POLITICA
Exauditores con mandatos vencidos siguen cobrando sueldos millonarios en la AGN como “asesores”

La Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control del Estado, atraviesa una situación de irregularidad institucional que genera preocupación puertas adentro y un fuerte malestar público. Pese a haber finalizado sus mandatos, cuatro exauditores —Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro Nieva— continúan operando dentro del organismo como miembros de un consejo consultivo recientemente activado.
La figura, creada en 2023 por ellos mismos a través de una resolución interna, fue puesta en marcha con el aval del actual presidente de la AGN, el peronista Juan Manuel Olmos.
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En un contexto de acefalía virtual por la falta de renovación de autoridades por parte del Congreso, este consejo asesor se presenta como una suerte de “parche institucional” que, sin embargo, permite que los exauditores sigan percibiendo remuneraciones elevadas. Según fuentes de la AGN, los integrantes del consejo cobran el sueldo correspondiente a la categoría 1 del escalafón —la más alta de la planta permanente— lo que ronda los 8 millones de pesos mensuales.
Desde la AGN intentan justificar la situación como una medida transitoria para evitar el freno total de las auditorías en marcha.“Tenemos que garantizar que la AGN siga funcionando”, declaró Fernández, quien preside el nuevo consejo. Aun así, los informes técnicos que surjan de estos trabajos no podrán ser aprobados oficialmente hasta que se renueve el colegio de auditores, lo que deja al organismo en una situación de parálisis efectiva.
La responsabilidad primaria recae en el Congreso, que lleva más de un año sin consensuar los nombres que deben asumir los cargos vacantes. La fragmentación política, especialmente entre los bloques libertarios y la oposición tradicional, impidió hasta ahora cualquier tipo de acuerdo. El resultado es una AGN sin rumbo, donde todo sigue como si nada hubiera cambiado, aunque la legitimidad institucional esté comprometida.
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En rigor, la crisis institucional comenzó en 2024, cuando vencieron los mandatos de tres auditores representantes de Diputados. Este mes se sumaron las salidas de los tres restantes, completando así la acefalía del cuerpo. Solo Graciela De la Rosa se apartó de manera definitiva, mientras que Jesús Rodríguez —quien presidía el organismo— rechazó sumarse al consejo. El resto de los exauditores busca conservar influencia dentro de la AGN, un organismo que administra un presupuesto de más de $60.000 millones y emplea a unas 1800 personas.
El “consejo consultivo” no solo les permite mantener sus ingresos privilegiados, sino también sostener un espacio de poder institucional en un momento donde cualquier decisión técnica carece de validación formal.
Aunque desde la AGN niegan que los asesores conserven despachos o personal político, se confirmó que trabajan desde oficinas cercanas a las que usaban como auditores.
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POLITICA
El Gobierno polariza con el kirchnerismo y trata de evitar que se disperse el voto libertario en CABA

Sin una agenda parlamentaria demasiado cargada y en el comienzo de un año electoral que aparece como decisivo para el futuro del oficialismo, el presidente Javier Milei se pone al frente de la campaña de La Libertad Avanza, que busca polarizar con el kirchnerismo mientras negocia una alianza con el PRO que por el momento está trabada.
A lo largo de esta semana, el mandatario nacional se mostrará públicamente y varias ocasiones junto a los candidatos que su partido tiene en dos de los principales distritos del país, la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Luego de anunciar la salida del cepo, el jefe de Estado le brindó una extensa entrevista al periodista Alejandro Fantino para el canal digital Neura, en la que defendió las medidas de su gestión.
El próximo lunes, Milei será el invitado de honor en otro programa de streaming, el que conduce el militante del oficialismo Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como “El Gordo Dan”, quien regresa con su ciclo La Misa.
En esta oportunidad, el Presidente irá acompañado de su vocero Manuel Adorni, que además fue elegido para encabezar la lista de candidatos a legisladores en territorio porteño, donde enfrentará al PRO.
