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Inhibieron los bienes de Alberto Fernández por la investigación de la causa de Nación Seguros

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El juez federal Sebastián Casanello ordenó reponer la inhibición general de bienes sobre Alberto Fernández y otras 51 personas físicas y jurídicas, en el marco de la investigación por contrataciones irregulares de seguros en dependencias del Estado durante su gobierno. La medida, que ya se había dictado en abril de 2024 por el juez Julián Ercolini, fue en su momento revocada por la Cámara de Apelaciones, pero ahora vuelve a estar vigente tras lo que Casanello calificó como “notorios avances” en la causa.

La nueva resolución afecta al expresidente, a exfuncionarios, empresarios y brokers de seguros, así como a una docena de sociedades vinculadas al rubro. Entre los mencionados figuran Héctor Martínez Sosa, María Marta Cantero, Mauro Tanos y empresas como TG Broker S.A., Bachellier S.A., BRI Brokers S.A., San Ignacio S.A. y dos cooperativas, 7 de Mayo e Irigoin, presuntamente utilizadas para desviar fondos de manera fraudulenta.

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Héctor Martínez Sosa

Casanello describió la existencia de tres grupos de brokers. El primero, liderado por Martínez Sosa, habría contado con vínculos personales con el expresidente y su secretaria, Cantero. El segundo, comandado por Pablo Torres García, incluye firmas como TG Broker S.A. y París Broker de Seguros S.A.. El tercero gira en torno a Oscar Castello, con su empresa Castello Mercuri S.A. y Service Risk S.A.. Todos ellos habrían intervenido en maniobras de direccionamiento de contratos desde organismos estatales hacia empresas afines.

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Además, la Justicia detectó una trama paralela con participación del exfuncionario de Nación Seguros, Mauro Tanos, en maniobras de facturación simulada mediante cooperativas. Según Casanello, se evidenció “la presencia de profundos conflictos de interés en las más altas esferas de la Administración” y un presunto sistema de desvío de fondos públicos.

La medida busca preservar los bienes de los implicados ante una eventual responsabilidad penal o patrimonial. La causa sigue su curso mientras se profundiza el análisis de documentación secuestrada y pericias que, según el magistrado, “robustecieron la hipótesis de imputación”, en un expediente que pone bajo la lupa la gestión de seguros en el Estado durante la presidencia de Fernández.

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¿Realmente se pone fin a la «puerta giratoria»? La Legislatura de Chubut aprueba la reiterancia delictiva

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En una sesión realizada este martes, la Legislatura de Chubut aprobó, por amplia mayoría, un proyecto impulsado por el Ejecutivo de Ignacio Torres que introduce el concepto de reiterancia delictiva en el Código Procesal Penal de la provincia. Esta modificación, aclamada por los legisladores oficialistas, busca combatir lo que se ha denominado la “puerta giratoria”, un fenómeno donde los delincuentes, tras cometer delitos, quedan en libertad rápidamente, reiniciando el ciclo delictivo.

Sin embargo, aunque la medida se presenta como una solución a la impunidad, es importante preguntarse: ¿realmente es suficiente? El proyecto modifica dos artículos clave del Código Procesal Penal, evaluando la reincidencia como un riesgo para el proceso judicial. Se establece que una persona que enfrente múltiples causas en trámite podría ser vista como un peligro procesal, y en consecuencia, se podría prevenir su liberación antes de una condena definitiva.

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María Andrea Aguilera, diputada del bloque oficialista Despierta Chubut, destacó la importancia de esta medida al explicar que evita que los delincuentes vuelvan a la calle antes de ser condenados, pero no dejó claro cómo se implementarán estas medidas en la práctica, ni cuál será el control real sobre los acusados con múltiples causas pendientes. La figura de la “puerta giratoria” ha sido un tema recurrente en las discusiones públicas, pero esta solución aún deja vacíos que podrían ser aprovechados por los delincuentes.

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Por su parte, Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, se mostró entusiasta con la aprobación, señalando la sensación de impunidad que sienten los ciudadanos, pero también se olvidó de aclarar si la medida será capaz de abordar las deficiencias estructurales del sistema judicial y penitenciario, que continúan siendo un factor clave en la perpetuación de estos problemas.

