El director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira, publicó en redes sociales un elogio Alberto Fujimori, el fallecido expresidente de Perú que durante su mandato cerró por la fuerza el Congreso, fraguó elecciones, fue célebre por las persecuciones de los servicios de inteligencia contra periodistas y opositores y terminó preso por corrupción.

Carreira maneja la llamada “Oficina de Respuesta Oficial”, que creó el Gobierno para refutar en redes sociales lo que publican los medios de comunicación. En su cuenta personal, bajo el avatar Juan Doe, publicó este martes cerca de la medianoche: “La economía de Perú sobrevive a todo gracias a las reformas que impulsó este señor, Alberto Fujimori, y que plasmó en la Constitución de 1993, una de las más liberales del mundo. Acá en Argentina tenemos que apuntar a lo mismo. Inmortalizar las reformas de Javier Milei en una nueva Constitución“.

La alusión a una reforma constitucional es novedosa en un funcionario de la Casa Rosada, al menos en público. Carreira, de 29 años, integra el círculo de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Era un tuitero libertario con muchos seguidores que se sumó a la burocracia estatal en los inicios del Gobierno. Hoy funciona bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lo más sorprendente es su reivindicación de Fujimori, fallecido en 2024 después de pasar en prisión gran parte de los últimos 20 años de su vida.

Fujimori ejerció como presidente entre 1990 y 2000, en un gobierno que derivó en autoritarismo. El 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su gobierno disolvió inconstitucionalmente el Congreso, entonces compuesto de dos cámaras, y también intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993 aprobó una nueva Constitución, que hasta la fecha continúa vigente. La que ahora elogia el mileísta Carreira.

Durante el decenio fujimorista se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en su lucha contra el terrorismo y se constituyó la mayor red de corrupción de la historia del Perú, encabezada por el asesor Vladimiro Montesinos.

En 2010, el entonces procurador anticorrupción, Pedro Gamarra, detalló que en ese tiempo se privatizaron empresas públicas por unos US$7000 millones, pero al final de esa gestión solo se encontraron US$500 millones en el Tesoro Público.

En el 2000, Fujimori fue reelegido por segunda vez como presidente. Esa elección fue calificada por Transparencia como “un fraude estructural”.

En septiembre de ese año, tras la difusión del primer “vladivideo”, el entonces mandatario se vio forzado a anunciar que iba a llamar a nuevas elecciones.

En la grabación, se observó a Montesinos entregándole fajos de dinero al congresista Alberto Kouri para que se pase a la bancada de Perú 2000, que lideraba Fujimori. Dos meses después, renunció a la presidencia a través de un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta el 2005. En el 2007 fue extraditado al Perú desde Chile.

Los hijos de Fujimori mantuvieron viva una fuerza política que no logró volver a la presidencia, pero sí condicionar la política peruana de las últimas dos décadas. Perú vive en una grave crisis política desde hace 10 años, en los que pasaron ocho presidentes, la mayoría de ellos destituidos por el Congreso. El último de ellos, José Jerí, cayó ayer. A pesar de esas turbulencias, el país logró una sorprendente estabilidad macroeconómica.

En ese contexto Carreira se enmarca la defensa de Carreira a las reformas de Fujimori, que a su juicio permitieron disociar la política de la marcha de la economía.

Carreira es conocido en redes sociales por el seudónimo Juan Doe (@jdoedoe101101). Desde allí construyó un perfil de alto impacto, con más de 202.000 seguidores en X, basado en la defensa cerrada del rumbo del Gobierno y el ataque directo y con insultos a dirigentes opositores, periodistas y analistas críticos.

Su actividad digital se articula con otras cuentas del ecosistema libertario, como la de Daniel Parisini (Gordo Dan) y la del diputado bonaerense Agustín Romo, todos cercanos a las “Fuerzas del Cielo” del asesor Caputo.

Antes de su desembarco formal en el Estado, Carreira fue identificado como un dirigente cercano a Fernando Cerimedo, estratega digital del oficialismo y una de las figuras centrales del armado comunicacional libertario. Ingeniero industrial de formación, dejó un empleo en el sector privado -remunerado en dólares- para dedicarse de lleno al proyecto político de Milei. Junto a Cerimedo fundó La Derecha Diario, un portal de propaganda orientado a promover ideas de derecha y el liberalismo. Luego lo vendieron al español Javier Negre.