Como parte de la estrategia electoral, el líder libertario se dejará ver durante todo ese día con el funcionario, ya que más temprano ambos encabezarán la primera recorrida por un barrio que todavía no fue revelado.
Tanto en su cuenta de X como de Instagram, en el último tiempo, el mandatario intentó dejar en claro dos cuestiones: que Adorni era su único representante en la Ciudad y que es la principal oposición al kirchnerismo.
El domingo, por ejemplo, compartió un tuit con una imagen en la que se hace una comparación entre el vocero presidencial y su rival del PJ, Leandro Santoro, nombrando las presuntas propuestas del segundo, como “emisión descontrolada” y “más impuestos”.
Por el otro lado, la decisión de insistir en que el funcionario es el único candidato de La Libertad Avanza tiene que ver con la presencia de otras listas afines al Gobierno, pero que no cuentan con el respaldo de la Casa Rosada, como la de Ramiro Marra -expulsado del partido a fines del año pasado- y Yamil Santoro.
El martes, en tanto, Milei bajará a la provincia de Buenos Aires para apoyar al diputado José Luis Espert, que en septiembre buscará renovar su banca, pero también para comenzar a diputarle poder al gobernador Axel Kicillof.
El jefe de Estado será el encargado de cerrar el primer congreso partidario de LLA, el cual se realizará en la ciudad de La Plata y contará además con la presencia de varios ministros y referentes del oficialismo.
Al mismo tiempo en el que este evento se esté llevando adelante, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estará siendo interpelado en la Cámara de Diputados por la supuesta estafa con $Libra, la criptomoneda que difundió el Presidente y cuyo precio escaló rápidamente para luego desplomarse.
De hecho, esta sesión complicó los planes de algunos miembros del bloque que tenían previsto ir al encuentro en la capital bonaerense y que no podrían llegar.
Junto a Francos estaría el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero se ausentará su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien ese mismo día tiene que viajar a los Estados Unidos para participar de las sesiones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
El titular del Palacio de Hacienda, que ya logró acuerdos con ambos organismos de crédito, tiene previsto mantener reuniones con sus respectivas autoridades, Kristalina Georgieva y Ajay Bang, además de con el director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldjan.
Respecto del titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, que también fue citado al Congreso para dar detalles de lo sucedido con $Libra, existe un debate todavía sin resolver en el Gobierno.
“Lo que sucede en su caso es que no está claro si está obligado o no a ir, porque no es un ministro. Los diputados no pueden citar a cualquiera, tiene que ser un funcionario de alto rango. Lo más probable es que vaya, pero solamente para asesorar a Francos y a Cúneo Libarona”, explicó una fuente de Balcarce 50.
Por su parte, Milei continuará el miércoles metido en las cuestiones electorales y realizará otra recorrida por la ciudad con Adorni. Con él ya grabó el spot oficial y todo indica que seguirá poniéndose al frente de la campaña.
El Presidente busca que La Libertad Avanza consiga un primer triunfo en la votación porteña del próximo 18 de mayo y supere por amplio margen al PRO, espacio con el que se está negociando una alianza en territorio bonaerense.
POLITICA
Congreso: piden desactivar los históricos descuentos compulsivos a empleados que fondean la obra social

Un tema que olvida más del 99% de los diputados y senadores no sólo en la actualidad, sino hace añares, volvió a ser solicitado: dos legisladores reclaman la desactivación de los descuentos compulsivos en los haberes de empleados del Congreso, con el fin de habilitar la triangulación de los mismos hacia la prepaga o servidor de salud que cada uno de los agentes crea conveniente.
Los discursos, ideas e intenciones en este sentido chocaron siempre con la misma muralla gremial: la Asociación del Personal Legislativo (APL), que comanda el temido por muchos y respetado por otros Norberto Di Próspero, el mandamás del sindicalismo parlamentario. Es que la Dirección de Ayuda Social (DAS) es una de las áreas más deliciosas, así como la histórica imprenta y la Biblioteca del Congreso, entre otras dependencias.
