Las coincidencias y miradas comunes que históricamente en la Argentina acercaron a la Iglesia Católica y los cultos evangélicos, reflejadas particularmente en los llamados a la paz social en los tiempos de crisis, encuentran puntos disonantes en las posiciones frente a la reforma del régimen penal juvenil que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El proyecto, que contempla la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, dio su primer paso al ser aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser tratado por el Senado.

La Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) celebró la aprobación del proyecto en la Cámara baja y estimó fundamental “la promulgación de una norma acorde a la realidad actual, dado que la legislación vigente ha quedado obsoleta”. Los principales referentes de las comunidades evangélicas compartieron dos encuentros –en noviembre y en diciembre pasados- con el Presidente en la Casa Rosada.

“Es necesaria una adecuación de la edad de imputabilidad que sea compatible con los estándares internacionales y el contexto de la región. Los hechos delictivos cometidos por niños, niñas y adolescentes dejan al descubierto las falencias del Estado y de la sociedad para prevenir y atender adecuadamente estos casos”, expresó en una declaración la entidad que preside el pastor Christian Hooft.

Para la Iglesia Católica, en cambio, la reducción de le edad de imputabilidad –de 16 a 14 años- constituye “un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional, en tensión directa con la ley 26.061, que establece que la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes recae en las personas adultas y en el Estado”.

Así lo expresaron las comisiones episcopales de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria, junto con Cáritas, en una carta dirigida a los diputados y senadores que intervienen en el debate legislativo. Advierten, en tanto, que la reducción de la edad punible no baja el delito.

El debate sobre este tema sensible se presenta en momentos en que el canciller Pablo Quirno entregó personalmente al papa León XIV una carta del presidente Milei para invitarlo a visitar la Argentina. Aunque todavía no recibió a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, cuyo titular es el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

La Iglesia Católica transmite en la carta a los legisladores su disposición a promover un aporte con espíritu constructivo, a partir de la experiencia de campo que referentes y profesionales territoriales desarrollan en el trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes. Una tarea que se construye “en parroquias, escuelas primarias y secundarias, centros barriales, los Hogares de Cristo, clubes parroquiales, grupos y movimientos infantiles, juveniles y comunitarios”.

Las comisiones episcopales señalan que la Iglesia suma su aporte al conjunto de voces de instituciones y organizaciones, como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras.

Celebran, al respecto, que todos han sido escuchados, pero no ven reflejados sus aportes en el contenido del proyecto.

Entre otros aportes, expresan que “es urgente destinar recursos específicos a políticas públicas en salud mental y adicciones, con dispositivos de atención accesibles, insertos en territorio y adaptados a la infancia y adolescencia, y detener “el desfinanciamiento en materia de políticas de salud y despidos de trabajadores dedicados a acompañar y contener personas atravesadas por consumo problemático y salud mental”.

Para los adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, la Iglesia propone la aplicación de la Justicia Restaurativa. “Esta vía, ya implementada con éxito en diversas regiones del país y del mundo, ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0%. Involucra a jueces penales, víctimas, victimarios y organizaciones comunitarias, en un proceso reparador y verdaderamente transformador”, explican las comisiones episcopales.

En su pronunciamiento, los cultos evangélicos se solidarizan con quienes “sufren las consecuencias de los delitos”. Y entienden que “la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan la raíz del problema -social, económica, educativa y familiar- y que apunten a la reinserción social”.

Aciera considera que “debe ser una prioridad la adecuación de las instituciones y espacios físicos donde los niños, niñas y adolescentes serán reencauzados, garantizando que no sean derivados a cárceles comunes”. Señala, además, que el Estado, en sus niveles nacional y provincial, debe asegurar las partidas presupuestarias para infraestructura, recursos profesionales y el acompañamiento de la sociedad civil, contemplando la dimensión espiritual en el proceso de recuperación”.

Sin embargo, entre las coincidencias que muestran ambos pronunciamientos, los cultos evangélicos declaran que “es urgente un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y la efectiva implementación de la educación preventiva en las escuelas”.

“El éxito de cualquier reforma dependerá de la articulación obligatoria entre Justicia, escuela y familia, junto a mecanismos de evaluación periódica que garanticen la efectividad de las medidas”, concluye la declaración de Aciera.