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POLITICA

Diputados: la oposición solicitó una sesión para avanzar en la investigación del caso $LIBRA

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La oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el 8 de abril a las 12 con el objetivo de debatir la creación de una comisión investigadora sobre el caso $LIBRA. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de legisladores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, también incluye proyectos relacionados con la emergencia en discapacidad, la restauración de la moratoria previsional y un pedido de informes sobre el estado de las obras públicas en el país.

El caso $LIBRA, el posible fraude vinculado a criptoactivos, se encuentra bajo investigación internacional y generó controversia en el ámbito político debido a la presunta participación de Javier y Karina Milei. La oposición busca avanzar en la creación de una comisión que permita seguir el caso de cerca y obtener información relevante. Además, se prevé solicitar informes al Ejecutivo y citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que brinde explicaciones.

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Caso $LIBRA: se presentó en Estados Unidos la primera demanda colectiva por fraude

El oficialismo respondió con la convocatoria a un plenario para el mismo día, pero a las 15:30, en el que se debatirá la Reforma Penal Juvenil, que contempla la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años. De este modo, se vislumbra una jornada de intensos debates en el Congreso, donde ambos sectores buscarán imponer sus respectivas agendas.

Entre los proyectos que se tratarán en la sesión opositora también se destaca un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado de la obra pública. Esta iniciativa surge tras la reiterada ausencia del secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, y del titular de Vialidad Nacional, Jorge Campoy, en las citaciones a comisiones. Además, se debatirá la declaración de emergencia para la discapacidad hasta 2027, con el fin de garantizar financiamiento para programas de atención y pensiones no contributivas.

Por último, la oposición incluirá en el debate una serie de iniciativas relacionadas con el sistema previsional, entre ellas la prórroga de la moratoria previsional y la creación de un nuevo esquema para garantizar jubilaciones a aquellos trabajadores que no completaron los 30 años de aportes. En caso de que estas propuestas sean rechazadas, el debate continuará en la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

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POLITICA

Los motivos por los que Cristina Kirchner afirma que no puede vivir sin sus jubilaciones de privilegio

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La defensa de Cristina Kirchner presentó una cautelar ante el fuero de la Seguridad Social donde solicitó que se le restituya su jubilación de privilegio y la pensión vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner, luego de la decisión del Gobierno de dar de baja las asignaciones por la condena en la Causa Vialidad.

En el escrito presentado, al que tuvo acceso TN, el abogado Facundo Fernández Pastor aseguró que la decisión del gobierno de Javier Milei constituye “una vulneración de un derecho alimentario que, además de violentar su derecho humano a la seguridad social, lo hace con su derecho a la subsistencia y, por tanto, al derecho a la vida”.

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El letrado remarcó que la expresidenta no tiene otros medios de subsistencia, ya que en 2016 realizó la cesión de los bienes que heredó de Néstor Kirchner y de los suyos propios a sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

En ese marco, el apoderado legal recordó que la exvicepresidenta “está inhibida y no posee bienes y, cualquier emolumento que ingresara a su patrimonio quedaría automáticamente paralizado por la inhibición dictada, por tanto, sus asignaciones mensuales vitalicias son el único ingreso que le permite subsistir”

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En el escrito presentado en el marco de la causa que debe resolver la jueza Karina Alonso Candis, el abogado insistió en que la medida del gobierno es, en realidad, una persecución política contra Fernández de Kirchner.

El abogado de Cristina Kirchner pidió la restitución de su jubilación y la pensión que cobraba como viuda de Néstor Kirchner. (Foto: captura TN)

“La forma en que se lleva a cabo la persecución puede ser diversa, pero tiene un común denominador: domesticar al opositor”, y, “antes la proscripción la buscaban hacer desde Comodoro Py, ahora directamente la pretenden realizar mediante una ley que solo es aplicable a mi mandante”, resaltó al respecto el letrado.

