Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados se aprestan a convertir esta noche en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hoy rige sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros.

Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes -incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votarán en contra de la reforma-, los libertarios estiman que la votación (prevista para esta madrugada) arrojará entre 135 y 140 votos positivos.

El debate de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, divide antagónicamente las aguas en el recinto. Sus defensores insisten en que la iniciativa no afectará la protección que hoy rige sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmienten que la provisión de agua esté en peligro.

Sus detractores, en cambio, enfatizan que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que, de ser aprobada, será judicializada por inconstitucional y regresiva ya que, a su juicio, viola los presupuestos mínimos de conservación.

En defensa de la iniciativa, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Nicolás Mayoraz negó que la reforma viole el principio de no regresión, como advierten los críticos de la iniciativa, e insistió en que el paradigma que vertebra la ley actual de protección de los glaciares –su importancia hídrica- “no se modifica” con la reforma.

El legislador destacó que, con esta reforma, “se fortalece federalismo de concertación” al darle la posibilidad a las provincias a realizar los estudios de segundo y tercer grado para distinguir qué reas periglaciales cumplen una función hídrica relevante y las que no.

“Hoy el Ianigla (el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología) no los puede hacer por falta de recursos y las provincias sí pueden”, sostuvo Mayoraz, quien desestimó las sospechas de que las provincias actúen guiadas por los intereses de las corporaciones mineras.

“Las provincias no pueden hacer lo que quieran, tienen los pergaminos para demostrar que hacen su trabajo con seriedad”, sostuvo el libertario santafesino.

La réplica vino de Unión por la Patria en la voz de Sabrina Selva. “No dudo que las provincias tengan las capacidades técnicas pero tampoco dudo, como lo demostró el Gobierno con la apertura de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) esta semana a distintas provincias, que los gobernadores priorizan el criterio político a la hora de tomar definiciones sobre el criterio científico, que sí tiene el Ianigla”.

La legisladora advirtió que la reforma es motorizada por los intereses mineros y cuestionó que se haya soslayado del debate a las provincias que podrían verse perjudicadas con los nuevos proyectos mineros, entre ellas La Pampa, cuyas cuencas hídricas se aprovisionan del agua que proviene del área glaciar y periglacial ubicada en la Cordillera.

“El dominio originario de los recursos naturales establecido en la Constitución Nacional por parte de las provincias no puede ser interpretado sesgadamente”, sostuvo.

También el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció que, detrás de esta reforma, subyacen los intereses de las empresas mineras. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley”, advirtió. “Es importante el desarrollo minero en la Argentina, y es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio”, insistió.

“Estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía, un verdadero proyecto de saqueo“, acusó, a su turno, la diputada Myriam Bregman.

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“¿Usted cree que el jefe de Gabinete (Manuel Adorni) financió su departamento con seis jubiladas a razón de 100.000 dólares cada jubilada?“. Con esta pregunta, el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), recibió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y una de las principales figuras del gabinete del Gobierno de Javier Milei.

Sturzenegger concurrió al Senado para defender el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa el Poder Ejecutivo ante un plenario las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General y se encontró, como se esperaba, con una dura recepción por parte de la principal bancada opositora.

“Usted es el padre de todos los fracasos económicos de los últimos 30 años”, lo acusó el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), resumiendo las acusaciones de Mayans, que minutos antes había acusado a Sturzenegger de ser el responsable de la crisis de 2001, de la emisión de Lebac y el posterior endeudamiento con el FMI en el Gobierno de Mauricio Macri y de la actual política de ajuste de la administración de Javier Milei.

El ministro no le escapó a la lucha dialéctica y, a su turno, replicó con munición política haciendo mención a la crisis inflacionaria a la que llevó al país Sergio Massa como ministro de Economía y desafió a los peronistas a que se preguntarán por qué perdieron las elecciones.

El ministro se encontró con un kirchnerismo irritado, que no se anduvo con medias tintas a la hora de acusar al ministro, como hizo Mayans al responsabilizarlo por “la pobreza y la indigencia” del país. Lo hizo al considerarlo culpable de lo que llamó “la mayor transferencia del sector público al sector privado” con el Megacanje, la operación por la cual el Gobierno de Fernando De la Rúa tomó US$40.000 prestados al FMI para blindar las cuentas públicas.

“Esa es la historia de la persona que vino a presentar el proyecto hoy. Ese proceso terminó en desastre, terminó en el 2001″, remató el senador kirchnerista, quien recordó que tanto Sturzenegger como el ministro de Economía, Luis Caputo, y la actual senadora y jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), “son el mismo elenco de De la Rúa, del clan Macri y ahora, con diferentes funciones, pero con la misma visión, hoy vienen acá”.

La pregunta sobre la operación inmobiliaria con la que Adorni compró un departamento en el barrio de Caballito fue el cierre de la intervención del jefe del bloque kirchnerista.

Entonces, Sturzenegger tomó el guante y contraatacó señalándole al kirchnerismo la ausencia de una autocrítica tras las ultimas dos derrotas electorales.

“A Mayans y a los otros senadores les preguntaría una sola cosa. ¿Ustedes se preguntan por qué perdieron las elecciones?», devolvió el ministro, quien también inquirió a los legisladores opositores si se cuestionan “por qué se fueron dos millones de nuestros jóvenes de nuestro país” tras el último gobierno kirchnerista.

También respondió la intervención de Soria, que lo había acusado de haber participado en todos los fracasos económicos del último cuarto de siglo. “Hace una mezcolanza de conceptos, porque me asigna gobiernos en los que no he estado”, lo corrigió.

“Por suerte no me pusiste en la crisis de (Sergio) Massa”, contratacó Sturzenegger, siempre en dirección a Soria y en referencia a la inflación superior al 200% que dejó el exministro de Economía del último año del gobierno de Alberto Fernández.

En el inicio de la reunión, Sturzenegger había desplegado una enfática defensa de la protección constitucional del derecho de propiedad privada y, por lo tanto, del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo. “La propiedad privada es un tema absolutamente central porque es la base y el pilar fundamental del crecimiento económico”, dijo el ministro.

En ese sentido, enumeró los cambios impulsados en los requisitos que deberá cumplir el Estado para la expropiación por bienes en manos privados y la aplicación del juicio sumarísimo para los procesos de desalojo ante usurpaciones de viviendas y terrenos y el atraso en el pago de alquileres.

También criticó el régimen de regularización de dominio de tierras en villas y barrios de emergencia impulsado por el kirchnerismo y sancionado por el Congreso. “Tenemos diez años transcurridos de esta ley y ha resuelto el 0,08% de la superficie que supuestamente había quedado en la órbita de esta ley, lo cual quiere decir que si este proceso continuara necesitaríamos 12.500 años para terminarlo”, cuestionó.

Sobre la prohibición a que extranjeros puedan comprar tierras Sturzenegger fue más crítico aun. “Me cuesta pensar en una ley más anticonstitucional que esta”, dijo, antes de afirmar que viola principios constitucionales.

En cuanto a los cambios en la ley de manejo del fuego, el ministro dijo que el proyecto platea “volver al espíritu original” de la norma en cuanto a “que si hay un bosque nativo y hay un incendio, no se puede cambiar” el destino del predio. “Ahora, es un dislate extender este mismo concepto a una producción agropecuaria y afectar esto por 30 años”, se quejó.