Alejo Ramos Padilla, el juez kirchnerista que había dictado una medida cautelar que le impedía a Manuel García-Mansilla tomar decisiones en la Corte Suprema tras el rechazo del Senado a su pliego, declaró este jueves “inconstitucional” su nombramiento por decreto, al igual que la designación de Ariel Lijo.

El magistrado hizo abrir el juzgado en pleno feriado para definir un fallo de significado político, ya que el camino de García-Mansilla y Lijo a la Corte fue frustrado semanas atrás por el Senado.

En el punto central de su definición, Ramos Padilla declara la “inconstitucionalidad” del decreto 137 de 2025, mediante el que se dispuso la designación en comisión como jueces de la Corte Suprema de Justicia de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión», argumentó Ramos Padilla.

La decisión fue interpretada en el ámbito judicial como una maniobra del juez para congraciarse hacia el interior del kirchnerismo, ya que la controversia había quedado abstracta.

El magistrado sostuvo también que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

Ramos Padilla había mostrado desde el inicio de la causa interés por incidir en el futuro de la Corte. Antes de la votación del Senado dio a conocer su cautelar contra García-Mansilla. Además había lanzado advertencias públicas al resto de los cortesanos para que evitaran cualquier sentencia de García-Mansilla, al menos durante los tres meses que regía su cautelar, en otra muestra de su preocupación por ser protagonista de la controversia.

El magistrado platense intervino a partir de una acción colectiva de amparo.

Ramos Padilla dijo que en ese entonces, pese a que estaba en condiciones de dictar la cautelar, postergó su decisión debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel ya había convocado a la sesión especial en la que los senadores rechazaron ambos pliegos por amplia suma de voluntades.

Ramos Padilla señaló que en la reforma constitucional de 1994 se establecieron “mecanismos especiales” para la designación de los magistrados, tanto de los inferiores como los de la Corte Suprema, para los que se incorporó la obligación de que tengan dos tercios de los respaldos en el Senado.

Este jueves, finalmente, Ramos Padilla sacó un fallo sobre la controversia de fondo, a pesar de que el tema estaba saldado.

Cuando el 1° de agosto de 2022, el fiscal Diego Luciani acusó a los Kirchner de haber instaurado en el país «una de las matrices más extraordinarias de corrupción» abrió así un camino muy complejo para la familia presidencial. Aquel día, el representante del ministerio público en el juicio conocido como «Vialidad» catalogó a Cristina como «jefa de una asociación ilícita» formada para (y dedicada a) robarle al Estado.

Porque si bien el 6 de diciembre de ese año los jueces condenaron a la expresidenta por un delito menor (administración fraudulenta), Luciani dejó un surco que luego retomó su colega ante la Cámara de Casación, Mario Villar, que insistió con la pena mayor de 12 años.

El siguiente paso también es conocido: el 13 de noviembre de 2024, los jueces del máximo tribunal penal volvieron a desechar el pedido de la Fiscalía, ratificaron la sentencia original, y el caso quedó listo para subir a su última instancia, la Corte Suprema de la Nación.

Este miércoles 16 de abril de 2025, la causa Vialidad volvió a ser noticia: el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había recibido el recurso de Cristina para revertir el fallo. En paralelo, corre el reclamo de Villar, que le solicita a la Corte ir en sentido contrario y profundizar la pena.

¿Qué puede pasar ahora? Aunque en la Procuración, previsiblemente, el hermetismo sobre la decisión es total, en el mundo jurídico el pronóstico no es bueno para la expresidenta. «Si se sigue la lógica, Casal debería como mínimo confirmar lo que dijeron Luciani y Villar. Se supone que si como jefe hubiese visto algún desvío extraño, se tendría que haber corregido antes», explica una fuente que sigue minuto a minuto el caso.

La Corte, a través de una secretaría (no de sus ministros), se tomó tres semanas para definir si aceptaba opinar sobre el recurso de Cristina. Antes, analizó también otros pedidos que venían de exfuncionarios y empresarios condenados por el caso Vialidad. No hay precisión sobre los tiempos de Casal.

«Debería resolver relativamente rápido», especuló una fuente judicial. «No debería pasar de un mes», completó. Importante: lo que defina la Procuración no es vinculante. Es decir, así Casal diga que Cristina es inocente como argumenta su defensa o sugiera que hay que duplicarle la pena como reclama el fiscal general, los miembros de la Corte puede decidir en contrario.

Esta celeridad entre la confirmación de Casación y una eventual opinión del procurador Casal no significa, sin embargo, que la decisión de la Corte sea inminente. Ni siquiera está claro que vaya a ocurrir en este año electoral. Esta demora en los plazos (ganar tiempo) es por ahora la mejor estrategia judicial de la expresidenta.

«Una vez que Casal opine y esté consolidado el expediente, recién ahí se decidirá cuándo se pone a trabajar el secretario penal», amplía una fuente.

La Corte, se recuerda, se encuentra en una situación de funcionamiento particular: está integrada por sólo tres de los cinco miembros que prevé la ley. El presidente Horacio Rosatti, el vice Carlos Rosenkrantz y el vocal Ricardo Lorenzetti.

Tuvo un cuarto miembro de paso fugaz: Manuel García-Mansilla. El presidente Javier Milei lo había nombrado en comisión, pero cuando el Senado rechazó su pliego y en medio de una fuerte presión, terminó renunciando. Este jueves se oficializó su salida en el Boletín Oficial.

Ariel Lijo, el otro candidato de la Casa Rosada, no llegó ni a eso. Como se negó a renunciar a su cargo como titular de un juzgado federal, la Corte no le tomó juramento ni siquiera en comisión.

Por eso, para fallar, en el máximo tribunal hoy mayoría es sinónimo de unanimidad: se necesita que los tres jueces estén de acuerdo. Si no, se necesita llamar a conjueces para desempatar. Todas estas anormalidades, en general, implican mayores demoras.

El camino más rápido sería que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti coincidan en rechazar los recursos de Cristina y el fiscal y dejen firme la condena. ¿Y si esto ocurriera después de una eventual elección de la exmandataria como diputada nacional, con los respectivos fueros? Igual debería cumplirla.

Cualquier otra decisión, ya sea para morigerar o agravar la pena, implicaría nuevos plazos judiciales y más tiempo para Cristina.