La Libertad Avanza pretende cerrar las sesiones extraordinarias aprobando los diferentes proyectos que habilitó el Presidente Javier Milei en extraordinarias, entre las sesiones ya convocadas de este jueves y del viernes.

Este jueves en el temario se compone de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el pliego para embajador en Bélgica de Fernando Iglesias y la modificación de la Ley de Glaciares.

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La sesión está prevista para las 11. El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quorum reglamentario. Cuenta entre los 21 propios, liderados por Patricia Bullrich, y los aliados entre 45 y 47 legisladores. Incluidos los tres integrantes del nuevo bloque Convicción Federal de la senadora Carolina Moisés, flamante vicepresidenta del Cuerpo. Moisés ya adelantó que rechazarán nuevamente el proyecto de Reforma Laboral, que se tratará el viernes. Acompañarían el resto de las iniciativas.

El Acuerdo UE-Mercosur

Javier Milei quiere que la Argentina sea el primer país en avalar el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Por eso se adelantó su tratamiento que estaba previsto para el próximo viernes. El entendimiento ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados, incluso con el acompañamiento de más de 40 legisladores de Unión por la Patria (UxP).

El oficialismo descuenta el acompañamiento de gran parte de las fuerzas políticas del Senado y la consecuente aprobación. Hay algunas diferencias con sectores del kirchnerismo vinculados a La Campora que lo rechazarían, tal como fue la postura del sector liderado por el diputado Máximo Kirchner en Diputados.

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El libertario Francisco Paoltroni, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, dijo al respecto: “Esto es el camino al paraíso, un acuerdo de esta categoría es lo mejor que nos puede pasar, es el mayor hito en materia económica para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para la Argentina profunda».

El Senado también avalará la postulación para que Fernando Iglesias sea, formalmente, embajador ante el reino de Bélgica y la Unión Europea.

Cambios a la Ley de Glaciares

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tiene el objetivo de modificar la protección total que hoy tienen los glaciares y ambiente periglacial. El Gobierno quiere darle lugar a las provincias para determinar cuáles geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron del debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Medio Ambiente del Senado. Jalil sostuvo: “Los cambios permitirán devolverles derechos a las provincias para gestionar sus recursos naturales sin comprometer la protección ambiental”.

Mientras que la senadora salteña Flavia Royón (Primero los salteños), señaló: “El principal objetivo de la reforma es la protección de los glaciares, pero con un enfoque que permita una participación más activa de las provincias en la gestión de sus recursos. Además, se propone un enfoque más técnico y federal, permitiendo la realización de estudios científicos y técnicos para evaluar el impacto ambiental, lo que ofrecería la posibilidad de realizar minería de manera responsable y compatible con la conservación del ambiente”.

Los 21 senadores del oficialismo acompañan el proyecto, pero en el resto de los sectores aliados como el Pro, de Martín Goerling, y la UCR, de Eduardo Vischi, no hay una postura unificada. Esa división es la que hace, hasta el momento, no asegurar los votos suficientes para alcanzar su aprobación.

La bancada Justicialista de José Mayans también tiene divisiones internas, a tal punto que este miércoles hubo una extensa reunión del interbloque, junto a los dos representantes de Justicia Social Federal de Fernando Salino y el Frente Cívico de Santiago de Gerardo Zamora. La decisión de la bancada peronista fue dar libertad de acción a sus integrantes, ya que algunos senadores de UxP votarían a favor, en principio los exgobernadores Sergio Uñac de San Juan y Lucía Corpacci de Catamarca.

Otro voto incierto es el de la senadora Julieta Corroza de la Neuquinidad, quien está definiendo su postura en contacto con el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa.

Anticipo de Diputados

Desde Diputados, Cámara que se convertirá en revisora de la iniciativa si es sancionada por el Senado esta semana, ya trabajan en diferentes propuestas como las de la diputada Marcela Pagano (Coherencia) que propone reemplazar el esquema actual de protección de glaciares por un régimen al que denomina de “gestión inteligente”, basado en monitoreo satelital en tiempo real, sistemas de alerta temprana, auditorías externas y trazabilidad ambiental mediante cadena de bloques. La iniciativa define que los glaciares seguirán siendo áreas de protección absoluta, pero establece un modelo de evaluación técnica caso por caso para las zonas de ambiente periglacial.

El diputado Eduardo Valdés (UxP) establece un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, para fortalecer, ampliar y garantizar la plena vigencia de la ley y la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua declarando de interés público nacional la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y “considerando el agua proveniente de estas formaciones como un recurso natural estratégico que debe gestionarse por encima de cualquier interés económico particular”.

