La agenda del presidente de Brasil en su próximo viaje a la Argentina genera una fuerte expectativa política. En medio de su participación en un encuentro regional clave, el mandatario manifestó su intención de realizar una visita de carácter personal a la expresidenta Cristina Kirchner, un gesto que requiere una autorización judicial y se contrapone con la ausencia de una reunión oficial junto a su par argentino, Javier Milei.

El arribo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva está programado para este miércoles por la noche. El mandatario brasileño aterrizará en la capital argentina para participar de una cumbre del Mercosur, donde además asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional. Su estadía será breve, ya que su partida de regreso a Brasil está prevista para el jueves después del mediodía.

La agenda oficial se centra en el organismo regional, pero el foco de atención se desvió hacia su pedido para visitar a Cristina Kirchner. La expresidenta cumple arresto domiciliario por la condena a seis años de prisión que recibió en la causa Vialidad. El encuentro solicitado se realizaría en el departamento de la exmandataria, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución.

Una de las reglas de conducta impuestas a Cristina Kirchner para cumplir su condena en el domicilio es la obligación de solicitar permiso para recibir visitas extraordinarias y justificar los motivos. Solo un grupo fijo de personas, que incluye a su custodia policial, médicos, familiares y abogados, tiene el ingreso autorizado sin necesidad de un trámite previo.

La defensa de la ex vicepresidenta apeló estas limitaciones y al uso de una tobillera electrónica ante la Cámara de Casación, pero por el momento permanecen vigentes. El abogado Alberto Beraldi tuvo que presentar el pedido formal de autorización para la visita del presidente brasilero ante el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Gonzalo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Los magistrados deben resolver en las próximas horas si habilitan el encuentro. La fecha y hora exactas de la posible visita se mantienen en estricta reserva para evitar aglomeraciones en la zona.

El Gobierno de Javier Milei espera una cumbre “fría” pero “productiva”, con el foco puesto en la ampliación de la lista de excepciones arancelarias, un paso que considera vital para un futuro acuerdo comercial con Estados Unidos.

Brasil llega con una batería de propuestas que chocan con la visión libertaria. Lula intentará imponer su agenda durante el semestre que presidirá el bloque, con iniciativas como la creación de un “Mercosur verde” y un mayor énfasis en políticas de derechos humanos.

En el reciente encuentro sobre el cuidado de los océanos en Niza, donde sostienen posiciones antagónicas sobre el cambio climático, ni siquiera se cruzaron. En la política internacional, el apoyo de Milei a Israel se contrapone con la postura más neutral de Lula.

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Los abogados Fabiola Yañez solicitarán 12 años de prisión para Alberto Fernández por las distintas agresiones que la ex primera dama sufrió a manos del expresidente, según la denuncia y la hipótesis de la Justicia. La causa tiene al expresidente procesado por tres distintos hechos violencia y se encamina al juicio oral.

La etapa de pruebas está concluida. Cuando la querella, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, realice el requerimiento de elevación y pida los 12 años de prisión, será el turno de la defensa del expresidente, en manos de la abogada Silvina Carreira, y luego del fiscal que instruyó el caso, Ramiro González, que en su dictamen acusó al exmandatario de lesiones leves y graves agravadas por un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.

El juez Julián Ercolini, que procesó al expresidente por algunos de esos hechos, será quien tenga la última palabra y decida si eleva la causa a juicio oral o falta alguna medida de prueba adicional.

El caso se inició en agosto de 2024, luego de se hicieran públicos algunos chats que evidenciaban las presuntas agresiones por parte del expresidente y la ex primera dama decidiera instar la acción penal contra él. Los mensajes que trascendieron inicialmente pertenecían a una conversación en la que Yañez le decía a la entonces secretaria del presidente, María Cantero, que su jefe le pegaba.

Tras la denuncia, el juez Ercolini imputó al expresidente, le prohibió el acercamiento a Yañez y dio inicio a un escarpado proceso judicial que incluyó un allanamiento al domicilio del expresidente, peritajes de teléfonos, recusaciones fallidas, informes de distintos profesionales de la salud y varios capítulos de una guerra mediática pero asordinada entre el expresidente y Yañez, con acusaciones y denuncias cruzadas entre ambos.

En su declaración indagatoria, donde no contestó preguntas del juez ni del fiscal, el expresidente arremetió contra el juez Ercolini −a quien intentó sin éxito correr del caso−, negó las acusaciones y pidió su sobreseimiento. A través de un escrito, sostuvo que jamás ejerció violencia física contra su expareja, y que si alguien fue agredido en la pareja fue él, que debió soportar insultos y maltratos varios, agresiones que asoció a los reconocidos problemas de Yañez con el alcohol.

“Ninguno de los testigos que han pasado por esta causa han visto o han conocido de algún modo que yo haya tenido semejante conducta”, afirmó. “En este tribunal me siento como en la embajada de una potencia extranjera: aquí no se aplica la ley argentina”, sumó.

En febrero de este año, el juez Ercolini procesó al expresidente por los delitos de lesiones leves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades−; lesiones graves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja−; y amenazas coactivas. Además, trabó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y resaltó la relación asimétrica entre ambos.

“Como todo supuesto de violencia de género, este también se encuentra asentado en una relación asimétrica de poder entre Fernández y Yañez. Así el desarrollo personal, profesional, la vida política y pública del imputado se encuentra por demás acreditado y se ve contrastado con el desarrollo que tuvo la víctima, incluso luego de iniciar la relación con el nombrado, se observa un bajo perfil”, afirmó el juez.

El procesamiento fue luego confirmado por la Cámara Federal.