“No tenemos la maquinita de hacer plata”, dijo el intendente de Sauce de Luna, Alcides Alderete, al momento de justificar la medida. Es la segunda población de Entre Ríos que entra en crisis por la caída de fondos. Sin embargo, el Gobierno provincial aseguró que no hubo pedido de asistencia.

El mandatario explicó que “para tener mayor liquidez y llegar a pagar la totalidad de los sueldos”, se llevó de $30 mil a $50 mil un adicional que cobraban los municipales. Es ese monto el que se integrará “en comestibles, ticket o bonos, como quieran llamarle”, expresó en declaraciones a un medio local.

Alderete, que tiene como oficio ser chofer profesional, subrayó que los $20 mil que se suman en mercadería al sueldo “supera la inflación” si se toma la remuneración de la categoría 10, una de las más bajas del escalafón.

“Es un bono comestible para paliar la situación actual”, redondeó. En este sentido, deslizó que durante el mes en curso habrá instancias a fin de evitar que esta forma de pago continúe. Además, confesó que mantiene “la ilusión de que esto mejore”.

Los bonos se podrán utilizar en el comercio local. “Se convocó a negocios de la ciudad que nos puedan dar a pagar con plazo para paliar esta situación económica”, detalló. En este contexto, la liquidación de haberes comenzó el miércoles 1° y culminará el martes 7.

“No tenemos la maquinita de hacer plata”

El intendente reclamó consideración a la planta de personal. “El empleado tiene que estar a la altura de las circunstancias. No tenemos la maquinita de hacer plata. Y el Gobierno nacional viene retrocediendo en materia de coparticipación y (la distribución de) ATN”, los aportes del Tesoro Nacional para desequilibrios, acotó.

“La coparticipación, que es casi el único recurso que tenemos, ha disminuido mucho”, adujo. En esa línea, trajo a colación el documento que rubricaron los intendentes de las principales ciudades argentinas el martes. Allí se expone la grave crisis financiera de los gobiernos locales. “En las comunidades chicas es peor”, graficó.

“En mi gestión se ha priorizado el aumento de sueldo a los empleados, acorde a los índices inflacionarios”, expuso. “Llevamos un 300%” de incremento de haberes, subrayó.

Alderete es el primer intendente peronista en la localidad desde la recuperación de la democracia. Ganó los comicios en 2023 y lleva dos años de gobierno. Sauce de Luna es una ciudad de apenas 3.300 habitantes. Está ubicada en la zona centro-norte de Entre Ríos, dentro del departamento Federal.

Respuesta del Gobierno

Lo ocurrido tomó por sorpresa a la administración provincial. Fuentes de primera línea indicaron a Infobae que ni Alderete ni ninguno de sus funcionarios tramitó ayuda financiera para atender los pagos de haberes.

“Estamos en contacto permanente con todos los intendentes de la provincia y no hay ningún otro municipio atravesando una situación de estas características. Es un caso aislado”, aseguró a este medio un funcionario con despacho cercano al gobernador Rogelio Frigerio.

Con cierto fastidio, agregó: “En términos generales, los municipios han logrado sostener sus cuentas en equilibrio. No estamos viendo una situación de crisis extendida en los gobiernos locales”.

Luego, consignó: “La semana que viene vamos a recibir a la Liga de Intendentes del PJ. No hubo ningún planteo previo ni del presidente Adrián Fuertes ni de otros mandatarios locales. No es un tema que aparezca como preocupación general del sector”, resaltó.

Antecedentes

Sauce de Luna es la segunda localidad de Entre Ríos que entró en crisis por la falta de recursos. Semanas atrás, La Providencia cerró sus puertas durante cinco días. “Se informa a la población que la Comuna esta semana permanecerá cerrada debido a la imposibilidad de sostener los servicios”, notificó el presidente comunal Edgardo Schneider.

“Desde que comenzó el 2026 estamos sin fondos. Esperemos sepan comprender la situación”, completó el titular del gobierno local.

La administración provincial aclaró que lo ocurrido se debía a una cuestión organizativa. “La situación se enmarca en el proceso de transformación institucional que convirtió a las juntas de gobierno en comunas a partir del 31 de diciembre”, el ministerio de Gobierno entrerriano.

“En relación puntual a La Providencia, la situación no responde a una falta de fondos por parte del Estado provincial”, aclaró la cartera. La explicación es que se necesita “completar los procedimientos administrativos requeridos para su percepción”.

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Montoneros, una historia visual es el cuarto libro de María O’Donnell sobre la guerrilla peronista y el más ambicioso: en lugar de centrarse en un episodio, abarca el ciclo completo. O’Donnell inició esta serie en 2015 con Born, el relato del secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, y la continuó con Aramburu (2020) y Born/Quieto (2023). Ahora narra desde el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970 hasta la derrota de la organización a comienzos de los ochenta: una década en la que Montoneros pasó de ser la guerrilla urbana más poderosa de América Latina a extinguirse.

Esta investigación rigurosa, en un contexto de renovado debate político sobre aquel período, sobresale también por su narración visual: el diseñador Fernando Rapa integró texto, fotografías, documentos de época, portadas de revistas, panfletos y fichas de inteligencia, muchos inéditos.

A continuación, un fragmento del Capítulo 4 de Montoneros, una historia visual. Es 1975 y la organización alcanza su máxima capacidad militar a la vez que se distancia de la realidad nacional. El gobierno usa un fallido asalto del recién formado Ejército Montonero para escalar la represión mientras la conducción penaliza a los militantes que hablen bajo tortura.

De una guerrilla a un Ejército Montonero

Jorge Rafael Videla se estrenaba por esos días como jefe del Ejército y La Opinión anticipó: “Las Fuerzas Armadas participarán activamente en la represión del extremismo, sin que eso signifique un despliegue en todo el país como el de Tucumán desde febrero pasado”.

