POLITICA
Del apoyo a Cristina a la distancia con Milei: la relación del papa Francisco con cada presidente argentino
Francisco, el primer papa latinoamericano, mantuvo durante su pontificado una relación cambiante con los presidentes argentinos. A lo largo de más de una década, su trato con Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei reflejó tanto sus convicciones personales como las tensiones de la política argentina.
Antes de convertirse en papa en 2013, Jorge Bergoglio tenía una relación conflictiva con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sus críticas a la pobreza y la corrupción lo pusieron en la mira del oficialismo, que llegó a acusarlo de complicidad con la dictadura. Sin embargo, tras ser elegido pontífice, Francisco y Cristina iniciaron un acercamiento que incluyó siete encuentros en apenas dos años.
Cristina buscó recomponer el vínculo y el Papa respondió con gestos de institucionalidad. Incluso, cuando la entonces mandataria atravesaba dificultades políticas, Francisco llegó a decir “hay que ayudar a Cristina”, lo que fue interpretado como un respaldo a la estabilidad democrática. Sin embargo, la relación se fue desgastando hacia el final de su mandato, sobre todo tras la candidatura de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, resistida por sectores cercanos a Bergoglio. El vínculo terminó con frialdad.
El Gobierno nacional decretó siete días de duelo en honor al papa Francisco
Mauricio Macri: protocolo y distancia
Con la llegada de Mauricio Macri en 2015, el Papa adoptó una actitud más reservada. Ambos compartieron solo dos encuentros formales, uno de ellos en 2016 que duró apenas 22 minutos. La relación estuvo marcada por el protocolo y cierta frialdad, a diferencia del vínculo más cálido que tuvo con otros dirigentes del PRO, como Rodríguez Larreta o Vidal.
Francisco, que ya había tenido roces con Macri cuando era jefe de Gobierno porteño por temas como el matrimonio igualitario, llegó a decir que desde la Casa Rosada “le hacían campaña en contra”. En su libro “Primer Tiempo”, Macri sugiere que el Papa jugó un rol adverso en su reelección, aunque sin afirmarlo de manera directa.
Alberto Fernández: del entusiasmo inicial al desencanto
Alberto Fernández intentó mostrarse como un presidente cercano al Papa. Antes de ser candidato, ya había tenido audiencias con él. El vínculo se fortaleció en los primeros meses de gestión, con un tono distendido y optimismo compartido. Sin embargo, con el paso del tiempo, el entusiasmo inicial se diluyó.
Murió el papa Francisco a los 88 años
La tensión creció por la legalización del aborto, impulsada por el Gobierno, y por la insistencia de Alberto en usar políticamente su cercanía con el pontífice. Aunque nunca rompieron el diálogo, el Papa optó por tomar distancia, en un contexto además marcado por las internas del Frente de Todos.
Javier Milei: respeto institucional, pero frialdad
El actual presidente, Javier Milei, inició su carrera política con duras críticas a Francisco, a quien llegó a calificar de “representante del maligno en la Tierra”. Sin embargo, tras asumir la presidencia, el vínculo con el Vaticano dio un giro inesperado.
En febrero de 2024, Milei viajó a Roma para asistir a la canonización de Mama Antula y fue recibido por el Papa en una audiencia privada. El encuentro fue cordial, pero no marcó el inicio de una relación fluida. Francisco mantiene una actitud respetuosa pero distante con el libertario, quien evita referirse públicamente al pontífice para no reavivar polémicas.
A lo largo de sus años como Papa, Francisco demostró una notable capacidad de adaptación frente a presidentes de distintos signos políticos. Si bien priorizó el diálogo institucional, también marcó límites cuando sintió que su figura era usada con fines partidarios. Su vínculo con la Argentina, aunque personal y profundo, no estuvo exento de tensiones.
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Este año electoral, en el que se celebran comicios legislativos nacionales y provinciales en distintos distritos del país, vuelven a circular sondeos durante la jornada de votación. Aunque muchas veces se difunden por redes sociales o medios informales, los boca de urna están prohibidos por ley hasta después del cierre de los comicios. Qué dicen las autoridades y qué riesgos implica su publicación anticipada.
Los boca de urna son encuestas electorales que se hacen durante el día de la votación, una vez que los ciudadanos ya emitieron su voto. Estas encuestas son realizadas por consultoras especializadas, medios de comunicación o espacios políticos, y su objetivo es ofrecer una estimación preliminar de los resultados antes de que se conozcan los datos oficiales. A diferencia de las encuestas previas a las elecciones, los boca de urna se basan en las declaraciones de quienes ya votaron. Se hacen a la salida de los centros de votación al preguntar por qué candidato o fuerza política optaron.
La difusión de los boca de urna en Argentina está prohibida por ley. Según el artículo 71, inciso H, del Código Electoral Nacional, está prohibido “publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección” durante toda la jornada electoral y hasta tres horas después de finalizada la votación.