Por otro lado, también se aprobó la adhesión a la Ley de Transparencia Fiscal al Consumidor, una medida que promete proporcionar mayor información sobre los impuestos incluidos en los productos que compran los ciudadanos. Sin embargo, el verdadero reto es saber si esto realmente impactará en la economía de las personas o si quedará como otra medida superficial, sin un real impacto sobre las políticas fiscales o el control de precios.

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Mariano Cúneo Libarona y Mariano Federici se cruzaron por la decisión del Gobierno de limitar a la UIF como querellante en causas de corrupción

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Luego de que el Gobierno publicara el Decreto 274/2025, mediante el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) dejó de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos, Mariano Federici -titular del organismo entre 2016 y 2019- cuestionó la medida alegando que el Gobierno debilita organismos de control autónomos porque “persiguen proyectos de poder”. Desde el Ejecutivo, quien salió a refutar sus dichos, fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el cual sostuvo que lo que se busca es sanear “moralmente” las instituciones.

La decisión, que fue publicada el 17 de abril, tiene como justificación que la Argentina es un caso aislado en el mundo en cuanto a la intervención de las unidades de información financiera en causas judiciales, según pudo saber . Y si bien jurídicamente no estaría prohibida su intervención, la intención del oficialismo es que deje de intervenir como parte actuante.

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Sobre esto se expresó Federici, en un posteo en su cuenta de X titulado “La diferencia entre un proyecto de poder y un proyecto de Nación”, en el que no hizo alusión al tema ni mencionó a funcionarios del Gobierno. “Mientras el primero sirve a intereses particulares y promueve pactos conducentes a la conquista, el mantenimiento o la expansión del control político, el segundo se orienta hacia un horizonte de interés común, y promueve consensos duraderos sobre la base del respeto a la legalidad y la institucionalidad”, escribió al comienzo de la publicación.

Debilitar a organismos de control autónomos extirpandoles facultades es típico de quienes persiguen proyectos de poder, porque estas instituciones, cuando son realmente autónomas, imponen límites, equilibran el ejercicio de la autoridad, y previenen abusos”, dijo el abogado y agregó: ”Sin organismos de control fuertes se debilitan los frenos y contrapesos y se impone la discrecionalidad del que manda sobre la razonabilidad».

Mariano Federici, extitular de UIF en el gobierno de Mauricio MacriArchivo

En ese sentido, consideró que “los proyectos de poder suelen también invitar a los aparatos de inteligencia estatal a entrometerse en la vida de sus propios ciudadanos”. Evaluó que se trata de “un recurso típico de quienes ejercen el poder con sesgos autoritarios y necesitan sofocar voces críticas para afianzar su mando”. En tanto que indicó que cuando se desvía “el espionaje estatal”, “se convierte en una herramienta de represión encubierta”.

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Entre líneas identificó que la administración de La Libertad Avanza sería un “proyecto de poder” que “promueve la impunidad”. “La impunidad protege a los corruptos, encubre delitos y normaliza la arbitrariedad. Es el cemento que mantiene unida a la verdadera casta, garantizando que nadie deba rendir cuentas. Donde hay impunidad, no hay ley ni justicia; y sin ley ni justicia no hay Libertad ni proyecto de Nación posible”, arremetió.

Más tarde, llegó la respuesta del ministro de Justicia. El funcionario interpretó que en los dichos de Federici “escasean las ideas” y que se refería a la eliminación de la facultad de querellar de la UIF. Con eso en mente, inició: “Como la confusión y la mentira son herramientas cada vez más comunes en el espacio político al que pertenecés (si es que ese espacio sigue existiendo), voy a hacer algunas aclaraciones“.

La UIF fue utilizada tanto durante los gobiernos del Kirchnerismo como por el de Macri, en el que eras titular del organismo, para perseguir opositores. Por eso nosotros decidimos despolitizar la UIF, quitándole la facultad de querellar, como hacen todos los países del mundo menos dos”, sostuvo, algo similar a las justificaciones que dio el Gobierno en los considerandos de la norma.