Pero, profundizó el escrito, “lo que intentan es imposibilitar que ejerza su derecho a representar al pueblo, y que de la forma que sea y con la excusa que sea termine presa y que, a diferencia de James Smart, que para ellos debe ser un ídolo equiparable a Videla, Galtieri, Vignone, Viola, Massera y tantos otros violadores de los derechos más elementales, también termine sus días sin un centavo”.

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El documento también hace hincapié en el caso del expresidente Carlos Menem y Zulema Yoma: “Aunque el Director Ejecutivo de la ANSES haya sostenido que mi mandante no tiene derecho a percibir sus beneficios que, ha quedado de manifiesto en los puntos anteriores, claramente es una mentira. Pero llama poderosamente la atención que él y el mismísimo presidente de la Nación, hayan omitido -e incluso el segundo haya salido a asegurarle que no correrá la misma suerte-, que la cónyuge supérstite del Dr. Carlos Saúl Menem, quien fue condenado en dos instancias”.

“¿Si la justicia ha ordenado que se le abone la asignación mensual vitalicia como cónyuge supérstite del esposo de mi mandante, Néstor Carlos Kirchner, cuál es el fundamento para sostener que debe revocarse dicha prestación, si el expresidente de la Nación mantiene incólume su honor al no haber sido condenado jamás, ni mucho menos sujeto al proceso de juicio político mientras fue presidente de la Nación? Ninguno, por supuesto”, destacó Fernández Pastor.

Y agregó: “La respuesta no es otra que, porque ni al Director Ejecutivo, ni al Presidente de la Nación les interesa perseguir a quienes están cobrando un beneficio indebidamente, sino desprestigiar a mi mandante”.

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La decisión del Gobierno

En diciembre, el gobierno de Javier Milei dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y la pensión vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner, tras la confirmación de la pena a la expresidenta en la Causa Vialidad.

Según el Ejecutivo, la expresidenta cobraba $21.827.624 mensuales netos y, la quita de la jubilación, se justifica, entre otros supuestos, porque se trata de un “beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. No tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.

Tras conocerse la decisión del gobierno, la defensa de Cristina Kirchner interpuso un recurso de nulidad para impedir la medida donde consideró que se trata de un paso “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales que percibía por haber sido presidenta de la Nación.

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Su abogado aseguró que “no se dio cumplimiento al requisito de permitir la defensa del administrado”. Y agregó: “Si bien la administración argumentó que correspondía suspender la ejecución de un acto administrativo, no explicó los motivos por los cuales dichos argumentos le permiten también quebrantar una ley nacional”.

Producción periodística: Cindy Monzón

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POLITICA

Por decisión de Javier Milei, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado

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Por decisión del presidente Javier Milei, la Unidad de Información Financiera (UIF) ya no podrá ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos.

La decisión se tomó a través del decreto 274/2025, el cual introduce un cambio determinante por el cual ya no podrá actuar como querellante en causas de corrupción y lavado de activos, limitando su rol en estos procesos judiciales.

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“La UIF establecerá, en cada caso, de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 24 de la presente ley, las obligaciones dinerarias y no dinerarias a cumplir y su plazo de cumplimiento. La prescripción de la acción prevista en el artículo 24 bis de la presente ley quedará suspendida desde el momento en que se acceda al régimen y por el plazo de cumplimiento fijado. Si durante el plazo fijado por la UIF la persona que se acoge al presente régimen no comete un nuevo incumplimiento al artículo 21 de la presente ley, repara los daños en la medida establecida y cumple con las demás obligaciones que se le impongan, se extinguirá la acción para aplicar las sanciones previstas en el presente capítulo para el supuesto del incumplimiento investigado”, establece la norma.

