El presidente Javier Milei informó un patrimonio de 206 millones de pesos en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). El mandatario declaró los mismos bienes muebles e inmuebles que presenta en sus informes públicos desde que era diputado nacional: un departamento en la Capital Federal y dos vehículos.

Su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, declaró $11 millones.

El jefe del Estado elevó en un 64% su patrimonio, que llegó a los $206.046.375,48. El aumento se debe a la revaluación de sus bienes. Cuenta con una propiedad de 100 metros cuadrados, en la Capital Federal, valuada en $38.419.071,20, que tiene desde el año 2000. Los dos vehículos que declaró ingresaron a su patrimonio en los años 2013 y 2019: son un Peugeot CRZ Coupé, modelo 2013, valuado en $16.254.200, y una camioneta Mercedes Benz Sprinter, modelo 2015, cotizada en $20.173.600.

Milei declaró que cuenta con US$20.000 en efectivo, el mismo monto que expuso en su declaración anterior (expresados en pesos en la declaración, son $20.580.000). En depósitos en el país, el Presidente tiene US$65.542,49.

En el período fiscal anterior, Milei había informado un patrimonio de $125.640.891,45. En 2024, sumó $80.405.484 a la valuación de sus posesiones.

Karina Milei, en tanto, declaró un patrimonio de $11.401.021,93. En 2023, había informado ante la OA posesiones por $3.548.270,42. También por efecto de la revaluación de sus bienes, el valor de su patrimonio se triplicó.

La secretaria general de la Presidencia cuenta con un departamento de 150 metros cuadrados, con cochera, en la localidad bonaerense de Vicente López, valuado en $3.992.825,14. En 2023, esa propiedad se declaró en $1.833.559.

La hermana del Presidente no declarar dólares ni en efectivo ni tampoco depositados en el país. Tiene $4.260.081 pesos en una caja de ahorro, y un crédito impositivo de poco más de 2,4 millones de pesos.

Según las declaraciones juradas del período 2023, los funcionarios más acaudalados del Gobierno son el canciller, Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Werthein declaró $85.553.932.433,86; Caputo, $15.951.090.088,02, y Cúneo Libarona, 12.242.817.159,25. Milei figuraba en ese listado en el octavo puesto.

La Oficina Anticorrupción, que maneja de las declaraciones juradas, tiene como jefe a Alejandro Melik. Él fue denunciado por los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, por haber firmado una resolución en la que se desliga al Presidente de toda responsabilidad en el caso de la criptomoneda $LIBRA.

El Gobierno acelera la venta de empresas públicas, pero el Congreso todavía no activó la única herramienta institucional prevista para monitorear el proceso: la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. A más de un año de sancionada la Ley Bases -que habilitó la venta de seis compañías estatales- el órgano parlamentario nunca fue constituido.

La comisión debería estar integrada por doce legisladores: seis senadores y seis diputados, designados por sus respectivas cámaras. En Diputados, los representantes ya están definidos: Victoria Borrego (Coalición Cívica), Florencia Carignano y Ana María Ianni (Unión por la Patria), Pablo Cervi (UCR–Liga del Interior), Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) y Diego Santilli (Pro).

En el Senado también hubo avances. Ya fueron formalizados Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal). Pero el conflicto se desató cuando Unión por la Patria pidió tres lugares para Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Alicia Kirchner. Desde la presidencia del Senado -a cargo de Victoria Villarruel– exigen que reduzcan la representación a dos. El desacuerdo mantiene bloqueado el funcionamiento del órgano que debería recibir información clave, coordinar con organismos de control, emitir dictámenes y supervisar la transparencia de cada proceso de privatización.

En medio del estancamiento, oficialismo y oposición se acusan mutuamente: desde La Libertad Avanza responsabilizan al kirchnerismo por haber enviado más nombres de los que les corresponden, mientras que desde UP denuncian que el Gobierno busca recortarles representación. La disputa se arrastra desde el año pasado, cuando se repartieron los lugares de las comisiones.

En otros casos, la presidencia del Senado resolvió diferencias similares tomando los primeros nombres de las listas y dejando afuera el excedente. Pero esa voluntad política no se aplicó en este caso.

Durante el último informe del jefe de Gabinete, Juan Carlos Romero -integrante de la comisión y aliado habitual del oficialismo- apuntó directamente contra el Congreso por la demora. Señaló que la bicameral “estuvo mucho tiempo sin funcionar”, pero recordó que incluso en los años ’90, “que para muchos fue la peor época de privatizaciones”, la comisión sí operó. “Es un mecanismo para recibir información -explicó-. Incluye emitir dictámenes no vinculantes, pero le permite al Congreso tomar conocimiento de los actos administrativos”.

Romero aseguró que ya están dadas las condiciones para su constitución: “Diputados envió los integrantes, el Senado tiene los suyos, y ya vamos casi dos años de mora”. Según dijo, le comentaron que “el bloque oficialista está pidiendo no constituirla” y advirtió que “a nadie le gustan las críticas, pero esa es la labor de la oposición”.

El bloqueo de la comisión se suma a otro vacío institucional: la Auditoría General de la Nación (AGN) -organismo encargado de evaluar legal y financieramente cómo se dio cada privatización- está prácticamente inactiva. Desde abril, carece de integrantes: seis de sus siete auditores tienen el mandato vencido. El Congreso aún no logró acordar los nuevos nombramientos, y la parálisis mantiene decenas de auditorías frenadas.

La AGN tiene un doble rol en el proceso. Por un lado, el control posterior de cada operación. Por otro, una función de colaboración permanente con la Comisión Bicameral mientras las privatizaciones están en marcha. Sin uno ni otro funcionando, el Congreso mira de costado mientras el Poder Ejecutivo avanza con la venta de activos del Estado.

En este escenario de control ausente, el Ejecutivo ya inició procesos de privatización sobre las empresas que se habilitaron en la Ley Bases:

Hasta ahora, la única operación cerrada fue la venta de Impsa, la metalúrgica mendocina estatizada en 2021. El grupo estadounidense Arc Energy adquirió el 85% del paquete accionario por US$27 millones y asumió una deuda de US$576 millones.

Reacciones opositoras

Frente a la avanzada oficial, legisladores de Unión por la Patria comenzaron a presentar iniciativas para frenar -o al menos condicionar- las privatizaciones. En el Senado, Eduardo “Wado” de Pedro propuso blindar a AySA mediante una serie de reformas que incluyen la exclusión de la empresa de cualquier proceso de venta, la exigencia de mayorías agravadas para modificar su objeto social y la derogación de los decretos que habilitan su privatización.

“AySA no es sólo una empresa: es salud pública y desarrollo para millones de familias”, advirtió el exministro del Interior. Sus proyectos también rechazan la posibilidad de suspender el servicio por falta de pago y sostienen que el acceso al agua es un derecho humano garantizado por compromisos internacionales.

En la Cámara baja, la diputada Victoria Tolosa Paz acusó al Gobierno de haber deteriorado deliberadamente el funcionamiento de la empresa para justificar su privatización. “El gobierno de Milei redujo al mínimo el funcionamiento de la empresa, paralizó las obras y eliminó los controles de calidad, para que el servicio sea malo y así poder venderla más barata a sus amigos”, sostuvo. Junto a otros legisladores del bloque presentó un proyecto que rechaza los decretos del Poder Ejecutivo por considerar que vulneran el Convenio Tripartito entre la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional que establece el marco para la provisión de agua potable.