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Aunado a ello, expuso: “La decisión responde además a la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que supervisa a la UIF, que advirtió a la Argentina sobre la necesidad de que su UIF deje de intervenir en causas judiciales ya que interfiere con su verdadera función. En el informe final textualmente el GAFI dijo que ‘le preocupa el uso selectivo de querellas, en algunos casos relacionados con la corrupción, especialmente luego de cambios de gobierno’. Me imagino que se refieren, entre otros, al tuyo”.

Por último, resaltó: “Los cambios que se realizaron en la UIF están alineados con la vocación de este gobierno de un saneamiento moral de las instituciones del Estado. Esto se logra respetando la división de poderes y poniendo a los organismos a actuar en las competencias para lo que fueron creados. Las frustradas experiencias pasadas nos sirven para no cometer los mismos errores de los que nos precedieron, en los que tu mala actuación es de particular ayuda”.

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Los dilemas que jaquean a Moyano: paritarias desfasadas, pérdida de poder sindical y conflictos con el sello familiar

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El titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, tiene varios dilemas en estas horas. El más acuciante es el reclamo de reapertura de las paritarias (su último aumento fue del 3,2% para el trimestre marzo-mayo), teniendo en cuenta la situación económica de su actividad y procurando no romper -por ahora- relaciones con el Gobierno.

Pero no es el único. Todavía no logra recuperar su época de esplendor sindical en medio de las dificultades que impone un gobierno como de el de Javier Milei, que no alcanza a decodificar, es uno de ellos, mientras se suman la pérdida de influencia de su liderazgo en el gremialismo y, consecuentemente, en la política, además de la ausencia de una figura fuerte en el Sindicato de Camioneros en condiciones de ponerse al frente de la CGT o, al menos, de incidir en su estrategia.

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Ya sin el lastre de tratar de controlar a un dirigente díscolo como su hijo Pablo, ahora dedicado a presidir el club de fútbol Camioneros, el líder sindical no puede resolver la aguda crisis financiera de su obra social, siempre amenazada por la posibilidad de una auditoría del Gobierno (algo que vendría frenando un dirigente de la CGT de excelente vínculo con los libertarios). Y sospecha que, pese a no quiere una pelea frontal con Javier Milei, hay funcionarios nacionales que fogonean conflictos como el que atraviesa hoy Corredores Viales sólo porque su hijo Facundo es el secretario adjunto del Sindicato de Peajes.

Hugo Moyano, con sus hijos Facundo, Hugo y Jerónimo

Pero lo que desvela en este momento a Moyano es el tema salarial. Aún no pidió a las cámaras empresariales la reapertura de las paritarias, pero lo analiza porque su último acuerdo, firmado el 21 del mes pasado, estuvo una vez más alineado con la pauta del Gobierno y representó una mejora de poco más del 1% mensual, cifra que, como sucede en convenios de otros sindicatos, quedó desfasada ante una inflación de marzo que subió al 3,7% respecto al 2,4% registrado en febrero.

El Gobierno monitorea de cerca cualquier reclamo salarial y luego del levantamiento del cepo está tratando de contener los aumentos para evitar que impacten en la inflación. Por eso en la Secretaría de Trabajo ya tendieron nuevos puentes hacia Moyano para sondear si irá a la pelea por otro aumento. Desde las bases de Camioneros comienza a sentirse la presión para recomponer los sueldos. Y los empresarios están alertas: “El gremio debería esperar. Tenemos cláusula de revisión en el tramo final del acuerdo, que es en los primeros días de junio; es decir, en menos de 60 días”.

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En su momento de mayor poder, Moyano pactaba aumentos importantes que servían de referencia para el resto de los sindicatos. Desde hace unos 6 años, en otra demostración de su fuerza en declive, Camioneros viene firmando incrementos por debajo de la inflación. Según un estudio de la consultora Analytica, entre marzo de 2018 y julio de 2023 el gremio registró una caída salarial del 26% y fue el que lideró el ranking de los retrocesos de ingresos reales frente a la inflación.

