La causa que investiga al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por presunto enriquecimiento ilícito entró en una etapa clave, debido a que este martes comienzaron las audiencias, en las que se definirá si el proceso será elevado a juicio oral. La resolución podría conocerse a finales de abril.

El proceso lo lleva a cabo el juez de Garantías Mariano Budasoff en el Salón de Audiencias Nº1. Urribarri ya arrastra antecedentes por corrupción y, actualmente, se encuentra bajo restricciones en la ciudad de Concordia.

No obstante, en esta oportunidad, sería juzgado por el aumento patrimonial no justificado durante el período en el que estuvo a cargo de la Gobernación y fue diputado nacional. Según la pericia contable elaborada por el Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, Urribarri incrementó su patrimonio en 1.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.

La causa en curso no solo involucra al ex gobernador, debido a que el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros también está imputado por presuntamente haber sido el testaferro de Urribarri. Según planteó la Fiscalía, esta maniobra le habría permitido a quien fue mandatario entrerriano administrar sus bienes y fondos, mientras escondía su verdadero patrimonio.

De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una pena de cinco años y seis meses en prisión para el ex gobernador. Asimismo, para Cardona Herreros pidieron una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Pero, previo a que ambos pudieran ser juzgados, el tribunal tendrá tiempo para evaluar la causa hasta finales de abril de 2026. Así, el cronograma de audiencias establecido por el Poder Judicial fija que las jornadas continuarán hoy, mañana y los días 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, como así también el 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026.

La defensa de Urribarri está representada por Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, mientras que Cardona Herreros cuenta con la defensa de Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez. Ambos equipos cuestionaron la investigación al señalar que la Instrucción Penal Preparatoria habría estado “viciada de parcialidad” y calificaron de “deficiente y persecutoria” la labor del Ministerio Público Fiscal.

De hecho, a finales de enero, el ex mandatario publicó un video grabado desde su casa en Concordia, en donde expuso la falta de acompañamiento que tuvo por parte del Partido Justicialista. “Después de haber estado 51 días detenido ilegalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. No hay leyes, no hay códigos ni jurisprudencia que puedan justificar tan larga pesadilla”, cuestionó.

“A los dirigentes de mi partido quiero decirles que los entiendo. No es para cualquiera lo que me pasa a mí. Y es comprensible que tengan miedo de que les ocurra lo mismo, como algunos ya lo han reconocido. Uno de los principales objetivos de este proceso ha sido amedrentar, meter miedo a la dirigencia para que no hablen, no se jueguen, no opinen”, apuntó.

Luego de indicar que seguía en marcha la revisión de su condena a 8 años de prisión por los delitos de negociables incompatibles y peculado, Urribarri sostuvo que los cargos que le adjudicaron eran “acciones de gestión”. Además, advirtió que su detención preventiva podría generar “un peligroso antecedente para el futuro judicial de la provincia”.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, dando inicio a una extensa investigación judicial. Desde entonces, el expediente avanzó hasta la actual instancia de audiencia de remisión a juicio, donde se determinará si existen elementos suficientes para que Urribarri y Cardona Herreros enfrenten un debate oral.

En 2022, el ex gobernador fue condenado a ocho años de prisión en el denominado megajuicio por corrupción. Ese fallo fue revisado en varias instancias de apelación y ahora su destino depende de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

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El Ministerio de Economía de Argentina actualizó el listado oficial de cláusulas abusivas prohibidas en los contratos de consumo. Según el Boletín Oficial, esta nueva medida entrará en vigor desde el 11 de marzo de 2026 y obliga a adecuar todos los contratos a las nuevas disposiciones.

Esta acción surge tras un proceso de revisión normativa que responde tanto a la experiencia acumulada como a los cambios introducidos en el marco legal durante los últimos años.

La medida contempla la sustitución del anexo de la Resolución 53/03, la cual establecía el listado de apartados considerados abusivos en los contratos de consumo. Ahora, el Anexo IF-2025-100956608-APN-SSDCYLC#MEC pasa a constituir el nuevo marco de referencia.

Esta actualización fue determinada a partir del análisis jurídico correspondiente y es consecuencia directa de la ampliación de facultades otorgadas a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.

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El anexo actualizado reemplaza la versión anterior implementada en 2003 y sus sucesivas revisiones, adaptándose así a los lineamientos de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y la jurisprudencia nacional e internacional. La normativa prohíbe expresamente la inclusión de cualquier cláusula que, conforme al artículo 37 de la Ley 24.240, resulte desfavorable, ineficaz o abusiva para los consumidores.

El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial Fernando, Martín Blanco Mulño, firmó la disposición que establece la actualización. Según el texto, el objetivo central reside en optimizar la detección y remoción de cláusulas ineficaces, dificultando que se vulneren derechos básicos de los consumidores

Se aclara que todos los contratos vigentes y futuros deberán ajustarse al nuevo listado. Según el comunicado, la medida se adoptó en función de las facultades conferidas por el artículo 43 de la Ley 24.240 y sus modificatorias, el Decreto 50/19 y la Resolución 227/23.

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El Boletín Oficial publicó: “Se considera necesario llevar a cabo la actualización, modificación y especificación de ciertos supuestos que constituyen cláusulas abusivas y, por ende, que no podrán ser incluidas en los contratos de consumo, para lo cual deviene pertinente proceder a la sustitución del Anexo de la Resolución Nº 53/03″.

En el anexo se detalla que se consideran abusivas las cláusulas que: “Confieran al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el significado, alcance y cumplimiento de las cláusulas contractuales y de las prestaciones respectivas”, “otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, excepto en aquellos casos que la autoridad de aplicación determine conforme pautas y criterios objetivos”, y “autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que medie incumplimiento del consumidor”, entre otros puntos que rigen en el Boletín Oficial. Así, esta publicación marca el inicio formal de la obligación de revisión contractual para todas las empresas y proveedores que ofrezcan bienes o servicios en el país.

Qué establece la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor en su artículo 37

El artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor prohíbe que los contratos tengan cláusulas que sean injustas para quienes compran productos o servicios. Si un contrato incluye reglas que quitan derechos al consumidor, que limitan la responsabilidad de la empresa o que hacen más difícil reclamar, esas reglas no tienen validez.

La nueva norma publicada en el Boletín Oficial no modifica el fondo del artículo 37, sino que detalla y amplía el listado de cláusulas que se consideran abusivas y, por lo tanto, prohibidas en los contratos de consumo. Esta actualización entra en vigor a partir del 11 de marzo de 2026 y obliga a que todas las empresas revisen sus contratos y eliminen cualquier cláusula que esté en ese nuevo listado que lo restrinja.

De esta manera, la ley mantiene su marco protector para los consumidores, mientras que la actualización normativa fortalece los mecanismos de control sobre los contratos. Esto significa que si una empresa incluye una cláusula abusiva, el Ministerio de Economía puede obligarla a quitarla o cambiar el contrato. Así, se busca que los derechos de los consumidores estén siempre protegidos y que los contratos sean más justos.