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El encargado de negocios de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de declararlo persona non grata y ordenarle abandonar el país en un plazo de 48 horas, en medio de una escalada diplomática sin precedentes recientes entre ambos países.

“Expulsar al único diplomático no favorece a la Argentina, sino que empeora aún más las cosas”, afirmó el funcionario en declaraciones al diario Perfil, poco antes de partir hacia Teherán.

La expulsión fue anunciada por la Cancillería argentina como respuesta a un comunicado iraní que cuestionó la decisión de Buenos Aires de declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista.

Soltani rechazó los argumentos oficiales y centró sus críticas en lo que consideró un alineamiento político del gobierno argentino con Estados Unidos e Israel. “No es una decisión soberana sumarse a una guerra ilegal contra toda norma internacional”, sostuvo, en referencia a la guerra iniciada el 28 de febrero con el bombardeo que mató al ayatollah Alí Jamenei.

En ese sentido, cuestionó declaraciones del presidente Milei sobre el eventual apoyo logístico argentino a la ofensiva. “Decir que Argentina es parte de la agresión contra Irán y que ‘vamos a ganar la guerra’ es algo muy grave”, remarcó.

El diplomático advirtió además que ese posicionamiento puede tener consecuencias concretas, incluso si no se traduce en acciones militares directas. “Aunque no tengan capacidad de enviar tropas, solo decirlo tiene impacto. Las decisiones del Presidente pueden traer consecuencias”, señaló.

Pese al endurecimiento del vínculo, Soltani buscó establecer diferencias entre el gobierno y la sociedad argentina. “No consideramos a Argentina como enemigo. Muchos ciudadanos no están de acuerdo con esto”, afirmó, al tiempo que sugirió que la postura oficial podría responder a intereses políticos internos.

El funcionario también cuestionó la forma en que se planteó su expulsión. “Me dieron 48 horas en medio de un fin de semana largo, siendo el único diplomático en la embajada. Tengo que resolver contratos, cuentas y pasajes. Pedimos más tiempo, pero fue rechazado”, explicó.

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Desde el Gobierno, la medida fue justificada en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que habilita a declarar persona non grata a un representante extranjero sin necesidad de fundamentación. Según la Cancillería, la decisión respondió a “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes” por parte de Teherán y reafirma que Argentina “no tolerará agravios ni injerencias indebidas”.

El deterioro de las relaciones bilaterales no es nuevo. Desde los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires en los años 90 —que dejaron más de un centenar de muertos y fueron atribuidos por la justicia argentina a funcionarios iraníes— el vínculo se mantiene en un nivel de desconfianza estructural.

En las últimas horas, además, trascendió la posibilidad de un cierre formal de la embajada argentina en Irán, que en la práctica ya no opera desde 2025, cuando fue evacuada tras los primeros bombardeos estadounidenses e israelíes. Actualmente, el personal diplomático argentino trabaja desde Azerbaiyán.

(Con información de AFP y EFE)

Irán, Javier Milei, Medio Oriente

En una entrevista con Andrea Castagnola durante el programa Infobae al Regreso, la politóloga analizó en detalle el nuevo reglamento que la Corte Suprema impulsa para elegir jueces en Argentina.

En el estudio junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Castagnola consideró que la propuesta “tiene muchos aspectos positivos”, aunque advirtió sobre puntos que aún generan controversia. “El examen se volvió algo muy discrecional, inclusive el tema de las preguntas, se rumoreaban que las preguntas ya se iban circulando antes. Lo que propone la Corte es hacer dos exámenes escritos, uno anónimo y automatizado con inteligencia artificial, y otro también anónimo similar al anterior”, puntualizó.

La Corte Suprema propone exámenes anónimos y menos discrecionalidad

Castagnola remarcó que el nuevo reglamento plantea una innovación clave: “Actualmente, la comisión que hace el examen es la que lo corrige. La propuesta que hace la Corte es: tengamos una comisión que hace el examen y otra comisión diferente que lo corrige”. Además, señaló la intención de crear concursos anticipados para reducir los tiempos y evitar la acumulación de vacantes: “La duración reglamentaria tendría que ser máximo nueve meses, pero duran tres, hasta inclusive siete años”.

El nuevo esquema introduce un primer examen múltiple choice, corregido de manera automatizada y anónima, seguido por una segunda instancia escrita. “Uno de los aspectos interesantes es la utilización de inteligencia artificial y la anonimización de las pruebas para evitar filtraciones y favoritismos”, indicó la politóloga.

Límites a la entrevista y transparencia en la selección

El debate se centró en la fase de entrevistas, históricamente señalada como espacio de discrecionalidad. Castagnola explicó: “La parte de la discrecionalidad entra muy fuerte en la parte de la entrevista. Lo que propone la Corte Suprema es que la entrevista sea solamente el 10% del puntaje final”. Aclaró que hoy ese porcentaje no está regulado y puede modificar el orden de mérito de manera arbitraria.

Insistió en la importancia de establecer parámetros objetivos y transparencia: “Que la entrevista sea transmitida y que se pueda ver, que no sea puertas adentro y que no quede, al fin y al cabo, en una reunión informal de café o negociaciones”. Para Castagnola, la oralidad es insustituible en la evaluación de futuros jueces, pero debe estar sujeta a reglas claras y control público.

Vacantes, discrecionalidad política y la urgencia de la reforma

La especialista advirtió sobre la consecuencia de la parálisis en las designaciones: “Hoy en día, el 37% de los juzgados nacionales y federales están vacantes. Porque el presidente no eleva ninguna terna al Senado. No existe el consenso político en ver quién va en qué lugar y termina siendo funcional el vaciamiento de la justicia en cierto punto”. Explicó que si bien el nuevo reglamento busca agilizar concursos, “no resuelve el cajoneo político que está en el Poder Ejecutivo, que decide elevar o no una terna, que también sucede con fiscales”.

Para Castagnola, la propuesta de la Corte avanza en reducir la discrecionalidad política, pero queda el desafío de efectivizar los nombramientos y transparentar todas las etapas del concurso. Concluyó que la sociedad civil y los académicos exigen cambios urgentes, mientras el debate sigue abierto en el Consejo de la Magistratura: “El consejo mismo es el que regula su propio funcionamiento. Se necesita mayoría calificada de dos tercios para aprobar modificaciones”.

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