En enero, el Gobierno designo a Paul Starc al frente de la UIF para reemplazar a Ignacio Yacobucci, al que despidieron entre otros argumentos por «abultados gastos» en el área.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, también suma facultades al organismo respecto de “intercambiar información con otros organismos o entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación cuando la UIF estime que la información puede permitir a las autoridades receptoras enfocarse en casos o resultar relevante en la materia de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La información brindada por la UIF conlleva la obligación de guardar secreto conforme lo establecido en el artículo 22 de la presente ley”.

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Además, modifica la Ley de Inteligencia respecto de las competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad.

“Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley. Dichos datos solo podrán ser utilizados en el marco de una investigación”, establece el decreto

La información de la UIF solo podrá ser utilizada también para “su análisis estratégico para identificar las tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

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El organismo se encarga de recopilar, analizar y difundir información financiera,emite normativas y directrices a entidades financieras y no financieras, entre otras funciones.

La UIF fue creada por la Ley N° 25.246, promulgada el 5 de mayo de 2000. Depende del Ministerio de Economía de la Nación. Ahora, a partir del decreto de Milei se limitará a la función de recopilar e intercambiar información financiera y no intervendrá en procesos judiciales.

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POLITICA

Elecciones en CABA 2025, en vivo: Caruso Lombardi propuso regular a las motos y construir una cárcel en el agua

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Los porteños irán a las urnas el próximo 18 de mayo para elegir a 30 legisladores. Silvia Lospennato, Leandro Santoro, Manuel Adorni, Horacio Rodríguez Larreta y Ramiro Marra son los principales nombres que encabezan las boletas.

Los partidos que mayores lugares ponen en juego son el PRO (15), la alianza Es ahora Buenos Aires (8) y La Libertad Avanza (6).

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Padrón electoral

A partir de mañana se podrá consultar el padrón definitivo en la página del Tribunal Electoral para las elecciones del próximo 18 de mayo.

En esta oportunidad, y tal como sucederá en las elecciones legislativas de octubre, en CABA no habrá instancia de elecciones primarias. Las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) quedaron suspendidas en el distrito porteño, al menos en la votación de 2025.

Aquella persona que no aparezca en el padrón definitivo no podrán emitir su voto, ya que esta es una condición indispensable para ingresar al cuarto oscuro y sufragar.

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Una cárcel en el agua y regulación a las motos

Ricardo Caruso Lombardi, en una entrevista con Infobae en Vivo

El entrenador y candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Ricardo Caruso Lombardi, aseguró que con su bloque tiene pensado avanzar en un proyecto para construir “una cárcel para 2.000 personas en el agua”, con el objetivo de “no molestar a los vecinos” de la Ciudad.

“Es algo que hablamos en el MID y que están averiguando con arquitectos y gente que se dedica al armado de cárceles. Queremos hacer una prisión en el agua. Es una cárcel para 2.000 personas en la Costanera, en el Río de la Plata”, afirmó en declaraciones al programa “Tiempo de Policiales” por ATP Radio. 

El candidato a diputado porteño explicó: “Estás a 500 metros de la playa, no jodes a nadie y hacés un camino para que la gente pueda ir a visitar a sus familiares. De esa forma se construye un penal de máxima de seguridad. Los presos van a hacer su vida ahí adentro, no molestan a nadie. Es un lugar que no se usa para nada y armarlo ahí sería perfecto”.

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Por otra parte, Caruso Lombardi planteó que para terminar con el delito de los motochorros se prohíba circular más de una persona en moto: “No puedo creer que los motochorros hagan los desastres que hacen y no los paran”.

“Para mí no pueden ir más dos en una moto. No me vengas con chaleco, con número. Si ves a dos en moto que deje la moto, que se vaya y en 30 días la venís a buscar. La mayoría de esas son robadas. Si sabes que si van dos, uno se baja y te roba. Y si te dicen tengo novia no puedo ir solo, bueno comprale una moto a tu pareja”, remarcó.

/politica/2025/04/17/los-dos-ejes-de-campana-a-los-que-apuesta-santoro-para-ganarles-al-pro-y-la-libertad-avanza-en-caba/

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