Mientras que el socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) exigirá en Diputados “una audiencia pública obligatoria para garantizar la más amplia participación ciudadana en la defensa de nuestros glaciares”.

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El fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras sus declaraciones radiales en las que afirmó que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”.

Según el dictamen fiscal, estos dichos podrían constituir delitos de “incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional”. Stornelli subrayó que las expresiones adquieren una “mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades”.

La denuncia se basa en una entrevista donde Quintela relató una conversación con otros gobernadores y líderes de la CGT sobre la necesidad de tomar “fuertes decisiones”. En su discurso, el mandatario riojano hizo alusión a los sucesos de 2001 señalando: “Tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena”.

Ante estos hechos, la fiscalía planteó que las declaraciones podrían encuadrar en figuras del Código Penal como instigación a cometer delitos (art. 209), intimidación pública (art. 211) e incitación a la violencia colectiva (art. 212), además de apología del crimen y amenaza de sedición.

Por su parte, el referente de La Libertad Avanza en La Rioja, Javier Ruiz, presentó una denuncia paralela considerando que el gobernador utilizó su investidura para validar una interrupción anticipada del poder presidencial por vías no democráticas.

Ruiz solicitó a la Justicia que se investigue si las palabras de Quintela sobre los fallecidos de 2001 constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. El denunciante pidió que se llame al gobernador a declarar para que precise quiénes dieron las órdenes en aquel entonces y qué rol cumplió él en esa estructura que habría asumido como legítima la “exposición de personas a un contexto cierto y previsible de riesgo de muerte”.

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La disputa por el control institucional y contable de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, sumó un capítulo de alto voltaje político, que supera el plano administrativo. El gobierno de Axel Kicillof reconoció formalmente el domicilio de la entidad en la calle Mercedes 1366, en el partido bonaerense de Pilar, pese a que inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Inspección General de Justicia constataron que en esa dirección no funciona ninguna oficina administrativa y describieron el lugar como un baldío.

La decisión se conoció menos de dos horas después de que el gobierno nacional, a través de la IGJ, que encabeza Daniel Vítolo, anunciara el pedido de designación de veedores para revisar los estados contables de la AFA. La simultaneidad de ambas acciones transformó una discusión técnica en un episodio de confrontación abierta entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la gobernación bonaerense.

El movimiento del Ejecutivo provincial tuvo efectos jurídicos inmediatos y una dimensión política visible. En medio de las acusaciones de organismos nacionales por presuntas irregularidades en la gestión de los fondos del fútbol, la Provincia consolidó la radicación formal de la AFA en su territorio y, con ello, la competencia exclusiva de su órgano de contralor. Así, blindó a la conducción de Claudio Tapia, presidente de la AFA, en el terreno donde hoy se libra la disputa: el control de los números.

La resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) consignó la finalización del trámite de cambio de jurisdicción y la reforma estatutaria de la AFA, dejando asentado que la entidad tiene su sede social en la calle Mercedes 1366 de Pilar. En sus considerandos, el acto administrativo recuerda que la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024 aprobó por unanimidad la modificación del artículo 1.º del estatuto social, estableciendo el domicilio en la Provincia de Buenos Aires, y que el Comité Ejecutivo fijó la sede social en Mercedes 1366, y la sede deportiva en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. La disposición es concluyente: “Tómese razón de la finalización del trámite de cambio de jurisdicción – reforma de la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires”.

Ese reconocimiento formal se produce pese a que inspectores de ARCA y la IGJ constataron la inexistencia de actividad administrativa en la dirección declarada, describiéndola como un baldío. La Provincia no condicionó la inscripción a esa verificación y validó la radicación. Desde el derecho administrativo, el domicilio declarado por la entidad quedó convalidado por la autoridad registral competente. En términos políticos, el mensaje fue otro: la Provincia asume la fiscalización de la AFA y buscó desplazar a la Nación de ese rol, en línea con la estrategia de Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

El dato clave no es solo el contenido de la decisión, sino el momento. Pocas horas antes, la IGJ difundió una resolución particular en la que solicitó la designación de veedores para examinar los estados contables de la AFA. En el texto se señaló: “ante la falta de presentación en tiempo y forma de la documentación requerida vinculada a los estados contables y demás información complementaria, corresponde solicitar la designación de veedores a fin de proceder al examen integral de la documentación social y contable”. El organismo subrayó que la medida no constituye una intervención, sino una herramienta de control legal prevista en la normativa, orientada a verificar el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales.