En simultáneo, el Ejército Montonero irrumpió en acción, con todo y uniforme —pantalón, chaqueta y gorra azules— el 5 de octubre. Una unidad de combate asaltó el Regimiento 29 de Infantería del Monte, en Formosa, cerca de la frontera con Paraguay.

Habían secuestrado poco antes un avión de Aerolíneas Argentinas, que volaba desde Buenos Aires a Corrientes, y lo habían desviado al aeropuerto de Formosa, que también controlaban. Trece guerrilleros quedaron a cargo del Boeing 737 y otros veintiséis, en seis autos, se dirigieron al regimiento —donde contaron con la complicidad de un soldado que les abrió el portón— para “recuperar” armamento. Era domingo y los guardias, en su mayoría conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio, repelieron el ataque.

La escena, según el relato de Montoneros: “Nos tirotean. Este tiroteo comienza a los dos o tres minutos de haber iniciado el asalto. A partir de ese momento el fuego es impresionante […] Una verdadera batalla: los soldados —armados o desarmados en algunos casos— desobedecieron la orden de rendición, en todos lados presentaron una fuerte resistencia, y en algunos lugares esa resistencia fue suicida”.

Mataron al oficial Ricardo Massaferro —hijo de un militar que se había alzado con Juan José Valle contra Aramburu—, al sargento Víctor Sanabria y a diez conscriptos de dieciocho y diecinueve años. Murieron doce montoneros; los demás escaparon en el avión a una pista ilegal en Rafaela, Santa Fe. En el cuartel quedaron veinticuatro muertos; en las horas siguientes, tres vecinos de la zona, sin conexión con el ataque, fueron asesinados por el Ejército.

“Victoria del Ejército Montonero”, tituló Evita Montonera con un triunfalismo divorciado de los hechos. A pesar de los muertos y de que sólo habían obtenido cincuenta de los doscientos fusiles que esperaban llevar, evaluaron que la incursión había sido “exitosa”. Sólo criticaron un aspecto de la planificación: no habían tenido en cuenta el “bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona”. Una señal de la disociación creciente entre sus acciones y la percepción de la opinión pública.

Código de disciplina montonero: “Se puede ganar” a la tortura

El ataque al cuartel de Formosa facilitó que los militares obtuvieran vía libre para escalar el experimento represivo en Tucumán, ya sin límite geográfico. Con Isabel Perón de licencia, el presidente interino Ítalo Luder promulgó un decreto para habilitar “las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Si antes el objetivo principal a “aniquilar” había sido el ERP, ahora los montoneros se sumaban a esa categoría.

Gran parte de los actores políticos aceptaron las nuevas medidas, de carácter cada vez más excepcional. “Los acontecimientos —evaluó [la historiadora Marina] Franco— son inseparables de la escalada represiva gubernamental de los años previos. Sólo el conjunto de esos procesos, sumado a los efectos de las acciones guerrilleras de carácter cada vez más terrorista, pudo permitir que en 1975 los sectores militares pusieran en marcha y de manera abierta sus prácticas clandestinas de represión con relativa libertad de acción”.

La voz del radical Hipólito Solari Yrigoyen se alzó sola para denunciar el uso sistemático de apremios ilegales —picana, simulacros de fusilamiento y otras prácticas ilegales— por parte de los organismos de seguridad. Con la extensión de esos recursos a las fuerzas armadas, Montoneros identificó a la tortura como la principal amenaza a su supervivencia. Al mismo tiempo, sin embargo, relativizó la magnitud del desafío: “Es un combate y se puede ganar”, sentenció.

Un artículo en Evita Montonera argumentó, con una estadística casera, que los militantes podrían soportarla. Estimaron entre ochocientos y mil el número de “compañeros caídos en manos del enemigo”, el noventa y cinco por ciento de los cuales había atravesado “con éxito la tortura sin entregar ningún dato de importancia”. El silencio absoluto se impuso como un deber moral: “No hay salvación individual: el compañero que canta no alivia su situación y se destruye como persona, porque ha traicionado a los suyos”.

El margen de tolerancia que contemplaba el primer código de disciplina interno —veinticuatro horas a partir de la detención se consideraba un tiempo razonable para que se pusieran a resguardo bienes y personas ligadas al militante— dejó de existir oficialmente con la imposición del Código de Justicia Penal Revolucionario, en octubre de 1975. Se propuso un modelo de héroe absoluto, ya que no se establecía un límite de horas de silencio. Durara lo que durara el interrogatorio, durara lo que durara el tormento, quien hablara incurriría en el delito de traición.

A quienes pudieran encontrarse en esa situación, la publicación montonera aconsejó: no quedarse mudos, tener una historia plausible preparada y repetirla sin contradicciones; no creer nada de lo que dijera la policía, aunque sonara verosímil; no usar lenguaje militante; tener un domicilio “limpio” para entregar; “arbitrar los medios” para que los compañeros se enterasen en caso de caída; no llevar encima papeles “innecesarios”; recordar que “al que más sabe, más le dan” y “mostrarse como que ya se ha llegado al límite, exagerando siempre la manifestación de dolor, porque en general la tortura cesa cuando consideran que el detenido no da más”.

El nuevo código —que rigió a todos los integrantes de la organización sin distinción de rango— agregó entre las faltas la “conspiración”, la “deslealtad” y la “insubordinación”: figuras útiles contra críticas y desobediencias. Entre las sanciones enumeraba: pérdida del rango, detención en las cárceles del pueblo, quita de recursos en la clandestinidad, destierro, trabajos forzados, traslados dentro del país, expulsión y el fusilamiento —la pena de muerte a disposición de la cúpula— en casos de delación, mientras la represión recrudecía.

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