En medio de esta situación quedan miles de cumplidores trabajadores que se agotaron a la hora de reclamar una solución definitiva. Suelen ser los más perjudicados, mientras otros tantos aún ni fichan su presencia. Hablar suele tener consecuencias. La última experiencia, algo traumática, fue la famosa auditoría que la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y su entonces secretario administrativo, Helio Rebot, no quisieron dar a conocer. Al menos, desde la vía formal, con la para nada despreciable ayuda de operadores extra oficiales de turno.
La relación de ambos con el kirchnerista Di Próspero -apareció en la lista del PJ nacional que hoy maneja sin chistar la ex presidenta- se inició con complejidad y luego viró de manera notable, pese a las furiosas críticas del gremio contra la gestión de Mauricio Macri.
En Diputados, la situación fue mucho mejor, con Emilio Monzó como titular de la Cámara baja y Florencia Romano de secretaria administrativa. A ambos se los recuerda por un acto cargadísimo de emoción junto a Di Próspero y otros sindicalistas kirchneristas en Pasos Perdidos para celebrar los “logros de gestión”. Fue en noviembre de 2019, a días de que Macri perdiera las elecciones presidenciales contra Alberto Fernández, con la economía ya incendiada.
La iniciativa para romper con la retención de aportes obligatorios para la DAS -que tiene un convenio desde hace unos años con la prestadora OMINT- fue presentada el mes pasado por la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), y su colega del PRO y aliado libertario Fernando Iglesias.
En los argumentos del proyecto y, en referencia a lo ocurrido con Michetti y Rebot, recordaron: “En Noviembre de 2016, Poder Ciudadano denunció públicamente el amedrentamiento que sufrieron varios empleados de esta Casa, quienes a través de un amparo judicial solicitaron que el Senado entregue la auditoría que la vicepresidenta Gabriela Michetti ordenó realizar sobre la obra social del Congreso, ante las fuertes sospechas de corrupción en el manejo de los millonarios recursos que administra (entre ellos un fondo para trasplantes) y el reiterado reclamo de los empleados del Congreso por su mal servicio, lo que en muchos casos los obliga a pagar una prepaga porque, por ley, no pueden optar por otra obra social”.
Los diputados y senadores se encuentran exentos de esta trifulca y evitan confrontar con APL, como explicaron los impulsores del texto en cuestión. En ese sentido, advirtieron que “en el año 2001, los legisladores nacionales que aportaban a PAMI y a la DAS decidieron la creación de su propia obra social –OSLERA- que fue regulada por la resolución 451/2001 de la Superintendencia de Seguros de Salud”. Con ello, “se sustrajeron a la obligación de aportar a la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso, que ya en aquel entonces tenía serias dificultades económicas”. Pasaron tan sólo 24 años de eso.
“Contrariar el principio general establecido por toda la normativa que involucra al colectivo de trabajadores, y que como en el caso que nos ocupa se encuentra cautivo, importa un claro acto de discriminación por cuanto viola el principio de igualdad que pregona nuestra Carta Magna. No podemos permitir que esto se siga postergando en el tiempo”, resaltaron Campagnoli e Iglesias.
Sólo un ejemplo que grafica a la entidad. El año pasado, Infobae contó cómo un clan kirchnerista estuvo hasta 118 días sin trabajar y que, al enterarse de la revisión que realizaba la gestión iniciada por la libertaria Victoria Villarruel, renunció el 1 de julio. Entre ellos se encontraba Joel Dor Sebastián Lascano, hijo de la ex directora de la DAS Liliana Korenfeld —también ex estilista de Cristina Kirchner y otrora poderosa titular de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS)—. En ese momento, fue clave aquí la ahora ex secretaria administrativa María Laura Izzo. Hoy ya no forma parte del equipo.