La proximidad temporal entre ambos actos administrativos —el anuncio de la designación de veedores desde Nación y el reconocimiento de domicilio desde Provincia— transformó lo que pudo haber sido un intercambio jurídico en una escena de confrontación institucional. Los órganos administrativos dependientes del gobierno de Javier Milei avanzó con una medida de supervisión contable mientras el de Kicillof consolidaba la tesis de que la IGJ ya no tiene jurisdicción sobre la AFA.

El trasfondo de la controversia es el control de los números. La IGJ fundamentó su pedido en la falta de presentación de información solicitada por parte de la AFA. Según la resolución difundida, la entidad no habría remitido la documentación requerida sobre estados contables y otra información complementaria necesaria para el control legal. Esa omisión, de acuerdo con el organismo nacional, “justifica la designación de veedores con facultades para examinar libros, balances y documentación respaldatoria”.

Desde la perspectiva del gobierno nacional, el eje del conflicto es la transparencia contable. La administración libertaria basa su relato en la auditoría permanente y la revisión de estructuras consideradas opacas o corporativas. En ese marco, la fiscalización de una institución poderosa y económicamente importante como la AFA fortalece la lógica de control.

Para el gobierno bonaerense, el punto central es la competencia. Al reconocer la finalización del cambio de jurisdicción y validar el domicilio en Pilar, la DPPJ sostiene que la IGJ perdió el poder de policía sobre la entidad. La propia AFA reflejó así esta posición en su comunicado oficial: “La resolución analizada expresa de manera categórica que, a partir de dicha inscripción, la Inspección General de Justicia carece de legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer control de legalidad respecto de la reforma estatutaria, por haber perdido el poder de policía sobre la entidad”. Y añadió: “En consecuencia, la Asociación del Fútbol Argentino se encuentra fiscalizada exclusivamente por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, careciendo la Inspección General de Justicia de competencia o poder de policía sobre la entidad”.

La declaración no solo coincide con la postura provincial, sino que la disputa se traslada al plano federal. Si la IGJ insiste en designar veedores y la Provincia desconoce esa facultad, el conflicto puede escalar hacia la judicialización. Incluso sin llegar a los tribunales, el enfrentamiento ya forma parte del intercambio político entre la Nación y la Provincia.

La intervención de Kicillof no es neutra ni técnica. El respaldo institucional a Tapia adquiere el carácter de un gesto de autonomía frente al gobierno nacional. La AFA no es una asociación civil más: concentra recursos millonarios derivados de derechos televisivos, contratos comerciales y competencias internacionales, además de un capital simbólico inigualable en la sociedad argentina. La Selección campeona del mundo y el peso cultural del fútbol convierten cualquier disputa en un asunto de sensibilidad pública.

El reconocimiento del domicilio en un terreno que inspectores nacionales describieron como baldío ha producido interpretaciones políticas opuestas. Para la Nación, el dato refuerza la sospecha de irregularidad o simulación. Para la Provincia, la inscripción registral basta para legitimar la competencia, sin que la constatación física altere el acto administrativo.

La disputa por la AFA se inserta en la tensa relación entre Milei y Kicillof. El gobernador bonaerense se ha posicionado como uno de los principales contrapuntos del proyecto libertario. Las diferencias en materia económica, fiscal y de distribución de recursos son conocidas. Cada enfrentamiento se incorpora al relato general sobre el alcance del poder estatal y la autonomía provincial.

Desde la Casa Rosada, el pedido de veedores puede leerse como un mensaje de que ninguna institución está fuera del radar de control. Desde La Plata, el reconocimiento del domicilio y la validación de la jurisdicción bonaerense aparecen como una reafirmación del federalismo. Entre ambas posiciones, Tapia consolida su lugar con el respaldo provincial mientras enfrenta cuestionamientos nacionales.

El argumento formal de la IGJ —la falta de información contable— es el detonante inmediato. La pregunta política es otra: quién tiene la autoridad para exigir esa información y bajo qué jurisdicción. La AFA sostiene que, tras la inscripción en la Provincia, el control corresponde exclusivamente a la DPPJ bonaerense. La IGJ, al solicitar veedores, actúa como si su competencia siguiera vigente.

El choque de interpretaciones deja abierto el futuro desarrollo del conflicto. Si la Nación avanza con la designación de veedores, podría forzar una reacción judicial o un conflicto abierto de competencias. Si retrocede, el gobierno provincial afianzará su posición y la conducción de la AFA quedará bajo un esquema de fiscalización alineado con su nueva jurisdicción.

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