Esto significa que los boca de urna no pueden publicarse antes de las 21:00 horas del día de los comicios. El objetivo de esta restricción es evitar que estas proyecciones influyan en la voluntad de los votantes o generen confusión antes de que estén disponibles los resultados oficiales.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) sostiene que la veda electoral cumple un rol fundamental en la transparencia del proceso. Publicar un boca de urna antes de tiempo puede generar un clima de presión, manipulación de la opinión pública o expectativas infundadas.
Además, muchos de estos estudios no reflejan con precisión el resultado real. La CNE ha advertido que incluso algunas encuestas pueden estar diseñadas para incidir en la percepción de los votantes, lo cual vulnera el principio de equidad del proceso democrático.
La difusión de boca de urna antes de lo permitido puede acarrear sanciones. Las autoridades pueden iniciar acciones legales contra los medios, consultoras o individuos que las compartan.
Durante 2025, varias provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tendrán elecciones legislativas y municipales, mientras que a nivel nacional se renovarán bancas del Congreso.
En muchos distritos, las elecciones se llevarán a cabo en distintas fechas, con votaciones programadas desde mayo. El calendario electoral contempla PASO, elecciones generales y eventualmente balotajes, en caso de ser necesarios.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los votantes utilizarán la Boleta Única Electrónica (BUE). Este sistema permite seleccionar la opción deseada en una pantalla táctil, imprimir la boleta y verificar la elección antes de depositarla.
La Boleta Única Electrónica busca simplificar el proceso y acelerar el escrutinio. Es clave que los votantes se familiaricen con su funcionamiento, especialmente quienes sufragan por primera vez.
La discusión para reforzar y blindar el presupuesto universitario dejó, en 2024, una ley sancionada por la oposición que luego fue vetada por Javier Milei, y que ni siquiera pudo ser salvada con la insistencia legislativa gracias a un puñado de diputados radicales con témpera libertaria, entre otros. Tras meses de siesta, la comisión de Educación del Senado se constituirá mañana, con la casi segura reelección del kirchnerista Eduardo de Pedro (Frente de Todos-Buenos Aires) en la presidencia, y buscará empujar de nuevo y en forma exprés el tema.
El debate en cuestión se asomará en una semana post elecciones porteñas que, por ahora, cuenta con algunas reuniones de comisiones para constituirse o avanzar con una agenda que no reviste mayores discordias. En paralelo, la lupa estará depositada en Diputados y en si se fuerza un emplazamiento para analizar lo mismo allí, donde no se pudo insistir post veto de Milei.
Durante el año pasado, como el kirchnerismo estaba disconforme con la repartija de integrantes en las comisiones, evitó conformar varias durante meses. Por caso, la de Educación comenzó a trabajar recién a fines de agosto último, con la titularidad de De Pedro. Como Diputados había acelerado el blindaje presupuestario para universidades, el principal bloque opositor aprovechó la ocasión y apuró un dictamen que llegó en septiembre al recinto del Senado y fue sancionado por dos tercios de los integrantes de la Cámara alta.
Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención. Dicho texto fue avalado por tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor y el domingo fue electa legisladora porteña, junto al ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta-; el entonces jefe de la bancada y amigote de Milei, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila -hoy titular de la jugosa comisión bicameral que controla la Biblioteca del Congreso-, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Martín Goerling (Misiones) y Alfredo De Ángeli (Entre Ríos), hoy presidente del bloque macrista, que ayer tuvo una catastrófica elección local en la Ciudad de Buenos Aires.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley vetada por el Ejecutivo establecía una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, y estimaba para “el ejercicio vigente -2024- un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
Por otra parte, el texto imponía actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especificaba que, si una paritaria mejoraba la normativa a sancionarse, la misma prevalecería sobre cualquier otra cosa.
Lo que se dijo en el recinto
“¿Qué hicieron cuando eran gobierno y no se les subió un peso a todas las instituciones?”, preguntó el libertario Bruno Olivera, que habló de revisiones que detectaron fondos que “no se canalizaron de manera eficiente”. El sanjuanino enfatizó que, al iniciarse la gestión Milei, se giraron de inmediato $14.000 millones que “se debían” -con 60 días de retraso- del último gobierno kirchnerista. “Un país que apuesta al desorden está destinado al fracaso. Tenemos una meta bien clara de equilibrio fiscal y no se negocia”, concluyó.
En tanto, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) señaló: “De un lado tenemos, entonces, a la comunidad educativa pendiente de la sanción y la aplicación efectiva de esta ley, que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, y los salarios de docentes y no docentes, que perdieron 45% de poder adquisitivo desde diciembre, e incluso están 15% debajo del resto de los trabajadores estatales”.
Seguido a ello, aseveró que “del otro, un Presidente que ya decidió que vetará la ley”. Y precisó: “¿Se entiende la magnitud de semejante contraste? Una sociedad que pide recursos para la educación; un gobierno que se los niega. Por eso, el papel del Congreso es fundamental. Por eso no da lo mismo cómo nos posicionamos ante este tema. Más que nunca, tenemos representar fielmente a quienes, con su voto, nos dieron la responsabilidad de ocupar estas bancas”.
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