POLITICA
Cúneo Libarona lleva al Congreso el «argumento legal» para exculpar a Javier Milei por el caso $LIBRA

Si bien para el Gobierno las citaciones de esta semana a varios ministros del gabinete para que den explicaciones por el caso $Libra, el malogrado token que promocionó Javier Milei el 14 de febrero pasado, constituyen «un show» de la oposición, llevará a las interpelaciones un argumento legal, denominado «autopuesta en peligro«, para liberar de sospechas al mandatario.
Este martes está previsto que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sean interpelados en una sesión especial prevista para las 14. También fueron citados al recinto Luis «Toto» Caputo y Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores; en el caso del ministro de Economía es probable que no concurra, según admitían este domingo en el oficialismo, pese a la obligación constitucional de dar respuesta a las requisitorias de los legisladores.
En el Gobierno, con todo, aseguran que no hay temor a que el escándalo cripto, que sí afectó al jefe de Estado en las encuestas posteriores al hecho, pueda ser aprovechado políticamente en ese ámbito por la oposición. «Es un show. Y creo que ellos lo saben, solo que van a exponer para hacer discursos más que preguntas», conjeturaron cerca de Karina Milei, que zafó de ser interpelada gracias a las negociaciones entabladas en la Cámara baja.
El mayor temor de la mesa chica presidencial era que se aprobara en el recinto la convocatoria a Karina que, a raíz del escándalo de $LIBRA, fue denunciada en la Justicia por la Coalición Cívica por presunto cohecho y tráfico de influencias al entender que la funcionaria fue quien pactó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la estafa cripto.
El que sí concurrirá este martes a las 14 es el ministro Cúneo Libarona quien, en diálogo con Clarín, aseguró estar «preparado» para las consultas que le harán los diputados desde el recinto. «No dudo de que no existió delito ni dolo y tampoco del proceder y la honorabilidad del Presidente. Así que pregunten lo que quieran», desafió.
Al respecto, el ministro sostuvo que existiría jurisprudencia para exculpar al Presidente de cualquier sospecha. «Me tocó actuar en tres casos en los que se desestimó la acusación contra financistas porque se trató de una operación financiera para inversores avezados con todos los elementos a la vista y con el riesgo del propio negocio», recordó y sostuvo que el argumento legal en esos casos fue «la autopuesta en peligro».
Se trataría de una figura legal basada en que no se debe responsabilizar penalmente al acusado si la víctima decide enfrentar el peligro de manera voluntaria.
«Estamos tranquilos porque no hubo delito ni nada. No hay valijas dando vueltas ni paraísos fiscales», apuntó y se manifestó a favor de dirimir estas controversias en la Justicia más allá de la legitimidad de la comisión parlamentaria.
Cerca de Francos, en tanto, deslizaron que este lunes terminarán de dar un cierre a la estrategia discursiva del ministro coordinador, pero dijeron que tampoco hay «temor» con una interpelación que se parecería, en principio, a la sesión informativa que brindó la semana pasada ante el cuerpo.
Si bien Luis Caputo está obligado a concurrir al Parlamento por el artículo 71 de la Constitución, que autoriza a ambas «cámaras a hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir explicaciones e informes que estime convenientes”, no sería penalizado. El funcionario ya había pegado varios faltazos para ser consultado sobre la discusión del Presupuesto y por otras iniciativas.
Mientras tanto, este miércoles a las 10 se reunirá la comisión investigadora del escándalo cripto para constituirse, en medio de los pedidos de impugnaciones y la polémica por el ardid del oficialismo para licuar el poder de decisión de la oposición. La misma quedó envuelta en escándalos por la pelea para su conformación. Se crearon nuevos bloques e interbloques para intentar sumar más miembros pero LLA consiguió que quede «empatada»: hay 14 oficialistas y aliados y 14 opositores.
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