Al anunciar su incorporación al Gobierno, en 2024, Carreira celebró su paso al Estado con un mensaje de tono épico. “Después de dos meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de ocho años convencido de que a este país lo salvamos nosotros, es hora de entrar a la cancha”, escribió. Y agregó: “Nada más que agradecerle a Javier Milei por esta oportunidad. Me preparé toda la vida para este momento”.

Su llegada al nuevo cargo expuso un giro personal. Poco más de un año atrás, había asegurado públicamente que nunca trabajaría en el Estado. Ese mensaje, publicado en redes sociales, fue borrado por el actual funcionario.

Entre sus publicaciones en redes sociales se reiteran consignas habituales del repertorio libertario, como la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, junto con descalificaciones hacia la prensa, a la que acusa de “operadores” y califica como “siniestros” o “nefastos”.

En sintonía con su perfil abiertamente trumpista, suele destacar la relación entre la Argentina y Estados Unidos y difunde contenidos favorables a Donald Trump.

Esa lógica también se refleja en la estética y la herramienta de comunicación que utiliza: el formato de la Oficina de Respuesta Oficial replica el esquema de rapid response impulsado por el trumpismo. La cuenta adopta una identidad visual y un tono similares a los de Rapid Response 47, el canal de respuesta rápida vinculado a la Casa Blanca, concebido para amplificar mensajes oficiales y confrontar de manera directa con la prensa crítica.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal objetó el proyecto de ley de reforma laboral en cuanto afecta su patrimonio, dispone el pago de la indemnización en cuotas y limita el pago de las costas.

La entidad, en una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó su preocupación porque dice que la reforma debe ajustarse a los límites de la Constitución y los tratados internacionales.

Los abogados se quejaron de los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, al afirmar “que afectan de manera directa al ejercicio profesional de la abogacía”.

El artículo 20 prevé que el abogado laboralista tenga que pagar las costas del juicio con su propio patrimonio si el juez considera que el reclamo fue una “pluspetición inexcusable”.

Es decir, si el trabajador reclama una “sobreestimación inexcusable”, la norma propone hacer responsable también al abogado por las costas.

“La ambigüedad de cuándo estaríamos frente a una pluspetición inexcusable implica introducir un riesgo patrimonial directo para el y la profesional actuante”, dice la carta.

Ya hay otras normas que sancionan la temeridad o malicia del abogado, pero introducir este cambio supone “una discriminación no aceptable para los laboralistas en comparación con el ejercicio profesional en otras ramas del derecho”, añadieron desde el Colegio Público.

“Parecida situación presenta el texto proyectado del artículo 277 que establece −diferencialmente− la posibilidad de pago en cuotas de las sentencias condenatorias recaídas en juicios laborales, incluyéndose en la previsión legal a créditos de los trabajadores y honorarios de sus abogados y abogadas, todos ellos de naturaleza alimentaria”, observaron.

“Contrariando los principios y normas de Derecho del Trabajo que establecen privilegios para el cobro de créditos de índole laboral, se establece una categoría de acreedores en situación desventajosa respecto de aquellos que obtienen sentencias favorables en otros procesos”, puntualizaron.

Por otra parte, también criticaron la posibilidad de pagar la indemnización en cuotas, “lo cual −en virtud del principio de gratuidad establecido por el artículo 20 de la Ley 20.744− se traduce en una directa limitación al derecho de percepción de honorarios por parte de abogados y abogadas, desalentando el ejercicio profesional en la materia”.

Por último, la misiva reconoció que “aun cuando podría ser deseable la introducción del ‘stare decisis’ en nuestro derecho respecto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no resulta razonable hacerlo exclusivamente para los jueces que decidan conflictos laborales”.

Por su parte, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) consideró que el acuerdo para la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye un paso institucional necesario para completar el mandato constitucional de autonomía previsto en el artículo 129 de la Constitución Nacional.

“A casi treinta años de la reforma de 1994, resulta imprescindible avanzar en la adecuación del mapa judicial argentino para fortalecer la coherencia federal y mejorar la calidad del servicio de justicia”, indicaron.

“Desde una perspectiva sistémica, la superposición de jurisdicciones nacionales y locales en un mismo territorio ha generado ineficiencias, incertidumbre competencial y dificultades en la planificación institucional”, agregaron, para señalar que la reforma aportará “seguridad jurídica”.

“Fores exhorta a todos los actores del sistema judicial (magistrados, funcionarios, empleados, colegios profesionales y autoridades políticas) a dejar de lado cualquier lectura coyuntural y colaborar activamente en la implementación técnica, prolija y racional del traspaso. El Poder Judicial debe estar a la altura de las circunstancias”, concluye la entidad.