La sesión en el Senado de la Nación destinada a debatir los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvo marcada por maniobras políticas y tensiones entre los bloques.

El oficialismo intentó hasta último momento evitar la realización de la sesión, tratando de no sufrir una derrota en la votación. La posibilidad de un rechazo mayoritario a los nombramientos, realizados previamente por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), generó un clima de incertidumbre y estrategias de último minuto.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, buscó abrir un espacio de negociación con el objetivo de postergar la sesión. Durante la reunión de Labor Parlamentaria, Atauche propuso aplazar el debate, pero encontró una negativa rotunda por parte de los bloques del PRO, la UCR y Unión por la Patria, quienes rechazaron la propuesta. “Ya lo hicimos una vez y no abrieron ninguna negociación”, fue la respuesta que recibió el senador.

Ante la falta de consenso, los libertarios exploraron una alternativa más controvertida: que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien estaba a cargo de la sesión debido a que Victoria Villaruel se encuentra ejerciendo la presidencia de la Nación, firmara un decreto para dar de baja la sesión. Aunque esta acción es una facultad de la presidencia del Senado, el argumento de evitar la sesión por temor a perder la votación fue calificado como un “potencial escándalo” por los bloques opositores.

La posibilidad de que Abdala tomara esta decisión comenzó a circular en los pasillos del Senado desde temprano. La presencia de personas vinculadas al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo alimentó las especulaciones. Un senador, que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó: “Es algo que puede hacer, pero es un enchastre”. Esta declaración refleja el rechazo generalizado a una medida que habría generado una fuerte controversia institucional.

En un último esfuerzo por modificar el curso de los acontecimientos, los libertarios intentaron incorporar al temario de la sesión el proyecto de ley de Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir que personas con condenas judiciales puedan ocupar cargos públicos. Sin embargo, esta propuesta también fue rechazada. Según explicó un legislador opositor, “no hay problema en tratarlo, pero esta es una sesión especial con un fuerte contenido institucional, no se puede mezclar todo”.

Los libertarios buscaban con ese intento la posibilidad de desviar la atención de una hipotética derrota en la votación por los jueces, vinculándola con el apoyo del kirchnerismo a Cristina Kirchner, quien tiene una condena por corrupción y sería alcanzada por una eventual ley de Ficha Limpia. Esto, sin embargo, no prosperó.

Esta opción generó un fuerte debate entre el senador Atauche y la senadora de UP, Anabel Fernández Sagasti, quien le reclamó que era una medida dilatoria del debate y le dijo que el peronismo “no tiene miedo” de tratar el tema y que si quería tratarlo que llame a una sesión “para mañana mismo”. Esto, por lo menos hasta ahora, no sucedió.

Finalmente, la sesión comenzó a la hora prevista, con los senadores preparados para exponer sus posturas. Unión por la Patria llevó a 32 de sus 34 senadores, los legisladores Marcelo Lewandoski y Carolina Moisés ingresar con un el quórum ya logrado. El PRO aportó dos senadores, Alfredo de Angeli y María Victoria Huala, y un número igual aportó la UCR con los senadores Martín Lousteau y Pablo Blanco. A este grupo se le sumó Francisco Paoltroni.

El ambiente en el recinto reflejaba las tensiones previas: algunos legisladores se mostraban confiados, mientras que otros evidenciaban incomodidad ante el debate. Sin embargo, el resultado parecía inevitable.

Desde la Casa Rosada no lograron anticipar la magnitud de la derrota, que se perfilaba como mayoritaria. Este episodio pone de manifiesto las dificultades del oficialismo para avanzar en decisiones clave en un contexto de fragmentación política y oposición fortalecida.

Facundo Manes,Santiago Caputo

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que presentará una denuncia contra el juez Santiago Martín Huaiquil por haber ordenado a la obra social provincial Seros cubrir una cirugía estética de feminización integral. La intervención, que abarca múltiples procedimientos estéticos, generó controversia debido a que su costo supera el de algunos tratamientos oncológicos.

En un mensaje en redes sociales, Torres calificó al magistrado de “demagogo, irresponsable e ignorante”. El gobernador sostuvo que este fallo pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud provincial. Según su declaración, la cirugía ordenada implica un gasto significativo que excede ampliamente los costos de los tratamientos oncológicos más caros que enfrenta la provincia. Por lo tanto, subrayó que su administración no permitirá que un “juez ideologizado y populista” cause el colapso de la obra social.

Torres también recordó que, al asumir su mandato, la obra social de la provincia presentaba un déficit de más de 6.000 millones de pesos y que fue necesario un arduo trabajo para sanear sus finanzas. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica”, agregó, al alertar sobre el riesgo que representa este tipo de decisiones para los ciudadanos de Chubut.

El fallo del juez Huaiquil obliga a Seros a cubrir diversos procedimientos estéticos, entre los que se incluyen feminización facial, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas, cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula y transferencia de grasa facial, además de la cobertura sanatorial y los honorarios médicos. Torres puntualizó que estas intervenciones, orientadas a modificar la apariencia de género, no corresponden a una cobertura obligatoria por parte de la obra social provincial.

El gobernador también anunció que el Estado provincial revisará otros amparos judiciales y fallos que ordenen a Seros cubrir prestaciones que, según su criterio, no deben ser asumidas por el sistema de salud. “Cada vez que nos encontremos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, vamos a dar todas las peleas necesarias”, concluyó Torres.

Semanas antes, el gobernador también había anunciado la denuncia penal contra prestadores de la obra social provincial SEROS por falsificaciones de recetas, firmas y estudios médicos con el objetivo de obtener beneficios económicos.

La causa se caratuló como defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento y, eventualmente, asociación ilícita. El perjuicio económico exacto para la obra social será determinado a medida que avance la investigación judicial.

“Tomamos la decisión de intervenir el instituto y normalizarlo. Se hizo una auditoría cuando notamos que se habían disparado algunas prestaciones y decidimos ir a fondo. Agradezco a los trabajadores y al personal del instituto”, expresó Torres. En ese marco, destacó que el proceso de control y depuración permitió un ahorro fiscal de más de 1.000 millones de pesos en esta primera instancia.

Según el informe elaborado por el área de Auditoría Médica del ISSyS, el caso que refiere a una profesional del rubro de la Psiquiatría, expuso que en el lapso de tiempo entre noviembre y diciembre del año 2024, la médica cometió diversos hechos que resultan encuadrar en conductas penadas por el código penal sustantivo. En su calidad de profesional de la salud, y prestadora de servicios del Instituto, realizó facturaciones psiquiátricas en nombre de afiliados que no habrían recibido atención médica de su parte, ni se habrían entrevistado con ella en ninguna ocasión.

Por otro lado, de la auditoria médica realizada surge que la profesional prescribió, en diversas oportunidades, recetas para medicamentos psiquiátricos en nombre de afiliados que no necesitaban de los mismos.

Dichas recetas habrían sido utilizadas para retirar medicamentos de diversas farmacias de manera mensual por la denunciada, generando un impacto económico aproximado, a partir de dicha maniobra fraudulenta, que asciende a $1 millón en perjuicio de los afiliados del Instituto.