la justicia nacional y federal, y contando jueces, fiscales y defensores oficiales, suman más de 300 las posiciones que no tienen un titular.

Sólo en materia de juzgados vacantes el déficit asciende a 209 cargos. Muchos de ellos venían acumulándose durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, pero casi una cantidad similar se sumaron durante los más de dos años y medio que Mariano Cúneo Libarona ocupó la cartera de Justicia, durante los cuáles no envió un solo pliego judicial al Senado para completar vacancias.

Hasta el cambio de mando en el Ministerio de Justicia, el gobierno libertario sólo pidió el acuerdo para tres jueces, todos ellos para prorrogarles su magistratura por cinco años después de que cumplieran los 75 años. Dos de ellos ya fueron aprobados.

El restante está a la espera de su tratamiento en la Comisión de Acuerdos, que conduce el oficialismo en la figura del riojano Juan Carlos Pagotto, hombre que responde a los primos Martín y Eduardo Menem y, por lo tanto, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ese pliego que espera la convocatoria a la audiencia pública es el de Carlos Mahiques, miembro de la Cámara de Casación Penal que cumplirá 75 años en noviembre y que es padre del actual ministro de Justicia. La audiencia pública en la que el camarista deberá defender su pliego ente la Comisión de Acuerdos será el próximo 16 de abril. Nobleza obliga, el pedido para un nuevo acuerdo fue enviado más de un mes antes de que la interna oficialista por ver quién reemplazaría a Cúneo Libarona se resolviera a favor de Juan Bautista Mahiques.

Según confiaron fuentes oficialistas, la primera tanda de los pliegos judiciales constará de 62 candidatos para ocupar vacantes de juzgados nacionales con asiento en la Capital Federal. Se espera que esta tanda ingrese al Senado esta semana, que será corta, para poner en marcha los plazos reglamentarios para su discusión en comisión.

Si bien la idea de este Gobierno es traspasar la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires −de hecho, firmó un convenio con la administración de Jorge Macri para pasarle los juzgados del trabajo, convenio que fue ratificado con la reforma laboral−, la emergencia de la situación y la necesidad de contar con monedas de cambio llevó a que la Casa Rosada decidiera hacerse cargo de llenar las vacantes.

En una tanda posterior vendrá casi un centenar y medio de juzgados federales distribuidos a lo largo de todo el país. Cada caso es un apetitoso botín y será motivo de negociaciones en los que el Gobierno dará lugares a cambio de garantizarse en ambas cámaras los votos para proyectos de ley que impulsará en los próximas semanas y meses.

Por lo pronto, senadores y gobernadores de todos los partidos, incluidos algunos peronistas, ya tienen en sus manos las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura de las que podrán elegir un candidato que ellos quieran impulsar para ocupar un juzgado federal.

La elección no será con absoluta libertad, ya que el Gobierno se ha reservado el derecho de poner bolilla negra a algunos de los ternados. “En muchos casos ellos ya saben que los que tienen una equis roja es porque no son del agrado de Gobierno, ya sea porque tenemos sospechas de corrupción o de que no serán imparciales en el ejercicio de su función”, precisó el mecanismo una fuente libertaria con despacho en la Cámara alta.

El proceso está en marcha. En cuestión de días comenzará a develarse el misterio cuando el Poder Ejecutivo, por fin, envíe los pliegos con los nominados para completar las vacantes judiciales. Se sabe que no quedarán todos conformes, pero la idea es que cada postulante tenga arriba de 40 votos.