Pablo Moyano reapareció en la marcha del 24 de marzo en repudio del golpe militar de 1976

Desde octubre pasado se produjo una sucesión de hechos sorpresivos que estuvieron unidos por un hilo conductor: el retroceso del poder hegemónico de Moyano. Primero, el gobierno de Jorge Macri selló la paz con Camioneros en el fuerte conflicto que se perfilaba en la Ciudad de Buenos Aires por el reclamo del sindicato de indemnizaciones para los 6.000 trabajadores de recolección de residuos, que implicaban el pago de 200 millones de dólares. La moderada decisión del líder sindical tuvo secuelas inesperadas: hubo cuestionamientos de empleados del sector (con gritos de “Pablito traidor” incluidos) a un acuerdo rubricado sin pagar indemnizaciones y poniendo fin a la famosa “Ley Moyano”.

Luego, los contratiempos para Moyano incluyeron desde el armado de una federación paralela que impulsa el titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, con dirigentes de Córdoba, Jujuy, San Luis, Entre Ríos y Tucumán, para disputarle el poder en las elecciones gremiales de 2025, hasta la creación del primer sindicato de empleados jerárquicos de recolección de residuos (APJERR), que lidera Jorge Silva, ya instalado como un referente de la actividad. Y no se puede dejar de mencionar que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dos sindicalistas de la estructura moyanista, siguen presos por extorsionar y bloquear a una empresa en San Pedro.

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A fines del mes pasado, como otro signo de estos tiempos esquivos, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le dio un duro golpe a Moyano al rechazar la apelación para declarar nulo el convenio colectivo por empresa firmado entre Mercado Libre y el Sindicato de Carga y Descarga, que lidera Daniel Vila. Así se puso fin a un largo litigio por el encuadramiento sindical del personal de logística que se desempeña en los centros de distribución de la compañía de Marcos Galperin.

Protestas del Sindicato de Peajes en la autopista Ricchieri

En el moyanismo, por otra parte, creen que hay motivaciones políticas y personales en el conflicto que originó el Gobierno cuando se terminó la concesión de Caminos del Río Uruguay (Crusa), a cargo de las rutas nacionales 12 y 14, y quedaron en la calle unos 500 trabajadores. Cuando el Sindicato de Peajes, que encabeza Florencia Cañabate, secundada por Facundo Moyano, inició paros en solidaridad con los empleados de Crusa que afectaron la autopista Ricchieri, el Gobierno despidió a 117 trabajadores por considerar “ilegales e ilegítimas” las protestas y se profundizó el conflicto. “Pelearse con alguien que se llama Moyano les reditúa políticamente”, dicen cerca del líder de Camioneros.

Facundo Moyano, paradójicamente, tenía una mirada más tolerante hacia las políticas del Gobierno apenas asumió (“No es momento de poner palos en la rueda, dijo por entonces), e incluso luego afirmó que “todos los ajustes que se están haciendo en el gasto público en muchas cosas que estaban de más no son discutibles”, aunque su postura contra Milei se fue tornando cada vez más crítica. ¿La postura irreductible del Gobierno en el conflicto de Corredores Viales es una señal de advertencia a Hugo Moyano, que pactó salarios dentro de la pauta oficial pero apoyó el paro general de la CGT?

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Hugo Moyano y Octavio Argüello, miembro del triunvirato de la CGT

¿Qué hará Hugo Moyano? En sus charlas privadas no oculta sus fuertes cuestionamientos a las medidas de la Casa Rosada, pero en público parece haber delegado la exteriorización de las quejas en Octavio Argüello, el representante de Camioneros en el triunvirato de la CGT tras la renuncia de Pablo Moyano, quien hace pocos días opinó sobre el levantamiento del cepo: “Es una gran mentira. La inflación va a ser superior el mes que viene. El plan de gobierno honestamente fracasó”.

Los dilemas de Moyano son muy difíciles de resolver. No son los que tenía antes de que Néstor Kirchner le diera un poder político y económico que hizo posible “la patria camionera”. Pero son similares a los que tienen muchos de sus pares en esta época inclemente para el poder sindical.

octavio argüello,hugo moyano

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